Medidas cautelares. Trans, Travestis o Transgénero. Derecho a la vivienda digna. Coronavirus COVID – 19

Se hace lugar, bajo caución juratoria, a la medida cautelar peticionada en el marco de una acción de amparo por el Defensor oficial, en su carácter de gestor de la parte actora -personas trans, con vulnerabilidad social y emergencia habitacional en situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus COVID -, y se ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en forma inmediata les garantice una vivienda digna para su hospedaje y, en caso de hacerlo mediante la inclusión dentro de alguno de los planes existentes, las cuotas que se les abonen deberán ser suficientes para cubrir en todos los casos en forma íntegra el valor del alojamiento; a su vez, en el supuesto de que se opte por acatar la medida mediante la entrega de subsidios, el demandado deberá orientar y asistir en la búsqueda de algún lugar de habitación en condiciones dignas que puedan cubrir con las sumas entregadas, a fin de aventar la posibilidad de que encuentre insatisfecho el derecho a la vivienda por causas de discriminación en razón de su condición de género; todo ello, en forma inmediata y hasta tanto se resuelva en forma definitiva y firme las actuaciones. Lo peticionado encuentra sustento en el art. 31, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que al reconocer el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, exige resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de bajos recursos; tomando en consideración que la falta de una respuesta pronta, eficiente y eficaz que dé solución a la gravísima situación padecida por las accionantes, las coloca en una situación de emergencia habitacional crítica y extrema vulnerabilidad social, máxime si se tiene en cuenta el delicado cuadro de salud de padecen dos de ellas.

Sentencia.

I. Téngase presente lo informado por el Secretario así como las presentaciones efectuadas vías Portal del Litigante y correo electrónica. Respecto a estas últimas, si bien se han excedido del horario hábil, en razón de las causas esgrimidas – desperfectos técnicos informáticos-, los pocos minutos que han transcurrido (3 y 6) y el principio de tutela judicial efectiva, corresponderá el tratamiento de las peticiones allí volcadas.
Así, atento lo establecido en los decretos nacionales nº 297/2020 y n° 355/2020 y en las resoluciones del CMCABA nº 59/2020, 60/2020, 63/2020 y 65/2020, corresponde tenerlo por presentado en carácter de gestor de S. B., N. C. y M. A.
II. AUTOS Y VISTOS:
1. En el día de la fecha se presentó el Dr. Pablo De Giovanni, Defensor CAyT Nº 2, y luego de realizar un racconto de la situación procesal de autos, solicitó se dictara una medida cautelar en favor a S. B., N. C. y M. A. por conducto de la cual se ordene al GCBA «que sea[n] incorporada[s] a un programa de subsidios habitacionales debiendo abonarse los fondos suficientes para el acceso efectivo a un lugar que cumpla al menos mínimamente con [sus] derecho a un acceso a una vivienda», con especial asistencia en la búsqueda del lugar de habitación dada la discriminación sufrida por su condición de género.
Respecto a la Sra. B., relató que es una persona trans portadora de VIH, en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional en tanto se encuentra en situación de calle.
Desatacó que padeció varios episodios de violencia por parte de su pareja y que no cuenta con ingresos para abonar un hotel, dado que lo único que obtenía era por medio de la prostitución -actividad que por el aislamiento obligatorio se ha debido suspender-.
De tal modo, concluyó que no cabe duda que la situación de la actora es urgente y que «esta situación la pone en un riesgo de vida grave que obliga al estado actuar de modo inmediato para socorrerla».
En torno a M. A., precisó que tiene 23 años, es una persona trans sin estudios finalizados y sin empleo formal.
En lo que respecta a su situación habitacional señaló que alterna la situación de calle y la casa de conocidos que le dan un lugar donde pasar la noche.
Añadió que con los pocos ingresos que obtenía mediante el cuidado de autos en la vía pública abonaba un alquiler que compartía con una amiga. Sin embargo, señaló que a partir del aislamiento obligatorio, ha dejado de percibir todo tipo de ingresos, por lo que ante los insistentes reclamos de la propietaria debió abandonar la habitación donde residía.
Agregó que recibe alimentos de la «Casita Roja» de la organización Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR).
En definitiva, señaló que «se trata de una persona trans, sin educación finalizada, sin empleo formal, en efectiva situación de calle [circunstancia] que debe activar la asistencia de forma urgente, más aún, si se encuentra vigente el aislamiento obligatorio; no puede realizarse aislamiento si no se tiene un lugar donde pasar la noche».
Finalmente, en relación a la actora N. C. refirió que es una persona trans, en situación de vulnerabilidad social, con VIH positivo.
Añadió que su solvencia económica depende de trabajos informales, por lo que desde aislamiento preventivo y obligatorio decretado no ha podido generar ningún tipo de ingreso que permita cubrir el alquiler del hotel donde vive, por lo que contrajo una deuda con el dueño del hotel quien la intimó a abonar lo debido bajo apercibimiento de ser desalojada.
Destacó que el hecho de padecer VIH no resulta intrascendente puesto que la ubica en el sector de riesgo dado que un eventual contagio del coronavirus pondría directamente en riesgo su vida.
De tal modo, concluyó que «para poder realizar el aislamiento obligatorio se debe contar con un lugar donde vivir. Los grupos vulnerables, que obtienen ingresos `al día´ se ven sensiblemente perjudicados por el aislamiento debido a que no pueden generar ingresos para subsistir. Por ello resulta impostergable la asistencia a la actora».
Por último, indicó que la emergencia habitacional que padecen las actoras B. y C. y el actor A. se ve agravada por su situación económica y por la vulnerabilidad social, atento su condición de género de trans, que las/lo expone a la exclusión social y a situaciones de violencia.
A fin de acreditar los extremos invocados el Defensor acompañó un informe social de cada persona en cuestión y estudios médicos.
2. A fs. 121/122 de la causa principal se declaró el carácter colectivo de la acción, en atención a que «involucra cuestiones comunes del colectivo de personas trans que por causa de discriminación se [encuentran] en estado de vulnerabilidad social con relación a su situación habitacional» (ver fs. 121).
En ese marco, se presentaron numerosas personas a fin de adherirse al reclamo colectivo en cuestión.
3. A fs. 651/656 se resolvió conferir la representación adecuada del colectivo de personas trans a la Defensoría CAyT nº 2, a su Defensor, a la Comunidad Homosexual Argentina, a la Defensoría LGBT y a la Federación de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans.
Asimismo se dispuso que sin perjuicio de que dichas entidades canalizarían las pretensiones de quienes ya se hubiesen presentado individualmente, la atención de situaciones particulares serían consideradas en el marco de las presentes actuaciones incidentales.
Y CONSIDERANDO:
1. Sentado lo expuesto, dado que la pretensión introducida tiene su causa en circunstancias particulares que afectan las personas aludidas y que merecen un análisis individual, corresponderá ingresar en el tratamiento de la medida cautelar solicitada.
Al respecto, debe destacarse la veracidad de los extremos alegados, se encuentran acreditados con la prueba documental acompañada.
En efecto, del informe social acompañado por S.B, surge que se trata de una joven trans, que quedó el efectiva situación de calle el 21/04/2020 a raíz de una situación de violencia ejercida por parte de su pareja quien la expulsó del domicilio donde se encontraba realizando la cuarentena preventiva y obligatoria.
En torno a su estado de salud, se desprende que «es portadora de VIH desde hace aproximadamente tres años. No recibe medicación ni tratamiento. Según refiere se realizó estudios en el Hospital Fernández pero cuando fue a retirarlos no figuraba como paciente, esto la obligó a tener que repetirlos, no obstante, se le dificulta el inicio de un tratamiento por la coyuntura actual» (el destacado me pertenece).
Respecto a su situación económica-ocupacional, surge que su principal fuente de ingreso es el ejercicio de la prostitución, actividad que fue interrumpida por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, lo que implicó para la Sra. Benítez no poseer ingresos económicos como para enfrentar el pago de una habitación de hotel.
Particularmente, la Lic. en Trabajo Social, C. Z., remarcó que «S. se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad social, pues se encuentra en situación de calle y ha sido víctima de múltiples violencias que han afectado gravemente a su desarrollo personal. Desde que se decretó la cuarentena preventiva y obligatoria no ha podido obtener ingresos para subsistir. Carece de familia continente y sus redes de apoyo son insuficientes. Tiene vulnerado su derecho a la alimentación, vivienda, trabajo, educación, cultura y ambiente». Por lo que concluyó que resulta necesario «que el Estado provea de los medios necesarios para que tenga asegurado su derecho a la vivienda y a la salud integral, (…) que se brinde contención social y psicológica que favorezca a su autoestima y desarrollo personal adaptados a la coyuntura actual y que se favorezca al fortalecimiento de vínculos familiares y/o sociales» (el destacado me pertenece).
Por otra parte, del informe acompañado por el actor M. A., se desprende que es varón trans de 23 años, identidad que asumió siendo muy joven y por la que se vio obligado a dejar su familia de origen cuando tenía apenas 16 años.
A su vez, surge que «hasta la actual pandemia se desempeñaba en la realización de tareas callejeras identificadas como ‘trapito’ (limpieza y cuidado de autos) y la ocasional venta ambulante. Con los ingresos obtenidos a través de estas actividades, compartía el pago de una habitación de un hotel en el barrio de Flores con una amiga». Sin embargo, el aislamiento social preventivo y obligatorio implicó para él la suspensión de sus ingresos, comenzando a vivir en situación de emergencia alimentaria. Por lo que se encontró imposibilitado de pagar la renta de la habitación que compartía con su amiga. Razón por la cual «debió dejar el hotel y se encuentra hoy en situación de calle».
A su vez, se observa que la organización Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR) le provee diariamente el alimento.
Específicamente, la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa -CABA, Josefina Fernández, destacó que «pese a que la asunción de su identidad de género de A. transcurrió en las postrimetrías de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el relato sobre las distintas discriminaciones de las que ha sido víctima, comenzaron con el desarraigo familiar forzado, la expulsión de las instituciones escolares, la falta de acceso a la salud y al empleo. En el cruce de estas variables, se encuentra como resultado la actual situación habitacional, situación que es común a quienes integran el mismo colectivo identitario». Por lo que concluyó que «la presencia del Estado, con una intervención adecuada, es fundamental; ha de estar presente, con opciones reales y concretas que permitan a A. el ejercicio pleno de sus derechos» (el destacado me pertenece).
Por último, del informe social y médico adjuntados por N. C, se desprende que es una persona trans que padece VIH y que reside en el Hotel Los Ángeles, ubicado en Av. Pueyrredón 973, CABA.
A su vez, surge que «que hace más de un año no tiene trabajo, que ha sobrevivido del trabajos informales y changas, y que debido a las medidas dispuesta por el Estado Nacional frente a la pandemia del Covid.19, no tiene modo alguno de generar ingresos para abonar el hotel, ni de moverse en función de la cuarentena». Por tal motivo, explicó que el «lunes 6 de abril, el dueño del hotel intentó desalojarla por falta de pago», quien a su vez la amenaza constantemente con expulsarla del hotel. Puntualmente, Flavia Massenzio, destacó que «N. C. es una persona en situación de vulnerabilidad social, en emergencia habitacional, alimentaria y sanitaria». Y que «una trabajadora informal como Natali se encuentra hoy imposibilitada de obtener ingresos para cubrir necesidades básicas atravesando una grave crisis alimentaria y habitacional; que pueden agravar su salud, toda vez que la medicación por su tratamiento por VIH debe ser acompañada de una sana alimentación, a la que hoy es imposible acceder. A su vez, Natali es una persona trans, y las personas trans se ubican entre los grupos más vulnerados por la discriminación, la violencia y el estigma. El colectivo trans se encuentra en emergencia alimentaria, habitacional y social mucho antes de la pandemia del Covid-19» (el destacado me pertenece).
Por lo expuesto, concluyó que resulta necesario que «sea ingresada de modo urgente en el programa 690 y modificatorios del GCBA, u otro programa equivalente con fines habitacionales y alimentarios, a fin de que sea asistida y pueda abonar un alojamiento en condiciones adecuadas, y cubrir las necesidades básicas de una alimentación saludable, higiene y aseo adecuado, en tiempos de emergencia sanitaria» (el destacado me pertenece).
Por último, de los oficios adjuntados dirigidos a Coordinadora del Programa Atención a Familias en Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat GCBA, se observa que requirieron la incorporación al mentado programa y que aun no ha recibido respuesta alguna.
2. Ello resulta suficiente para tener por configurados los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar peticionada.
En efecto, la verosimilitud en el derecho invocada encuentra sustento en lo que la propia Carta Magna local establece en su artículo 31, al reconocer el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, para lo cual exige resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de bajos recursos.
A su vez el peligro en la demora aparece manifiesto en la actitud de la Administración, que a través de la falta de una respuesta pronta, eficiente y eficaz que dé solución a la gravísima situación padecida por les amparistas, les coloca en una situación de emergencia habitacional crítica y extrema vulnerabilidad social. Máxime si se tiene en cuenta el delicado cuadro de salud de padecen las actoras Benítez y Cruz.
Pues carecen de los elementos más esenciales para llevar una vida digna, encontrándose expuestas a diario a un altísimo riesgo para su integridad física y psíquica.
Asimismo, aún en el estrecho marco cognoscitivo de este tipo de medidas, a lo largo del íter procesal transcurrido en autos se han añadido informes que dan cuenta de las imposibilidades fácticas que padecen las personas trans al intentar insertarse en el mercado formal del trabajo. Lo que deriva, desde luego, en la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas y por ende, habitar una vivienda digna.
Es que obviamente no puede ignorarse la problemática que suma a la parte actora la condición de personas trans; no resulta necesario exigir mayor demostración que sus dichos para tener conocimiento de la discriminación que sufre día a día quienes integran este colectivo al tratar de acceder al mercado formal laboral y a algún lugar de habitación donde puedan guarecerse. Aún si hubiera lugar a dudas al respecto, resulta elocuente al menos en algún grado de verosimilitud exigible, lo expuesto en el informe de la Defensoría General de la Ciudad, obrante a fs. 66/77 de los autos principales: «la alternativa de alojamiento más frecuente de los/las trans/travestis es el alquiler de habitaciones de hoteles y pensiones, la cual es considerada una alternativa precaria» (ver fs. 67), que «deben enfrentarse con situaciones de discriminación y rechazo, siendo que en un alto porcentaje no es admitido su ingreso» (ver fs. 68) y que «en la mayoría de las veces, no las admiten porque el dueño no quiere (…), asocia[n] a esta población con la venta y/o consumo de drogas y a la utilización del lugar para ejercer la prostitución, [las/los vinculan] con comportamientos conflictivos y [dicen presentar] hábitos inadecuados y/o mala apariencia» (ver fs. 69).
Así, de lo expuesto se colige que la intervención estatal que se requiere mediante la medida cautelar peticionada debe ser ordenada de manera inminente y sin ningún tipo de dilación.
Ello, atento la necesaria respuesta jurisdiccional que exige la situación descripta -máxime en el contexto pandémico y su consecuente orden de guardar cuarentena-, no obstante las decisiones que en futuro se adopten en el marco de la causa principal y con el alcance colectivo que corresponda imprimirle.
Lo dicho, obviamente, no implica para el caso puntual -en el que les peticionaries, si bien no han sido desalojades se encuentran vulnerable ante un eventual lanzamiento de hecho del lugar donde residen- desconocer los términos del flamante decreto nacional nº 320/2020, por el cual se ordenó la suspensión de la ejecución de sentencias de desalojos por el plazo allí previsto.
Sin embargo, descreer las manifestaciones del Defensor CAyT por el simple capricho de aferrarse a la vigencia de una norma, implicaría tanto como la torpeza de desconocer que existe una realidad, dinámica e irregular desde luego, que muchas veces se da de bruces con lo que las autoridades han deseado que suceda.
3. Por las consideraciones vertidas se ordenará al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cautelarmente garantice a les requirentes el acceso a una vivienda para su hospedaje.
Ahora bien, en el supuesto de que el GCBA opte por acatar la presente medida mediante la entrega de subsidios, tal como estandarizadamente lo hace ante situaciones similares, deberá orientarles y asistirles en la búsqueda de algún lugar de habitación en condiciones dignas que puedan cubrir con las sumas entregadas.
Si la demandada no cumpliere en el plazo que se estipulará, el lugar de morada deberá ser escogido por la Defensoría patrocinante y las sumas necesarias para su costeo serán eventualmente ejecutadas.
4. Por lo hasta aquí expuesto y en el marco de lo que establecen el art. 14 de la Ley 2145 – según texto consolidado por Ley 56-, los arts. 177, 184 y subsiguientes del Código CAyT, arts. 14, 20, 21 y 31 y cc de la Constitución local, arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y normativa concordante y vigente, y ocasionalmente considerando lo establecido en los decretos nacionales nº 297/2020 y n° 355/2020 y en las resoluciones CMCABA nº 59, 60, 63 y 65/2020, RESUELVO:
1º) HACER LUGAR a la medida cautelar peticionada por el Defensor CAyT nº 2, Dr. Pablo De Giovanni, en su carácter de gestor de S. B., N. C. y M. A., estimando suficiente las cauciones juratorias ofrecidas.
2°) ORDENAR al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en FORMA INMEDIATA garantice a S. B., N. C. y M. A. una vivienda digna para su hospedaje y que en caso de hacerlo mediante la inclusión dentro de alguno de los planes existentes, las cuotas que se abonen deberán ser suficientes para cubrir en todos los casos en forma íntegra el valor del alojamiento.
A su vez de consuno lo dicho en el considerando 3, el GCBA deberá asistirles y orientarles en la búsqueda de un lugar de habitación, a fin de aventar la posibilidad de que encuentre insatisfecho el derecho a la vivienda por causas de discriminación en razón de su condición de género.
Todo ello, hasta tanto se resuelva en forma definitiva y firme en estas actuaciones. Asimismo, deberá la demandada informar al Tribunal, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, cuál ha sido la conducta estatal asumida.
3°) Disponer que en caso de que el GCBA no cumpla con el punto anterior en tales plazos, el lugar de morada deberá ser escogido por la Defensoría patrocinante y las sumas necesarias para su costeo serán eventualmente ejecutadas.
Notifíquese, con habilitación de días y horas inhábiles, a les beneficiaries al correo electrónico oficial del Defensor CAyT nº 2 y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al correo electrónico establecido por resolución-2020-100-GCABA-PG.
Roberto Andrés Gallardo.

A., L. J. y otros vs Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. Incidente de medida cautelar – Amparo – Habitacionales y otros subsidios
Tribunal: Juzg. Cont. Adm. y Tributario Nº 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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