Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Boleto de Compraventa. Cumplimiento de Contrato. Falta de Asentimiento Conyugal. Bien Ganancial

B., C. F. c/V., S. I. y otros s/sumario – Sup. Trib. Just. Corrientes – 29/06/2021

En la ciudad de Corrientes, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente N° MXP – 4446/13, caratulado: «B. C. F. C/ V. S. I. Y OTROS S/ SUMARIO», (EXPTE. DE CAMARA Nro. 18.763/20″. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

I. – El proceso es promovido por C. B., quien demandó el cumplimiento de dos boletos de compraventa (uno de un inmueble y otro de un automotor) que celebró con su tío, M. Z., trabándose la litis con S. V., que es con quien contrajo segundas nupcias un año antes de fallecer.

El Juez de primera instancia declaró la nulidad relativa de ambos contratos por la falta de asentimiento conyugal de quien fuera su primera esposa, quien se encontraba fallecida a la fecha de suscripción de ambos y rechazó la demanda.

II. – A fs. 300/307 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Curuzú Cuatiá rechazó el recurso de apelación deducido por la actora y, en su mérito, confirmó la sentencia de primera instancia.

Para fundar esta decisión encuadró el caso en un supuesto de «venta de cosa parcialmente ajena” por tratarse de bienes gananciales en estado de indivisión respecto de los cuales no pudo disponer el cónyuge supérstite, sin antes obtener el reconocimiento judicial mediante la apertura del sucesorio.

III. – Disconforme con esta decisión el actor dedujo a fs. 312/325 vta. el recurso extraordinario en examen, alegando que la decisión impugnada aplica erróneamente la ley que corresponde, básicamente aquellas normas que regulan la transmisión hereditaria, en cuanto invoca que su cocontratante el Sr. Z. revestía la calidad de único heredero de la cónyuge fallecida, con lo cual se habrían confundido ambas masas hereditarias (lo propio y lo ganancial), lo que descarta el supuesto legal de venta de cosa ajena en el que encuadró la Cámara la cuestión.

IV. – La vía de gravamen fue interpuesta dentro del plazo, se dirige contra sentencia definitiva y la recurrente ha cumplido con las cargas tanto técnica, como económica del depósito. Paso a abocarme al análisis de su mérito o demérito.

V. – Como vimos, la pretensión apunta al cumplimiento de los contratos que el actor celebró con el Sr. M. Z. el 15/11/2011 y 20/01/2012 respecto de un inmueble y un automotor respectivamente. Conforme surge de las constancias obrantes en autos, a la fecha de suscripción de ambos documentos ya había contraído sus segundas nupcias con la demandada Sra. V. (ver acta de matrimonio de fs. 1/3 del sucesorio), dejándose constancia en el texto de ambos (ver fs. 6/8 del incidente de legítimo abono) que el vendedor asumía la responsabilidad de realizar los trámites necesarios en el juicio sucesorio de la extinta cónyuge a fin de obtener la escrituración definitiva a favor del comprador en el caso del inmueble (cláusula quinta) y la autorización judicial de venta del vehículo (cláusula séptima).

Según surge del informe registral (fs. 35 y vta.) el inmueble se encuentra inscripto a nombre del Sr. M. Z. (hoy su sucesión), habiéndolo adquirido según surge de la documental incorporada en el incidente de legítimo abono estando casado con la Sra. M. L. C. (fs. 2/3), con lo cual reviste la calidad de ganancial.

VI. – Asiste razón al recurrente en cuanto existe una errónea aplicación o en todo caso de interpretación de la ley aplicable por parte de la Cámara. Véase.

En primer término, el art. 1277 del Código Civil (vigente a la fecha de suscripción de ambos) determinaba que «Es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles… Si alguno de los cónyuges negare sin justa causa su consentimiento para otorgar el acto, el juez podrá autorizarlo previa audiencia de la otra parte».

De este modo, en el caso de transmisión de un bien inmueble ganancial en violación de la exigencia impuesta por lo preceptuado, esto es, sin el consentimiento de la cónyuge y sin la debida autorización judicial (en defecto de dicho asentimiento), la consecuencia de ello consiste en que dicho acto es cuanto menos inoponible a la esposa del vendedor (cfr. CICHERO, Néstor, El asentimiento del cónyuge en la venta del inmueble ganancial», D 63-470; VIDAL TAQUINI, Carlos K Régimen de bienes en el matrimonio, p.362, Astrea, 1999; CAFFERATA, José I. Administración y disposición de bienes en la sociedad conyugal, p.55, Córdoba, 1972; VENINI, Juan Carlos; Falta de asentimiento conyugal. Efectos, JA 1978-I-725)

La cónyuge omitida en cualquier caso está legitimada para ampararse en la ineficacia del negocio celebrado, porque es su derecho el que la ley pretende salvaguardar frente a los posibles abusos del otro cónyuge. Destaca en ese orden VIDAL TAQUINI, que el acto de disposición que efectúa el cónyuge administrador es ineficaz para la cónyuge de cuyo consentimiento se prescindió, para quien el acto es como si no existiese.

Ahora bien, como en el caso de autos ambos bienes gananciales no han salido del patrimonio del vendedor (hoy su sucesión) desde que no medió formalización de la escritura pública e inscripción necesarias para una transmisión dominial (Código Civil, arts. 1184, inc. 1° y 2505), la cónyuge que no prestó su asentimiento (en este caso podrían ser sus herederos) no debería/n promover una acción de nulidad para la protección de sus derechos.

Es que la nulidad impugna la validez de un acto para que él sea dejado sin efecto y así se retrotraigan las cosas al estado en que se hallaban antes del acto anulado (conf. art. 1050 CC). Mientras que en autos no se pretende restituir, sino más bien retener en el patrimonio de la sucesión los bienes que fueron comprometidos en venta con ausencia del asentimiento conyugal por encontrarse fallecida, lo que se debe suplir con autorización judicial.

De este modo, basta alegar la ineficacia jurídica de ese acto, es decir, la inoponibilidad de él. Es la misma cónyuge -en este caso sus herederos si existiesen- a quien o quienes les cabe alegar que les resultan inoponibles dichos acuerdos por no contar con el asentimiento legal, resultando ajustadas a derecho las cláusulas previstas en los mismos boletos en cuestión en cuanto el cónyuge disponente asumió el compromiso de obtener las autorizaciones judiciales correspondientes a los efectos de poder escriturar.

Como hemos dicho «Recién para su integración con el efectivo cumplimiento del aporte (en el caso se trataba del aporte de dominio de un bien a una sociedad), la exigencia contenida en el artículo 1277 del Código Civil resulta necesaria; b) por otra parte, aún cuando se considerara que ese acto era nulo por faltarle el requisito previsto por el art. 1277 del Código Civil, estaríamos frente a una nulidad relativa, y como en el caso nadie pidió la declaración de nulidad del acto ni ella no puede ser declarada de oficio por el juez, no es procedente declararla» (STJ Ctes Sent. Civil N° 51/2007).

Yerra la Alzada al encuadrar el caso en un supuesto de «venta de cosa ajena», en tanto como vimos en el caso del inmueble se trataba de un bien adquirido por el Sr. Z. estando casado con la Sra. C., respecto del cual contaba con la libre disposición, con la salvedad del recaudo del asentimiento en cuestión (art. 1276/1277 CC).

Y aun sí así lo fuera, en ese supuesto la nulidad prevista en los arts. 1329 y 1330 CC lo es en relación al propietario de la cosa, puesto que a él no puede oponérsele el contrato, pero, con relación a las partes contratantes genera la obligación del vendedor de procurar la adquisición de la cosa para transferirla al comprador u obtener la ratificación del propietario.

Entonces, en autos al actor debe reconocérsele el derecho a reclamar el cumplimiento de los contratos suscriptos en la medida que se hubiera acreditado su existencia en legal forma.

VII. – Conforme surge de la compulsa del sucesorio del Sr. M. Z. tenemos que fue promovido por la Sra. Silvina V. antes que se cumpliera el mes de fallecido, siendo declarada única heredera a fs. 47 y denunciando como bienes del acervo a fs. 53 el inmueble y el automotor objetos de los contratos traídos a estos autos. El actor se presentó luego de la publicación de edictos, con los documentos suscriptos que fueron agregados en copias a fs. 28/30 y vta.

A fs. 60 el Juzgado deniega la adjudicación a la Sra. V. de los bienes hereditarios como pide en tanto se requiere que antes proceda a la apertura del sucesorio de la Sra. C. por tratarse de bienes gananciales, adquiridos por Z. mientras se encontraba casado con ella.

VIII. – Del Incidente de Legítimo abono promovido por el Sr. B. en noviembre de 2012 que apuntaba al reconocimiento de las obligaciones contenidas en la documentación incorporada, surge que fue resistido por la Sra. V., con lo cual se denegó el planteo, remitiendo la cuestión a vía ordinaria (Res. N° 202 de fs. 31/32).

IX. – Promovido el presente proceso acompañando nuevamente la misma documentación, por tratarse de instrumentos privados sin certificación de firmas debió recurrir a la pericial caligráfica que concluyó corroborando la autenticidad de las estampadas en ambos (fs. 180/207).

En definitiva, ha sido demostrado que Z. suscribió ambos boletos, comprometiéndose a gestionar la autorización judicial de venta respecto de las porciones gananciales correspondientes a su cónyuge fallecida al momento de contratar, requisito indispensable a efectos de escriturar en legal forma.

Al momento de contratar ya se encontraba casado con la demandada, con lo cual la obligación asumida es recibida por ella como parte de la masa del acervo hereditario en cuestión, en tanto como expresa el Código Civil «El heredero que ha entrado en posesión de la herencia continúa la persona del difunto y es…acreedor… de todo lo que el difunto era acreedor” (art. 3417). Y por ello como única heredera declarada es a quien le corresponde cumplir aquello a que se obligó el causante.

Esto es, conforme lo ha expresado el Juez del sucesorio, la Sra. V. deberá proceder a la apertura del sucesorio de la Sra. M. L. C. y en función de las constancias de autos le corresponde cumplir con la obtención de la autorización judicial de venta de los bienes que constituyen objeto de los contratos suscriptos por el causante.

Es que tanto el inmueble como el automóvil son bienes propios del Sr. Z., en tanto fueron adquiridos antes de contraer matrimonio con la Sra. V., habiendo heredado la porción que le correspondía a su cónyuge anterior, constituyendo la autorización judicial un simple recaudo operativo a los fines de la concreción de la escritura pero que no obsta a la consolidación de su derecho desde el fallecimiento de aquella (art. 3410 CC).

Con lo cual carece de andamiento y de sentido su oposición ya que no se encuentra legitimada para negarse en la medida que como heredera declarada recibe no sólo derechos sino también asume las obligaciones de la sucesión y en el caso particular no se trata de bienes que requieran a los efectos de la transmisión su previa conformidad.

IX.- En conclusión, resulta erróneo el razonamiento de la Cámara respecto de la solución legal al caso, con lo cual corresponde su casación y ejercer jurisdicción positiva al respecto a efectos de brindar una respuesta a quien ha demandado en justicia hace aproximadamente 7 años, lo que implica brindar un plazo concreto a la demandada para que gestione la autorización judicial pendiente en el sucesorio de la Sra. M. L. C., bajo apercibimiento de hacerlo a su costa el mismo actor.

X. – Por lo expuesto y si este voto resultare compartido con mis pares es que se hará lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (fs. 312/325), revocando la decisión de Cámara y de primera instancia y, en ejercicio de jurisdicción positiva (art. 284 inc. 3 CPCC) admitir la acción de cumplimiento contractual deducida y, en su mérito, ordenar a la demandada cumplimente la obligación de obtener autorización judicial de venta en ambos sucesorios (el de M. L. C. y el de M. Z.), bajo apercibimiento de hacerlo el actor a su costa. Costas a la vencida y devolución del depósito económico. Regular los honorarios del Dr. César Alejandro Chalup en el …% de los honorarios que se le regulen por su labor en estos autos y como monotributista.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ. dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

Que adhiero a la relatoría de la causa y comparto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias.

No obstante ello, considero oportuno explayarme acerca de mi reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas.

Es así que en numerosos precedentes sostuve que el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, «[…] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los emitidos.»

Asimismo, manifesté que no coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración; estimando necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso formulando el suyo, dando cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial.

Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los Sres. Magistrados, en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido el tercer magistrado.

A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo destino final.

En este sentido, entiendo que la fundamentación de los pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el control de los actos de los magistrados e impugnarlos.

Y es que, la sociedad democrática mayormente participativa pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica.

De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y adhesiones automáticas citadas por los integrantes del cuerpo, vulnerándose así la garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han conducido a pronunciarse de determinada manera.

Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los principios de igualdad y equidad constitucional.

Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.

Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a la falta de mayorías o mayorías «aparentes» acarrean un grave perjuicio tanto para los justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del desconocimiento de los estándares de legitimación.

Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su juzgamiento, de este modo a la par de garantizar la efectiva intervención personal de cada Camarista se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio /// Semhan, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA N° 85

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (fs. 312/325), revocando la decisión de Cámara y de primera instancia y, en ejercicio de jurisdicción positiva (art. 284 inc. 3 CPCC) admitir la acción de cumplimiento contractual deducida y, en su mérito, ordenar a la demandada cumplimente la obligación de obtener autorización judicial de venta en ambos sucesorios (el de M. L. C. y el de M. Z.), bajo apercibimiento de hacerlo el actor a su costa. Costas a la vencida y devolución del depósito económico. 2°) Regular los honorarios del Dr. César Alejandro Chalup en el …% de los honorarios que se le regulen por su labor en estos autos y como monotributista. 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ

Presidente

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

Ministro

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ

Ministro

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI

Ministro

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

Ministro

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO

Secretaria Jurisdiccional N° 2

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

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