Legislación Nacional

Decreto 1074/2003

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

Recházase la presentación efectuada el 11 de setiembre de 2003 por Correo Argentino S.A. ante la Secretaría de Comunicaciones, y la totalidad de los reclamos, peticiones, recursos y/o reclamaciones interpuestas por dicha empresa en relación con el Contrato de Concesión suscripto con el Estado Nacional, por el cual se adjudicó la concesión de todos los servicios prestados oportunamente por la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.

Bs. As., 19/11/2003

VISTO los Expedientes SC N° 102/98, SC N° 12/99, SC N° 55/99, SC N° 67/99, SC N° 22/99, SC N° 115/98, MECON N° 3106/02, MINFRAVI N° 475/00, MINFRAVI N° 1564/00, MINFRAVI N° 348/01, MINFRAVI N° 228/01, CNC N° 7455/98, CNC N° 2460/98, CNC N° 2418/98, CNC N° 2377/99, CNC N° 6729/99, CNC N° 13.780/99, CNC N° 1159/99, CNC N° 7205/99, CNC N° 5897/01, CNC N° 1227/02, CNC N° 5036/02, CNC N° 4825/02, CNC N° 2942/03, CNC N° 5716/03, CNC N° 7095/03, CNC N° 3899/03, CNC N° 2867/03, CNC N° 735/03, TRECNC N° 9302/03, CNC N° 1519/03, TRECNC N° 22.332/03, JGM N° 2991/03, MINPLAN N° 175.534/03, MINPLAN N° 222.089/03, ENCOTESA N° 038/98, ACTUACION PN N° 24594/03 –3, los Decretos Nros. 1187 del 10 de junio de 1993, 265 del 24 de marzo de 1997, 840 del 26 de agosto de 1997, 431 del 17 de abril de 1998, 471 del 30 de abril de 1998, 617 del 22 de mayo de 1998, 1534 del 20 de agosto de 2002, 311 del 3 de julio de 2003 y la Resolución SC N° 18.770/99, y

CONSIDERANDO:

Que en los expedientes mencionados en el Visto se hallan agregados los antecedentes que configuran la universalidad de las reclamaciones formuladas por CORREO ARGENTINO S.A. al ESTADO NACIONAL desde el inicio de la concesión adjudicada por el Decreto N° 840/97.

Que ante la existencia de numerosos reclamos y/o recursos administrativos presentados en diferentes áreas de la Administración Pública Nacional, resulta necesario en esta instancia proceder a su resolución integral.

Que entre dichas presentaciones cabe mencionar la efectuada con fecha 11 de setiembre de 2003 ante la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS mediante la cual se reiteran, en lo sustancial, todas las reclamaciones anteriormente presentadas.

Que CORREO ARGENTINO S.A. formuló peticiones de similar tenor a la referida en el considerando anterior ante la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, evidenciando así un accionar que tiende claramente a dispersar la consideración de esta temática en distintas áreas de la Administración Pública Nacional.

Que en razón de ello se hace imprescindible proceder al análisis y resolución integral de todas las presentaciones efectuadas por CORREO ARGENTINO S.A. ante la Administración Pública Nacional.

Que en los escritos mencionados la Concesionaria opuso la excepción de contrato no cumplido manifestando, según su criterio, que no puede hacer efectivo el pago del canon porque el Estado Nacional no habría cumplido con la ley, con el contrato, con los tratados internacionales, ni con sus propios actos, pretendiendo intimar al Concedente a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo e invocando un supuesto deber legal de renegociar.

Que la empresa concesionaria expresó que la suspensión de la prestación del pago del canon resultaría perfectamente procedente, toda vez que con ello no se habría afectado el servicio público postal de correo oficial, atento que las necesidades públicas aparejadas se estarían cumpliendo a costa de su exclusivo sacrificio.

Que allí denunció también que se habría frustrado el Contrato de Concesión, aduciendo para ello la Emergencia Pública declarada por las Leyes Nros. 25.344. y 25.561, el «default», la pesificación, la devaluación y el aumento de las tasas de interés, entre otros conceptos.

Que asimismo, la Concesionaria consignó que habría dado cumplimiento a su obligación de pagar el canon bajo la aplicación del principio «quanti minoris», el cual autorizaría, según su postura, a plantear una disminución del mismo por los perjuicios que alega haber sufrido.

Que en el mencionado escrito del 11 de setiembre de 2003, CORREO ARGENTINO S.A. puso de manifiesto que el Estado Nacional no habría cumplido con el deber de colaboración administrativa con el Concesionario a fin de dar satisfacción eficiente al servicio público comprometido.

Que también señaló que el Concedente habría incumplido el control del servicio postal a través de una prestación eficiente de policía, siendo responsable, según sus dichos, del mercado «negro y marginal».

Que la Concesionaria ha puesto de relieve que el Estado Nacional tampoco habría cumplimentado sus obligaciones respecto del desarrollo tecnológico, reintegrando al Concesionario la administración del correo electrónico.

Que asimismo CORREO ARGENTINO S.A. destacó, en base a los daños y perjuicios que aduce haber sufrido, que ha formulado diferentes propuestas en el marco del proceso de renegociación llevado adelante por imperio del Decreto N° 1534/02.

Que con relación a esos mismos daños y perjuicios, la Concesionaria manifestó que ellos habrían motivado la interposición de una acción que se halla en trámite por ante el JUZGADO NACIONAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL N° 1, SECRETARIA N° 1, in re «CORREO ARGENTINO S.A. c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS», extremo que la habilitaría a la interposición de la excepción de litispendencia, excusándole la exigibilidad del pago del canon ante el volumen de la supuesta deuda estatal.

Que, a su vez, la empresa señaló que, ante la frustración del Contrato de Concesión que habría causado el Estado Nacional, y en razón de la exclusividad que el mismo conllevaría, se encontraría imposibilitada de realizar otro tipo de actividad comercial a través de la cual obtener los recursos necesarios a los fines de abonar el canon.

Que es preciso destacar que el reclamo formulado por CORREO ARGENTINO S.A., al que se hizo alusión en los considerandos precedentes, se inscribe dentro de un proceso de reclamaciones contra el Estado Nacional concedente, iniciadas al poco tiempo de suscribirse el Contrato de Concesión, en agosto de 1997.

Que en tales condiciones y del análisis de la totalidad de los reclamos efectuados permanentemente por la Concesionaria, su accionar puede calificarse como una estrategia de reclamaciones sistemáticas contra el Concedente, todas orientadas a generar presuntas acreencias que, indefectiblemente, son invocadas para condicionar y/o eximirse de la obligación de pagar el canon, único criterio tenido en cuenta al momento de seleccionar al concesionario.

Que sin perjuicio de analizar pormenorizadamente los planteos efectuados por la Concesionaria, resulta preciso sentar ciertas premisas que fundamentan la respuesta concreta a cada uno de ellos.

Que la primera de dichas premisas se refiere a la oponibilidad absoluta al concesionario del régimen jurídico postal vigente a la fecha del llamado a Licitación Pública y de la posterior adjudicación.

Que, para ello, es esencial situar la cuestión en el año 1997 y en el Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Decreto N° 265/97, el cual expresamente establecía el conocimiento y aceptación implícita, por parte de todos los postulantes, de las normas entonces vigentes para la actividad postal.

Que ese conocimiento y aceptación implicaba el reconocimiento de la inexistencia de un monopolio estatal de la actividad postal, dado que ésta fue totalmente liberalizada cuatro años antes, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 1187 del 10 de junio de 1993, el cual tampoco previó la existencia de monopolios parciales ni de franjas de servicios exclusivas para el correo oficial, régimen del que tampoco gozó la entonces EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. (ENCOTESA).

Que a mayor abundamiento, el propio Contrato de Concesión es explícito al respecto, señalando que todos los servicios transferidos al concesionario lo son en régimen de libre competencia, conforme el Numeral 3.19.

Que en tales condiciones la incidencia de ese régimen jurídico vigente debió ser tenida en cuenta por CORREO ARGENTINO S.A. al momento de formular su oferta económica para acceder a la calidad de concesionario, por lo cual las consecuencias de una eventual falta de consideración de estas características del régimen postal recaen exclusivamente en cabeza del oferente, no pudiéndosele imputar al Estado Nacional responsabilidad alguna.

Que como segunda premisa esencial para evaluar los reclamos de CORREO ARGENTINO S.A. resulta imprescindible insistir en que los mismos se inscriben dentro de una estrategia de reclamación sistemática contra el Estado Nacional, de manera tal de utilizarlos como condicionante o justificativo de la alternativa de modificación y/o no cumplimiento de la obligación del pago del canon semestral de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 51.600.000) en virtud del cual se le adjudicó la concesión del correo oficial de la República Argentina.

Que del cúmulo de actuaciones administrativas citadas en el Visto, muchas veces reiteradas o presentadas paralelamente en diversas áreas del Estado Nacional puede extraerse, luego de SEIS (6) años de actividad administrativa, la clara evidencia de un accionar tendiente a llevar a pronunciamientos contradictorios dentro de la propia Administración Pública Nacional y así obtener una modificación ex post de la obligación por la cual accediera a la condición de concesionaria.

Que a ello debe sumarse la presentación de una demanda judicial con idéntica causa y objeto.

Que como última premisa indispensable para resolver los reclamos del concesionario debe señalarse que no existe incumplimiento alguno del Estado Nacional en la ejecución del Contrato tal como lo pretende CORREO ARGENTINO S.A.

Que por el contrario, y más allá de haber cumplido con todas las obligaciones a su cargo, el Estado Nacional habilitó al Concesionario sucesivas instancias excepcionales, tales como el procedimiento especial establecido en el Decreto N° 617/98, la Comisión de Estudio conformada por la Resolución ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA N° 43/00, la instancia de renegociación dispuesta por el Decreto N° 1534/02 y, por último, el reciente Decreto N° 311/03, que incluyó al referido Contrato de Concesión entre los susceptibles de análisis y renegociación.

Que frente a lo expuesto en los considerandos precedentes, el Concesionario no ha hecho sino reiterar y ratificar permanentemente su actitud de reclamo sistemático, a lo que ha sumado incumplimientos graves de las obligaciones vinculadas al Servicio Público transferido que han sido objeto de determinación por la autoridad de control de la Concesión.

Que en lo que hace al análisis puntual de los reclamos, corresponde pronunciarse sobre el vinculado a los presuntos daños y perjuicios que le habría producido a CORREO ARGENTINO S.A. la emisión de sellos postales por prestadores privados.

Que el numeral 3.19 del Contrato de Concesión establece la exclusividad a cargo del concesionario de la emisión de sellos oficiales y las prestaciones filatélicas, lo cual implica que el Estado Nacional debe intervenir autorizando la temática y las emisiones postales a fin de darles el referido carácter de oficial.

Que la emisión de sellos por parte de los prestadores de Servicios Postales no tiene intervención o autorización del Estado Nacional, por lo que ninguno de ellos reviste el mencionado carácter oficial, siendo tan sólo medios de franqueo que en ningún caso compiten con el valor filatélico propio de los sellos del Correo Oficial de la República Argentina, descartándose la posibilidad de reclamar daños y perjuicios.

Que con relación al reclamo referido a la Prestación del Servicio de Comunicaciones Fehacientes por parte de prestadores postales privados, el Concesionario alega haber sufrido presuntos perjuicios económicos que le habría irrogado el Estado concedente al permitir que aquéllos prestaran esos servicios.

Que al respecto debe reiterarse que el régimen que consagra el numeral 3.19 del Contrato de Concesión, establece exclusividad sólo a la emisión de sellos postales del Correo Oficial y las prestaciones filatélicas, lo cual implica que el Servicio de Comunicaciones Fehacientes puede ser brindado por los prestadores de servicios postales privados en los términos y en las condiciones que establece la normativa postal vigente.

Que de lo expuesto se concluye que, no existiendo exclusividad alguna, carece de sustento el reclamo indemnizatorio solicitado por la concesionaria por este concepto.

Que en otro orden, la empresa soslaya la propia letra del contrato firmado en el año 1997 y lo que surge de la desmonopolización del mercado postal dispuesta en 1993 en el sentido de que en nuestro sistema postal no existen las «zonas de reserva» o «franjas de servicios exclusivos».

Que de tal manera deviene inviable el reclamo formulado, toda vez que acceder a las «exclusividades» pretendidas por la Concesionaria, implicaría modificar no sólo el contrato vigente y el pliego antecedente, sino el propio marco legal que rige la actividad postal en la actualidad.

Que sobre el reclamo relativo a «frustración de marcas y patentes transferidas por contrato, por omisiones de la concedente, que provocaron el decaimiento de las mismas y su consiguiente utilización por terceros», debe señalarse que conforme surge de los propios antecedentes citados en el Visto, las situaciones planteadas se han producido por hechos y omisiones propios de la Concesionaria.

Que debe señalarse también, que la recepción sin reservas, por parte del Concesionario, de los bienes transferidos con motivo de la adjudicación, involucró la de las marcas y patentes en el estado en que las mismas se encontraban.

Que recién el 27 de febrero de 1998, el Concesionario se dirigió a la entonces SECRETARIA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACION formalizando la «restitución» de las marcas y patentes que no le interesaban, lo que abona y ratifica la recepción de las mismas, sin reservas, al momento de suscribir el contrato.

Que esa recepción operó la inmediata transferencia de la legitimación, y la consiguiente responsabilidad por la conservación de los derechos transmitidos, no siendo posible endilgarle responsabilidad «a posteriori» a alguien que, por efecto de la cesión, carecía de derechos para adoptar las medidas correspondientes.

Que estas consideraciones son aplicables también a las situaciones verificadas respecto de las marcas «Carta Documento», «Carta Confronte», «Sistema T&T» y «Correo Directo».

Que, en tales condiciones, corresponde rechazar las reclamaciones formuladas por el concesionario sin perjuicio de la oportuna determinación de los daños y perjuicios que la concesionaria pudiera haberle irrogado al Estado concedente por los actos u omisiones que llevaran a la pérdida de la titularidad de derechos inmateriales oportunamente transferidos.

Que bajo el reclamo calificado por CORREO ARGENTINO S.A. como resarcimiento de «asimetrías sindicales y laborales», la Concesionaria pretende reclamar perjuicios resarcibles derivados de la supuesta omisión del concedente de poner al personal del concesionario en un mismo régimen laboral que el de los prestadores privados, intentando equiparar así las diferentes condiciones laborales de su personal respecto de los prestadores de servicios postales.

Que el presente reclamo resulta inadmisible en función de que la situación laboral y sindical del personal de la empresa es y fue perfectamente conocida por CORREO ARGENTINO S.A. al momento de formular su oferta, por lo que no puede alegar desconocimiento alguno.

Que, en concordancia con lo expuesto, no existe norma alguna en el contrato por la cual el Estado Nacional hubiese asumido el compromiso de garantizarle un Convenio Colectivo de Trabajo determinado, instrumento que sólo puede surgir de la negociación entre la propia empresa Concesionaria y su respectivo sector gremial.

Que CORREO ARGENTINO S.A. conoció perfectamente, al presentar su oferta, todo lo concerniente a la situación del personal, las normas que lo regían, así como también las obligaciones previsionales y sociales que debía asumir.

Que el Numeral 3.21 del Pliego estableció que: «La información en detalle relativa a todas las obligaciones laborales, previsionales y sociales vigentes para el personal de ENCOTESA se hallarán a disposición de los precalificados en el «data room». El Estado Nacional mantiene la responsabilidad por todas las obligaciones que tengan una causa anterior a la fecha de entrega de la concesión, liberando al concesionario de toda obligación originada en hechos anteriores a dicha fecha. El Estado Nacional no será responsable por las obligaciones propias del concesionario como empleador a partir del momento de la entrega de la concesión, y como consecuencia de la continuación de los vínculos laborales entre el concesionario y los trabajadores que se transfieren. ENCOTESA, previo a la fecha de entrega, denunciará todos los convenios colectivos de trabajo que alcanzan a sus actuales dependientes, a fin que el concesionario, pacte con la entidad sindical que corresponda las condiciones laborales del personal».

Que la entonces ENCOTESA denunció, en debido tiempo y forma, el Convenio Colectivo de Trabajo antes de producirse la transferencia de la concesión a través de la Nota de fecha 28 de agosto de 1997 firmada por el entonces Presidente de aquella empresa, cumpliendo con la obligación prevista en el numeral 3.21 del Pliego.

Que a mayor abundamiento corresponde señalar que CORREO ARGENTINO S.A. ha efectuado negociaciones con las entidades sindicales que concluyeron en la instrumentación de numerosos acuerdos parciales que modificaron las condiciones originales existentes al momento de la toma de posesión, lo cual ratifica la improcedencia de reclamarle al Estado Nacional algo que sólo puede ser obtenido mediante una negociación con las entidades gremiales.

Que con relación a ello, el entonces Síndico General de la Nación, en la nota SIGEN 0301/ 2001, que dirigiera a la ex Ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, con fecha 12 de febrero de 2001 a modo de conclusión manifestó: «… – Entrando puntualmente al análisis del reclamo planteado en torno a las presuntas asimetrías laborales ocasionadas por la aplicación del CCT 80/93, cabe tener en cuenta lo señalado en el punto 3.21 del ‘Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de los Servicios Postales, Monetarios y de Telegrafía’, de la que surge palmariamente que el concesionario contaba al momento de ofertar, con información detallada respecto del estado de las obligaciones laborales, previsionales y sociales, no pudiendo alegar el desconocimiento de la misma, en virtud de lo dispuesto por la cláusula 3.22 del referido Pliego. De ello deviene que Correo Argentino conocía o debía conocer las normas particulares que regían las relaciones laborales con el personal transferido, como así también la estructura sindical existente en la empresa…».

Que también se señala que «…el concedente cumplió con la obligación de denunciar los convenios colectivos con carácter previo a la entrega de la concesión, y remitió simultáneamente cartas documento a las entidades firmantes del referido Convenio Colectivo de Trabajo invocando la comentada cláusula 3.21. Al respecto, cuadra destacar que la denuncia de un Convenio Colectivo por cualquiera de las partes signatarias no significa su extinción inmediata, ni asegura que la posible negociación permita la elaboración de un nuevo acuerdo, toda vez que en nuestro derecho positivo no existen herramientas que le permitan al Estado, en el marco del estado de derecho, obligar a las partes a la celebración de un nuevo convenio o a la extinción del anterior, sino que tal circunstancia tiene que emerger de la libre voluntad de los signatarios del acuerdo».

Que la referenciada nota agrega que «…a fin de dar solución a la problemática planteada, frente a los insistentes reclamos de la concesionaria, el Estado Nacional avanzó respecto de la obligación asumida en el respectivo contrato, convocando a paritarias a fin que las partes, en ejercicio de su autonomía colectiva, negocien las condiciones laborales futuras. La empresa al momento de formular su oferta, debió prever que existía la posibilidad que las negociaciones paritarias no concluyan con la celebración de un acuerdo que responda a sus intereses, y que ello redundaría en la erogación de costos diferenciales respecto de las restantes prestadoras de servicios postales del mercado, quienes se rigen por un convenio colectivo diferente».

Que el precitado organismo de control expresó por último que «En ese contexto, la falta de consideración de tales extremos al momento de efectuar la oferta no puede ser imputable al Estado Nacional, toda vez que éste cumplió con las obligaciones asumidas en el aludido Pliego de Bases y Condiciones. Similares consideraciones merece la cuestión vinculada al mapa sindical de la empresa transferida, el cual no podía ser modificado o alterado por el concedente, toda vez que el Estado Nacional carece de imperio para disolver por propia y exclusiva decisión cualquiera de tales entidades gremiales …».

Que sobre la base de dichas consideraciones deviene improcedente también el referido reclamo, calificado por el Concesionario como de resarcimiento de «asimetrías sindicales y laborales».

Que en lo que se refiere al reclamo vinculado al dictado de un Marco Regulatorio para la Actividad Postal, debe recordarse lo antes expuesto acerca del conocimiento y aceptación por parte de los oferentes de la totalidad de la normativa vigente al momento del llamado a licitación.

Que en ese sentido, corresponde señalar que el concesionario conocía el régimen postal vigente que surgía de las normas citadas en el artículo 1° del Decreto N° 115 del 5 de febrero de 1997, dictado con anterioridad a su similar N° 265/97, por el que se llamó a Licitación Pública y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones.

Que, por otra parte, resulta inaceptable admitir que el concesionario pretenda que dentro de las obligaciones del concedente se encuentre la de dictar un Marco Regulatorio del Mercado Postal, cuando dicha atribución resulta de expresa reserva del Poder Legislativo por imperio de los artículos 42 y 75, inciso 14 de la CONSTITUCION NACIONAL, competencia insusceptible de ser objeto de una cláusula contractual.

Que en relación al reclamo vinculado a los pagos y deudas del Estado en concepto de servicios postales prestados, debe hacerse hincapié en la especial colaboración que ha demostrado el Estado Nacional a lo largo de la concesión, contrastando con el sistemático incumplimiento de la obligación de pagar el canon por parte del Concesionario.

Que la primera alegación formulada por CORREO ARGENTINO S.A. para condicionar el pago del canon correspondiente al segundo semestre del año 1998, se vinculó a la deuda que el Estado Nacional, a través de sus distintas reparticiones, había acumulado por servicios prestados por el Concesionario, lo que dio lugar al dictado del Decreto N° 617/98, a través del cual se habilitó un mecanismo de excepción en la materia.

Que en los años subsiguientes, el Estado Nacional fue regularizando dicha deuda, motivo por el cual el Concesionario cambió su estrategia, mutando la excepción de compensación por la de incumplimiento, accionar demostrativo de su palmaria voluntad de condicionar por cualquier motivo el estricto cumplimiento de su obligación de pagar el canon semestral oportunamente comprometido.

Que sobre el particular, cabe puntualizar que CORREO ARGENTINO S.A., como prestador de servicios en competencia, no puede pretender gozar de ningún régimen de privilegio, en cuanto a la contratación y pago de los servicios que le fueran requeridos por el Estado, debiendo ajustarse en consecuencia a la normativa general vigente en la materia.

Que en lo referido a la deuda devengada por la prestación de los servicios de «Carta Documento» y «Telegrama Laboral», y ante la ilegitima tentativa de la empresa de discontinuar el Servicio Público de Correos, la cartera laboral, en los autos caratulados: «MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL c/ CORREO ARGENTINO S.A. s/ MEDIDA CAUTELAR», en trámite por ante el JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 52, SECRETARIA UNICA, ha obtenido una medida cautelar que dispuso obligar al Concesionario a no suspender las prestaciones debidas a esa cartera ministerial en el marco de las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión, del Reglamento de Control del Correo Oficial y de la Ley N° 23.789, ello sin perjuicio de la ulterior resolución de la situación planteada por la deuda devengada.

Que además de lo expresado, no puede soslayarse la consideración que, la cuantiosa suma adeudada por el Concesionario en concepto de canon constituye un recurso del Tesoro Nacional previsto por el artículo 4° ,de la CONSTITUCION NACIONAL, del cual el TREINTA POR CIENTO (30%) está destinado a sustentar el Sistema Previsional como recurso de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Que en tales condiciones las reclamaciones sobre el particular efectuadas por el Concesionario deben ser desestimadas.

Que la Concesionaria efectúa reclamos vinculados al control del mercado postal y otros aspectos, tales como «lealtad» y «clientela», imputando al Estado Nacional conductas que señala como perjudiciales.

Que uno de los agravios lo vincula a un supuesto otorgamiento «indiscriminado» de permisos para prestadores postales, reclamo inadmisible a poco que se reitere la vigencia y conocimiento del régimen establecido por el Decreto N° 1187/93, de desmonopolización del mercado postal.

Que respecto al reclamo por supuesta «Omisión de control y sanción a los prestadores postales que usurpan el mercado protegido del concesionario», debe reiterarse que no existen exclusividades o zonas de reserva previstas para el concesionario.

Que con relación al supuesto reclamo por «incumplimiento del plazo» de la presunta «garantía de clientela» conforme el Decreto N° 431/98, y la pretendida «omisión de utilizar las cláusulas contractuales sobre renovación y prórroga automática como sucesora de ENCOTESA respecto de contratos interadministrativos», cabe citar al respecto el artículo 2° del aludido decreto, del cual no surge que se le haya asegurado un derecho a la continuación absoluta de la clientela.

Que por lo expuesto, esta pretensión carece de todo andamiento y debe ser rechazada.

Que respecto del reclamo sobre la suspensión de la habilitación dispuesta mediante el Decreto N° 1335/99, la Concesionaria alega tener derecho a instalar un sistema universal de casillas de correo electrónico y administrar un dominio de Internet y firma digital, invocación que no surge de cláusula alguna del Contrato de Concesión y resulta incompatible con el régimen jurídico general establecido por la Ley N° 25.506.

Que con relación al reclamo vinculado a los inmuebles transferidos, la concesionaria no ha formulado las precisiones que hubieran correspondido respecto de sus eventuales objeciones a lo que surge del Anexo 13 del Pliego Licitatorio.

Que no resulta ocioso recordar la previsión que surge del numeral 3.23 del Pliego, que dispone que: «Los interesados reciben con la compra del Pliego un memorándum que contiene la información suficiente para preparar su presentación en la precalificación. Los precalificados tendrán libre acceso a la información en el data room y podrán analizar todos los documentos, reglamentaciones, contratos celebrados y demás aspectos del negocio jurídico. Las ofertas que formulen se basarán en su propia evaluación e investigación, sin derecho a reclamo alguno. En caso que los oferentes soliciten realizar visitas a las dependencias de ENCOTESA, efectuar reuniones o consultas con su personal o el asesoramiento de funcionarios de distintas áreas, la Comisión de Admisión y Preadjudicación adoptará las medidas para facilitar a los Oferentes el conocimiento y la evaluación del negocio jurídico».

Que de la precitada especificación licitatoria surge que, si bien los postulantes precalificados tenían libre acceso a la información y existía la obligación de facilitarles el conocimiento y evaluación del negocio jurídico, la carga de solicitar esa información y realizar las consultas que fueran necesarias a tal fin correspondía a los oferentes, y sus ofertas se debían basar en su propia investigación y evaluación.

Que por todo lo expuesto, y siendo un hecho reconocido que determinados espacios de inmuebles no se encontraban afectados a la actividad concedida, por estar ocupados por un tercero o inactivos, el concesionario no puede pretender derecho alguno derivado de ello, alegando su propia inacción en el cumplimiento de su obligación de realizar la evaluación de la situación de cada inmueble.

Que en lo que se refiere a perjuicios derivados del supuesto mal estado de conservación de los inmuebles recibidos, no surgen de los antecedentes analizados evaluaciones técnicas, presentadas en tiempo oportuno por el concesionario, que puedan sustentar el reconocimiento de resarcimientos en este punto.

Que en lo que se refiere a las condiciones igualitarias en las que debe operar el Concesionario, debe señalarse que la misma no puede ni debe ser considerada como una «igualdad aritmética», toda vez que la condición de operador del Servicio Postal Básico Universal y demás servicios obligatorios transferidos distingue netamente su régimen específico del previsto para los prestadores de servicios postales.

Que, por otra parte, esto también es consecuencia de su calidad de continuador jurídico del servicio público prestado por la ex ENCOTESA, por lo cual el Concesionario tiene obligaciones y derechos que lo diferencian del resto de sus competidores en el mercado.

Que, en ese sentido, resulta un hecho esencial que, con la adjudicación de la concesión en 1997, se le transfirió a CORREO ARGENTINO S.A. una valiosa universalidad de bienes y recursos en funcionamiento y afectados al servicio, que habían comenzado a operar en un régimen de competencia desde el año 1993.

Que por lo tanto, esta invocación de las condiciones igualitarias no se concreta en ningún perjuicio determinado y admisible, significando un ítem más dentro de la universalidad de peticiones que han integrado su estrategia de reclamo sistemático contra el Concedente.

Que en lo referente a la alegación de supuestos incumplimientos por parte del Estado Concedente de las normas y obligaciones emanadas de Organismos Internacionales en materia postal, la presentación de CORREO ARGENTINO S.A. sobre el particular carece de determinación y se contradice con sus propios hechos, toda vez que la propia autoridad de control ha verificado que la Concesionaria violó la obligación de solicitar autorización previa para modificar las sobretasas que oportunamente ENCOTESA había fijado para los precios de los servicios postales enmarcados en el Convenio y en las Actas de la UNION POSTAL UNIVERSAL.

Que con relación a la pretensión por la presunta alteración de la ecuación económico financiera del contrato, cabe remitirse a lo sostenido en los considerandos anteriores respecto al régimen de libre competencia de servicios, establecido en el Pliego y la ausencia de exclusividades en un mercado desmonopolizado desde el año 1993, motivo por el cual si la oferta formulada por CORREO ARGENTINO S.A. en el año 1997 se fundó en esta premisa, ello configura un acto realizado por cuenta y riesgo del oferente y no susceptible de generar reclamo alguno al Estado Nacional.

Que en materia de administración del patrimonio inmobiliario, el Concesionario invoca un «Acta Acuerdo» suscripta con el ex ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO, por la cual se habría pretendido instrumentar la desafectación de una sustancial parte del patrimonio inherente al servicio público postal, sin intervención de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA, en su carácter de representante del Estado Concedente.

Que el objetivo de tal «Acta Acuerdo», posteriormente declarada nula por el ex ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO, debe necesariamente vincularse con el incumplimiento generalizado del Concesionario respecto de su deber de conservación y mantenimiento de la red inmobiliaria afectada al servicio, circunstancia que ha sido reiteradamente verificada por la autoridad de control de la concesión.

Que, en tales condiciones, y en lo que se refiere al universo de bienes inmuebles transferidos, no sólo el Concesionario no tiene derecho a resarcimiento alguno, sino que el Estado Concedente es quien debe formular los puntuales reclamos que correspondan en orden a las obligaciones incumplidas.

Que el rechazo de cada uno de los reclamos puntuales formulados por CORREO ARGENTINO S.A. deja carente de todo sustento la reiterada invocación de la excepción de contrato no cumplido efectuada por el concesionario para eludir su obligación de pago del canon comprometida en el año 1997.

Que la doctrina mayoritaria es conteste al sostener que la «exceptio non adimpleti contractus» no resulta, por vía de principio, aplicable a los contratos administrativos donde el mecanismo resolutorio está regido por normas y principios compatibles con las exigencias del interés público.

Que del mismo modo y tal como lo señaló la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en los autos «CINPLAST I.A.P. S.A. c/ ENTEL s/ ORDINARIO» la aplicación de la excepción de incumplimiento sólo «podría ser aceptada, en supuestos excepcionales, cuando el incumplimiento en que incurriera el Estado fuere de tal magnitud que práctica y razonablemente imposibilitase a su cocontratante el cumplimiento de sus obligaciones» (Fallos 316:213).

Que aún cuando se admitiese la aplicación de este instituto propio del derecho privado a las relaciones en las que interviene un sujeto de derecho público, el supuesto invocado por CORREO ARGENTINO S.A. carece de los extremos legales necesarios para que surja esa extraordinaria posibilidad.

Que en otro orden, la Concesionaria esboza una suerte de «derecho a la renegociación» de su contrato invocando para ello los Decretos N° 1534 del 20 de agosto de 2002 y N° 311 de 3 de julio de 2003.

Que con relación al ámbito de renegociación establecido por el referido Decreto N° 1534/02, cabe señalar que la denominada «propuesta de renegociación» presentada el 9 de diciembre de 2002 por CORREO ARGENTINO S.A. clausuró, virtualmente, toda posibilidad de avance, toda vez que importó una inadmisible pretensión de resarcimiento económico y una desproporcionada modificación del contrato.

Que sin perjuicio de lo expuesto, el Estado Concedente otorgó una nueva oportunidad de renegociación al Concesionario, prevista esta vez por Decreto N° 311/03, la cual resultó frustrada definitivamente por la propia empresa en función de las pretensiones que surgen de su posterior presentación de fecha 11 de setiembre de 2003.

Que de lo reseñado se extrae que ninguna de las normas que CORREO ARGENTINO S.A. invoca para pretender su «derecho a la renegociación», le confieren derecho subjetivo alguno tal como así lo peticiona.

Que además y en la referenciada presentación, la Concesionaria pretende modificar unilateralmente el canon semestral comprometido, por vía de la aplicación del principio quanti minoris.

Que de tal manera CORREO ARGENTINO S.A. persigue la modificación del único criterio de selección del Concesionario oportunamente fijado por el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por el Decreto N° 265/97.

Que ello conlleva un daño sustantivo a los recursos del Tesoro Nacional sin que aparezca ninguna contraprestación apreciable ofrecida por el Concesionario.

Que por otra parte debe considerase la pretensión de CORREO ARGENTINO S.A. de entender como cancelatoria de los cánones devengados por los años 2002 y 2003 la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 26.680.861,19) oportunamente depositados con la aludida presentación de fecha 11 de setiembre de 2003.

Que a esa suma se llega en función de un análisis realizado por el Concesionario que implica una modificación unilateral del Contrato de Concesión, que carece de todo sustento y que resulta violatoria de los presupuestos básicos sobre los cuales se le adjudicó la concesión.

Que, en base a lo expuesto, no cabe sino rechazar categóricamente cualquier pretensión que se enderece a modificar el quantum y la exigibilidad del canon comprometido, sin perjuicio de imputar, a cuenta de los montos debidos, el depósito aludido en los considerandos precedentes.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto N° 27 de fecha 27 de mayo de 2003.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA y de las previsiones contenidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991).

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° – Recházase la presentación efectuada por CORREO ARGENTINO S.A. con fecha 11 de setiembre de 2003 ante la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y la totalidad de los reclamos, peticiones, recursos y/o reclamaciones interpuestas por dicha empresa con relación al Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y CORREO ARGENTINO S.A. por el cual se adjudicó la concesión de todos los servicios postales, monetarios y telegráficos prestados oportunamente por la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA) y los restantes servicios que la concesionaria estuviere habilitada a realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal.

Art. 2° – Hágase saber a CORREO ARGENTINO S.A. que ha quedado agotada la vía administrativa.

Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

KIRCHNER. Alberto A.Fernández. Roberto Lavagna. Julio M. De Vido.

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