RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO. LEGITIMACIÓN ACTIVA. PEATONES

Daño Material. Daño moral. Falta de Legitimación Activa. Intereses. Costas

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil veinte, los Señores Vocales de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial, doctores ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO, MARISA ELIANA RONDÓN Y JUAN PABLO CALDERÓN, los dos últimos por habilitación, bajo la presidencia de la primera, vieron el Expte. N° B-192338/08, caratulado: “ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: RAMOS, ROSANA CLAUDIA Y RAMOS, ELSA LUCIANA, POR SÍ Y POR SUS HIJOS MENORES C/ COCIO, GERMAN; AUTOSOL S.R.L. Y ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS”.

La Dra. ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO dijo:

1. Dio inicio esta causa la demanda promovida por el Dr. LUIS FEDERICO VERA, en representación de ROSANA CLAUDIA RAMOS Y de ELSA LUCÍA RAMOS, quienes accionaron por sí y en representación de sendos hijos menores de edad L. Á. A. R. Y D. M. R.. Acreditó los respectivos poderes a fs. 2/3 y 4/5.

Procura se condene a los accionados GERMAN COCIO, AUTOSOL S.R.L. Y ROYAL SUN & ALIIANCE SEGUROS a indemnizar a sus representados por los daños derivados de la muerte de Ángel Alberto Santillán, ocurrida el 08 de agosto de 2006. La demanda fue ampliada con el escrito agregado a fs. 95/109 y la prueba instrumental que se incorporó entonces.

En relación a los antecedentes del caso, relata que Santillan mantuvo relación de pareja con Elsa Lucía Ramos durante aproximadamente cinco años, que convivieron en la ciudad de Palpalá y que de esa unión nació, el 22 de febrero de 2000, la menor D. M. R.. En el mes de setiembre de 1995 el nombrado conoció a Rosana Claudia Ramos, con quien tuvo una relación de noviazgo aunque nunca convivieron. Al morir Santillan, ella estaba embarazada. El hijo de ambos: Lucas Ángel Alberto Ramos, nació un mes después: el 15 de setiembre de 2006.

Afirma que el accidente ocurrió alrededor de las 21:15 del 18 de agosto de 2006 en circunstancias en que la víctima y su hermano Jonhatan Santillán fueron atropellados por el vehículo tipo furgón Volkswagen, modelo Caddy, categoría utilitario, de propiedad de Autosol S.R.L. y conducido por Germán Cocio, sobre la ruta 66, a la altura de la Finca El Pongo, cuando aquellos, junto a Rosana Claudia Ramos y María Cristina Luna intentaban cruzarla, después de descender del colectivo que trasladaba pasajeros desde San Salvador de Jujuy a Ciudad Perico.

Precisa que los peatones ya habían traspasado uno de los carriles de la ruta y cuando ya estaban terminando de cruzar el segundo, fueron embestidos por ese vehículo, que circulaba a excesiva velocidad.

Describe en detalle el hecho y refiere a la responsabilidad objetiva que les cabe a los accionados en tanto dueño y guardián del automotor, y por la garantía que resulta del contrato de seguros y que obliga a Sun Royal & Alliance Seguros.

Afirma que la víctima tenía 29 años al encontrar la muerte, su hija Daiana 5 años y Lucas estaba aún por nacer.

Reclama el resarcimiento del daño moral y el material; también el lucro cesante, con fundamento en que el joven fallecido, con sus ingresos como jornalero y empacador, contribuía al mantenimiento de su hija y lo propio habría hecho respecto a su hijo por nacer. Sus ingresos eran de aproximadamente $ 4.000.- al tiempo de los hechos, por lo que pretende que a ese ingreso mensual, menos el 30% ponderado para su manutención, se lo divida en dos y a cada fracción se la multiplique por los años venideros hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. También reclama daño psicológico e intereses.

Ofrece prueba y pide se haga lugar a su demanda, con costas.

2.1. Corrido el traslado de la demanda, compareció a contestarla en representación de AUTOSOL S.R.L. el Dr. MARIO ALEJANDRO RODOLFO MALLAGRAY (fs. 136/141), conforme poder para juicios agregado a fs. 125/126.

Ante todo, solicita se cite como tercero en garantía a Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A.

Denuncia seguidamente la caducidad de la instancia.

En subsidio, contesta la demanda. Niega, ante todo, los hechos invocados por la actora y opone como defensa la de falta de legitimación activa pues las actoras no tenían vínculo matrimonial ni de convivencia con la víctima y los menores no acreditaron su filiación paterna con la víctima.

Reconoce que el 18 de agosto de 2006, Germán Cocio conducía un vehículo de propiedad de su mandante –de quien era dependiente- marca Volkswagen Caddy 1.9 dominio FPR-894 por la ruta provincial 66 y que a la altura de la Finca El Pongo se produjo el accidente en el que falleciera Santillán, pero afirma que tuvo causa distinta a la que se invoca en la demanda.

Refiere que el accidente ocurrió sobre una autopista de tránsito ligero en zona rural, que cuenta con dos carriles de circulación en ambos sentidos y cada uno de ellos compuesto de dos cuadrantes o sub-carriles.

No obstante la prioridad de paso que correspondía a los vehículos respecto a los peatones, los hermanos Santillán y sus dos acompañantes bajaron de un colectivo para dirigirse a la finca El Pongo, cruzaron el primer carril con sentido de circulación San Salvador de Jujuy hacia Perico, llegaron a la platabanda que separa esa vía de la que tiene sentido contrario y se dispusieron a cruzar ésta sin mirar y sin advertir la presencia del vehículo de su mandante, cuyo conductor no pudo evitar colisionarlos pese a haber frenado bruscamente y realizado maniobra evasiva.

Califica de imprudente, negligente y desaprensiva la conducta de los peatones.

Invoca, así, la ruptura del nexo causal por el hecho de la propia víctima.

También en subsidio cuestiona lo que es objeto de reclamo. A todo evento, destaca que se abonaron indemnizaciones por el mismo hecho que deben ser ponderados en caso de que se haga lugar a la demanda.

Expone que la relación sentimental que dijeron mantener Rosana Claudia Ramos y Elsa Lucía Ramos con la víctima no está probada. Ninguna estuvo unida a Santillán en matrimonio ni mantuvieron convivencia. Invoca el límite impuesto por el art. 1078 del Cód. Civil respecto al daño moral. Tampoco procede el daño material –alega- pues el art. 1084 solo acuerda legitimación activa estableciendo presunción legal de daño respecto de la viuda, calidad que no revisten las nombradas.

En cuanto a los menores actores, desconoce que los convenios de reconocimiento de la paternidad post mortem sean oponibles a su parte y acrediten filiación, que debe rechazarse en caso de que ésta no se demuestre a través del resultado positivo de la prueba de ADN. Desconoce los daños y dice que, en cualquier caso, el lucro cesante está subsumido en el daño material, por lo que no puede ser admitida la acumulación. El daño psicológico –por otra parte- debe ser medularmente acreditado.

Por último, ofrece prueba y pide el rechazo de la demanda, con costas.

2.2. Citada Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A., compareció en su representación RAMIRO AUGUSTO PONCE, con el patrocinio letrado del Dr. Ezequiel Aldao Fascio, solicitando el rechazo de la demanda, aunque reconoce la cobertura en razón del contrato de seguro por responsabilidad civil frente a terceros respecto del vehículo de la codemandada y su vigencia al tiempo del hecho.

En su defensa opone falta de legitimación en términos semejantes a los de la asegurada.

Reconoce seguidamente el accidente pero niega las circunstancias invocados por la actora en su demanda y toda responsabilidad del coaccionado. También señala como eximente el hecho de la víctima. Puntualiza que dos de las personas que cruzaban lo hacían abrazados lo que lo lleva a presumir que una de ellas no podía hacerlo, sea por ebriedad o por alguna otra razón y, en esas circunstancias, la capacidad de reacción ante el avance de un vehículo resulta reducida.

El accidente ocurrió –prosigue- en zona descampada, sin iluminación artificial donde ninguna señalización habilitaba el paso de peatones. La víctima no advirtió que el automóvil asegurado transitaba hacia el lugar, pese a que tenía las luces encendidas. Cuestiona los montos reclamados. Cita jurisprudencia en abono de sus dichos, ofrece prueba y pide se rechace la demanda, con costas.

2.3. Por decreto de fs. 189 se dio por decaído el derecho del codemandado Germán Cocio a contestar la demanda, quien tomó participación más tarde, a fs. 196, con el patrocinio letrado del Dr. MARCOS ANDRES CIANCIA MANZUR.

3. Después de que se desestimara el incidente de caducidad de la instancia que tramitó por Expte. B-192.338/I agregado por cuerda, el actor dio cuentas de la promoción de la demanda de filiación por los menores actores (fs. 232) y a fs. 238 tomó participación por ellos la Sra. Defensora de Menores.

Contestado el traslado de los hechos nuevos y celebrada, sin resultado alguno, audiencia de conciliación, la causa fue abierta a prueba (fs. 254) agregándose la que consta en autos.

Con motivo de causal sobreviniente, se excusó de seguir interviniendo el Vocal que hasta entonces había presidido el trámite por lo que me aboqué en ese rol a fs. 448 y el Tribunal quedó integrado como consta en el encabezamiento del presente.

La audiencia de vista de la causa no pudo celebrarse en la fecha prevista por la feria extraordinaria dispuesta en razón de las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia que provocó el COVID-19, mas a pedido de las partes se tuvo por desistida la prueba pendiente de producción, se dieron por producidos los alegatos de bien probado y los autos quedaron en estado de dictar sentencia que corresponde, sin más, pronunciar.

4. Serán abordados los siguientes tópicos:

4.1. Ante todo, y en lo relativo al derecho transitorio, conforme el criterio varias veces reiterado por esta Sala, toda vez que el hecho sindicado como lesivo y generador de los daños por los que se reclama sucedió antes del 1º de agosto de 2015 en que entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, en razón de la irretroactividad que prescribe su art. 7, el caso será resuelto en conformidad a las disposiciones del Código Civil derogado y demás disposiciones vigentes para entonces.

4.2. En cuanto a la defensa de falta de legitimación activa que articularon tanto el codemandado Autosol S.R.L. como su aseguradora, adelanto posición por su procedencia respecto a Elsa Rosa Ramos, Rosana Claudia Ramos y el menor L. Á. A. R..

En efecto, la sentencia recaída en el Expte. C-058.760/16 rechazó la demanda de filiación paterna post morten deducida en nombre de Lucas Ángel Alberto Ramos por su madre, por lo que no hay vínculo filial que lo legitime para demandar en esta causa.

Respecto de las mujeres, resulta que ninguna de las dos estuvo unida a Santillán en matrimonio. Tampoco acreditaron convivencia que lleve a presumir comunidad de esfuerzo y de aportes para la vida compartida, como que en la demanda se dice que con Elsa Lucía había tenido una relación de cinco años y que habían empezado a convivir cuando empezó esa relación pero que, al tiempo de los hechos, la víctima mantenía relación de noviazgo con Rosana Claudia, con quien nunca convivió.

Siendo así, respecto del daño moral, es de aplicación el art. 1078 del Cód. Civil que limita los legitimados para reclamarlo a los damnificados indirectos que fueran herederos forzosos de la víctima fallecida, carácter que no tienen las nombradas respecto de Santillán ni en concreto ni en abstracto, conforme la norma del art. 3545 del mismo Código. Remito, a fin de no sobreabundar, a los fundamentos dados en mi voto en el Expte. N° B-235.921/10.

En cuanto al daño material, si bien cualquier damnificado indirecto que lo sufre puede reclamarlo por aplicación del art. 1079 del mismo Código, éste no se presume salvo el caso de la viuda y los hijos de la víctima (art. 1084) y no se ha producido prueba alguna que acredite que alguna de las nombradas coactoras recibía de Santillán ayuda económica ni de ningún otro tipo.

En palabras de Matilde Zavala de González “Dado que no hay perjuicios puros o abstractos, tampoco es eficaz la prueba sobre menoscabos cuando falta un enlace con quien peticiona su reparación, o en nombre de cual se la pretende, lo cual exige un esfuerzo probatorio orientado subjetivamente” (Personalidad del daño, Publicado en: RCyS 2010-VII, 11; cita on line AR/DOC/4682/2010).

Distinta solución cabe respecto de Daiana Milagros Ramos pues en la misma sentencia en la que se desestimó la acción de filiación de Lucas Ángel Alberto Ramos, se admitió la de ella, mandándose inscribirla como hija de Ángel Alberto Santillán, por lo que su legitimación activa resulta incontrovertible.

4.3. Definida así la legitimación de Daiana sigue analizar el hecho para dilucidar la responsabilidad por los daños por ella sufridos a causa de la muerte de su padre.

Las partes coinciden en las circunstancias de lugar, tiempo y personas, por lo que cabe dar por cierto que el 18 de agosto de 2006, en horas de la noche, Ángel Alberto Santillán murió al ser embestido por el vehículo tipo furgón Volkswagen, modelo Caddy, categoría utilitario, de propiedad de Autosol S.R.L. y conducido por Germán Cocio, cuando aquel intentaba cruzar la ruta 66, a la altura de la Finca El Pongo, lugar al que había llegado en colectivo. También son contestes en señalar que, a causa del impacto, Santillán murió en forma inmediata.

El centro del debate finca en el modo en que sucedió el accidente y que debe determinarse para establecer si existe la responsabilidad que la actora adjudica a los accionados y éstos repelen alegando la ruptura del nexo causal por el hecho de la víctima.

Reitero aquí, como tantas veces ha sido dicho que, para casos como éstos, es de aplicación la responsabilidad objetiva que dimana del art. 1113, 2º párrafo del Cód. Civil que consagra la teoría del riesgo y la responsabilidad objetiva del dueño y del guardián de la cosa peligrosa con la que se hubieren causado daños, para cuya atribución le basta al damnificado probar el contacto con ella y sus dañosas consecuencias. En el supuesto de colisión de automotores con peatones es donde más evidentemente caracterizada se presenta “la cosa riesgosa” a la que alude el art. 1113 del Cód. Civil y la correlativa presunción de responsabilidad, de la que sólo pueden liberarse el dueño y el guardián –total o parcialmente- probando la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no deban responder, caso fortuito o fuerza mayor.

La causa penal seguida por el mismo hecho en el Expte. 3035/12, culminó con el sobreseimiento de Cocio por la prescripción que extinguió la acción, de modo que no hay cuestión prejudicial que atender. No obstante, las actuaciones cumplidas en la causa policial y penal aportan prueba para dilucidar ésta.

Así, del croquis obrante a fs. 27, es posible establecer que después de descender del colectivo, los hermanos Santillán y otras dos personas cruzaron los dos carriles que tienen sentido de circulación norte sur (de Perico a Palpalá), y cuando estaban a poco de terminar de cruzar los dos de sentido contrario, fueron embestidos por el furgón.

Las lesiones a los peatones fueron severas, al punto que uno de ellos murió en el momento y el otro estuvo fue llevado de urgencia al hospital. El automóvil tuvo rotura del parabrisas, de las luces anteriores lateral derecho, del espejo retrovisor lateral del mismo lado, radiador, paragolple, plegamiento del capot, techo y guardabarro anterior derecho (cfr. Informe de fs. 26), lo que pone en evidencia que el vehículo impactó con su parte frontal derecha el cuerpo de las víctimas.

El informe de fs. 25 refiere a huella de frenada de 28,50 metros hasta el lugar en donde se encontraba el cuerpo ya sin vida de Santillán.

Rosana Claudia Ramos y su madre, María Cristina Luna, que acompañaban a los hermanos Santillán, confirmaron que en ese punto próximo a la banquina fue donde se produjo el impacto y ambas coincidieron en que no vieron el furgón sino hasta escuchar el impacto con las víctimas.

Siendo así, surge incontrastable la responsabilidad objetiva (aunque parcial) de los demandados en los términos del art. 1113 del Cód. Civil, y también la subjetiva por la culpa de Cocio que potenció la peligrosidad que de por sí depara un vehículo en movimiento, pues evidentemente no tuvo dominio sobre él ni vio a los peatones pese a que venían cruzando desde su izquierda y ya habían transpuesto los dos carriles opuestos y casi por completo los dos correspondientes a la mano por la que se desplazaba el furgón.

El trazado de la huella de frenada evidencia que no intentó maniobra de esquive hacia la izquierda en procura de sortear a los peatones, y no se dio razón alguna por la cual sólo atinó –sin éxito- a frenar el vehículo.

Fue, entonces, la falta de dominio del vehículo de propiedad de Autosol S.R.L. y bajo la guardia de Cocio –cosa riesgosa por excelencia en los términos de esa preceptiva- la principal (aunque no la única) causa del accidente.

Tal falta de dominio del vehículo demuestra, a la vez, que la velocidad no era prudente, entendida por tal la que le permite a cualquier conductor conservar en todo momento el pleno dominio del rodado, al punto de estar en condiciones de detenerlo siempre que fuera necesario frente a contingencias u obstáculos previsibles (art. 39 inc. b, 50 y ctes. de la ley 24.449). Y en este punto, conforme arraigada doctrina y jurisprudencia, la presencia del peatón -aún el distraído e imprudente- configura una contingencia previsible inherente al tránsito aún en la ruta, en zona rural pero próxima a la urbana, donde no hay senda peatonal que organice su cruce y por la que transitan colectivos de transporte urbano que –como ocurrió en el caso- detienen su marcha para el descenso de pasajeros.

Al respecto tiene dicho la C.S.J.N. que “el cruce de la calzada por la víctima fuera de la senda de seguridad y cuando no se encontraba habilitado el paso de los peatones, no tiene aptitud suficiente para interrumpir totalmente el nexo de causalidad existente entre el riesgo de la cosa y el perjuicio a que alude el art. 1113 del Cód. Civil, pues a tales fines debe aparecer como la única causa del daño y presentar las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor” (Fallos 321:3519).

Sin perjuicio de ello, también el hecho de la víctima incidió concurrentemente en la causación del accidente pues, al igual que su hermano, emprendió el cruce sin cerciorarse de que ningún vehículo se aproximaba y cuando la oscuridad de la noche en lugar carente de iluminación artificial imponían extremar la prudencia en ese cometido.

La ley 24.449 es ordenatoria no sólo del tránsito vehicular, sino también del de las personas, por lo que regula la conducta que deben guardar los conductores de vehículos y los peatones que, al igual que aquellos, deben ajustarse a su preceptiva y desplegar la mayor prudencia, tal como resulta de los arts. 509 y 512 del Cód. Civil. Su art. 38 establece que en zona rural los peatones deben transitar durante la noche portando brazaletes u otros elementos retrorreflectivos para facilitar su detección y para el cruce deben respetar la prioridad de los vehículos.

La conducta de la víctima en el caso demuestra su desatención a esa preceptiva, pues no respetó la aludida prioridad del furgón, no hay indicio alguno que tuviera algún elemento que facilitara visualizarlo en la oscuridad y, no obstante, ingresó en ruta de tránsito rápido, de noche, en zona rural, que no contaba con senda peatonal ni con señalización de detención sin adoptar la más elemental previsión para evitar ser embestido.

Hubo, pues, culpa de la víctima en los términos de los arts. 1109, 1113 2º párrafo y 512 del Cód. Civil que incidió causalmente en el hecho dañoso, desgravando o morigerando la responsabilidad objetiva del dueño y del guardián del vehículo embistente, en concurrencia con la culpa de su conductor, lo que quebró –aunque solo en parte- el nexo causal.

Estimo que la incidencia del hecho de la víctima fue del cincuenta por ciento (50%), por lo que en esa proporción deberá reducirse la responsabilidad de los demandados respecto del total de los daños que paso a determinar y cuantificar.

4.4. De los daños.

Se reclaman en forma autónoma el daño psíquico, el moral, el valor vida y la pérdida de chances de recibir ayuda económica del fallecido.

Respecto al primero, conforme el criterio inveterado de esta Sala, no cabe cuantificarlo en forma independiente pues, en principio, no tiene autonomía resarcitoria que así lo justifique. Si bien es incuestionable su existencia, su valoración se inscribe como daño material y como daño moral, comprendidos ambos en el amplio concepto del art. 1068 del Cód. Civil. Par dar por sentado el primero es preciso contar con prueba (costo de tratamiento psicológico, por ejemplo) en tanto el segundo se presume dado el vínculo entre la víctima y la reclamante.

En pronunciamiento que comparto se ha dicho que “si bien en el plano de las ideas no se puede dudar de la autonomía conceptual del llamado daño psíquico y del denominado daño estético, cabe desechar en principio que a los fines indemnizatorios estos daños constituyen un tertiumgenus que deban resarcirse en forma autónoma” (C.S.J.Bs.As. Ac. C 100.299 del 1-0-99) (Revista de Derecho de Daños, 200-3 pags. 276, Ed. Rubinzal Culzoni).

Tampoco en el caso caben distinciones entre lo que el actor nomina daño material por la pérdida del “valor vida” y la pérdida de chance de recibir de la víctima ayuda económica a futuro, pues refieren a lo mismo. Es que -además del impacto lacerante en el mundo afectivo que la muerte es capaz de producir y que se inscribe como daño moral- el material por la pérdida del valor vida importa el desmedro en el orden patrimonial que debe ponderarse en términos económicos, no por el valor de la vida en sí misma —que es, de por sí, inconmensurable— cuanto por la incidencia que depara en otros patrimonios, esto es: por la pérdida de los ingresos que producía –o podía producir- la víctima con destino a la manutención de los suyos.

a) Daño material:

Son parámetros para dimensionar este tipo de daño la capacidad productiva de la víctima, sus ingresos, edad, profesión, posición económica, estado de salud, capacidad intelectual, expectativas de vida y su relación con la damnificada, así como la edad, necesidades y asistencia de ésta.

No hay prueba que acredite los ingresos de la víctima que denuncia la parte actora por lo que, dadas sus condiciones personales, su edad, instrucción y trabajo de jornalero según se refiere en la demanda, cabe tomar como parámetro para establecer el daño material un porcentaje del salario mínimo vital y móvil.

También corresponde hacer mérito de la edad de Daiana, al tiempo de la muerte del padre (5 años) y que no era su única hija, como resulta del Expte. B-163.558/06 en el que María J. Vazquez demandó por el hijo menor en común con Santillán y que fue indemnizado conforme al convenio al que se arribó en esa causa.

En mérito a esas circunstancias y en ejercicio de la facultad que dimana del art. 46 del C.P.C., estimo este daño en la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000.-) comprensiva de la pérdida de posibilidades de recibir del padre ayuda económica a futuro, como también la ponderada para cubrir el tratamiento psicológico que aconseja la Perito Lic. Cristina Pancín en su dictamen.

b) Daño moral.

La afrenta de orden espiritual que provoca la muerte del padre en los hijos se presume acreditado que fuere el hecho y el vínculo.

No empece a ello que la filiación haya sido reconocida en favor de Daiana después de la muerte del padre, pues la prueba producida en esta causa lleva a inferir que –aunque limitado o acotado- recibió de él trato de hija. Al respecto, la Perito Psicóloga estableció que “en sus primeros años de vida Daiana tuvo poco contacto con su padre, y a pesar de ello, este contacto fue muy positivo para ella”. Agregó que la falta de la figura paterna trajo consigo problemas de baja autosestima e identidad.

Sin duda la muerte del padre dimensiona el daño moral en los hijos menores de edad, por el natural desamparo que la orfandad provoca cuando se produce en los primeros años de vida. La angustia, miedos, añoranzas frente a lo irremediable surgen in re impsa. En mérito a ello, a la condición socioeconómica de la damnificada y la edad que tenía al momento del hecho, estimo este rubro en la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000.-)

En mérito a la incidencia causal del hecho de la víctima, y la consecuente reducción del cincuenta por ciento (50%) de la responsabilidad del demandado, propongo fijar entonces, como capital de condena en favor de esta actora, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 750.000.-) en concepto de daño material y moral.

c) Intereses.

También resulta procedente el reclamo por este concepto (art. 622 del Cód. Civil). En consideración a que todos los rubros que componen ese capital fueron cuantificados a valores actuales, siguiendo el criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia en “Zamudio c/ Achi” (L.A. 54 Fº 673/678 Nº 235) y particularmente en “Castro c/ Martínez” (L.A. 54, Fº 910/917, Nº 242) así como los precedentes de esta Sala, cabe calcularlos desde la fecha del hecho (18 de agosto de 2006) y hasta la de esta sentencia aplicando la tasa del ocho por ciento (8%) anual, por lo que ascienden a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 853.275).

5. Por lo hasta aquí expuesto, me pronuncio por hacer lugar parcialmente a la demanda objeto de esta causa y, en su mérito, condenar a GERMÁN COCIO y a AUTOSOL S.R.L. a pagar a DAIANA MILAGROS RAMOS la suma total y única de UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 1.603.275.-) comprensiva del capital y sus intereses calculados a la fecha, por lo que sólo en caso de mora y conforme esos mismos precedentes del S.T.J. devengarán intereses que se calcularán aplicando la tasa activa, cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

6. Mediando reconocimiento del contrato de seguro, la condena se hará extensiva a Sun & Royal Alliance Seguros Argentina S.A., en los límites de la póliza.

7. Sobre las costas, por aplicación del principio general de la derrota que consagra el art. 102 del C.P.C. corresponde imponer las relativas a la acción promovida por Daiana Milagros Ramos a los demandados; y las generadas por las acciones que se rechazan por el orden causado, en mérito a que la relaciones de pareja que tuvo la víctima con ambas mujeres pudieron generar en ellas la convicción de tener derecho a ser indemnizadas y haber formulado el reclamo de buena fe.

8. En cuanto a los honorarios profesionales del Dr. LUIS FEDERICO VERA por la acción que progresa, con ajuste a las disposiciones de la ley 6112, tomando como base el monto de condena, y considerando el éxito obtenido y la trascendencia económica en favor de la actora vencedora (art. 17), por aplicación de lo dispuesto en el art. 23 que manda fijar los del letrado vencedor en el 20%, menos la reducción que corresponde para ajustarlos al límite que imponen los arts. 505 bis del Cód. Civil y 720 del CCCN por la labor cumplida bajo su vigencia (coef. 0,8005872), los pondero en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($ 256.713.-). Los de los Dres. MARIO RODOLFO ALEJANDRO MALLAGRAY y EZEQUIEL ALDAO FASCIO, en la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-) para cada uno. Si bien el Dr. Aldao Fascio se desempeñó sólo como patricinante, la ley 6112 en su art. 15 cuarto párrafo dispone que al letrado que intervenga en tal carácter se le regulará cual si hubiera actuado en el doble carácter si la parte patrocinada no fuere abogado de la matrícula, como ocurre en el caso. Respecto al Dr. MARCOS ANDRES CIANCIA MANSUR, en tanto compareció después de decretado el decaimiento a contestar la demanda, por tanto no ofreció ni produjo prueba, postulo sus honorarios en la suma de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.-).

Por la labor desplegada en torno a las acciones que se desestiman, propongo fijar los honorarios profesionales de los Dres. MARIO RODOLFO ALEJANDRO MALLAGRAY, EZEQUIEL ALDAO FASCIO Y MARCOS ANDRES CIANCIA MANSUR, en la suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.-) para cada uno de los dos primeros y la de TREINTA MIL ($ 30.000.-) para el tercero; y los del Dr. LUIS FEDERIVO VERA en la de SETENTA MIL PESOS ($ 70.000.-). Se hizo mérito al efecto a la extensión y calidad de la labor de cada uno de los nombrados, al hecho de que la actividad fue común a la desarrollada respecto a la acción que progresa y que la ley 6112 establece como base de cálculo el 50% de lo que hubiera correspondido de progresar la demanda (art. 24).

Con ajuste a lo dispuesto en el artículo 200 de la ley 4055 y acordada registrada en L.A. 19 Fº 228/231 Nº 114, pondero los que corresponden a las Peritos Lic. CRISTINA PINCÍN en la suma de OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($ 80.590.-) y los dela Lic. ADRIANA VALERIA ÁLVAREZ en la de SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS ($ 64.040.-).

A todos los montos en concepto de honorarios se les sumará el del impuesto al valor agregado, de corresponder.

Tal es mi voto.

La Dra. MARISA ELIANA RONDÓN dijo:

Que comparte las consideraciones expresadas en el primer voto, por lo que adhiere a la solución propuesta en todos sus términos.

El Dr. JUAN PABLO CALDERÓN dijo:

Que por los fundamentos expresados en el primer voto se pronuncia en el mismo sentido.

Por lo expuesto, la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial,

RESUELVE.

1. Hacer lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios y, en su mérito, condenar a GERMAN COCIO y a AUTOSOL S.R.L. a pagar a DAIANA MILAGROS RAMOS la suma total y única de UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 1.603.275.-) comprensiva del capital y sus intereses calculados a la fecha.

2. Hacer lugar a la defensa de falta de legitimación activa respecto de ELSA LUCÍA RAMOS, ROSANA CLAUDIA RAMOS y el hijo menor de ésta y, en su mérito, rechazar la demanda articulada por ellos.

3. Imponer las costas relativas a la acción que progresa a los accionados y las generadas por las que se desestiman, por el orden causado.

4. Regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada respecto a la acción que progresa por el Dr. LUIS FEDERICO VERA en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($ 256.713.-); los de los Dres. MARIO RODOLFO ALEJANDRO MALLAGRAY y EZEQUIEL ALDAO FASCIO, en la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-) para cada uno y los del Dr. MARCOS ANDRES CIANCIA MANSUR, en la de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.-); más el impuesto al valor agregado, de corresponder.

5. Regular los honorarios profesionales por la labor profesional desarrollada respecto a las acciones que se rechazan, por los Dres. MARIO RODOLFO ALEJANDRO MALLAGRAY, EZEQUIEL ALDAO FASCIO Y MARCOS ANDRES CIANCIA MANSUR, en las sumas de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.-) para cada uno de los dos primeros y de TREINTA MIL ($ 30.000.-) para el tercero; y los del Dr. LUIS FEDERICO VERA en la de SETENTA MIL PESOS ($ 70.000.-), más el impuesto al valor agregado, de corresponder.

6. Regular los honorarios profesionales de las Peritos Lic. CRISTINA PINCÍN en la suma de OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($ 80.590.-) y Lic. ADRIANA VALERIA ÁLVAREZ en la de SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS ($ 64.040.-) más el impuesto al valor

Expte. N° B-192338/08, caratulado: “ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: RAMOS, ROSANA CLAUDIA Y RAMOS, ELSA LUCIANA, POR SÍ Y POR SUS HIJOS MENORES C/ COCIO, GERMAN; AUTOSOL S.R.L. Y ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS”.

agregado, de corresponder.

7. Dejar establecido que en caso de mora, tanto el monto de condena como el de los honorarios profesionales devengarán intereses que se calcularán desde el presente y hasta el efectivo pago aplicando la tasa activa cartera general (préstamos) nominal, anual, vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

8. Hacer extensiva la condena a Sun & Royal Alliance Seguros, en los límites del contrato de seguro.

9. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula y hacer saber a C.A.P.S.A.P. y a la Dirección General de Rentas.

RAMOS, ROSANA CLAUDIA Y RAMOS, ELSA LUCIANA, POR SÍ Y POR SUS HIJOS MENORES vs COCIO, GERMAN; AUTOSOL S.R.L. Y ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
Tribunal: Cámara en lo Civil y Comercial Sala III | Jujuy – San Salvador de Jujuy
Fecha del fallo: 30-10-2020 – Número de causa: B-19-2008

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