Interdicto de Recobrar: Necesidad de Acreditar la Ocupación Efectiva al Momento del Despojo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, en un caso de deducción de interdicto de recobrar, resolvió confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia, en tanto no hizo lugar al mismo.

La Sala remarca que «Para que proceda ese interdicto es menester que la ocupación efectiva, calificada por el artículo 614 del código procesal aparezca clara e indudable al momento del despojo, por lo que si la prueba producida no lograr formar esa certidumbre, debe rechazarse».

Añade a lo anterior que «Por medio de este interdicto se pretende recomponer un «estado de hecho existente» con prescindencia de toda ponderación sobre la «situación de derecho» que corresponda al bien de que se trate, sea con relación a las partes o con terceros. Compete a quien demanda, acreditar fehacientemente tal presupuesto, con el fin de que la jurisdicción, acoja o rechace la petición».

Aclara que «..El pago de tasas o tributos del inmueble sobre el que recae el interdicto de recobrar, no constituye «acto posesorio» si no exhibe `antes´ que la intención de poseer (animus), el hecho cierto de la detentación (corpus)».

La Sala remarca que «Por amplia que sea la protección que acuerda el interdicto de recobrar, ella no puede llegar al extremo de servir como base para `mantener indefinidamente una situación de hecho´ que podría o no tener algún fundamento jurídico, pero que en caso de tenerlo `debió hacerse valer por el interesado, para consolidar su derecho subjetivo´».
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–Expediente Nº 33.290/ 1980–

-Autos caratulados:

«HOMME de DE ROSA, IRMA N. c. ARZANI de MURACCIOLI, LUISA

y OTRO s. INTERDICTO DE RECOBRAR»

-Tribunal: -Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil-

-Sala: A

-Fecha: 13/ 05/ 1980.

-Cita: El Derecho, Tomo 89, página 225.

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Buenos Aires, 13 de mayo de 1980.

¿La sentencia apelada es justa ?

El doctor de IGARZÁBAL dijo :

1º. Se agravia la actora porque el sentenciante no hizo lugar al interdicto de recobrar, oportunamente deducido.

2º. Para que proceda el interdicto de recobrar, es menester que la ocupación efectivamente aparezca clara e indudable al momento del despojo, por lo que si la prueba acumulada no logra formar la certidumbre, debe rechazarse.

Tal ocupación efectiva, aparece concretamente calificada por el art. 614 del Código Procesal en un inciso 1, entendiéndose por tal a la posesión actual o tenencia de un bien mueble o inmueble.

Con este instituto se pretende recomponer un estado de hecho existente con prescindencia de toda ponderación sobre la situación de derecho que corresponda al bien de que se trata, sea con relación a las partes o con terceros.

Compete, en consecuencia, a quien demanda acreditar fehacientemente tal presupuesto a fin de que la jurisdicción, ponderando las demás circunstancias (inc. 2º, artículo aludido), acoja o rechace la petición.

Implementa tal premisa, la letra y el contenido del art. 2490 del cód. civil, en cuanto acuerda la «acción de despojo» a todo poseedor o tenedor, «sin obligación de producir título alguno contra el presunto despojante».

Por ello, que el juzgador debe poner especial énfasis en exigir que con toda certeza aparezca evidente el carácter de «tenedor» o «poseedor» que se invoca.

Cabe adelantar al respecto, que el pago de tasas o tributos referentes al inmueble, no constituye verdadero acto posesorio en tanto y en cuanto no exhiba adecuadamente, «antes que la intención de poseer, (animus) el hecho cierto de la detentación (corpus) «. Esto último es concretamente lo que protegen las aludidas normas formal y sustancial.

Es importante señalar, que por amplia que sea la protección que se acuerda por vía de un interdicto –de recobrar, en el caso–, ella no puede llegar al extremo de servir de base para mantener indefinidamente una situación de hechos que podría o no tener algún fundamento jurídico, «pero en caso de tenerlo debió hacerse valer por el interesado, para consolidar su derecho subjetivo». (i) .

3º. Yendo a la prueba rendida en estos autos, la misma no aparece con solvencia adecuada, para permitir al juzgador su apreciación, según los parámetros señalados.

Así valorados como ya se ha estimado, los comprobantes de pagos de cargas fiscales, su sola presentación resultaría insuficiente al fin promocionado.

Era menester acreditar el hecho cierto de la tenencia ejercitada por la presentante -no interesando en qué carácter- del bien de que se trata.

No resulta convincente por ello, lo declarado por A. M., a fs. 62 vta., quién al respecto «lo que conoce lo es por referencia de la actora».

Parecidamente se expresa R. G., a fs. 63, quien aparece ignorante aún respecto de la situación geográfica del bien de que se trata informada por la actora, respecto del ejercicio de la tenencia por ésta del bien aludido.

Los demás testigos nadas saben excepto que se lo informara la actora.

En cambio, de la prueba aportada por la demandada, «resulta la total desvinculación de la actora respecto del bien en cuestión».

Los elementos de prueba de la actora, se suyo insuficientes como para acreditar el primer extremo exigido por el art. 614 del código procesal, «tampoco permitirían, en su caso, deslindar la exigencia del segundo recaudo previsto en el inciso 2º de dicha norma formal, esto es la existencia de despojo mediante «violencia o clandestinidad».

Dada la necesaria simultaneidad de la vigencia de ambos presupuestos procesales para originar la validez del reclamo, lo sentenciado por el juez de primera instancia, bien resuelto está.

Los doctores ESCUTTI PIZARRO y DI PIETRO, votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el doctor de IGARZÁBAL.

–SENTENCIA DE CÁMARA–

A mérito de la votación que instruye el acta que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide. Las costas de alzada se imponen en el orden causado.

JORGE ESCUTTI PIZARRO. JUEZ DE CÁMARA.

ALFREDO DI PIETRO. JUEZ DE CÁMARA.

FÉLIX R. DE IGARZÁBAL. JUEZ DE CÁMARA.

Ante mí

DIEGO N. QUIRNO. SECRETARÍA DE CÁMARA.

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–REFERENCIA–

(i) Cfr. esta Sala, julio 11 – 1969, La Ley, 138-933, 23.607-D.

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