Sucesiones. Declaración de Indignidad. No Prestar Alimentos al Hijo durante la Minoría de Edad

Juzg. Nac. Civ. nº 68, 25/10/2019, G., R. c/ L., A. G. s/EXCLUSION DE HEREDERO

Buenos Aires, 25 de octubre de 2019.-

VISTOS: estos autos caratulados “G., R. c/ L., A. G. s/EXCLUSION DE HEREDERO” en condiciones de dictar sentencia, de cuyas constancias,

RESULTA:

I. A fs.7/10 se presenta R. G., por su propio derecho, y promueve demanda contra A. G. L. por exclusión de heredero fundada en la causal de indignidad que prevé el artículo 3296 bis del Código Civil.

Expresa que, de conformidad con lo que establece la norma en cuestión, el demandado es indigno de suceder a su hijo por no haberle prestado alimentos y asistencia de acuerdo a su condición y fortuna.

Relata que el hijo de ambas partes, O. F. L., falleció el día 3 de enero de 2001, producto de un accidente de tránsito, a la edad de 20 años, siendo menor de edad.

Manifiesta que, desde la separación de hecho y posterior divorcio, el demandado le negó total asistencia alimentaria a su hijo. Que, incluso, tuvo que promover instancias judiciales para obtener el cobro de alimentos durante casi diez años desde la separación de los padres. Aclara que, pese a que se comprometió mediante acuerdos de alimentos debidamente homologados a abonar una cuota alimentaria para su hijo, el accionado nunca cumplió con los mismos, ni siquiera abonando la primera cuota y que, a pesar de haber perseguido el cobro ejecutivo de los alimentos, no pudo cobrar “ni un solo peso” de aquellas deudas.

Agrega que, inclusive, debió abonar exclusivamente de su peculio el tratamiento médico e internación, así como un dispositivo médico de altísimo valor, para intentar mantener con vida a su hijo luego del accidente de tránsito que sufrió y que finalmente provocó su fallecimiento.

Funda en derecho su pretensión, ofrece prueba y solicita que, oportunamente, se declare a A. G. L. indigno de suceder a O. F. L.

II. Que a fs.71/72 se presenta A. G. L. A., por derecho propio, y contesta demanda.

Niega en general y en particular los hechos invocados, y manifiesta que, al momento de nacer el hijo de ambas partes, O. F. L., ambos vivían en el inmueble sito en R… de esta ciudad y que, en el año 1996, la actora decidió viajar con su hijo a Paraguay, para lo cual él le dio permiso, por entender que se trataba de un viaje corto. Que, luego de varios meses, regresó con intenciones de divorciarse y de iniciar una acción de alimentos.

Que, al momento de “firmar el divorcio”, ambas partes acordaron que el accionado cedía a su hijo O. L. un porcentaje del inmueble del cual era propietario, lo que demuestra que no tuvo intención de desprenderse de su responsabilidad como padre e importa una “actitud de asistencia” hacia su hijo.

Que, si bien el hecho de iniciar la acción con la finalidad de percibir alimentos para el menor hace presumir su falta, estuvo sin saber el paradero de su hijo por mucho tiempo, y solicita que se consideren los depósitos que acompaña, que acreditan el cumplimiento de la prestación de alimentos, y el hecho de que también abonó, luego del fallecimiento de su hijo, el primer pago del ingreso al panteón en la Asociación de Socorros Mutuos de las Fuerzas Armadas.

Funda en derecho su postura, ofrece prueba y solicita que oportunamente se rechace la demanda, con costas.

III. Que a fs.83 se abrieron a prueba las actuaciones y a fs.121 se declaró clausurado el período de prueba y se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho sólo la parte actora.

A fs.183/184 dictaminó el Sr. Fiscal.

Una vez agregado el alegato y la documentación original, a fs.127 se llamaron los autos para dictar sentencia, providencia que se encuentra consentida; y

CONSIDERANDO:

I. Dado que el 1º de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) (conf. artículo 1º de la ley 27.077), corresponde determinar la ley aplicable al caso de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de dicho ordenamiento.

El artículo 7 del Código Civil y Comercial –ley 26.994- (que en adelante llamaré “Código Civil y Comercial”), establece en lo pertinente que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario…”

Así, como señala Kemelmajer de Carlucci, “la nueva ley rige no sólo para las situaciones que nacen después de su entrada en vigencia, sino también para las anteriores si se trata de situaciones no agotadas” (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a la relaciones y situaciones jurídicas existentes, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires-Santa Fe, 2015, pág. 18). La norma reproduce en lo esencial el artículo 3 del Código Civil Argentino (ley 340), en su redacción conforme a la ley 17.711, y equipara, por una parte, a las situaciones y relaciones jurídicas (siendo las primeras más amplias pues no sólo abarcan a los vínculos jurídicos entre dos o más personas sino a la posición que ocupa un sujeto unilateralmente frente a una norma general) y distingue a ambas de las consecuencias, que son “las derivaciones o efectos que reconocen su causa eficiente en las relaciones o situaciones jurídicas” (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., págs. 26/27).

El texto distingue también entre la aplicación inmediata, que es la regla general, y la retroactiva (no permitida, excepto disposición en contrario), significando “aplicación inmediata” que la nueva ley se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro, a las existentes, en cuanto no estén agotadas, y, por último, a las consecuencias que no hayan operado todavía (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., págs. 28/29).

En lo que hace al caso de autos, en materia de sucesiones ab intestato, se aplica la ley vigente al momento de la muerte del causante, (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., págs.105 y 107). Debe también tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 2644 del Código Civil y Comercial en cuanto dispone que “la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento”.

Así las cosas, considerando que O. F. L. falleció en enero de 2001, el caso de autos debe resolverse a la luz de las disposiciones del Código Civil (ley 340) y demás legislación vigente a tal fecha.

II. Se ha dicho que la indignidad “es una sanción legal operada mediante una sentencia judicial a petición de los legitimados activos, en virtud de la cual se excluye de la herencia al heredero o legatario que haya inferido al causante alguna de las ofensas tipificadas por la ley” (conf. Mazzonelli, María Laura, “Indignidad y prestación alimentaria. Algo perdimos en el camino: la desheredación”, publicado en: DFyP 2019 (abril), 10/04/2019, pág. 118, LL online AR/DOC/1883/2018, con cita de Borda).

Como se ha dicho, las causales de sanción son de interpretación restrictiva, y están constituidas por hechos ofensivos o agraviantes contra el causante, tipificados taxativamente por la ley, por lo que no pueden ser ampliadas por los jueces (conf. Rolleri, Gabriel, “La exclusión hereditaria en el nuevo Código Civil: fortalecimiento de la indignidad y supresión de la desheredación”, publicado en DFyP 2015 (mayo), 13/5/2015, pág. 105, LL online AR/DOC/1086/2015, y sus citas).

El artículo 3296 bis del Código Civil, aplicable al caso, disponía, en su parte pertinente, que “es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre… que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna”.

Se sostuvo que la norma en cuestión, por su redacción, deja libradas a la apreciación judicial importantes cuestiones tales como si el incumplimiento del progenitor debe ser respecto del pago de alimentos fijados judicialmente o mediante convenio homologado, si es suficiente con que hayan sido exigidos judicialmente, o bien si no debe exigirse ninguno de estos recaudos (conf. Di Lella, Pedro, “Ultimas reformas al derecho sucesorio”, publicado en: LA LEY 1986-D, 1049, LL online AR/DOC/14367/2001).

Así, se ha opinado que, para que se configure la causal de indignidad debe existir un reclamo judicial por alimentos, o el incumplimiento de la sentencia que los fija o del convenio homologado que acuerda la cuota (conf. Cifuentes, Santos, Cifuentes, Santos E. (dir)- Sagarna, Fernando Alfredo (coord.), Código Civil Comentado y Anotado, Buenos Aires, La Ley, 2005, T. IV, pág. 34, con citas de Pérez Lasala, Zannoni y Medina).

También se señaló que otro de los problemas que se plantea es el relativo al supuesto, de prestaciones temporales, es decir, los alimentos que se prestan por un tiempo y se dejan de prestar, los que no se prestan durante años y luego se comienza a cumplir, y también los que se prestan voluntariamente y los que se satisfacen por ejecución de bienes del obligado (conf. Di Lella, Pedro, ibídem).

Por otra parte, se consideró (si bien refiriéndose al CCyC, que no difiere en este punto de la regulación del Código Civil) que, como la ley no distingue entre alimentos que resulten de fuente convencional o legal y tampoco atiende a diferencias derivadas de la existencia de reconocimiento judicial, no cabe hacer ninguna distinción interpretativa (conf. Córdoba, Marcos M. comentario al artículo 2281 del Código Civil y Comercial, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ricardo Luis Lorenzetti (dir), Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires- Santa Fe, 2015, T. X, págs.420/421).

Coincido, en definitiva, con esta última opinión. Es claro que la interpretación de la configuración de la causal, considerando sus consecuencias, debe ser restrictiva. No obstante, las circunstancias de que haya habido o no un reclamo judicial por alimentos o una cuota alimentaria fijada por sentencia o convenio homologado, o una ejecución de alimentos, no hacen a la procedencia o no de la causal de indignidad, sino, en todo caso, a la prueba de su configuración, no pudiendo descartarse en forma absoluta que pueda haber otros casos en los que, según las circunstancias, pueda ser probada por otros medios.

En igual sentido se entendió que, no habiendo mediado juicio de alimentos o incumplimiento de convenio, “la aplicación de la norma debe efectuarse con enorme prudencia y la prueba que se arrime al juez deberá ser contundente y demostrar no sólo que el hijo no fue mantenido conforme la condición y fortuna del padre, sino que éste le implicó alguna injusta privación” (conf. Di Lella, Pedro, ibídem).

En otro orden de ideas, la doctrina en general coincide en señalar que la obligación alimentaria –y el correlativo derecho- encuentran su fundamento no tanto en razones de derecho estricto, sino de orden moral, que son consecuencia de la natural solidaridad familiar que impone ayudar al pariente próximo necesitado (conf. Borda, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil – Familia, t. II, novena edición, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1993, pág.367; Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico de los alimentos, 2ª edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, pág.1, nº1; L. del Carril, Julio J. Derecho y Obligación Alimentaria, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1981, págs. 39/41), con lo cual no resulta difícil interpretar que dicho fundamento es también el que justifica esta causal de indignidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 267 del Código Civil, vigente a la fecha en que el demandado debió satisfacer los alimentos derivados de la patria potestad en favor de su hijo menor de edad, disponía: “La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad”.

III. Corresponde entonces analizar la prueba producida, de conformidad con las reglas de la sana crítica, con el fin de establecer si quedó acreditada la causal de desheredación por indignidad invocada.

Al respecto, cabe recordar que el juez no está obligado a ponderar todas la probanzas producidas en el juicio, ni a hacerse cargo de todos los argumentos aducidos por las partes, sino sólo aquellos que estime conducentes y relevantes para el caso, haciendo mérito de los elementos del juicio que estime suficientes para apoyar sus conclusiones (conf. art. 386 in fine del ritual; Fassi-Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado T. I, p. 620, CSJN, Fallos 144:611; 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, 274:113; 280:320 entre muchos otros).

De las constancias de los autos caratulados “G., R. y L., A. s/ divorcio vincular por presentación conjunta” (expediente nro. 028007/91, que tramitó ante el Juzgado del fuero nro. 9), venidos ad effectum videndi, resulta que el 22 de octubre de 1991 los cónyuges A. G. L. y R. G. solicitaron su divorcio de común acuerdo, en los términos de lo que, a esa fecha, disponían los artículos 215 y 236 de la ley 23.515 y, en ese marco, acordaron que la segunda compraría al primero el 36,25% del inmueble sito en esta ciudad, calle Remedios de Escalada de San Martín 2926, quedando el 13,75% restante para el hijo de ambos, O. L.. Asimismo, y con relación a los alimentos, convinieron mantener la cuota provisoria de un millón quinientos mil australes hasta la fecha de la segunda audiencia, que se fijaba para el día 23 de diciembre de 1991. En la segunda audiencia reiteraron lo relativo al inmueble, no haciendo mención de los alimentos (conf. fs.1, 2 y 3 del citado expediente). A fs.5 la Lic. en Servicio Social al entrevistar al aquí demandado, manifestó que el mismo estaba “dispuesto a poder acordar con Rosa los alimentos y el régimen de visitas”. A fs.11, luego de haber estado paralizado el expediente, se dictó sentencia, con fecha 31 de mayo de 1993, decretando el divorcio vincular de las partes y la disolución de la sociedad conyugal y otorgando la tenencia del hijo menor a la madre, no haciendo mención tampoco de los alimentos. A fs.16 y vta. se homologó el acuerdo sobre liquidación de la sociedad conyugal y a fs.27 se ordenó su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad.

Asimismo, de las constancias de los autos caratulados “G., R. c/ L., A. G. s/ alimentos” (expte. nro. 90.148/1990, que también tramitó ante el Juzgado Civil nro. 9, e igualmente venido ad effectum videndi) resulta que, solicitada su búsqueda en el año 1996, el expediente original no pudo ser hallado y, en consecuencia, se pidió y ordenó su reconstrucción, partiendo de que, con fecha 23 de diciembre de 1990, las partes habían suscripto acuerdo conviniendo una cuota alimentaria por el monto de $150. La actora manifestó que el demandado había abonado sólo las primeras cinco cuotas consecutivas, y que luego había incumplido con el pago de las mismas, por lo que, al 20 de noviembre de 1996, se adeudaban las restantes cuotas alimentarias devengadas (conf. fs.1/5).

La actora practicó liquidación de las cuotas alimentarias adeudadas, desde el 23 de mayo de 1991 hasta el 23 de febrero de 1997, por un total de $10.350 a razón de $150 por cuota. Intimado el ejecutado en los términos del artículo 648 del CPCCN y notificado de ello, nada contestó (conf. fs.5 y 6 del citado expediente).

No obstante lo anterior, el trámite de ejecución referido no continuó, habiendo renunciado la abogada que patrocinaba a R. G. y a fs.12, con nuevo patrocinio letrado y con fecha 8 de mayo de 2000, la actora reclamó el pago de catorce meses de cuotas alimentarias a razón de $230 cada una de ellas. A fs.15/16, habiendo sido intimada a ello, la actora acompañó un acuerdo celebrado en mediación con el demandado, de fecha once de septiembre de 1997, de una cuota de $230 por mes en concepto de cuota alimentaria, la que se convino que debía ser depositada en una cuenta caja de ahorro de titularidad de R. G., en el Banco de Galicia.

Dicho acuerdo fue homologado a fs.26 vta., pese a no contarse con la conformidad de la representante del Ministerio Público de Menores por no haberse aclarado en el mismo que el beneficiario de la cuota era el hijo menor de las partes (conf. fs.17/26 del citado expediente) y a fs.27, con fecha 16 de noviembre de 2000, la actora insistió en pedir la intimación al demandado, por los alimentos atrasados, a lo que se le proveyó que debía actualizar la liquidación oportunamente presentada (conf. fs.27/28), no habiendo más actuaciones.

A fs.166/180 obran agregados quince depósitos en una caja de ahorros del Banco de Galicia de titularidad de R. G., por $230 cada uno de ellos, correspondientes a los años 1997/1999.

A fs.89/91 de estos autos, obran declaraciones de los testigos G. G., R. y F.. Todos ellos coinciden en señalar que era la actora, R. G., quien convivía con su hijo menor O. F. L., y afrontaba sola sus gastos de subsistencia. Que la madre recurrió dos veces a la justicia para obtener una cuota alimentaria para su hijo, a cargo del padre, y que pese a ello el demandado nunca pagó alimentos en forma regular para su hijo menor ni lo ayudó económicamente en nada, a excepción de algunos meses de pago de cuota alimentaria. Todos ellos manifiestan haber tenido una relación de conocimiento y cercanía con la madre y el niño y por eso tener conocimiento de lo que declaran.

Los testigos B. C. y B. C., por su parte, declararon que el padre sí colaboraba económicamente con el hijo, y abonaba alimentos. No obstante, debe tenerse en cuenta que el primero de ellos manifestó sólo conocer a A. y O. L. de cuando iban a comer a una parrilla de su propiedad, y no supo dar razón de sus dichos. Incluso, relativizó su afirmación de que el padre cubría los gastos de su hijo señalando que “cree que sí” (conf. respuesta a pregunta ocho de fs.97). En cuanto al segundo, respecto del pago de la cuota alimentaria, fundó su afirmación, según dijo, en lo que el propio demandado le comentaba, lo que resta valor probatorio a su declaración, y en lo que hace a otras respuestas tampoco dio razón de sus dichos.

Cabe señalar al respecto que corresponde analizar cada una de las declaraciones testimoniales y valorar si poseen idéntico valor probatorio o si, en cambio, debe otorgarse a alguna mayor veracidad por sobre la otra, recordando que “los testigos no se cuentan, sino que se pesan. Es por ello que la eficacia de la prueba testimonial debe ser ponderada en función de la razón de los dichos que suministren y de la impresión de veracidad que transmitan en sus exposiciones” (conf. CNCiv., Sala F, 9/5/95, “Kobzar de Palacio Mónica E. c/ Kraft Marcos A. s/ daños y perjuicios”), lo que me lleva en el caso, por lo expuesto, a otorgar valor probatorio a los tres primeros testimonios reseñados y no, en cambio, a los dos últimos, por los fundamentos ya expuestos.

De una valoración conjunta de la totalidad de las pruebas reseñadas resulta que, a excepción de algunos meses y tal como lo acreditó en autos, el padre no aportó alimentos para su hijo menor de edad O., desde la separación de hecho de las partes (que dataría, al menos, de fines de 1990, a juzgar por la fecha en la que se habría convenido la primera cuota alimentaria, fecha a la que el niño tenía diez años de edad), y hasta la fecha de fallecimiento del referido hijo, ocurrido el día 3 de enero de 2001, a los 20 años y siendo aún menor de edad, de conformidad con el texto del artículo 126 del Código Civil vigente a aquella fecha.

Incluso, como se vio, intimado que fue, en los términos del artículo 648 del CPCCN, al pago de un período prolongado de cuotas alimentarias adeudadas (presumiblemente, una cuota provisoria, según constancias del juicio de divorcio, pero que las partes mantuvieron vigente en el tiempo), nada contestó.

Agrego que, si bien –como quedó visto- la ejecución de alimentos en cuestión no fue continuada en su momento por la madre (seguramente por la renuncia de la letrada que, en aquél momento, la patrocinaba, y por no haber conseguido otro patrocinio letrado al efecto), y luego de ello lo que las partes hicieron fue convenir una nueva cuota alimentaria, no habiendo manifestado en dicha oportunidad nada acerca de lo adeudado anteriormente, ello no hace presumir el pago de las cuotas anteriormente adeudadas.

Esto, antes que nada, porque otras constancias contradicen tal suposición. No sólo las declaraciones testimoniales, ya reseñadas, y el hecho de que, como quedó dicho, el padre ejecutado por alimentos nada contestó en su oportunidad intimado de pago, sino que, en este expediente, admite no haber pagado alimentos a su hijo menor, a excepción de los depósitos que acredita, que abarcan sólo poco más de un año (quince meses) –en un período continuado- de los más de diez en los que debió abonarlos, desde el primer convenio y hasta el fallecimiento de su hijo.

Además, la obligación alimentaria es –tal como los alquileres o las expensas, por ejemplo- una obligación periódica, que son aquellas que brotan por el transcurso del tiempo. En consecuencia, existen varias deudas independientes entre acreedor y deudor. Por ello, es perfectamente factible el pago de cada obligación, y el acreedor no puede en principio rehusar el cobro de una de ellas por no habérsele abonado las anteriores, por conservar cada deuda su individualidad, no operando la presunción legal del artículo 746 del Código Civil que se refiere, en cambio, a las prestaciones parciales de vencimiento periódico. Ello resta significación, entonces, a la falta de mención de los alimentos devengados con anterioridad y adeudados, a la fecha de firma del nuevo convenio.

A ello se agrega que, la argumentación con la que intenta justificarse el accionado, no resulta cierta a la luz de los expedientes tramitados en el Juzgado de familia, ya que, más allá de que no acredita el supuesto viaje a Paraguay de su hijo con la madre, por las fechas que refiere (año 1996) ello habría ocurrido no inmediatamente antes, como dice, sino varios años después de ya estar divorciados los ex cónyuges, a lo que se suma que, si se repara en que, en 1997, las partes convinieron una nueva cuota alimentaria y de atenernos a la fecha señalada por el propio accionado, tampoco tal viaje, de haber existido, pudo haber durado tanto tiempo como sugiere.

Respecto de la supuesta falta de conocimiento del paradero de su hijo por mucho tiempo, ninguna prueba aportó el demandado, a lo que se suma que ni siquiera precisa la fecha en la que ello habría ocurrido, que a juzgar por las constancias de autos la actora y el hijo de las partes se domiciliaban en el que había sido el domicilio conyugal, y que –a todo evento- no resulta de las constancias de los expedientes venidos ad effectum videndi la forma de pago convenida para la primera cuota alimentaria acordada entre las partes (entrega en mano contra recibo, depósito bancario, etc.), con lo cual se desconoce la influencia que ello –de haber sucedido- pudo haber tenido o no en la posibilidad de pago de la cuota, y que, en lo que hace a la segunda cuota alimentaria fijada, se acordó su depósito bancario, con lo que nada impedía su cumplimiento.

Tampoco el demandado alega ni acredita haber tenido imposibilidad o dificultad económica para haber satisfecho las cuotas alimentarias que se obligó a pagar, o que los montos convenidos no correspondiesen a su condición y fortuna, ni se observa que haya planteado disminución de la cuota ni tampoco que haya pagado una suma menor (en su caso, acorde a sus reales posibilidades), o satisfecho en especie algún rubro que indudablemente integre los alimentos.

Agrego también, con relación a la cuota alimentaria pactada por las partes en segundo término, que si bien en el acuerdo celebrado en mediación no se hizo mención a que el beneficiario era su hijo menor de edad (lo que motivó las observaciones de la Sra. Defensora de Menores a las que ya hice referencia), ello surge claro de las constancias de este expediente (tanto de la prueba testimonial cuanto de lo expuesto por ambas partes), y también de lo manifestado por la madre en los autos sobre alimentos, a lo que se suma que es lógico que ello sea así en tanto, a la fecha en la que el acuerdo fue suscripto, las partes se habían divorciado en los términos del artículo 215 del Código Civil y, en consecuencia, R. G. carecía de derecho alimentario de origen legal, mientras que el hijo de las partes era menor de edad y por ello sí tenía el padre la obligación de alimentarlo en orden a los deberes emanados de la patria potestad.

Por último, señalo que los gastos de sepelio que el accionado invoca haber satisfecho, no integran el concepto de cuota alimentaria en favor de su hijo menor de edad, correspondiente a la causal de indignidad invocada en autos, y que la donación que hizo a su hijo de un porcentual del inmueble que le pertenecía en un cincuenta por ciento, no obstante que la vivienda es un rubro que integraba indudablemente los alimentos derivados de la patria potestad, no importó pago de alimentos sino que, como resulta de las constancias de los expedientes que tramitaron ante el Juzgado del fuero nro. 9, formó parte de un acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal (las partes tenían un condominio de carácter ganancial, conf. informe de dominio de fs.17/19 del juicio de divorcio), homologado como tal e independiente de la cuota alimentaria pactada. Aún de considerarse lo contrario, la sola provisión de vivienda (además, en el porcentual indicado), resulta absolutamente insuficiente para considerar cumplida la obligación alimentaria derivada de la patria potestad en los términos y con los alcances con que se lo exigía al padre el artículo 267 del Código Civil, y en los que se había obligado convencionalmente.

En definitiva, de todo lo expuesto se colige que, pese a la estrictez con la que debe juzgarse la configuración de la causal de desheredación por indignidad invocada, en el caso de autos, la misma ha sido debidamente acreditada por lo que corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta.

IV. Las costas serán impuestas al demandado vencido, en virtud del criterio objetivo de la derrota que prevé el artículo 68 del CPCCN.

Por todo lo expresado precedentemente, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal, FALLO: 1) Haciendo lugar a la demanda interpuesta, con costas al demandado vencido. 2) En consecuencia, declarando la indignidad de A. G. L. A., por haber incurrido en la causal de no haber prestado alimentos y asistencia a su hijo durante su minoría de edad que prevé el artículo 3296 bis del Código Civil, y excluyéndolo por lo tanto como heredero de su hijo O. F. L.. 3) Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, hasta tanto se determine el monto del acervo hereditario y se denuncie en autos su condición frente al I.V.A. y número de C.U.I.T. 4) Cópiese, regístrese y notifíquese a las partes, a sus letrados y a la mediadora personalmente o por cédula, y al Sr. Fiscal en su despacho. Oportunamente archívese, con comunicación al CIJ.-

ALBERTO SILVIO PESTALARDO

JUEZ NACIONAL EN LO CIVIL

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