Juicio Ejecutivo. Reconocimiento de Firmas Insertas en Pagarés. Lugar de Creación. Excepción de Inhabilidad de Título. Plenario

Ejecutivo. Pagarés. Excepción de inhabilidad de título. Lugar de creación. Plenario. Reconocimiento de firmas

«por fuera de la calificación que merezca el título, cuestión que en definitiva debe hacer el Juez por ser de su atingencia, si ha sido reconocido el documento, y con ello el crédito en el contenido, y éste es líquido y exigible, queda habilitado el procedimiento ejecutivo escogido».-

Fallo completo:

Barreña, Hugo Daniel c/Vila, Mariana Edith s/ejecutivo y medida cautelar – Cám. Civ. Com. Lab. y Min. General Pico – B – 19/03/2021

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados «BARREÑA, Hugo Daniel c/ VILA Mariana Edith s/ EJECUTIVO Y MEDIDA CAUTELAR» (expte. Nº 6830/20 r.CA), venidos del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras – Circ. II.-

El Dr. Horacio A. COSTANTINO, sorteado para emitir el primer voto, dijo:

1. Hugo Daniel Barreña promovió juicio ejecutivo contra Mariana Edith Vila por la suma de $ 30.000, con más actualización, intereses y costas. Reclamó el importe de cinco pagarés de $ 6.000 suscriptos por la demandada, que no fueron abonados a su vencimiento. Dijo que Vila fue intimada a pagar en reiteradas oportunidades pero no dio respuesta alguna.

El a quo mandó llevar adelante la ejecución por la suma reclamada, con más la presupuestada provisoriamente para intereses y costas.

Vila opuso excepción de inhabilidad de título. Expresó que los pagarés carecían del «lugar de creación», lo que los transformaba en títulos nulos de nulidad absoluta. También manifestó que los pagarés «se han realizado en fraude a la ley», por lo que negó adeudar la suma reclamada. Sostuvo, asimismo, que con el actor entabló una relación de consumo y que ni los pagarés ni el boleto de compraventa del automotor que aportó cumplen con lo normado por la LDC.

La ejecutante pidió que se rechace la defensa, con expresa imposición de costas.

Según el Fiscal General, no se encuentran comprometidas normas de orden público establecidas en defensa del consumidor.

El a quo citó el plenario «Krshichanowsky» y sostuvo que si bien no se consignó en los pagarés el lugar de creación ni se preparó la vía ejecutiva, son perfectamente válidos como título ejecutivo en razón de que se trata de instrumentos privados que contienen una obligación de dar una suma de dinero y la accionada no negó que la firma le pertenceciera. Añadió que habiéndose consignado en los documentos ejecutados tanto el lugar de pago como el domicilio del suscriptor, cabe presumir que el lugar del domicilio corresponde al de creación del titulo. Por otra parte, expresó que no bastaba denunciar que los documentos tienen origen en una relación de consumo sino que era necesario probarlo, considerando que no existían indicios suficientes para acreditar que las partes estaban vinculadas por una relación de consumo. Por todo ello rechazó la excepción interpuesta.-

Vila apeló y expresó agravios. El ejecutante contestó en tiempo y forma.

2. La ejecutada insiste en que en los pagarés no se especifíca el lugar en que fueron creados y se agravia porque la ley no habilita a suplir la falta de esa indicación con el lugar designado al lado del nombre del firmante como sucede en las letras de cambio. Vuelve a argumentar que la excepción de inhabilidad de título es procedente si el instrumento presentado no reúne los requisitos del art. 101 del Decreto Ley 5965/63.

En casos similares al presente (exptes. 432/95, 1254/99, 2583/03, 5273/13 y 5783/16, todos r.C.A.), esta Cámara adoptó un criterio opuesto al que pregona la apelante. Siguió el plenario de la C.N.Com. en autos «Krshichanowsky c/ Weliki», donde se decidió que, aún cuando el pagaré carezca de lugar de emisión, puede valer como título ejecutivo «cuando es invocado como instrumento privado continente de una promesa de dar dinero, o es hábil para fundar la sentencia ejecutiva cuando luego de despachada la ejecución quien le imputa la omisión de esa mención no acompaña su argumento defensivo con una explicación sobre el motivo por el cual esa ausencia debiera obstar al cobro de tal quirógrafo» (ED 95-641; LL 1981-D-254; JA 1981-IV-85)».

Dicho criterio jurisprudencial, es perfectamente aplicable al caso, pues el art. 494, inc. 2, del Código Procesal, acuerda fuerza ejecutiva al «instrumento privado suscripto por el obligado reconocido judicialmente», aunque su deficiencia formal impida considerarlo «pagaré». En tal sentido, los títulos ejecutados acreditan la obligación asumida por el demandado de abonar una suma de dinero líquida y exigible, lo que satisface los requisitos del art. 491, C. Pr. (conf. exptes. N° 5273/13 y 5783/16, r.C.A.).-

El excepcionante omitió toda mención a las firmas que se le atribuyen, razón por la que debe tenerse a los instrumentos por reconocidos. La negativa de la deuda por parte del ejecutado es, entonces, irrelevante, pues la habilidad de los instrumentos privados no depende de que se admita su existencia sino que basta con que, expresa o tácitamente, se reconozca la firma del documento y éste acredite la existencia de una obligación exigible de dar una suma líquida (conf. exptes. N° 432/95, 5273/13 y 5783/16, r.C.A.).

En la causa N° 5273/13 se ha dicho al respecto que “si la parte demandada debidamente intimada de pago no ha desconocido en tiempo oportuno la firma estampada al pie del instrumento, ni tampoco ha invocado supuesto alguno de adulteración material del mismo, ni su falta de exigibilidad, ha quedado reconocido el cuerpo del instrumento (art. 1026 y 1028, C.C.) y purgada cualquier deficiencia formal sobre la que se pretenda cuestionar la habilidad del título (Cám 2° Apel. Civ y Com, La Plata, Sala I, 15/2/07, Lexis, N° 14/114872, citado en Highton-Areán, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…», t. 9, p. 406, comentario de Andrés Fraga).-

En conclusión, como se dijera en las causas N° 432/95, 5273/13 y 5783/16 (r.C.A.), «por fuera de la calificación que merezca el título, cuestión que en definitiva debe hacer el Juez por ser de su atingencia, si ha sido reconocido el documento, y con ello el crédito en el contenido, y éste es líquido y exigible, queda habilitado el procedimiento ejecutivo escogido».-

Por todo ello debe rechazarse el primer agravio.-

3. En otro orden de cosas, la apelante sostiene que estamos en presencia de una relación de consumo y se agravia porque la actora no dio estricto cumplimiento a lo establecido por el art. 36 LDC. Expresa que sus requisitos no aparecen especificados ni en el boleto de compraventa ni en los pagarés ejecutados.-

¿Estamos efectivamente ante una relación de consumo? Al respecto, el a quo destacó que para encuadrar el caso en la ley 24.240 el deudor debe probar «que se trata de una relación de consumo …».

La apelante no pone en tela de juicio tal observación y se empeña en demostrar que estamos ante una relación de consumo. Manifiesta que adquirió el automotor en forma onerosa como destinatario final para beneficio propio y de su familia y que la actora se dedica habitualmente a la comercialización de vehículos nuevos y usados. Afirma que acreditó la relación de consumo con el boleto de compraventa, el acta constitutiva de la sociedad de hecho que integra la actora y con sus propios dichos.

Como se aprecia, los elementos de juicio descriptos apuntan a la condición de proveedor del ejecutante. Empero, como sostiene la ejecutante, la apelante no demuestra que la compraventa fue realizada en el marco de una relación de consumo ni acredita el destino del bien adquirido, lo que deja dudas sobre su carácter de consumidor.

Por otra parte, no hay razones para suponer siquiera que nos encontramos ante una operación de crédito para el consumo. Como apuntó el sentenciante, el art. 36 LDC se refiere a los recaudos que deben consignarse al documentar «… las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo…».

Al respecto, no existe elemento de juicio alguno para suponer que la operación de compraventa que nos ocupa pueda enmarcarse en los supuestos previstos en la citada norma, pues la apelante ni siquiera insinúa que el importe de las cuotas oculte un recargo motivado por el otorgamiento de un crédito.

De conformidad al análisis efectuado, el agravio debe ser desestimado.

4. Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto, con costas. Es mi voto.

El Dr. Roberto M. IBAÑEZ, sorteado para emitir el segundo voto, dijo: –

Por sus fundamentos, adhiero al voto del colega preopinante.

En consecuencia, la SALA B de la Cámara de Apelaciones:

RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada a fs. 75, con costas.

II) Regular los honorarios de Alzada del Dr. Carlos Pedro FEBRE en el …% de los fijados para la primera instancia a los abogados del ejecutante, y los de la Dra. Adriana Claudia OLOÑERO en el …% de los regulados en la instancia anterior, en ambos casos más el IVA si correspondiere.

Protocolícese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen

Dr. Roberto M. IBAÑEZ

Juez de Cámara

Dr. Horacio A. COSTANTINO

Juez de Cámara

Dra. María Teresa SALVATIERRA

Secretaria de Cámara Civil

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