Exclusión del Hogar. Prohibición de Acercamiento. Violencia

Los antecedentes reseñados evidencian la necesidad de resguardar a la víctima. por medio de las medidas urgentes adoptadas por la juez de grado, cuyo objetivo es la protección inmediata de la víctima en los términos de los arts. 5, inc. “d” y 8, inc. “a” de la ley 27.372. Ello, sin perjuicio de mi criterio en cuanto al órgano que luego debe continuar con el control de la disposición, que he expuesto en casos de medidas de seguridad, pero que resulta aplicable a la presente.

Fallo completo:

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Le corresponde intervenir a esta Sala con motivo del recurso de apelación deducido por la defensa contra el punto III del auto del auto del 21 de octubre pasado, mediante el cual resolvió excluir por el término de treinta (30) días a P. M. J. del inmueble sito en Oliden n° (…) de esta ciudad, como así también implantar consigna allí para resguardar la integridad física del damnificado G. M. y punto IV, disponer la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a trescientos (300) metros del domicilio referido o y/o del lugar donde se encuentre el nombrado M., como así también de contacto para con este último por cualquier medio y/o por interpósita persona.

Presentado el memorial de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General de esta Cámara del 16 de marzo de 2020, la cuestión traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

El juez Ignacio Rodríguez Varela dijo:

En el punto I de la decisión del 21 de octubre pasado se resolvió declarar inimputable a P. M. J. y, en consecuencia, decretar su sobreseimiento en función del inciso 5° del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación. También, además de ordenarse su inmediata libertad, se dio intervención a la justicia civil en los términos de la ley 26.657 -habiendo resultado desinsaculado el Juzgado Civil n° 82, expte. N° 82.902/21-. Nada de ello fue materia de recurso, por lo cual ha adquirido firmeza.

La discusión se centra en la posibilidad de que, pese a haberse dispuesto la desvinculación del imputado, el juez decrete medidas de emergencia, en este caso, la exclusión del hogar -por el término de treinta días-, implantación de una consigna en el domicilio de la víctima y, finalmente, la prohibición de acercamiento y contacto a una distancia inferior a 300 metros.

Para ello resulta útil recordar que, en estos actuados, se atribuyó a J. haber agredido físicamente a G. M. con la intención de quitarle la vida mediante la utilización de un elemento corto punzante, el 19 de octubre pasado, alrededor de las 23.00, en el interior de la finca sita en Oliden n° (…) de este medio -donde ambos residen-. En esa ocasión, J. intempestivamente ingresó a la habitación de la víctima portando un cuchillo en las manos, manifestándole “si no te vas de acá te mato”, para seguidamente abalanzarse sobre su persona y colocar el cuchillo sobre su cuello provocándole un corte en el lado izquierdo. Luego, M. huyó hacia la terraza del inmueble, generándose allí un forcejeo y posteriormente salió a la calle requiriendo la presencia policial que acudió al lugar y concretó la detención del encausado.

El Cuerpo Médico Forense estimó que, si bien sus facultades mentales encuadraban dentro de la normalidad, en atención a sus antecedentes de consumo excesivo de alcohol resultaba verosímil que al momento de los hechos no hubiese poseído la autonomía psíquica suficiente como para comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones. Por ende, se enmarcó su situación en el inc. 1° del art. 34 del C.P.

Aunque relacionado, en concreto, al caso de medidas de seguridad, me he pronunciado en relación a la naturaleza de orden público de las competencias tutelares, y he afirmado que no existe fundamento legal ni en el orden de la prudencia para la renuncia o declinación de la expresa jurisdicción que el legislador asigna al fuero penal en los artículos 34, inciso 1°, in fine del Código Penal y 511 del Código Procesal Penal de la Nación (Sala IV, causas N° 36.450/20, “P., D. J.”, rta. 13/4/21 y N° 30.239/20, “R., G. A.”, rta. 19/8/20, entre otras), ratificada en la expresa salvedad del artículo 23 in fine de la Ley 26.657.

Ello también aplica mutatis mutandi para el caso de las medidas tuitivas que los jueces penales disponen en cumplimiento de las normas de protección de las víctimas -como ha ocurrido aquí- con más razón cuando se trata de medidas de menor intensidad que las internaciones propias del régimen antes mencionado.

En ese contexto, las medidas dispuestas por la juez de grado han procurado la continuidad del marco mínimo de contención implicado en su intervención como Magistrada preventora, en tanto no se limitó a decretar la libertad de J., sino que asumió la competencia que le asigna la ley, en tanto dispuso medidas de protección a la víctima que, a raíz de la violencia y gravedad de los hechos, podría encontrarse en peligro. Tanto la exclusión del domicilio como la prohibición de acercamiento consisten en medidas de protección urgentes cuyo objetivo es el amparo inmediato de la víctima. La juez de grado ha efectuado la prognosis de una situación que amerita una inmediata adopción de dispositivos tuitivos, estimación que en este caso siquiera ha sido discutida, pues media por parte de la defensa una impugnación meramente formal.

Incluso, debe destacarse que, conforme surge del sistema informático LEX 100, actualmente J. se encuentra procesado con prisión preventiva por desobediencia, por haber incumplido las medidas antedichas el 25 de octubre pasado, es decir, a tan solo cuatro días de haber sido ordenadas -ver causa n° 47.836/21-.

Es preciso entonces, procurar la efectiva continuidad del marco mínimo de contención, cuanto menos de manera provisoria, aunque posteriormente se la traslade a conocimiento del juez del fuero civil -quien tomará a su cargo el asunto y resolverá acerca de su continuidad o cese, debiendo librarse para ello las pertinentes comunicaciones-, como incluso se ha reconocido en torno a la ejecución de las medidas de protección, que diera lugar a soluciones más invasivas y restrictivas, tales como una eventual internación en el sistema PRISMA, como lo ha aceptado en esos casos, y con el mismo alcance provisorio y urgente, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (Sala I, 21020/2020/CNC1, “B. Z., F.”, rta. 2/7/20, reg. N° 1826/2020 y Sala II, 34548/2020/CNC1, “C., E. E.”, rta. 28/10/20, reg. N° 3056/2020).

En definitiva, debe destacarse que se trata de una cuestión de orden general, de derecho común; que puede y debe ser atendida cuando sea pertinente por los jueces de este fuero, aunque no resulte directamente vinculada a la acción penal. En ese sentido, las previsiones de la Ley N° 27.372 para la universalidad de las víctimas subrayan la autonomía de su tutela, en relación a la estricta pretensión penal al autorizar las medidas de protección aún luego de dictada la condena -artículo 13- (in re, Sala IV causa Nº 39.802/20 “R., A. O.”, rta. 18/11/20 y 54.932.20, “V.”, rta. 2/7/21).

Sustentan lo expuesto el contenido de la aludida Ley N° 27.372, al igual que el reformado artículo 80, inciso “c”, del CPPN y el artículo 12, del CPPF, que otorgan a la víctima no solo facultades eminentemente procesales sino un derecho autónomo a su protección integral. En efecto, la Ley de Protección Integral a las Víctimas dispone la necesidad de adoptar medidas de protección a los damnificados (artículo 5, inciso d) y presume la existencia de peligro si se trata de una víctima de un delito contra la vida (artículo 8, inciso a), como sucede en este caso.

Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a trescientos (300) metros del domicilio referido o y/o del lugar donde se encuentre G. M., como así también de contacto para con este último por cualquier medio y/o por interpósita persona, corresponde circunscribirla al plazo de sesenta días.

Por último, en la instancia anterior deberán remitirse copias de la presente al Juzgado Nacional en lo Civil n° 82 a efectos, como se mencionó, que resuelva lo que corresponda respecto de la continuidad, cese o modificación de las medidas.

El juez Julio Marcelo Lucini dijo:

Los antecedentes reseñados por mi colega preopinante evidencian la necesidad de resguardar a G. M. por medio de las medidas urgentes adoptadas por la juez de grado, cuyo objetivo es la protección inmediata de la víctima en los términos de los arts. 5, inc. “d” y 8, inc. “a” de la ley 27.372. Ello, sin perjuicio de mi criterio en cuanto al órgano que luego debe continuar con el control de la disposición, que he expuesto en casos de medidas de seguridad, pero que resulta aplicable a la presente (ver mutatis mutandis CCC, Sala VI, causa N° 33394/18 “S., L. s/internación”, rta. 25/6/18 y, Sala I, causa N° 4664/18 “R., F. M. s/medida de seguridad”, rta. 13/8/20).

En consecuencia, adhiero a la solución planteada en el voto del juez Rodríguez Varela.-

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR los puntos III y IV de la decisión del 21 de octubre de 2021 con los alcances que surgen de la presente resolución, y aclarar que la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a trescientos (300) metros del domicilio referido o y/o del lugar donde se encuentre G. M., como así también de contacto para con este último por cualquier medio y/o por interpósita persona lo será por el término de sesenta días.

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Pablo Guillermo Lucero integran esta Sala conforme las designaciones efectuadas en los términos del artículo 7 de la ley 27.439, mas el último no interviene por verificarse lo dispuesto en el artículo 24 bis del Código Procesal Penal de la Nación.

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA

JULIO MARCELO LUCINI

Ante mí:

Cecilia A. De Giacomi

Prosecretaria de Cámara

J., P. M. s/medidas cautelares – Cám. Nac. Crim. y Correc. – V – 09/11/2021

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