Lesión patrimonial. Principio de Insignificancia. Violación al Derecho de Propiedad. Art. 41 del Cód. Penal

El principio de insignificancia solo puede operar cuando es tal que lleva a despojar la cosa de ese carácter. Es que los delitos del capítulo no atienden a la entidad de la lesión patrimonial, sino a la violación al derecho de propiedad, independientemente del mayor o menor valor de la cosa, aspecto que es relevante solo a los fines de graduar la pena, de conformidad a lo establecido en el art. 41 del cód. penal.

La defensa no logra demostrar por qué habría que aplicar la teoría de la insignificancia jurídica a un caso como el presente, pues mutatis mutandi la mayor o menor entidad de la lesión acreditada solo es relevante a los fines de graduar la pena, de conformidad con el art. 41 del cód. penal.

No se puede medir la entidad o el daño de las lesiones de acuerdo a lo que surge del art. 89 del cód. penal, pues la forma de descripción legal del tipo que, podría denominarse “por descarte”, reprime todo daño “que no esté previsto en otra disposición de este código” es demostrativa que incluye todo tipo de lesión.

Fallo completo.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2020, se reúne la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal integrada por los jueces Jorge Luis Rimondi, Gustavo A. Bruzzone y Patricia M. Llerena, asistidos por el secretario actuante, Santiago Alberto López, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de P. T. contra la sentencia de condena, en el presente proceso nº CCC 31.136/2014/TO1/CNC2, caratulado “T., P. s/recurso de casación”, del que resulta:

I. El juez Adolfo Calvete integrante, en forma unipersonal, del ahora Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 4 de la ciudad de Buenos Aires, por veredicto del 31 de octubre de 2018, resolvió –en lo que aquí interesa– “I. CONDENAR a P. T., de los restantes datos filiatorios obrantes en el encabezamiento, en orden delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, cuyo cumplimiento se deja en SUSPENSO y costas (arts. 26, 29, inc. 3º, 45, 89, 92, en función del art. 80, inc. 1º, del Código Penal)”.

II. Contra dicha resolución, la defensa de T. interpuso recurso de casación, remedio procesal que fue concedido por el tribunal en cuestión.

Los defensores particulares, Marta Elsa Nercellas y Jorge Luis Litvin, a cargo de la defensa técnica del imputado, concretaron el objeto de su impugnación en cinco tópicos que fundaron motivados en ambos incisos del artículo 456 del CPPN, a saber: bajo los acápites “IV.a) Crítica a la resolución por inobservancia a las normas que el código ritual establece bajo pena de nulidad. La arbitrariedad de la decisión”; “IV.b) La falta de certeza para decretar la condena. El principio in dubio pro reo”; “IV.c) La doctrina y jurisprudencia que respaldan la arbitrariedad denunciada”; “IV.d) La errónea interpretación y aplicación de la ley. La atipicidad de la conducta endilgada. La inexistencia de tipicidad relevante y la aplicación del principio ultima ratio”; “IV.e) Los agravios que motivaban –y aún motivan– la revocación de lo decidido”.

Considero oportuno aclarar que de una simple lectura del recurso se desprende, sin lugar a duda, que la defensa en realidad presentó, solamente, dos agravios. En función de ello solicitó la anulación del fallo por arbitraria valoración de la prueba reunida en juicio o, en forma subsidiaria, se aplique el principio de insignificancia lesiva debido a la escasa entidad de las lesiones que habría sufrido la damnificada.

Más allá del tratamiento autónomo que intento darles a los agravios detallados en los puntos IV, b y c, en definitiva, son dos facetas del primer agravio (IV.a), esto es, de su valoración diversa de la prueba producida.

Finalmente, el agravio enunciado en el punto IV.e no es más que la enunciación de garantías del imputado y su derecho al recurso de casación que deberían haber ingresado en el parágrafo relativo a la procedencia del recurso.

III. Posteriormente, se reunió en acuerdo la Sala de Turno de esta Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cuyos integrantes decidieron otorgar al recurso el trámite previsto en el art. 465 del Código Procesal Penal de la Nación.

IV. Debido a la urgencia que genera la situación de emergencia sanitaria, el 21 de mayo pasado, se puso en conocimiento de las partes de la sustitución de la audiencia del trámite ordinario por una presentación digital dentro de los cinco días de notificada.

En contestación, la defensa de T. presentó digitalmente un escrito mediante el cual se opone a lo dispuesto en ese sentido, cuyos argumentos damos por reproducidos.

Lo oportunamente decidido por esta sala responde a las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como a las emitidas por esta Cámara, que fueron expresamente citadas por la presentante. Ya la acordada 1/2020 del tribunal (el 16 de marzo) estableció el reemplazo de la audiencia por una presentación digital en el sistema Lex 100, conforme posteriormente fue avalado por la Corte Suprema en su Acordada 10/2020. Es más, en aquella oportunidad y en atención a que tendía a reemplazar una audiencia oral, se dejó expresamente aclarado que dicha presentación podía tener un formato de archivo de video, caso en el cual se le fijó una duración máxima de diez minutos. En consecuencia no haremos lugar a lo peticionado.

V. Superada la instancia del art. 468 CPPN, tuvo lugar la pertinente deliberación (culminada a través de medios digitales), a partir de la cual se arribó a un acuerdo en los términos que seguidamente se pasan a exponer.

Y Considerando:

El juez Jorge L. Rimondi dijo:

1. Tal y como se consignó en el epígrafe, el tribunal oral condenó a P. T. por encontrarlo autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, a la pena de seis meses de prisión en suspenso y costas.

1.1. Se tuvo por acreditado que “entre las 20.00 y 20.30 hs. del 20 de mayo de 2014, en circunstancias en que se encontraban en el interior de la firma ‘Biferdil S.R.L.’, sita en Loyola nº … de esta Ciudad, y durante el desarrollo de una reunión con carácter comercial y familiar, P. T. se acercó a su cónyuge L. S. M. y le dio un pellizco en el rostro lo que le provocó una equimosis rojiza en la región maxilar inferior del lado izquierdo que epilogaron en lesiones leves, con posibilidad de curación e incapacidad laboral menor al mes”.

El evento se reconstruyó, fundamentalmente, en función de los testimonios de L. S. M. y G. A. G.

Asimismo, se tuvo en cuenta la siguiente prueba incorporada por lectura: las exposiciones de M. A. (fs. 17), así como la de H. N. P. (fs. 381); los legajos nº 3978/2017 y 3981/2014 (fs. 20/34 y 52/60); el acta de fs. 1; las copias de la documentación aportada por P. T. a fs. 10/11; la copia de la denuncia de fs. 23; los informes de evaluación de riesgo de fs. 27/28 y 56/57; la copia del acta notarial de fecha 20/5/2014 (fs. 85/86); las copias de las cartas documento de fs. 132/139; el croquis de fs. 312; la copia de la libreta de matrimonio de fs. 373/375; la documentación aportada por P. T. a fs. 90/94 y 112/123, así como el acta notarial portada por el nombrado a fs. 535/540; las Historias Clínicas de P. T. de fs. 113/122 y fs. 588/594; el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense a la Sra. L. S. M. obrante a fs. 644/646 y 647/652; expedientes nº 22.463/2014, caratulado: “T., P. y otro c/T., J. D. s/ordinario”, del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 25, Secretaría Nº 49, el nº 31.890/2014, caratulado: “M., L. S. c/T., P. s/denuncia por violencia familiar”, del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 23; y nº 31.819/2014, caratulado: “T., P. c/T., J. D. s/violencia familiar”, del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 106.

Es del caso recordar, que también declararon durante el juicio los testigos presentados por la defensa A. R. I. y M. F., habiéndose decidido –a pedido del fiscal– extraer testimonios de sus declaraciones ante la posible comisión de un delito de acción pública.

2. Al comenzar la defensa su argumentación, refirió que no debe olvidarse que la causa se inició por la denuncia efectuada por el aquí imputado contra su hijo, producto de lesiones que le provocó mediante un golpe de puño, debidamente constatadas en autos. A raíz de ello, tres días después su –por entonces cónyuge–, radicó una denuncia en su contra con el objeto –a entender de esa defensa– de mejorar la situación procesal del hijo de la pareja.

Prosiguió afirmando que el hecho denunciado por M. no ocurrió. En este sentido, manifestó que la veracidad del testimonio de la damnificada se encuentra cuestionada por prueba objetiva que demuestra que mintió.

El recurrente refirió que la sentencia era arbitraria puesto que para fundar su decisión utilizó “exclusivamente los elementos que le eran funcionales para fundar la misma, o lo que es aún peor, haciéndole decir al único testigo que valora, cosas que no dijo y descartando sin valorar el resto de la prueba producida durante el debate” (en el original en negrita).

Sobre ello, expresó que el hecho acreditado en la sentencia no pudo haber ocurrido sin haber sido visto por ninguna de las personas que asistió a la reunión comercial que se estaba llevando a cabo el día del hecho.

Asimismo, explicó que conforme fue desarrollado por el perito médico ofrecido por esa parte, la lesión acreditada en la sentencia recurrida (es decir que su ahijado procesal le retorció la cara de un pellizco), no pudo ocurrir de ese modo sin que hubiesen quedado sus dedos marcados en la mejilla de la damnificada.

Por otro lado, refirió que se valoró equivocadamente el testimonio de G. (abogado de M. y de J. T. en la reunión que se estaba celebrando), quien solamente contó que observó “que le acercó la mano como para acariciarla”.

Expuso que las mentiras de la damnificada se advierten, debido a que negó la agresión de su hijo a su marido ocurrida previamente, y puesto que refirió que P. T. la empujó contra la pared y le retorció la cara. Explicó que esa última circunstancia ni siquiera fue observada por el referido G., quien, como ya aclaró, solamente dijo que le acercó la mano suavemente. Asimismo, sostuvo que la propia sentencia descartó la lesión en el codo, dado que el hematoma “padecía develar una evolución temporal diferente a la marca del codo”. En base a ello, se preguntaron los defensores que, si se demostró que mintió en una parte del hecho, cómo no se desacredita la credibilidad de su versión.

Prosiguió exponiendo que tampoco fue veraz sobre las consecuencias que le habrían generado el hecho. Ya que, si bien refirió sentirse muy avergonzada y desvalorizada por lo ocurrido, ello fue desmentido por el informe psicológico efectuado a la nombrada, del que se surge que no se presentaron indicadores de daño psíquico o consecuencias emocionales por el evento.

El quejoso agregó que la permanencia de la versión de la damnificada a lo largo del proceso, evaluada en la sentencia para dotarla de credibilidad, pierde peso contra las múltiples pruebas que contradijeron sus dichos.

Por otro lado, expresó que los informes médicos sobre la lesión fueron valorados parcialmente en la sentencia criticada. Así, refirió que los peritos informaron que, en abstracto, la lesión era compatible con el hecho denunciado, pero sin descartar otra gran cantidad de causas inclusive la autolesión. Sobre este punto, reiteró que los testigos del evento no permiten acreditar la versión de la supuesta víctima.

Finalmente, refirió que una vez más el juez de la causa decidió arbitrariamente no tener en cuenta los dichos de los testigos I. y F., quienes dieron sustento a la versión de su ahijado procesal sin dar argumentos al respecto. Sobre ello, manifestó que el juez del debate “no menciona cuál serían los fundamentos que lo determinan a tomar esa actitud, ni cuál serían las mentiras que habrían dicho”.

Explicó que no entiende cómo “un ex empleado de la empresa, que se consideró despedido y que inició un juicio laboral contra P. T., falseó la verdad para favorecerlo”. Tampoco explicó el juez “por qué debería investigarse F., que es el abogado laboral de la empresa desde hace 18 años y fue requerido el día de los hechos en esa calidad”.

2.1. Al contrario de lo sostenido por la parte recurrente, estimo que el tribunal oral valoró la prueba recibida en el debate bajo estricto apego a la regla de la sana crítica y los principios que la regulan.

Así, y teniendo en cuenta las directrices trazadas por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Casal”(1) –que recuerdan que la jurisdicción de la Cámara de Casación no está ceñida a remediar la arbitrariedad fáctica, sino que comprende la revisión de la propia construcción del fallo–, advierto que la reconstrucción del episodio ensayada por el magistrado preopinante, tras ponderar el mérito de las probanzas acumuladas de manera armónica y global, luce suficientemente fundada y abate la pretensión del defensor, sobre los mismos puntos de ataque cabalmente atendidos en la sentencia.

Tal y como se observa, la defensa concretó su esfuerzo argumental en el intento de criticar cuestiones que ya habían sido introducidas al momento de alegar en el juicio, sin proponer argumentos novedosos ni controvertir los fundamentos expuestos por el tribunal para descartar su postura. Considero que la defensa efectuó una diferente ponderación de la prueba, con el objeto de intentar mejorar la situación procesal de su asistido.

En este sentido, alegó que la damnificada mintió para mejorar la situación procesal del hijo de la pareja, quien previamente había agredido a su asistido. Que todos los testigos desmintieron la versión de ella y que el juez, arbitrariamente, valoró la testimonial de G. Explicó que la lesión de la damnificada se pudo haber originado por múltiples causas que no fueron descartadas en la sentencia incluida una autolesión. Finalmente, agregó, que no se explicó por qué no se tuvieron en cuenta las versiones de A. R. I. y M. F. que daban cuenta de la versión de su asistido.

En efecto, de un nuevo cotejo de las pruebas incorporadas al debate, concluyo que el a quo se ocupó de analizar con suma prudencia y sentido común el testimonio de la damnificada M., el testigo G. y su vinculación con el resto de la prueba reunida.

En primer lugar, la defensa cuestiona la credibilidad de la declaración de la víctima. Al contrario, el juez de la instancia anterior valoró correctamente que ella “dio cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon al hecho, así como los demás extremos coyunturales que sucedieran el día en cuestión, dado que el episodio remanente que nos ocupa sólo constituye una fracción del total, producto de una discusión ajena a la damnificada y que se saliera de cauce”.

En referencia al hecho que perjudicó al imputado (sobre el cual la defensa puso tanto énfasis en su escrito recursivo y el cual habría sido la causa de la falsa denuncia), el sentenciante explicó adecuadamente que “[n]o hay que olvidar que sólo ha integrado el objeto procesal la parte que damnificara a M., acaecida luego de que P. T. recibiera un fuerte golpe de puño en el rostro (con el resultado lesivo de fs. 113/122 y 588/594), ocasión en la que, luego de levantarse, se dirigió a su cónyuge a quien tomó de su mejilla izquierda, ejerciendo presión sobre ella”. Ello debido a que J. T. se encuentra cumpliendo en este proceso suspensión de juicio a prueba.

Asimismo, se ponderó que el testimonio de M. era creíble. Sobre ello, dijo el juez que “[c]oadyuva a los efectos corroborantes la situación de que la denunciante no modificara mayormente la versión de los hechos que hiciera desde un comienzo a fs. 53/55 (OVD) y la prestada durante el debate ya que, detalles aparte, no hay duda en cuanto a que ha demostrado su férrea voluntad de continuar con la acusación basada en un hecho, sin grandes cambios, lo que contribuye para su verosimilitud”.

En cuanto a las críticas del recurrente, cabe señalar que la persistencia del relato es un elemento relevante para valorar su convicción, y por esa razón su versión de los hechos tiene importancia probatoria decisiva dado que se mantuvo coherente en todas sus exposiciones.

Tampoco resultan admisibles las dudas que intenta introducir la defensa sobre este testimonio, alegando que tardó tres días en efectuar la denuncia y que fue una respuesta en contra del imputado por haber denunciado al hijo de la pareja, pues la mera afirmación de ello no son argumentos que demuestren la existencia de indicios concretos de mendacidad en su declaración.

Por otro lado, y a diferencia de lo sostenido por la esforzada defensa, el juez de la instancia anterior tuvo en cuenta que los dichos de la víctima tenían respaldo en la declaración testimonial efectuada por G. A. G. Así valoró que el referido “conocedor de todas las partes y que estuvo presente en el momento de la reunión, fue quien advirtió que, en cierto momento, P. se levantó y puso con suavidad una mano sobre la mejilla de L., la que se sobresaltó, luego de que advirtió que éste tenía ese lado de la cara colorado”. Y agregó que además “dio cuenta de que el imputado estaba lúcido y que más allá de la conmoción natural por el golpe se había levantado por sus propios medios antes de realizar la acción referida”.

Los argumentos de la defensa no le restan entidad probatoria a lo perfectamente valorado en la condena, puesto que en ningún momento el testigo G. demostró indicios de mendacidad o de favorecer a una parte. Véase que el referido no sobredimensionó la situación, si bien aclaró que T. acercó “suavemente” la mano al rostro de M. también destacó que inmediatamente después advirtió que tenía ese lado de la cara colorado. Ello lleva a concluir que explicó todo lo que observó, descartando, sin dejar lugar a dudas, un golpe de puño de parte del imputado a la damnificada, en clara sintonía con el hecho imputado, conforme fuera descripto en la sentencia cuestionada.

En cuanto a las críticas sobre las múltiples etiologías que podrían haber provocado la lesión, el juez ponderó que lo expuesto por ambos testigos se corresponde con la lesión acreditada en los peritajes obrantes a fs. 644/646 y 647/652, allí se consignó que se produjo debido a “un golpe con o contra un cuerpo duro o algún otro, como ser la compresión, que habría dejado una impronta similar”.

Sobre las cuestiones planteadas por la defensa en cuanto al golpe en el codo que no se habría acreditado, el a quo explicó –a mi modo de ver adecuadamente– que si bien “se han mencionado dos lesiones puntuales, una derivada de un empujón y la otra por el daño en la mejilla, que ocasionaron sendas equimosis, lo cierto es que al menos la de la mejilla es indudable y producto de la acción del imputado, mientras que la segunda podría haber sido anterior o por lo menos no concomitante con la primera, dado la diferencia de colores producto por la descomposición de la hemoglobina, como lo expresara el Dr. A. M. en la pieza de fs. 343”.

Finalmente, el juez de la instancia anterior consideró que la versión del imputado negando la ocurrencia del suceso, fue un vano intento para deslindar su responsabilidad, decidiendo extraer testimonios contra los testigos I. y F. ante la posible comisión de un delito de acción pública. No habiendo presentado la defensa argumentos que permitan poner en crisis aquella decisión.

En definitiva, entiendo que el tribunal ha partido de considerar las circunstancias apuntadas en el fallo a la luz de lo que marcan los criterios más elementales de la experiencia general, el sentido común y la lógica.

Vale recordar, como lo señaló el colega Sarrabayrouse en el precedente de esta cámara “Hernández”(2) que “una decisión jurisdiccional será legítima en tanto sólo una duda bien razonada acredite ser una ‘duda razonable’ (…)”. Y que, “la consistencia de la duda no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos proclives a la condena; y a la inversa, la contundencia de la hipótesis condenatoria tampoco se mide en sí, sino según su capacidad para desbaratar la presunción de inocencia y la propuesta absolutoria”.

La Corte Suprema tiene dicho que la arbitrariedad de la sentencia se configura, entre otros casos, cuando se han considerado las pruebas, los indicios y presunciones en forma fragmentaria y aislada, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio; y en especial, cuando se ha prescindido de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de los elementos probatorios entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios (Fallos: 308:641). Tal cuadro de situación dista de configurarse en este caso, por las razones expuestas.

Por todo lo hasta aquí señalado, cabe concluir que la reconstrucción histórica de los sucesos que el magistrado correccional ha desarrollado en la sentencia impugnada se ajusta a los parámetros normativos que la rigen, sin que las alegaciones ensayadas en su contra conmueven su consistencia como pieza jurídica. Corresponde, entonces, el rechazo del recurso en cuanto este agravio corresponde (artículo 456, inciso 2º, a contrario sensu, del CPPN).

3. En forma subsidiaria, la defensa sostuvo que la acción de su pupilo era atípica por insignificancia de las consecuencias que habría sufrido la damnificada, dado que “no satisface el umbral mínimo de lesividad para que la misma sea considerada penalmente relevante”.

En este sentido, refirió que la lesión que se desprende de los informes médicos no es más que un enrojecimiento de la piel, que se habría producido por un pellizco o un apretón del cachete. Por lo que afirmó que esa afectación, no tiene relevancia a los fines penales.

Finalmente, manifestó que no debe olvidarse que entre los principios que delimitan la intervención penal se encuentran los principios de racionalidad, proporcionalidad y ultima ratio.

3.1. Corresponde aclarar que el planteo referido al principio de insignificancia de la entidad de la lesión no fue efectuado por la defensa en su alegato, sin perjuicio de lo cual daré tratamiento conforme la doctrina del fallo “Casal” ya citado de “revisar todo lo revisable”.

No obstante, lo cual adelanto, desde ya, que este motivo de casación no habrá de prosperar, pues la parte impugnante se limitó a plantear un supuesto de insignificancia sin rebatir que la figura en cuestión no dice nada sobre el grado de daño o afectación que sufre el cuerpo o la salud de la víctima.

En ese sentido, al referirme a la insignificancia jurídica en casos relativos al valor pecuniario de la cosa sustraída, señalé tal como lo venía sosteniendo desde mi intervención como juez de la Cámara de Apelaciones del fuero(3), que “la figura legal en cuestión (art. 164 del CP) nada dice sobre el grado de afectación que debe sufrir el patrimonio ajeno para afirmar la tipicidad de la conducta, limitándose a describir como prohibido el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, parcial o totalmente ajena. La manera en que se encuentra legislado el robo, cualquiera sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte del desapoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el artículo referido”(4).

Sobre esa base de análisis, sostuve que el principio de insignificancia sólo puede operar cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter. Es que los delitos del capítulo no atienden a la entidad de la lesión patrimonial, sino a la violación al derecho de propiedad, independientemente del mayor o menor valor de la cosa, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena, de conformidad con lo establecido en el art. 41 del Código Penal(5).

En este caso, la defensa no logra demostrar por qué habría que aplicar la teoría de la insignificancia jurídica a un caso como el presente, pues “mutatis mutandi” la mayor o menor entidad de la lesión acreditada sólo es relevante a los fines de graduar la pena, de conformidad con lo establecido en el art. 41 del Código Penal. Adviértase, como ya se dijo que no se puede medir la entidad o el daño de las lesiones, de acuerdo con lo que surge del artículo 89 CP. Es más, la forma de descripción legal del tipo, que podría denominarse “por descarte”, ya que reprime todo daño “que no esté previsto en otra disposición de este código”, es demostrativa que incluye todo tipo de lesión. Solo resta agregar que la escasa entidad del resultado producido, encuentra su adecuado reconocimiento en la condena, ya que el juez de la instancia anterior decidió imponer la pena mínima establecida para el delito imputado.

Por estos motivos no habrá de prosperar la crítica de la defensa.

4. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de P. T. en todo cuanto fuera materia de agravio y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida; con costas (arts. 456 a contrario sensu, 459, 465, 468, 469, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 CPPN).

El juez Gustavo A. Bruzzone dijo:

Que adhiero al voto del juez Rimondi.

La jueza Patricia Marcela Llerena dijo:

Atento a que en el orden de deliberación los jueces Rimondi y Bruzzone han coincidido en la solución que cabe dar al recurso de casación intentado, he de abstenerme de emitir voto, por aplicación de lo establecido en el art. 23, último párrafo, del CPPN (texto según ley 27.384, B.O. 02/10/2017).

Como mérito del acuerdo que antecede, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal resuelve:

I. Habilitar feria extraordinaria exclusivamente para el dictado de la presente resolución. II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de P. T. en todo cuanto fuera materia de agravio y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida; con costas (arts. 456 a contrario sensu, 459, 465, 468, 469, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 CPPN).

Los jueces Gustavo A. Bruzzone y Patricia M. Llerena emitieron su voto en el sentido indicado, pero no suscriben la presente en cumplimiento de las acordadas nº 4/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las acordadas nº 1, 2, 3 y 4/2020 de esta Cámara. Regístrese, comuníquese (Acordada 15/13, CSJN; Lex 100).

Los plazos para recurrir comenzarán a correr una vez levantada la feria extraordinaria (Acordadas 14/2020, 18/2020, punto 5º CSJN, y 7/2020 de esta Cámara, pudiendo las partes requerir la habilitación de feria mediante presentación digital ante la Mesa de Entradas de la Oficina Judicial de esta Cámara).

Remítase la causa oportunamente, una vez concluida la feria judicial extraordinaria (cfr. acordada nº 8/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Sirva la presente de atenta nota de envío. – Jorge L. Rimondi (Sec.: Santiago A. López).

(1) CSJN, Fallos 328:3399.

(2) CNCCC, Sala II, causa “Hernández, Salvador Alberto s/ recurso de casación”, rta. 9.9.16, reg. 698/2016.

(3) CNACC, Sala I, “Alderete”, rta. el 31 de octubre de 2016, causa nº 50.442/15.

(4) CNCCC, Sala 1, “Petelin y Martínez”, rta. el 16 de julio de 2019, Reg. nº 938/19, jueces Rimondi, Bruzzone y Llerena.

(5) CNACC, Sala I, “Carrizo”, rta. el 16 de abril de 2007, causa nº 30684, entre muchas otras.

T., P. s/recurso de casación
Tribunal: Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional – Sala I | Nación
Fecha del fallo: 11-06-2020