Se admite la demanda de Daños y Perjuicios, ante una caída sufrida por el actor en supermercado

Thomas, Silvia I. c/Coto C.I.C.S.A. y Otro s/Daños y Perjuicios
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala J
Fecha: 12-07-2019

Sumario
Corresponde admitir la demanda de daños interpuesta por el actor, el cual sufrió una caída cuando se encontraba en el sector de verdulería del supermercado demandado, patinando con semillas de girasol que se hallaban derramadas en el suelo, en tanto la obligación de seguridad asumida por la demandada, exigía que el usuario o consumidor pudiera hacer uso del local y retirarse del mismo sin daño alguno.

La reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba.

Por incapacidad sobreviniente debe entenderse una disminución en la salud, que afecta a la víctima en sus posibilidades tanto laborativas como de relación y que son consecuencia inmediata de la producción del accidente, prologando sus efectos por cierto tiempo o en forma permanente.

El daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integral.

El resarcimiento que corresponde por daño moral está destinado a reparar al individuo cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su vida.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala J

Buenos Aires, 12 de Julio de 2019.-

La Dra. Patricia Barbieri dijo:

La sentencia dictada a fs. 346/361 hace lugar a la demanda entablada y en consecuencia condena a la empresa demandada (COTO C.I.C.S.A.) y contra Cooperativa del Trabajo Ohlimpia, a pagar a la parte actora la suma de pesos ochenta y siete mil novecientos ($87.900) haciendo extensiva la condena a la empresa aseguradora en la medida del seguro, con más sus intereses y costas.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora a fs. 371, expresando agravios a fs. 385/387. La codemandada COTO apeló a fs. 373 y a fs. 389/394 presentó su memorial de agravios. A su turno, la empresa aseguradora, La Meridional Cía Arg. De Seg., apeló a fs. 380, Expresando agravios a fs. 396/398.

Con el consentimiento del auto de fs. 404, quedaron las actuaciones en estado de dictar sentencia.

I. Reseña de los hechos Relata la parte actora que con fecha 3 de agosto de 2014, siendo aproximadamente las 13 horas, se encontraba en el interior del supermercado Coto, sucursal 67 de la localidad de Acassuso, sito en la calle Albarellos 854. Refiere que cuando se encontraba en el sector de verdulería, patinó con unas semillas de girasol que se hallaban derramadas en el suelo, lo que se tornó un obstáculo difícil de prever, cayendo al piso.

Cuenta que fue asistida por una empleada del lugar de nombre Graciela, quien luego de socorrerla, mandó a un empleado a limpiar el sitio.

II.- Atribución de Responsabilidad.

Por una cuestión de orden metodológico, analizaré en primer término las quejas planteadas por la parte demandada –en cuanto a la atribución de responsabilidad se refiere-, aclarando que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, ni tampoco cada medida de prueba; sino solamente aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso, según la forma en que ha quedado trabada la relación procesal (Fallos: 144:611; 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 276:132, 280:3201, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).

Adentrándonos a la cuestión de fondo, diré que en este caso nos encontramos en la órbita contractual.

La cuestión debatida en autos, resulta ser una relación jurídica entre un particular –la actora-, consumidor o usuario, y un centro comercial -la demandada-, la que además de proveer bienes y/o servicios, asume una obligación accesoria de seguridad frente a su cliente, que incluye el uso del local. Ello se desprende tácitamente de lo dispuesto por el art. 1.198 del Cód. Civil y de las previsiones de la Ley Nº 24.240 de defensa del consumidor, que torna operativa la protección otorgada por el art. 42 de la Constitución Nacional.

Se ha sostenido que el ingreso al local comercial concluye en la configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo (conf. arts. 1137, 1144, 1145, 1146, 1148 y concs. Del Cód. Civ. –actual 957, 971, 972, 973, 979 y concs. Del ccycn-) que conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de la que se desprende un deber de seguridad objetivo, según la buena fe que impone el art. 1.198 del Cód. Civ. (art. 729, 961, 991, 1061 y Concs. Del ccycn), (conf. Sala D Exptes. N° 63.666, 63.332 y sus citas) (conf. Cnciv, Sala “L”, de fecha 06/03/2008, “Fernández, Alfredo Daniel c. Easy Cencosud S.A.”, publ. En La Ley Nº 18/06/2008

Con nota de Federico M. Álvarez Larrondo18/06/2008 La Ley Nº 18/06/2008, 818/06/2008LA Ley2008-D con nota de Federico M. Álvarez Larrondo La Ley Nº 2008-D, 58RC y S2008, 937).

La obligación de seguridad asumida por la demandada, exigía que el usuario o consumidor pudiera hacer uso del local y retirarse del mismo sin daño alguno. Es que conforme la normativa citada precedentemente, le compete a la demandada asumir todas las medidas necesarias a fin de resguardar la seguridad de los usuarios en dicho centro comercial.

A mayor abundamiento la jurisprudencia ha entendido que velar por el desenvolvimiento regular de la circulación en los corredores del supermercado no es una obligación accesoria, extraña a la empresa, sino muy propia de la índole del servicio. El deber de custodia es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente, la remoción inmediata de obstáculos o elementos extraños, el control ininterrumpido de los mecanismos y toda otra medida que dentro del deber de custodia pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad, el medio ambiente, la estructura y fluidez de la circulación.

Además, con la Ley Nº 24.240 (modificada por la Ley Nº 26.361 sancionada el 12/3/2008) y usuarios se concreta en nuestro sistema un nuevo criterio general de derecho, que es el principio de protección al consumidor.

Reza el art. 1 de la mencionada norma “Sustitúyese el texto del art. 1º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente: Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”.

Y a ello se agrega la reforma constitucional de 1994, con la cual el principio obtiene primera jerarquía al quedar categóricamente incorporado al art. 42 de la ley suprema. (conf. CNCIV – Sala “F” Expte. Nº F369542 del 17/09/03, voto de la Sra. Juez de Cámara Dra. Elena Highton de Nolasco en autos “Torres, Érica Fabiana c/COTO CICSA y otro s/Ds y Ps” eldial – AE1E10).

Si bien las demandadas, tanto COTO como la empresa de limpieza Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltda. Han controvertido en autos si la actora se cayó producto de las semillas desparramadas o por su propia negligencia, no es menos cierto que esa cuestión queda soslayada con las declaraciones obrantes en autos (v. Fs. 230/231 y 232), testigos que si bien no observaron exactamente el momento del resbalón de la actora, estaban en el supermercado el día del accidente, presenciaron el momento inmediatamente posterior a la caída y observaron que en el piso había semillas y que alguien del supermercado se comunicó con personal de limpieza para que vinieran a asear el sitio. La testigo Zanettin agrega que las semillas están situadas como en una repisa, medio inclinadas, que uno se sirve de ahí y que están sueltas, a granel, lo que también queda demostrado con las fotografías de fs. 17.- También, ambos deponentes refieren que personal del supermercado se acercó a auxiliar a la actora.

El testigo ofrecido por la codemandada COTO no aporta datos del hecho en sí, simplemente refiere no recordar ningún accidente y agrega que las semillas nunca se exhibían sueltas, lo que no encuentra respaldo en las restantes pruebas ya mencionadas (conf. Fs. 240).

La codemandada Cooperativa Ohlimpia, quien también resiste la responsabilidad a ella atribuida, tal como ha sostenido la magistrada a quo, no ha brindado prueba idónea para demostrar alguna eximente, no ha propuesto elementos que permitan concluir que el sector en donde se produjo el hecho dañoso no era de su competencia. Ello, sumado a la ya mentada ley de Derechos del Consumidor, que prevé la responsabilidad de todos los intervinientes en la cadena de producción, en este caso, de la prestación del servicio (conf. art. 40 Ley Nº 24.240).

Asimismo, no deviene ocioso remarcar la incomparecencia de la codemandada Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltada. A las dos audiencias fijadas a los fines del art. 360 del C.P.C.C.N. (conf. Fs. 195 y 196), como así también, ha sido declarada negligente en la producción de la prueba testimonial y contable oportunamente ofrecida (ver fs.317).

Por todo ello, no encontrando motivo para modificar el criterio desplegado por la primer sentenciante, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos por las apelantes en cuanto a la responsabilidad se refiere.

III.- Partidas Indemnizatorias.

III. A) Incapacidad sobreviniente Se agravian las partes por la suma concedida en éste apartado.

La sentencia de grado ha determinado la suma de ($39.900) para compensar la presente partida.- Sentado ello, se ha expedido esta Cámara Civil en el sentido que “la incapacidad sobreviniente comprende, salvo el daño moral y el lucro cesante, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación deberá abarcar no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada” (conf. Cód. Civ., sala “M” • 13/09/2010 • Estévez, María Cristina c/Amarilla, Jorge Roberto y otros, La Ley Online; AR/JUR/61637/2010).-

La reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba, así como también compensar de algún modo las expectativas frustradas.- En consecuencia, por incapacidad sobreviniente debe entenderse una disminución en la salud, que afecta a la víctima en sus posibilidades tanto laborativas como de relación y que son consecuencia inmediata de la producción del accidente, prologando sus efectos por cierto tiempo o en forma permanente.

Habré de destacar que con respecto al daño psicológico o psíquico, a mi entender, no queda subsumido en el daño moral, pues ambos poseen distinta naturaleza.

En efecto el daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integral.- Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

A fs. 294/298 consta la pericia médica de la cual emerge que la damnificada presenta rotura total del tendón semimembranoso y parcial del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral en el muslo derecho, con atrofia muscular. Detalla que la función de estos músculos isquiotibiales es flexionar la rodilla y extender la cadera y que la lesión es de carácter crónico.

En base a ello, estimó una incapacidad parcial y permanente del 12% en relación causal con el evento de marras.

La pericia ha sido cuestionada a fs. 300/301 y a fs. 303/305, más tales impugnaciones no han sido avaladas por un profesional en la materia.

El perito contesta el traslado a fs. 307 y ratifica sus dichos.

A fs. 295vta. El perito médico legista expone que del psicodiagnóstico y del examen practicado a la actora, no se desprenden síntomas o signos que representen incapacidad psíquica parcial y permanente.

Dichas conclusiones no han merecido crítica de los litigantes.

Así las cosas, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima como ser su edad (69 años al momento del hecho), jubilada y que vivía sola, atento la ausencia de incapacidad psicológica, deviene prudente y razonable proponer al Acuerdo se eleve la suma a pesos doscientos ochenta mil ($280.000) para compensar la presente partida (art. 165 C.P.C.C.N.).-

III. B) Daño Moral:

La magistrada de la instancia anterior concedió por este rubro la suma de $45.000.

El resarcimiento que corresponde por daño moral está destinado a reparar al individuo cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su vida.

Se ha decidido en distintos pronunciamientos de esta Cámara que, es tarea delicada la cuantificación de este concepto pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 Del Cód. Civ. –actual 1740 CC yc.-.

El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, que no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y malestares subsistentes.

Sentado ello, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima, las que ya han sido merituadas en el apartado correspondiente, se propone al Acuerdo elevar la suma a pesos ciento cincuenta mil ($150.000) para compensar la presente partida (art. 165 C.P.C.C.N.).- III. C) Gastos de farmacia y movilidad La magistrada “a quo” ha fijado la cuantía de la presente partida en la suma de $3.000.- En cuanto a gastos farmacéuticos, es conteste la jurisprudencia en el sentido de que los mismos deben ser resarcidos, aún cuando no se acrediten fehacientemente.

Respecto a los gastos de traslado, el criterio que debe prevalecer sobre la procedencia de este rubro es amplio. Así, no será necesario agregar documentos que acrediten tales erogaciones ya que la costumbre determina que no se otorgue comprobante alguno. No requieren, entonces, una prueba fehaciente para ser admitidos, sino que ellos se deducen de las lesiones sufridas por la víctima y la atención médica que requieren (conf. Cnciv. Sala “D” 11/6/99 “Álvarez Alejandra c/Bertero Luis A. s/Daños y Perjuicios”).

Ahora bien, no hay elementos que permitan inferir que la suma otorgada por la “a quo” resulte excesiva, ya que atento la magnitud del hecho dañoso, es dable suponer que tales erogaciones han sido efectuadas. Ahora bien, tampoco se han acreditado gastos por una suma superior a la estimada por la sentenciante, por lo que sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos sobre el particular y en consecuencia, firme la sentencia a su respecto.

IV.- Tasa de interés Se queja la parte recurrente por la tasa de interés dispuesta por el magistrada a quo.- La sentencia recurrida establece que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de la mora hasta el efectivo pago.- Teniendo en cuenta la fecha del accidente de autos (03/08/2014), siendo que ya al día de este pronunciamiento han transcurrido casi cinco años sin que la parte acreedora haya visto satisfecho su crédito, fecha desde la cual conforme al plenario “Gómez, Esteban c/Empresa nacional de Transporte” del 16-12-1958 deben hacerse efectivo los intereses, dada la situación económica actual entiendo que la tasa activa es la que mejor se adecua a las circunstancias del caso, por lo que conforme lo resuelto en los autos “Pezzolla, Andrea Verónica c/Empresa de Transportes Santa Fe SACEI y otros s/daños y perjuicios” (Expte. N° 81.687/2004), y su acumulado “Pezzolla, José c/Transportes Santa Fe SACEI s/daños y perjuicios” (Expte. N° 81.683/2004), del 27/11/2017, Sala D, es que corresponde el rechazo de los agravios vertidos por la parte apelante, disponiendo la aplicación de los intereses conforme lo ha dispuesto la primer sentenciante, facultad que por otro lado el nuevo Cód. Civ. y Comercial de la Nación otorga a los jueces en su art. 767.- En consecuencia, doy mi voto para que:

I.- Se modifique parcialmente la sentencia recurrida.

II.- Se eleva a pesos doscientos ochenta mil ($280.000) la suma otorgada para compensar la partida por incapacidad sobreviniente, y la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) para enjugar el daño extrapatrimonial.

III.- Se confirme la sentencia en crisis en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.- IV.- Con costas de Alzada a la parte demandada y su aseguradora (art. 68 C.P.C.C.N.).

Así mi voto.- La Dra Gabriela Scolarici adhiere al voto precedente.

La Dra Beatriz A. Verón no interviene en el presente acuerdo por encontrarse en uso de licencia (Art. 109 RJN) Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Y VISTOS:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1. Modificar parcialmente la sentencia recurrida, elevando a pesos doscientos ochenta mil ($280.000) la suma otorgada para compensar la partida por incapacidad sobreviniente, y la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) para enjugar el daño extrapatrimonial.

2. Confirmar el resto de la sentencia en crisis en todo lo demás que fuera motivo de apelación y de agravios.

3. Imponer las costas de Alzada a la parte demandada y su aseguradora.

4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

5. Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.

Patricia Barbieri – Gabriela Scolarici