NULIDAD DE TESTAMENTO. LEGITIMACIÓN ACTIVA. HERENCIA VACANTE. DENUNCIANTE. INTERÉS LEGÍTIMO

Sucesiones
Número de causa: CF-158-2019

Libro de Acuerdos Nº 5, Fº 708/716, Nº 175. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil veinte, reunidos los Señores Jueces de la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia, doctores Beatriz Elizabeth Altamirano, Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-15.833/19 “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 15.485/18 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 4) Recurso de apelación en el Expte. Nº C-3.228/13 ‘Acción autónoma de nulidad: Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (A.P.PA.CE.) c/ Galarza, Claudia Liliana”; del cual,

La Dra. Altamirano, dijo:

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, mediante sentencia del 19/06/19, ordenó se recaratule la causa como “Ordinario por nulidad de testamento: Asociación Civil de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) c/ Claudia Liliana Galarza” y resolvió modificar el punto I de la sentencia de fecha 06/04/18, para que quede redactado de la siguiente forma: “Hacer lugar a la acción de nulidad de testamento promovida por (…)” a la vez que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

Asimismo, impuso las costas a la apelante vencida y difirió la regulación de honorarios profesionales.

Para decidir de tal manera, inicialmente aclaró que lo peticionado en autos principales es la declaración de nulidad de la Escritura Pública Nº 194 (del año 2006) en virtud de la cual Victoria Berzaenz Zambrana instituye como su única heredera a Claudia Liliana Galarza.

Indicó que resultan aplicables las disposiciones del derogado Código Civil, en tanto era la ley vigente al momento de la realización del acto.

En primer término, y con relación a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la accionada, precisó que el Código Civil no sistematiza las nulidades de los testamentos, por lo que les son aplicables las normas generales previstas para la nulidad de los actos jurídicos. A partir de ello, valoró que están legitimados para iniciar la acción de nulidad del testamento, quienes resulten beneficiados con su declaración o quienes acrediten un interés legítimo al respecto.

Explicó que la particularidad del caso radica en que la denunciante de la herencia vacante (A.P.PA.CE.) carece de vocación sucesoria. Sin embargo -agregó-, de prosperar la presente acción, la herencia quedará en estado de vacancia y la denunciante tendrá derecho a obtener una compensación, fijada en un porcentaje del haber hereditario líquido.

Juzgó entonces que “Esta situación, de denunciante de la herencia vacante, le otorga una expectativa cierta de ejercer el derecho a hacerse de parte de la herencia. Consideramos que esta compensación económica, denota un interés jurídicamente protegido o al menos tutelable, que legitima a la parte a ejercer su derecho a efectos de obtener la nulidad testamentaria, que en su caso, derivará en la vacancia de la herencia” (sic).

Y en segundo lugar, respecto del fondo de la cuestión, expresó que el 15/09/05 Sabina Quipildor dio inicio a un proceso judicial a efectos de ser designada curadora de Victoria Berzaenz Zambrana, alegando que esta última detentaba 81 años de edad, no tenía parientes y estaba siendo maltratada por dos personas de apellido Arias (inquilinos en su casa); que era comadre y vecina de la abuela; que tenían un vínculo de confianza por lo que tenía poder para cobrar la pensión de la señora; que la anciana padecía artrosis severa, diabetes, no caminaba hacía años y que sufría pérdida de sus facultades y desorientación temporo-espacial (según dos certificados médicos acompañados).

Señaló el ad-quem que “Iniciado el trámite de la causa, en el primer informe que se emite, la asistente social, María Teresa Busto[1], en sus conclusiones manifestó: que la Sra. Berzaenz no conservaba pautas de autoalimento[2], que padecía dificultades de motricidad y que no podía asumir el cuidado de su persona de manera independiente. Afirmó que se detectaba una relación afectiva con la Sra. Quispe y que con el resto de las personas que viven en su casa, demostraba un vínculo sumamente dependiente por el deterioro físico e intelectual que padecía. Agregó que no se observaba un rol de liderazgo o autoridad entre las personas que la cuidaban y que por ello habían disputas de poder constante entre los Sres. Arias y la curadora propuesta…” (sic).

Añadió que el 17/05/06 la Dra. Mabel Sánchez, médica psiquiátrica, en su calidad de perito médico, emitió un dictamen en el que expresó que la Sra. Berzaenz Zambrana presentaba síntomas de demencia con un importante deterioro cognitivo.

Indicó que el 29/06/06 se designó a la Sra. Quipildor como curadora provisoria de la Sra. Berzaenz Zambrana, a efectos que perciba -en su representación- los beneficios de pensión y jubilación, y para que administre sus bienes muebles e inmuebles, con expresa rendición de cuentas.

Destacó que, por otro lado, en fecha 10/08/06 la Sra. Quipildor inició, en representación de Berzaenz Zambrana, una demanda ordinaria por revocación de donación del inmueble individualizado como Padrón A-8793, Matrícula A-2983-8793; que el 01/02/07 promovió un incidente de autorización judicial -en el expediente de designación de curador- a efectos de ser autorizada a iniciar la acción de revocación de donación y representar a la Sra. Berzaenz Zambrana; que el 10/05/07 se la autorizó a representar a la presunta incapaz en el proceso ordinario por revocación de donación; y que éste concluyó con sentencia favorable en octubre de 2008 (Expte. Nº B-159.644/06).

Explicó que, paralelamente a tales hechos, conforme Escritura Pública Nº 194 del 07/12/06, la Sra. Berzaenz Zambrana instituyó como su única y universal heredera a Claudia Liliana Galarza –hija de Sabina Quipildor-, a quien dejó sus bienes muebles y los derechos que le correspondieren en aquél juicio que se tramitaba respecto del bien inmueble individualizado con el Padrón A-8793.

Volviendo al trámite de la curatela, manifestó que en octubre de 2007, la Asistente Social Blanca E. González presentó una síntesis -luego de realizar una intervención de campo- en la que expresó que la Sra. Berzaenz Zambrana respondió a sus preguntas y que se veía lúcida; que la entrevistada manifestó que la Sra. Sabina cobraba la plata y no le daba nada, que no tenía ni para comer, que la amenazaba con vender la casa, que era mala y que no quería que vaya a su casa; agregó -la Asistente Social- que no habían alimentos en la heladera, que la ropa estaba en mal estado y que se observaban cucarachas en la cocina, en cantidad; que entrevistó también a Mónica Ruth Salvatierra, empleada doméstica y cuidadora de Victoria e inquilina del lugar, quien refirió que la Sra. Sabina era mala, que dejaba $5 pesos para cocinar, que no había frutas, ni verduras, que por disposición de Sabina la anciana tomaba Tranquinal y Somit, y que ella –Ruth- no se los daba y que por eso estaba bien ese día; que también entrevistó a Edith Ayarde, de 24 años, inquilina de una habitación, quien exhibió un casette donde se escuchaba a Sabina gritando a la Sra. Berzaenz Zambrana; y que al preguntarle a esta última por su D.N.I., contestó que lo tenía Sabina, al igual que la escritura de la casa.

Resaltó el Tribunal que en el informe presentado por la Defensora de Menores e Incapaces, Dra. Mirta Beatriz Chagra, en octubre de 2007, la misma refirió: “que interrogada la Sra. Victoria, manifestó que no quiere ser visitada por Sabina, que quiere ser cuidada por Mónica. Agrega que al interrogar a la Sra. Ruth Mónica Salvatierra, ésta manifestó que las pastillas mantienen dopada a la señora, que no toma medicamentos para los huesos y que es llevada al médico cada vez que se menciona que alguien de Tribunales estuvo en la casa. Interrogada la Sra. Salvatierra sobre la escritura de la casa, dice que desapareció. La defensora expone que no se observan alimentos, ni lácteos, ni jugos, que no hay mercaderías y que hay cucarachas vivas y muertas en el piso y en la heladera” (sic).

Añadió seguidamente que: “El día diecinueve de octubre del mismo año, el juez de la causa realizó una inspección in visu. En la misma entrevistó a la Sra. Victoria Berzaenz Zambrana y en el acta labrada se expuso, que la Sra. Victoria estaba lucida, que contestaba a las preguntas y que había manifestado que no quería que la cuide Sabina porque le pegó en la mano. Por su lado, en el mismo acto, la Sra. Sabina dijo que renunció a su cargo de curadora y que no quedó plata. Por último, la Sra. Mónica manifestó que el día anterior la Sra. Sabina le había dicho que le dé calmantes para que la abuela esté dopada en la audiencia y que ella no le dio y que por esto estaba bien” (sic).

Precisó que el 24/10/07 Sabina Quipildor presentó su renuncia como curadora provisoria; y el trámite de designación de curadora para Victoria Berzaenz Zambrana prosiguió hasta su fallecimiento (año 2012).

Destacó que “En el mes de febrero de 2012 la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) interpuso una acción de herencia vacante y manifestó que la Sra. Berzaenz no tenía herederos y que había realizado una donación a la Asociación del inmueble individualizado como … Padrón A-8793 …. En el mismo mes, la Sra. Claudia Liliana Galarza –hija de Sabina Quipildor- dio inicio a un proceso testamentario respecto del mismo bien inmueble (expediente Nº B-268.681/12)” (sic); y que, ante esta circunstancia, en abril de 2013 la Asociación interpuso la presente acción de nulidad de testamento.

Luego de relatar estos hechos, el ad-quem valoró que el art. 474 del Código Civil permitía la impugnación post mortem de los actos entre vivos celebrados por un incapaz o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad; y que, a su vez, los arts. 3615 y 3616 exigían, para testar, estar en uso de perfecta razón la que se presumía mientras no se pruebe lo contrario. “Por ello, a quien pedía la nulidad del testamento le incumbía probar que el testador no estaba con plenas capacidades al momento de testar, salvo que un tiempo antes de testar se hubiese hallado la persona en estado habitual de demencia, caso en el cual, correspondía a quien pretendía la validez del testamento probar que el testador lo había otorgado en un intervalo lúcido. El testamento es un acto jurídico que debe ser la expresión libre de la voluntad esclarecida…” (sic).

Reflexionó que en estos artículos, la demencia es considerada como un hecho, no se alude al insano interdicto sino al sujeto que de hecho estaba privado de razón al momento de testar, de modo que lo determinante es indagar si la disposición testamentaria fue otorgada en forma libre y consciente. Dentro de ese contexto -agregó- correspondía determinar cuál era la situación de hecho de la Sra. Berzaenz Zambrana al momento de testar.

Evaluó que la designación de la Sra. Quipildor como curadora provisoria, enmarcó su función esencialmente en el ámbito patrimonial, específicamente, a efectos que perciba -en representación de aquella- los beneficios de la pensión, jubilación, y para que administre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la denunciada incapaz, con expresa rendición de cuentas (fs. 34 del Expediente Nº B-144.795/05).

Expuso que “La Sra. Berzaenz al tiempo de testar estaba separada de la administración de sus bienes y con la asistencia de una curadora provisoria, que al poco tiempo renunció y fue denunciada por mal trato” (sic).

Juzgó que al tiempo del otorgamiento del testamento, la dependencia física de la causante era evidente y su estabilidad cognitiva estaba disminuida conforme manifestaciones y prueba adjuntada por la misma Sra. Quipildor, e informe emitido en mayo de 2006 por la Perito Psiquiátrica, Dra. Sánchez, quien refirió que psíquicamente presentaba síntomas de demencia con importante deterioro cognitivo, configurando un cuadro de demencia (en sentido jurídico).

Aclaró que este dictamen médico fue el que sirvió de base para designar a Sabina Quipildor como curadora provisoria, que el testamento fue emitido a los siete meses y que no existe ninguna prueba que haga presumir que la Sra. Berzaenz Zambrana había recuperado aptitud cognitiva y, por ende, la capacidad de comprender las consecuencias de sus actos.

Añadió que, del expediente de la curatela, surge que Victoria Berzaenz Zambrana era una mujer adulta, de más de 81 años de edad, que sufría una limitación física determinante porque no podía autoalimentarse, ni caminar; que padecía una alteración psíquica propia de la edad; y que ésta alteración psíquica “… más allá de que en apariencia fue cíclica –pues hay Actas que describen a la causante en estado de lucidez, y otras que la describen con falta de ubicación temporo espacial y con sus facultades cognitivas disminuidas-, implica necesariamente una desventaja considerable en el ámbito de la administración y disposición de sus bienes” (sic); siendo que el acto de instituir un heredero por testamento, y como único heredero, es un acto de disposición que claramente excede el ámbito de administración normal y habitual que una persona realiza.

Con todo esto, concluyó que Victoria Berzaenz Zambrana no se encontraba en igualdad de condiciones respecto de los demás miembros de la sociedad y de su curadora en particular.

Y por otra parte, el Tribunal sentenciante estimó que la Sra. Quipildor incurrió en actos que exteriorizaron mala fe y falta de transparencia en su accionar.

Explicó que, según el informe emitido por la Asistente Social María T. Bustos, “… la Sra. Berzaenz tenía una relación afectiva con la Sra. Quipildor quien dio inicio al trámite de designación de curadora y se propuso como curadora, sin que la Sra. Berzaenz tuviera conocimiento de ello. En el mes de junio del año 2006 fue designada como curadora provisoria y en el mes de agosto del mismo año, inició un juicio de revocación de donación en representación de la causante respecto del inmueble en cuestión. En diciembre del mismo año se labró la escritura pública Nº 194 por la cual la Sra. Berzaenz instituyó como su única y universal heredera a la hija de la Sra. Quipildor, -a quien dejó sus bienes muebles y ‘los derechos que le correspondieren en el juicio que se tramitada respecto del bien inmueble’” (sic).

Destacó que la presunta amistad de la causante con la madre de la beneficiaria –comadres-, queda desdibujada cuando se observa que Sabina Quipildor tenía un trato afectivo con la causante y que en ese contexto inició el trámite de curatela sin que la causante lo supiera; que una vez designada como curadora, inició un proceso judicial para obtener la nulidad de la donación y que a los seis meses se labró el testamento respecto del mismo bien en el que se instituyó como heredera a su hija; que una vez que concluyeron estos actos, comenzaron los malos tratos hacia la Sra. Berzaenz; y que, además, no hay en la causa ninguna declaración, ni constancia de trato, ni de visitas entre la Sra. Galarza –beneficiaria- y la causante.

Coligió que todos estos hechos dan un marco fáctico de suficiente idoneidad como para considerar que la Sra. Berzaenz Zambrana no testó con suficiente discernimiento, intención y libertad; “Por el contrario, surge del contexto fáctico que lo hizo por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, ejercicio de la violencia y captación dolosa de la voluntad” (sic).

Resaltó: “Consideramos que el estado de senilidad que padecía, -definida como un menoscabo selectivo que produce déficit en las actividades psíquicas intelectivas del sujeto-; sumado al contexto de violencia y captación de voluntad, menoscabaron la aptitud subjetiva de la Sra. Berzaenz al momento de otorgar el testamento. La sumatoria de todo el contexto provocó una minusvalía psíquica. Pues, la causante sin posibilidad de caminar ni de autoalimentarse –es decir en estado de dependencia física absoluta- y en estado de senilidad, en un contexto de abandono y de violencia, fue intencionalmente llevada a suplantar afectos y a crear nuevos conceptos que concluyeron por instituir como única heredera a la hija de quien en ese momento era su curadora provisoria y encargada de administrar sus bienes. Todo esto realizado sin que la curadora diera noticia al juez de la causa” (sic).

Y finalmente, reiteró que en ninguna de las actas labradas por las defensoras de menores e incapaces, ni de las asistentes sociales, ni en las manifestaciones que dieron las restantes curadoras se hace mención a la Sra. Galarza; “En los siete años de proceso no hay constancias de visitas, ni de vínculo afectivo con la demandada” (sic).

En contra de este pronunciamiento, a fs. 9/25 vta. de autos el Dr. Manuel Alejandro Chavarría, en representación de Claudia Liliana Galarza, deduce recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Se agravia expresando que vulnera el principio de reserva establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional y que genera inseguridad jurídica.

Manifiesta que el sentenciante aplicó e interpretó erróneamente la ley en materia de nulidad, acordando legitimidad a la actora sin fundamento alguno.

Alega que la nulidad interpuesta por la accionante es una ‘nulidad relativa’ y que, para articularla, sólo están legitimados los mencionados en el art. 1048 del C.C., toda vez que la norma dispone que no puede ser declarada de oficio, sino a pedido de la parte en cuyo beneficio se estableció, por cuanto se funda en la protección de un interés particular.

Reseña que la denunciante carece de vocación sucesoria y que por ello no se encuentra legitimada para accionar, ni mucho menos reemplazar al Fisco para intentar la acción; no solo porque ella no lo representa, sino porque este último reconoció la validez del testamento, según dictamen del 04/12/12 que obra a fs. 71 del Expte. Nº B-268.681/12.

Indica que si el Fisco -principal interesado- actúa de tal manera y con ello se ve excluido de la herencia, mal puede reconocerse una mejor situación a la denunciante respecto a ella.

Expresa que no es que la demandante perseguía el derecho a la compensación (herencia vacante) sino que buscaba hacer valer una donación verbal mediante su denuncia, la que no se llegó a otorgar por el estado notorio de demencia de la causante, reconocido por la accionante a fs. 22 del Expte. Nº B-267.510/12; surgiendo así manifiesta la mala fe de la denunciante, ya que trató de aprovecharse de ese estado para procurarse un beneficio, y al no obtenerlo, intenta la presente acción.

Refiere que su parte sí tenía trato con la causante, quien era viuda y sin hijos; reconocía a las personas que se acercaban por interés y que había manifestado su voluntad de revocar la donación al Sr. Ortiz, y lo efectuó, pudiendo haber revocado también el testamento aquí en cuestión, si cambiaba de parecer. Pero, no obstante ello -agrega-, mantuvo su voluntad de beneficiar a su ahijada, la que continuó hasta su deceso.

Relata que los hechos que probarían la captación dolosa de la voluntad cesaron en octubre de 2007 al renunciar la Sra. Quipildor, por lo que la prescripción de la acción operó en octubre de 2009, conforme art. 4030 del C.C.

Alega que el fallo acuerda a la actora facultades no reconocidas por la ley, en perjuicio de su representada, dando lugar a una arbitrariedad y generando inseguridad jurídica.

Destaca que la accionante no tiene vocación legítima, ni testamentaria; tampoco es acreedora, ni representa al Fisco; además, como lo reconoció a fs. 22 del Expte. Nº 267.590/12, no se llegó a otorgar la escritura pública de donación inmobiliaria que pretende hacer valer por medio de ese Expte. Nº 267.590/12 de herencia vacante. Resume que “… no posee un interés legítimo protegido, porque no hay norma que le acuerde derecho alguno al no tener relación directa e inmediata con la causante” (sic).

Expresa que al revestir el solo carácter de denunciante de herencia vacante, por el aludido expediente en el cual nunca se declaró la vacancia por la existencia del testamento que ahora se ataca, mal podría decirse que a la actora le es confiada la defensa de la colectividad y que tiene un derecho mejor que el Fisco, puesto que persigue un interés económico particular.

Manifiesta que el Tribunal le acordó arbitrariamente una legitimación que ni el mismo Fisco posee toda vez que, al pronunciarse este último por la validez del testamento, ya no existe una herencia vacante.

Esgrime que el ad-quem aplica erróneamente las normas relativas a la capacidad de las personas.

Resalta que, cuando el art. 3616 del C.C. dispone que el que pide la nulidad debe probar que el testador no se hallaba en su ‘perfecta razón’, sienta una regla relativa al cargo de la prueba pero no pretende un mayor grado de discernimiento; y que la ‘perfecta razón’ que requiere el art. 3615 del íbidem. para habilitar el otorgamiento de un testamento válido, no debe considerarse en abstracto, tomando en comparación un ente ideal, sino en concreto, esto es, relacionando las naturales falencias y actitudes del propio sujeto disponente.

Indica que -en nuestro ordenamiento- la regla es la capacidad de las personas y que el mentado art. 3616 establece que la ley presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario.

Refiere que aun los propios informes médicos permiten tener por cierto que la testadora, a pesar de su estado de salud, no perdió su aptitud cognoscitiva, por lo que resulta arbitrario considerar que una denuncia y un dictamen revisten entidad para tener por demente a la persona.

Relata que, a pesar de haber tenido una curadora para la administración de sus bienes, la testadora nunca perdió la autonomía en sus decisiones, ni se apartó de la administración; nunca fue declarada incapaz.

Señala que del testamento no se evidencia la carencia de razón y que las pruebas valoradas resultan equívocas, vagas y generales; por lo tanto, la presunción de capacidad se mantiene incólume.

Menciona que existe falta de fundamentación y ausencia de prueba seria que acredite el dolo en la endilgada captación de la voluntad de la testadora.

Alega que no hay constancias de las que surja la acción u omisión grave en la que habría incurrido su representada o la Sra. Quipildor para inducir a la testadora a otorgar el acto; siendo que ello se funda en las propias conjeturas de la actora.

Brinda mayores argumentaciones jurídicas a las que hago remisión para abreviar. Cita doctrina y jurisprudencia; formula reserva del caso federal y peticiona.

Corrido traslado, a fs. 41/42 lo contesta la Dra. Rosa N. Bertoni, en representación de la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (A.P.PA.CE.). Solicita su rechazo por los motivos que expone, a los que remito en honor a la brevedad.

Cumplidos los demás trámites procesales, la Sra. Fiscal General Adjunto emitió dictamen, aconsejando rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 54/59 vta.) por lo que el mismo se encuentra en estado de resolver.

Adelantando opinión, y compartiendo lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, diré que el remedio tentado debe desestimarse.

Es que, como lo viene sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias presuntamente equivocadas, sino cubrir graves defectos de pronunciamiento, por apartamiento inequívoco de la normativa vigente, o carencia absoluta de fundamentación. Así es que no caben revisiones de la prueba, ni de las situaciones fácticas que informaron el proceso, salvo casos de absurdo o de injusticia notoria; circunstancias que no advierto configuradas en la especie.

De hecho, las quejas formuladas no reflejan una crítica concreta y razonada del fallo que se impugna, frente a lo cual, este Superior Tribunal -anterior integración- ha dicho en forma reiterada que la expresión de agravios, para que pueda cumplir su finalidad específica, debe configurar una exposición que contenga un análisis serio, concreto y pormenorizado de la sentencia recurrida y la demostración de que el pronunciamiento o las argumentaciones que llevaron a esa conclusión son erróneas o contrarias a derecho (L.A. Nº 43, Fº 87/89, Nº 33); lo cual tampoco considero cumplido por parte de la recurrente.

Así, resulta necesario poner de manifiesto que la doctrina de la arbitrariedad no ha sido prevista para cubrir meras discrepancias de interpretación entre lo decidido por el juzgador y lo pretendido por las partes. Tal doctrina no autoriza a este Superior Tribunal a sustituir el criterio de los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que los mismos resuelven (L.A. Nº 58, Fº 1535/1538, Nº 426) el que sólo puede ser dejado de lado cuando la probanza que motiva la decisión recurrida revele con absoluta claridad, defectos que permitan calificarla de absurda (L.A. Nº 42, Fº 251/260, Nº 90); situación que no acontece en autos.

Por otra parte, vale recordar que, “Conforme doctrina de esta Corte, ‘… no basta que el recurrente manifieste que el tribunal ha violado la ley, ni puede soslayar la obligación tendiente a precisar concretamente, por un análisis razonado y mesurado, en qué consiste el agravio que causa el pronunciamiento, ya que las generalizaciones conceptuales no son idóneas para fundar remedios excepcionales’ (L.A. Nº 29 Fº 106/108 Nº 44)” (L.A. Nº 53, Fº 319/323, Nº 109).

Es más, la recurrente se limita a plantear las mismas argumentaciones que ya opuso en la instancia anterior (las que fueron objeto de un íntegro tratamiento y resolución por parte de la Cámara de Apelaciones) y ningún otro fundamento novedoso propone en ésta de excepción; uno que permita siquiera vislumbrar una distinta inteligencia de la cuestión debatida y consecuente incidencia para una solución diferente a la que impugna.

En tal orden de ideas, la C.S.J.N. expresó que “La mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las instancias anteriores no constituye una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido” (Fallos: 307:2216). “[Los] agravios vertidos por la demandada no logran rebatir los fundamentos del tribunal de alzada. En efecto, sólo constituyen una mera reiteración de conceptos vertidos con anterioridad en la causa y no aportan ningún elemento nuevo de convicción u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adoptada, por lo cual resultan ineficaces para el fin perseguido” (Fallos: 310:2475; 313:1242, entre otros).

De hecho, lo único novedoso que se advierte es el argumento de la prescripción de la acción de nulidad, que solapadamente esgrime la quejosa para fundar la supuesta mala interpretación de las leyes por parte del ad-quem; sin embargo, debe destacarse que esta defensa recién fue introducida en el escrito recursivo de estos obrados, lo que conlleva sin más su rechazo, en tanto que debió ser deducida ante el juez a-quo; por ende, constituye un agravio extemporáneo y un óbice para su tratamiento en esta instancia de excepción.

Es que, si las argumentaciones desarrolladas por el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria (cfr. Fallos: 326:3058 y sus citas).

Y si bien lo expuesto precedentemente es suficiente para sustentar el rechazo del recurso bajo análisis, estimo conveniente agregar que comparto absolutamente todas y cada una de las consideraciones desplegadas por la Cámara de Apelaciones, cuyas partes esenciales fueron relatadas ut-supra, a las que remito en homenaje a la brevedad.

No obstante, cabe resaltar que el denunciante de una herencia vacante tiene una expectativa cierta de beneficiarse con una parte de la herencia y, a partir de ello, posee un interés legítimo que merece protección jurídica.

Así es que el nuevo CCyCN, atendiendo a consolidada doctrina jurisprudencial y autoral, estableció que “A pedido de cualquier interesado … se debe declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes mediante legados” (art. 2441).

Ciertamente, desde que “… todo denunciante de Herencia Vacante tendrá derecho al cincuenta por ciento de los bienes denunciados como tales, deducidas las deudas del causante del sucesorio…” (art. 1º de la Ley provincial Nº 962) es indudable que, de prosperar la acción de nulidad de testamento deducida en los autos principales, la herencia de la Sra. Berzaenz Zambrana quedará en estado de vacancia.

Así, la promotora de la ‘herencia vacante’ tiene el derecho a obtener esa compensación económica que eventualmente surja de la correspondiente liquidación del haber hereditario.

Además, solo añadir que es equivocado sostener que en el sub-examine no puede existir una herencia vacante porque el ‘Fisco’ -como lo menciona el recurrente- ya se habría pronunciado por la validez del testamento y que, por ello, la denunciante no estaría legitimada para accionar en autos principales; ya que, por un lado, quien emitió opinión no fue el Fisco sino un Defensor Oficial habilitado como Agente Fiscal Civil, y, por el otro, el respectivo dictamen, a más de no ser vinculante, sólo hace alusión a la validez formal del instrumento y nada dice con relación a la capacidad y/o estado de salud de la otorgante[3], de modo que el punto resulta inconducente para dirimir la cuestión.

Consiguientemente, A.P.PA.CE. se encuentra legitimada para ejercer las acciones que estime convenientes a fin de obtener la vacancia de la herencia y aquél eventual beneficio.[4]

Por ello, debe desestimarse el agravio referido a la falta de legitimación activa de la aludida Asociación.

Y en cuanto a las quejas vertidas con relación al fondo del asunto, me permito reproducir los siguientes pasajes de la sentencia recurrida, en tanto resultan medulares para sostener el rechazo de las mismas; a saber:

“[Que]La presunta amistad de la causante con la madre de la beneficiaria –comadres-, queda desdibujada cuando se observa, que la Sra. Sabina Quipildor tenía un trato afectivo con la causante y que en este contexto inició el trámite de curatela sin que la causante supiera. Que una vez designada como curadora inició un proceso judicial para obtener la nulidad de la donación y que a los seis meses se labró el testamento respecto del mismo bien en el que se instituyó como heredera a su hija. Una vez que concluyeron estos actos, comenzaron los malos tratos hacia la Sra. Berzaenz. Sumado a ello, no hay en la causa ninguna declaración ni constancia de trato ni de visitas entre la Sra. Galarza –beneficiaria- y la causante. Todos estos hechos dan un marco fáctico de suficiente idoneidad como para considerar que la Sra. Berzaenz no testó con suficiente discernimiento, intención y libertad (…) el estado de senilidad que padecía, -definida como un menoscabo selectivo que produce déficit en las actividades psíquicas intelectivas del sujeto-; sumado al contexto de violencia y captación de voluntad, menoscabaron la aptitud subjetiva de la Sra. Berzaenz al momento de otorgar el testamento. La sumatoria de todo el contexto provocó una minusvalía psíquica. Pues, la causante sin posibilidad de caminar ni de autoalimentarse – es decir en estado de dependencia física absoluta- y en estado de senilidad, en un contexto de abandono y de violencia, fue intencionalmente llevada a suplantar afectos y a crear nuevos conceptos que concluyeron por instituir como única heredera a la hija de quien en ese momento era su curadora provisoria y encargada de administrar sus bienes. Todo esto realizado sin que la curadora diera noticia al juez de la causa” (sic).

Y que “A lo dicho cabe agregar que en ninguna de las actas labradas por las defensoras de menores e incapaces, ni de las asistentes sociales, ni en las manifestaciones que dieron las restantes curadoras se hace mención a la Sra. Galarza. En los siete años de proceso no hay constancias de visitas, ni de vínculo afectivo con la demandada” (sic).

En conclusión, y valorando los mismos elementos convictivos que estimó e individualizó con suma precisión el sentenciante, en tanto entiendo son los relevantes y conducentes para la justa resolución del litigio -por lo que remito a ellos para ser breve-[5], considero que la sentencia impugnada resulta ser derivación razonada del derecho vigente y aplicable, según dan cuenta las constancias de la causa; ergo, de ninguna manera incurre en la arbitrariedad que se le endilga.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Manuel A. Chavarría, en nombre y representación de Claudia Liliana Galarza.

Las costas por la presente instancia se imponen a la recurrente vencida (Art. 102; C.P.C.) y se difiere la regulación de honorarios profesionales hasta tanto sean determinados en la anterior.

Los Dres. Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Manuel Alejandro Chavarría, en nombre y representación de Claudia Liliana Galarza.

2º) Imponer las costas a la parte recurrente vencida.

3º) Diferir la regulación de honorarios profesionales.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al pie:

[1] Debió decir: María Teresa “Busti”, según se desprende del respectivo informe que rola a fs. 20/21 vta. del Expte. Nº B-144.795/05 “Designación de curador…”, agregado por cuerda.

[2] Quiso decir: “autovalimiento”; id. anterior.

[3] V. fs. 71 del Expte. Nº B-268.681/12 “Sucesorio testamentario…”, agregado por cuerda.

[4] Téngase en cuenta que A.P.PA.CE. denunció la herencia vacante el 03/02/12 (Expte. Nº B-267.510/12) y que la Sra. Galarza promovió el sucesorio testamentario el 28/02/12 (Expte. Nº B-268.681/12); siendo que la nulidad del testamento en cuestión se ejercitó -por la Asociación- el 26/04/13 (Expte. Nº C-3.228/13).

[5] V.g.: certificados médicos del año 2005 (fs. 6 y 9 del Expte. Nº B-144.795/05 “Designación de curador…”); Informe de la Asistente Social María Teresa Busti (fs. 20/21 vta.); Informe de la Perito Médico Psiquiatra Dra. Mabel Sánchez (fs. 31); Informe Social -síntesis- de la Asistente Social Blanca E. González (fs. 103/106); Informe de la Defensora de Menores e Incapaces Dra. Mirta Beatriz Chagra (fs. 107/108); e Impresión de visu del 19/10/07 (fs. 127).

Firmado: Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dr. Raúl Cantero – Secretario Relator.

Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (A.P.PA.CE.) vs Galarza, Claudia Liliana
Tribunal: STJ | Jujuy – San Salvador de Jujuy
Fecha del fallo: -0-2020

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