Riesgos Del Trabajo: No Resulta Inconstitucional el Procedimiento Administrativo Previo Ante Las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Fundamentos

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) en el marco de una demanda originada en un accidente de trabajo sufrido por el trabajador, resolvió confirmar la sentencia dictada en primera instancia y desestimó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 27.348/2017 e impuso las costas de Alzada en el orden causado.

El señor Juez de Cámara preopinante, Doctor Pesino aludió a su voto en la causa «Barduil, Flavia Noel c/ Swiss Medical ART SA s/ Accidente – Ley Especial«, donde adhirió al voto de la Dra. María Dora González, que, en lo sustancial, sostuvo:

«El artículo 1º de la Ley 27.348, que entró en vigencia el 5/3/2017, conforme artículo 5º del CCyCN dice: (reproduce su texto)».

Remitimos al texto transcripto «infra«.

En primer término, deja claro que dicha ley entró en vigencia al octavo día desde su publicación oficial (B.O.: 24/02/2017) .

En suma, dicha ley resulta «de aplicación inmediata«, aunque el derecho sustantivo hubiere nacido en fecha anterior.

Seguidamente, desestima el planteo de inconstitucionalidad del artículo 1º de la

Ley 27.348, que refiere a la instancia administrativa previa ante las comisiones

médicas jurisdiccionales. Al respecto, menciona precedentes de la CSJN, en los

que se afirma que «la declaración de inconstitucionalidad es la `última ratio´

del orden jurídico«, entre otros fundamentos.

Avala su postura citando la postura del ex Fiscal General Álvarez, en el caso

«Burghi«, con cita del precedente «Ángel Estrada y Cía SA«, del 5.04.2005.

Remarca que, en la actualidad todas esas facetas se observan cumplidas a tra-

-vés de la Ley 27.348 y de las Resoluciones de la SRT que menciona y del

Acta de esa Cámara Nº 2669 de fecha 16/05/2018.

SRT = Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Finalmente, rescata que es obligatoria la defensa del trabajador mediante la

asistencia letrada, en tal instancia administrativa, donde intervienen especia-

-listas en la materia, que evalúan la salud psicofísica del trabajador cuyo

plazo de instrumentación no puede exceder de (60) días, dado que a su

vencimiento queda expedita la vía judicial, con revisión plena, conforme

lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Concluye «el exiguo plazo que se dispone para el transcurso de la instan-

cia administrativa previa, similar al que transitan otras causas laborales

ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, no merece que la

norma en cuestión, sea considera inconstitucional«.

–Expediente Nº 34006/2019–

–Autos caratulados:

«Rodas, Claudio Héctor c/ Provincia ART SA s/ Accidente –

Ley Especial«

–Tribunal: –Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo–

–Sala: VIII

–Fecha: 06/08/2020

–Proviene: –Juzgado Nº 45–

–Cita:-Centro de Información Judicial–

Buenos Aires, 06 de agosto de 2020.

El Doctor Víctor A. Pesino dijo:

Al emitir mi voto en la causa «Barduil, Flavia Noel c/ Swiss Medical ART S.A.

s/ accidente – ley especial«, (Expte. 13571/2018/CAI) sent. del 26/6/2018, adherí

por análogos fundamentos a la opinión de la Dra. María Dora González que,

en lo sustancial, sostuvo:

«…el art. 1º de la ley 27.348 (B.O.: 24/07/2017 que entró en vigencia el día

05/03/2017 conforme art. 5º del CCyCN) dice:

«Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por

el art.51 de la Ley 24.241 constituirá la instancia administrativa previa, de carácter

obligatorio y excluyente de toda otra intervención para el trabajador afectado,

contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter

profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad

y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del

Trabajo.

Será competente la comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del

trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su

defecto, el domicilio donde habitualmente aquél se reporta, a opción del trabajador

y su resolución agotará la instancia administrativa«.

Asimismo el artículo 2º del citado cuerpo legal refiere:

«Una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente las partes podrán

solicitar la revisión de la resolución de la Comisión Médica Central.

El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión

médica jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción

provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según corresponda al domicilio

de la comisión médica que intervino…».

En tal contexto, corresponde determinar en primer término si resulta aplicable

al sub lite dicha disposición legal.

El artículo 5º del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que las leyes

rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas

determinen.

La Ley Nº 27.438 (B.O: 24/2/2017) no determinó la fecha de su entrada en

vigencia, por lo que en virtud de la norma legal precitada rige desde el día

05/03/2017.

Como la ley precitada contiene normas de carácter adjetivo deben ser aplicadas

en forma inmediata, aún cuando el derecho sustantivo hubiere nacido en fecha

anterior.

Por lo hasta aquí reseñado resulta aplicable al presente caso el nuevo sistema

de acceso a la jurisdicción previsto en la Ley 27.348, máxime que no se con-

-figura ninguno de los supuestos excepcionales que dispone el art. 1º, tercer

párrafo, de la ley precitada, para contar con la vía judicial expedita, es decir,

cuando se trate de una relación no registrada o de un empleador no incluido

en el régimen de autoseguro que hubiera omitido afiliarse a una ART.

En orden al planteo de inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 27348:

La Corte Federal se ha pronunciado reiteradamente en el sentido que «la decla-

-ración de inconstitucionalidad de una norma es un acto jurídico de suma gra-

-vedad institucional, que debe ser considerada como «última ratio« del orden

jurídico y que sólo debe utilizarse cuando la repugnancia con la cláusula cons-

-titucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (i), pues constituye

la más delicada de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de

justicia (ii) «.

En base a ello, se debe demostrar que la norma en cuestión ha ocasionado un

gravamen irreparable, extremo que no se advierte configurado en el sub lite.

El ex Fiscal General Álvarez, con criterio que comparto, en el caso «Burghi» puso

de resalto, con cita del precedente «Ángel Estrada y Cía SA del 5.04.2005« que

«..La CSJN fue muy clara al resumir las exigencias de legitimidad de todo dise-

-ño que atribuya a organismos ajenos al Poder Judicial el conocimiento inicial de

conflictos, en los que cabe requerir, a) una tipología de controversia cuya solución

remita a conocimientos técnicos específicos y a respuestas de automaticidad y

autoaplicación; b) un procedimiento bilateral que resguarde de modo cabal el

derecho de defensa de los peticionantes; c) una limitación temporal del trámite

razonable y de plazos perentorios, que no implique dilatar el acceso a la jurisdicción

y d) la revisión judicial plena, sin cercenamiento y en todas las facetas de la

controversia«.

En la actualidad todas esas facetas se observan cumplidas a través de la Ley nº

27348, las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/17,

326/2017, 899–E/2017 y el Acta de esta Cámara Nº 2669 del 16.05.2018, ver

en particular el apartado d).

En concreto, el sistema prevé un proceso administrativo previo, en el cual es

obligatoria la defensa del trabajador mediante asistencia letrada, intervienen

especialistas en la materia, los que evalúan la salud psicofísica del trabajador

y el plazo de su instrumentación no puede exceder de 60 días (con excepción

de una prórroga debidamente fundada y a modo excepcional), dado que a su

vencimiento queda expedita la vía judicial con revisión plena, conforme lo

previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Por ello, el exiguo plazo que se dispone para el transcurso de la instancia admi-

-nistrativa previa, similar al que transitan otras causas laborales ante el Servicio

de Conciliación Laboral Obligatoria, no merece que la norma en cuestión sea

considerada inconstitucional (cfr. art. 28 de la Constitución Nacional).

Desde esta perspectiva de análisis, corresponde desestimar el planteo de incons-

titucionalidad formulado por la actora y confirmar lo resuelto en grado, en or-

-den a la falta de habilitación de la instancia judicial«.

A dichos argumentos añadí que mediante el Acta 2669 del 16/05/2018, esta Cá-

-mara reglamentó el procedimiento concerniente a las causas derivadas de los

recursos previstos en los artículos 1º y 2º de la Ley 27.348.

A mi juicio, dicha reglamentación satisface adecuadamente la garantía de defensa

en juicio, en la medida que se habilita a los organismos judiciales que deberán

intervenir, amplias facultades en orden a la producción de las pruebas.

Es en virtud de lo expuesto que propicio se confirme la decisión apelada y se

impongan las costas por su orden, en atención a la índole de la cuestión.

La Doctora María Dora González dijo:

Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por las razones que anteceden, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada;

2)Imponer las costas de Alzada por su orden.

De forma.

Víctor A. PESINO. Juez de Cámara.

María Dora GONZALEZ. Juez de Cámara.

Ante mí:

Santiago DOCAMPO MIÑO. Secretario.

–Referencias–

(i) Cfr. Fallos: 260: 153; 266: 364; 286: 76; 288: 325, entre otros.

(ii) Cfr. Fallos: 260: 153.

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