Prohibición de Acercamiento de la Madre hacia su Hijo Menor de Edad por Matrato Infantil. Interés Superior del Niño

…»no puede perderse de vista que frente al supuesto de violencia que motiva la denuncia, reiteradamente se ha sostenido que basta con la sospecha de maltrato, ante la evidencia física o psíquica que presente el maltratado y la verosimilitud de su denuncia, para que el juez pueda adoptar disposiciones que, en su esencia, son verdaderas medidas cautelares»…

Fallo completo:

C. R., M. c/V., F. A. s/art. 250 C.P.C. – incidente de familia – Cám. Nac. Civ. – I – 19/04/2021

Buenos Aires, 19 de abril de 2021.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. La señora F. A. V. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución dictada 19/11/2020, por la que la jueza de primera instancia dispuso la prohibición de acercamiento recíproca entre la mencionada y su hijo G. C. R.-de 11 años-, a una distancia menor de 300 metros del lugar en que se encuentren, como así también, del domicilio sito en Zabala … piso …º “…” de esta ciudad, por un plazo de 90 días.

Allí -a su vez- decidió que la medida comprende también la prohibición de contacto físico, telefónico por vía de telefonía fija, móvil, correo electrónico, Facebook, o cualquier tipo de redes sociales y el ingreso o acercamiento al domicilio indicado o cualquier lugar donde el menor de edad se encuentre, incluso en la vía pública y el cese de todo acto que signifique una intromisión injustificada, perturbación o intimidación respecto de G. .

Esa resolución fue modificada en la providencia del 1º/12/2020, por advertir que las partes viven a media cuadra, estableciéndose entonces que la restricción es de 50 metros dentro del radio de las tres cuadras de los domicilios de las partes y, pasada dicha distancia se mantienen los 300 metros.

Mediante resolución dictada el 30/12/2020 se desestimó el recurso de revocatoria y se concedió el de apelación, teniéndoselo por fundado en la presentación del 26/11/2020 y su traslado replicado en el escrito del 21/12/2020.

La cuestión se integra con el dictamen del Ministerio Público Tutelar del 13/04/2021.

II. En relación al vencimiento del plazo de la medida referido por la señora Defensora de Menores de Cámara en su dictamen, se señala que el 26/2/2021 el Tribunal de Superintendencia de esta Cámara emitió la resolución Nº 1/2021 en la cual prorrogó la vigencia de la resolución Nº8/2020 -que fijaba que las medidas cautelares de las características de la dictada en autos se extendían hasta el 1º/3/20021- ampliando el plazo allí establecido hasta el 3/5/2021.

Así las cosas, la extensión temporal operó de pleno derecho de conformidad con la vigencia del aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas dictadas en consecuencia por Tribunal de Superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Por lo cual corresponde que este Tribunal se expida respecto de la cuestión traída a estudio.

III. La demandada funda su planteo en que la medida fue dictada: (i) en base a manifestaciones expuestas por el actor en otra sede judicial que no es la competente en esta materia, no teniendo oportunidad de ejercer su defensa o descargo; y (ii) es exagerada y causa un daño irreparable tanto a ella como a sus hijos.

Asimismo, pide que se ordenen periciales psicológicas y/o psiquiátricas a todo el grupo familiar.

IV. Este colegiado adelanta su opinión en cuanto a que los agravios formulados resultan inadmisibles.

Al respecto se resalta que el único criterio que debe regir para resolver los casos en los que se encuentran involucrados menores de edad es su interés superior (arículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional).

Se trata de una directriz básica de toda legislación en torno de su protección que se ha incorporado tanto en las constituciones de las naciones del mundo como en los tratados y convenciones internacionales, y se impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a los menores.

Recuérdese que dicha Convención “orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos” (CSJN, Fallos:318:1269), como así también que la Corte tiene establecido que debe primar la evidente finalidad tuitiva perseguida por el legislador al prever la defensa apropiada de los derechos del menor, especialmente cuando el tema fue objeto de consideración específica en tratados internacionales que tiene jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la al Ley Suprema)” (CSJN, Fallos: 320:1291 y 322:328, entre muchos otros).

Es que, frente a cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños tiene prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir en el caso.

Toda decisión debe estar inspirada en lo que resulte más conveniente para la protección de los menores involucrados, en este caso de G. C. R.

V. En tales condiciones, lo concreto es que lo acaecido en autos en torno al dictado de la resolución atacada, no hace más que responder a lo establecido en la legislación aplicable al caso, razón por la cual lo expresado en relación a que la medida se fundó en los argumentos dados por el actor ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, no obstan al modo implementado por la ley para tratar estas cuestiones.

En cuanto a que dicho organismo no resulta competente para la denuncia, no puede soslayarse que el eje rector para la determinación de la competencia está donde el menor de edad tenga su centro de vida (artículo 716 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Esta regla, como se lee en los propios fundamentos del Anteproyecto, no resulta novedosa, sino que sigue los principios sentados por la ley 26.061 y la jurisprudencia consolidada en tal sentido.

Así es que desde hace tiempo se ha sostenido, en cuestiones en las que se involucran los derechos de un menor, que corresponde atenerse a los principios sentados por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que entiende por interés superior de la niña, niño o adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la norma, debiendo respetar “su centro de vida”, que es el lugar de residencia habitual del menor, o “domicilio del menor” en su acepción amplia, es decir, la comprensiva del lugar donde éste realmente habita, ya que la eficiencia de la actividad tutelar torna aconsejable una mayor inmediación del juez de la causa (conforme, esta Cámara, Sala de Feria, “M. M. c. R., L. A. s. denuncia por violencia familiar”, expte. n° 89332/2015 del 15/1/2016).

De allí, que la circunstancia de que el actor haya comparecido en primer término ante el Ministerio Público Fiscal de esta ciudad, no enerva la situación de violencia allí planteada ni la actuación de esa dependencia -en lo que atañe a su esfera de incumbencia- ni mucho menos a la del Juzgado interviniente en todas las cuenstiones suscitadas en torno a las relaciones de familia desde el año 2014, en los distintos litigios que se han iniciado entre las partes (Expte.Nº23643/2014 sobre divorcio, Expte.Nº34684 sobre alimentos; 33566/2016 sobre denuncia de violencia y 30824/2016 medidas precautorias, siendo este último el juicio principal de este incidente).

Es así que ante la naturaleza especial de la cuestión planteada y una vez efectuada la denuncia por parte del presunto afectado -en este caso, el progenitor-, no corresponde profundizar el análisis para demostrar con un elevado grado de certidumbre la veracidad o no del relato de la víctima, y menos aún focalizar sobre la competencia de la dependencia donde se llevó a cabo la denuncia.

Por el contrario, deben tenerse en cuenta las dificultades con que normalmente se encuentran las víctimas al momento de denunciar los hechos de violencia familiar y que el Ministerio Público Fiscal, fue en esta ocasión la vía idónea y expedita para tal fin.

Con lo cual, sobre la base de todas estas pautas, es posible concluir que impera un criterio amplio para la ponderación de los extremos exigidos para el dictado de las medidas previstas por la ley, habiéndose resuelto al respecto, en forma reiterada, que a los fines del dictado de las medidas de urgente amparo a quienes son víctimas de situaciones de violencia familiar, resulta suficiente la verosimilitud de la denuncia y la existencia de una sospecha de maltrato, que en el caso se concretó a raíz de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

En esos términos, considerando la índole y naturaleza de la cuestión involucrada y lo previsto en la normativa atinente a menores, no se concreta el agravio esgrimido respecto a que la denuncia haya sido efectuada ante el Ministerio Público Fiscal.

VI. Bajo tal lineamiento, tampoco resulta atendible, la circunstancia denunciada en el memorial respecto a la falta de oportunidad para ejercer su defensa y descargo.

Repárese en este aspecto, que en la especie se trata de un proceso de características especiales, porque las medidas que se dictan agotan su objeto y cumplen el interés del peticionario con su solo dictado, por lo que participan de las características de las autosatisfactivas. No existe contestación de la demanda, apertura a prueba, o sentencia de mérito (conforme, esta Sala, “G., G. c. M., G. G. s. denuncia por violencia familiar”, expte. nº 73977/2019 del 20/2/2020 y su cita a Ugarte, Luis A., “Tutela judicial efectiva:violencia familiar y medidas precautelares”, DFyP 2019 [julio], 19).

A partir de lo anterior, no hay razones en la pieza recursiva que lleven a este tribunal al convencimiento de una decisión distinta a la acordada en la decisión apelada.

Lo resuelto por la magistrada de ninguna manera supone una valoración de mérito acerca de los hechos denunciados sino solamente el dictado de medidas de protección a favor del hijo menor de ambos, por ello no se advierte como agravio, lo argumentado en torno a que se valoraron los hechos relatados por el actor ante el Ministerio Público Fiscal de esta ciudad.

Nótese que la denuncia por violencia no tiene por objeto demostrar la veracidad del relato; se remarca entonces, que en la especie la documental aportada y lo actuado en el expediente principal sobre medidas precautorias, otorgan virtualidad suficiente para el dictado de una resolución cautelar de las características de la adoptada en la instancia de grado.

De modo que -en lo que hace estrictamente al argumento de la recurrente tocante a la orfandad de fundamentos para el dictado de las medidas- no puede perderse de vista que frente al supuesto de violencia que motiva la denuncia, reiteradamente se ha sostenido que basta con la sospecha de maltrato, ante la evidencia física o psíquica que presente el maltratado y la verosimilitud de su denuncia, para que el juez pueda adoptar disposiciones que, en su esencia, son verdaderas medidas cautelares (conforme, esta Cámara, Sala A, “R.,S.I. c. T.,C.E. s. inc. art.250”, del; íd., Sala C, “D. I.,A. c. I.,D.A.”, del 28/3/2000, entre muchos otros).

En ese sentido, la medida acordada, es razonable y tiene sustento en la documental y demás actuaciones de la causa principal.

En definitiva, por las razones que se expusieron, se desestimará el recurso de apelación y será confirmada la decisión cuestionada.

VII. Para finalizar no puede dejar de mencionarse que en la resolución apelada, la jueza a quo ordenó a ambas partes que en la plazo de duración de la medida cautelar dispuesta deberían promoverse todas las acciones de fondo que consideren pertinentes, y es esa la llave a la que debe recurrir la apelante, para que se produzcan los informes periciales que pretende.

Ello, sin mengua que de la visualización del sistema informático se desprende que en los autos principales, el actor ya inició -conforme lo informado en el escrito allí presentado el 27/12/2020- una acción por cuidado personal y que el 5/4/2021 se ordenó la sustanciación de pedido de revinculación reiterado por la demandada el 28/3/2021.

VIII. En consecuencia y por lo hasta aquí apuntado, de conformidad con lo dictaminado por la señora Defensora de Menores, SE RESUELVE: Desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución que fue objeto de apelación, con costas de alzada a la demandada vencida (artículos 68 y 69 del Código Procesal).

Hágase saber a la Sra. Magistrada lo manifestado por la Defensora de Cámara en cuanto a la vigencia de la medida dispuesta, todo ello a los fines de salvaguardar adecuadamente los intereses del menor involucrado.

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y el pronunciamiento se suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La vocalía número 27 se encuentra vacante. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° párrafo del Código Procesal y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ

JUECES DE CÁMARA

Nuestos Cursos y Talleres: