Suspensión del Juicio a Prueba. Recurso de Casación. Concesión. Oposición Fiscal. Robo en Poblado y en Banda.

…»el dictamen fiscal previsto en el art. 76 bis, cuarto párrafo, CP está sometido al control jurisdiccional, a los fines de que se verifique su razonabilidad. En el caso, el representante del Ministerio Publico Fiscal no prestó su conformidad para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, fundándose en la supuesta necesidad de preservar la prosecución de la acción en virtud de criterio de la Procuración General de la Nación establecido en la resolución n° 97/09. En casos como el presente, donde la oposición fiscal tiene base en la necesidad del Ministerio Público Fiscal de preservar la acción penal en causas de pluralidad de imputados, la doctrina sentada en los precedentes “Palavecino” (2) y “Cingolani”(3) he concluido que la falta de consentimiento, basada en la idea de un perjuicio para el ejercicio de la acción penal, no se fundaba en razones válidas de política criminal, y por lo tanto la oposición del fiscal no era vinculante para el tribunal. Sumado a ello, la mentada resolución dispone claramente que la aplicación de la regla referida a supuestos en los que sólo alguno de los intervinientes puede acogerse a la suspensión de juicio a prueba, no es automática, pues es deber del fiscal justificar por qué debilita la acción en el caso particular. Solo en tal caso, la falta de consentimiento fiscal será vinculante para el tribunal»…

Fallo completo:

C., R. M. s/recurso de casación – Cám. Nac. Casación Crim. y Correc – I – 02/06/2021

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de 2021 se constituye el tribunal, integrado por los jueces Horacio L. Días y Daniel Morin asistidos por la secretaria Paula Gorsd, por videoconferencia (cfr. acordadas n° 1, 2, 3 y 11/2020 de esta Cámara), a fin de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa en esta causa n° CCC 44394/2020/TO1/CNC1, caratulada “C. s/ recurso de casación”. El tribunal deliberó, en los términos de los arts. 396 y 455, CPPN, por videoconferencia en presencia de la actuaria, y se tuvo presente el escrito digital aportado por la defensa. En consecuencia, se arribó al siguiente acuerdo. El juez Morin dijo: el 19 de marzo de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de esta ciudad resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba en favor de R. M. C. Para así decidir, el a quo consideró que si bien las condiciones objetivas y subjetivas para la concesión del instituto estaban dadas, la oposición fiscal abasteció el juicio de razonabilidad al que se encuentran sometidos sus argumentos, en el caso, basado en criterios de política criminal para esta clase de hechos -delito de robo simple en grado de tentativa en concurso real con el delito de robo en poblado y en banda- donde existen pluralidad de imputados. Contra dicho pronunciamiento, la defensa interpuso recurso de casación por considerar que la resolución del a quo fue arbitraria e infundada ya que no se realizó un análisis pormenorizado de las circunstancias valoradas por el fiscal para formular su oposición, ni se expidió sobre los presupuestos contenidos en el artículo 76 bis del Código Penal. Al respecto, sostuvo que se tomó como vinculante la oposición de la fiscalía que invocó meras cuestiones de política criminal, como lo es el presunto debilitamiento de la acusación en caso de concedérsele la suspensión del juicio a un imputado y no a los demás coimputados, sin explicar de qué manera podrían incidir en el caso. Ahora bien, tal como se ha expresado Reg. n° 736/2021 en diversos precedentes con diversos matices de esta Sala(1), el dictamen fiscal previsto en el art. 76 bis, cuarto párrafo, CP está sometido al control jurisdiccional, a los fines de que se verifique su razonabilidad. En el caso, el representante del Ministerio Publico Fiscal no prestó su conformidad para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, fundándose en la supuesta necesidad de preservar la prosecución de la acción en virtud de criterio de la Procuración General de la Nación establecido en la resolución n° 97/09. En casos como el presente, donde la oposición fiscal tiene base en la necesidad del Ministerio Público Fiscal de preservar la acción penal en causas de pluralidad de imputados, la doctrina sentada en los precedentes “Palavecino” (2) y “Cingolani”(3) he concluido que la falta de consentimiento, basada en la idea de un perjuicio para el ejercicio de la acción penal, no se fundaba en razones válidas de política criminal, y por lo tanto la oposición del fiscal no era vinculante para el tribunal. Sumado a ello, la mentada resolución dispone claramente que la aplicación de la regla referida a supuestos en los que sólo alguno de los intervinientes puede acogerse a la suspensión de juicio a prueba, no es automática, pues es deber del fiscal justificar por qué debilita la acción en el caso particular. Solo en tal caso, la falta de consentimiento fiscal será vinculante para el tribunal. Tampoco se puede dejar de advertir, con la sola lectura de la Resolución PGN n° 97/09, que toda ella se encuentra dirigida a reglar la actuación de los representantes del Ministerio Público Fiscal en casos de corrupción respecto de los cuales, por razones de política criminal, se privilegia: a) la realización del debate en virtud de la posibilidad de control de los actos de gobierno por parte de la ciudadanía; b) el cumplimiento por parte del Estado argentino de las convenciones internacional contra la corrupción y la reafirmación de la vigencia de los valores que fundan la convivencia. Ahora bien, del supuesto bajo análisis se desprende, por un lado, que el fiscal no ha explicado concretamente por qué razón no se puede escindir la participación de C. que puede ver solucionada su situación por la vía alternativa prevista por el art. 76 bis, CP del resto de los coimputados. Por lo que el fiscal debió justificar de qué manera incidiría la presencia de C. en el juicio para sostener la acusación contra el resto de los imputados. Tampoco se advierte de qué modo se podrían vincular los parámetros expuestos respecto de la Resolución PGN n° 97/09 con el caso bajo examen, que se ciñe a la investigación de un intento de robo a un quiosco y una sustracción de mercadería de un local comercial. Resulta de toda evidencia que la pretensión de dar sustento a la oposición en el riesgo de que decaiga la posibilidad de ejercer la acción penal respecto del restante acusado, como se expresó precedentemente, constituye una fundamentación aparente que sólo refleja la voluntad de oponerse a la viabilidad del instituto por parte del representante del Ministerio Público Fiscal. En estas condiciones, sus afirmaciones lejos están de constituir un obstáculo a la concesión del instituto, en tanto la oposición no se asienta en razones serias de política criminal que justificaría adaptar la decisión a los argumentos vertidos por Ministerio Público Fiscal. Por último, interesa señalar que la defensa del imputado durante la audiencia celebrada por medios virtuales ofreció una reparación económica y que, si bien los damnificados no asistieron y uno de ellos no se mostró interesado en recibir una suma de dinero, el otro efectivamente aceptó los $4000 en concepto de reparación por los daños ocasionados en la ventada lindera al local. Por ello, toda vez que se cumplen en el caso bajo examen los requisitos objetivos y subjetivos propios del instituto, corresponde: hacer lugar al recurso interpuesto, casar la sentencia recurrida, conceder la suspensión de juicio a prueba solicitada y admitir por razonable el monto de $4000 en concepto de reparación económica, monto aceptado por uno de los damnificados, la que deberá efectivizar cuando el juzgado interviniente lo disponga y remitir las presentes actuaciones a fin de que fije el plazo por el que se deberá otorgar el instituto, así como también las reglas de conducta que estime correspondientes, sin costas (arts. 456 inc. 1°, 470, 530 y 531, CPPN). El juez Horacio Días dijo: adhiero a la solución propuesta por mi colega preopinante pues tal como expresé en el precedente “Murillo” de esta Sala(4), el fiscal no explicó por qué en el caso concreto resulta necesaria la realización del debate oral y público respecto de C. Además, se advierte que el resolutorio sólo se limitó a invocar la resolución n° 97/09 de la PGN dictada para supuestos de corrupción y delitos atribuidos a funcionarios públicos en los que por su propia naturaleza el nivel de transparencia y la necesidad de arribar a la verdad, niegan la posibilidad de que se acceda a mecanismos alternativos de solución de conflictos, siendo necesario, la realización del juicio oral y público; supuesto distinto al investigado en autos, esto es, robo simple en grado de tentativa en concurso real con robo en poblado y en banda.

En consecuencia, esta Sala de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa, CASAR la sentencia recurrida; CONCEDER la suspensión del juicio a prueba a favor de R. M. C.; ADMITIR por razonable la suma de $4000 en concepto de reparación económica, monto aceptado por uno de los damnificados y que deberá efectivizarse cuando el juzgado interviniente lo disponga; y REMITIR las presentes actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 18 a fin de que fije el plazo por el que se deberá otorgar el instituto, así como también las reglas de conducta que estime correspondientes. Sin costas. (arts. 76 bis, 76 ter y 27 bis, CP y arts. 455, 456, 465 bis, 470, 530, 531 del CPPN). Se deja constancia de que el juez Daniel Morin emitió su voto en el sentido indicado, pero no suscribe la presente en cumplimiento de las Acordadas n° 4, 6, 7, 8, 10 y 27/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las Acordadas n° 1, 2, 3 y 11/2020 de esta Cámara. Regístrese, comuníquese mediante oficio electrónico al tribunal correspondiente para que efectivice lo aquí decidido (Acordada n° 15/13, CSJN; Lex 100) y remítase el incidente oportunamente.

Notifíquese. Sirva la presente de atenta nota de estilo. No siendo para más, firma el juez de la Sala por ante mí, de lo que doy fe.

HORACIO DIAS

PAULA GORSD

Secretaria de Cámara

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