Legislación Nacional

Boletín Oficial 22/05/03 INDULTOS Decreto 1229/2003 Indúltase a una persona en determinada causa.  

Bs. As., 20/5/2003

VISTO la petición efectuada en el expediente N°134.208/02 del registro del entonces MINISTERIODE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,y

CONSIDERANDO:

Que las circunstancias históricas por las queatraviesa la República exigen consolidar launidad nacional, concepto que enfocado concriterios de generosidad política hacen viablerestañar heridas del pasado, enfrentandola realidad con la perspectiva de un futurodonde la reconciliación entre los argentinoses condición necesaria para la paz general,único estado dentro de cuyo ámbito los pueblosdeben gozar plenamente de sus derechosa la justicia y a la libertad.

Que tal extremo, no significa desconocer lareal existencia de hechos que pretendieronvulnerar el orden constitucional, bien jurídicoéste, que los argentinos y el Estado que integrandefendieron y defenderán como únicoescenario posible de su vida institucionalcomo Nación que, pese a los desencuentros,jamás perderá su identidad.

Que fuera de tales consideraciones políticas,la facultad que en términos generales acuerdaal PODER EJECUTIVO NACIONAL, elartículo 99, inciso 5, de la CONSTITUCIONNACIONAL, amerita que esa discrecionalidadaparezca reglada en función de normas y principiosjurídicos generales.

Que en tal sentido, la medida que se adoptaráenraíza desde el punto de mira político criminalen el principio que el régimen progresivoadoptado como pauta rectora del tratamientopenitenciario reconoce y consolida lafinalidad esencial de la pena privativa de lalibertad, cual es la readaptación del condenadoen condiciones tales que, reconociendoéste la vigencia de las normas, se desempeñeen el futuro observando una conductasocial normal.

Que ello implica la especial protección delEstado al bien jurídico de la libertad individual,autolimitándose en el ejercicio del poderpunitivo con criterios de equidad y ponderación.

Que tener en cuenta razones humanitarias yel respeto por la dignidad de la persona, constituyenderechos-deberes fundamentales, acuyo cumplimiento la República está obligadapor la Constitución Nacional -Capítulo deDeclaraciones, Derechos y Garantías- y porlos tratados internacionales de DerechosHumanos, de jerarquía constitucional (artículo75, inciso 22, C.N.), suscriptos oportunamente,entre los que cabe mencionar especialmentela Convención Americana de DerechosHumanos (Pacto de San José de Costa Rica)y el Pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos.

Que del informe producido de conformidadcon lo establecido en el artículo 99, inciso 5,de la CONSTITUCION NACIONAL, y organismospenitenciarios respectivos, una adecuadaevaluación de los mismos permite inferirque, respecto del interno de que se trata,ha operado el ya mencionado efecto conel período de encierro sufrido, existiendo elementosde convicción que permiten avizorar,como muy relevante posibilidad, que su reintegroa la vida en libertad, lo será en las yaaludidas condiciones de normalidad social.

Que dada la especial situación procesal dequien resultará beneficiario de la presentemedida ante la generalidad de los términosdel artículo 99, inciso 5, de la CONSTITUCIONNACIONAL, debe atenderse a la reglade interpretación según la cual, cuando unpoder es conferido expresamente en términosgenerales no puede ser restringido, amenos que esa interpretación resulte del texto,expresamente o por implicancia necesaria(C.S.J.N., Fallos, 214:425).

Que en razón de ello, se comparte la doctrinasentada por la Corte Suprema de Justiciade la Nación en la causa “IBAÑEZ, J.” (Fallos,136:425), según la cual, para la procedenciadel ejercicio de la facultad de indultar, la Constituciónexige que exista una causa abiertacontra el destinatario de la medida, pero noque dicha causa haya alcanzado necesariamentehasta determinada etapa procesal, osea la sentencia ejecutoriada.

Que en consecuencia, se considera procedenteel indulto tanto respecto de condenadoscomo de quienes se encuentran sujetosa proceso.

Que ha intervenido la Dirección General deAsuntos Jurídicos del Ministerio de origen.

Que el artículo 99, inciso 5, de la CONSTITUCIONNACIONAL otorga al PODER EJECUTIVONACIONAL la facultad de concederindultos y conmutar penas.

Por ello,

EL PRESIDENTEDE LA NACION ARGENTINADECRETA:

Artículo 1° – Indúltase a Enrique HaroldoGORRIARAN MERLO (L.E. N° 4.685.510), conreferencia a la causa N° 19.208, en trámite ante elJuzgado Federal de Primera Instancia de Azul,Provincia de Buenos Aires.

Art. 2° – Comuníquese, publíquese, dése a laDirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DUHALDE. Juan J. Alvarez.

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