Ejecución de Honorarios del Abogado. Ley 27.423. Traba de Embargo. Admisimiblidad

…»cabe recordar que el art. 54 de la Ley 27.423 establece que los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme la resolución regulatoria, previéndose que la acción de cobro de los mismos tramitará por la vía de ejecución de sentencia (en igual sentido, art. 500, inc. 3 del CPCCN), vía procesal que articuló el letrado patrocinante de la parte actora pare reclamar el pago de sus estipendios al condenado en costas»…

Biocca, María Isabel c/INSSJP s/amparo ley 16.986 – Cám. Fed. Bahía Blanca – I – 15/06/2021

Bahía Blanca, 15 de junio de 2021.

VISTO: Este expediente nro. FBB 10725/2020/CA3, caratulado: “BIOCCA, MARIA ISABEL c/INSSJP s/AMPARO LEY 16.986”, originario del Juzgado Federal nro. 2 de esta ciudad, puesto al Acuerdo para resolver el recurso de apelación de fs. 141 contra la resolución de fs. 140.

El señor Juez de Cámara, Roberto Daniel Amabile, dijo:

1. Llegan los autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Carlos Alberto Bur, letrado patrocinante de la parte actora, contra la resolución de la Jueza de grado que no tuvo por promovida la ejecución de honorarios peticionada oportunamente por el mencionado.

2. En su memorial de agravios, el abogado sostuvo que la negativa de tener por promovida la ejecución de los honorarios que le fueron regulados en las presentes actuaciones, implica denegársele al suscripto el acceso a la tutela judicial efectiva respecto a un derecho alimentario, impidiendo solicitar medidas cautelares para asegurar el cobro de los mismos y coartando la posibilidad de iniciar un proceso que le devengaría, a su vez, nuevos honorarios.

3. Corrido el traslado del memorial, contestó el apoderado de la parte demandada, oportunidad en la que rebatió los agravios invocados por el recurrente, solicitando que se rechace la apelación deducida (fs. 151/152).

4. Analizadas las constancias de la causa, se observa que el Dr. Carlos Alberto Bur promovió ejecución por la cantidad de 39,7 UMA (equivalentes a $145.597,40 a la fecha la presentación, según Ac. 1/2021 CSJN), con más adicional de ley, IVA e intereses, correspondiente a los emolumentos que se le regularon en las presentes actuaciones como letrado patrocinante de la parte actora (134/135).

Que en respuesta a tal presentación, la Jueza a quo dispuso la intimación, fundada en el art. 504 del CPCCN, para que la obra social demandada abone la suma adeudada en el término de cinco días, rechazando el pedido de embargo (fs. 136).

Seguidamente, el Dr. Bur insistió con su anterior presentación, solicitando que sea proveída y que se tenga por formalmente entablada la ejecución de honorarios allí promovida, a lo que se le replicó que por el momento no se le hacía lugar, debiéndose estar a lo informado por el INSSJP el día 9/3/2021 (fs. 139).

Disconforme con tal decisorio, el interesado interpuso recurso de apelación, el que fue finalmente concedido por esta Alzada luego de hacer lugar a la queja oportunamente interpuesta contra el auto denegatorio de la magistrada interviniente.

5. Sentado ello, cabe adelantar que habrá de propiciarse el acogimiento de la apelación interpuesta, en el entendimiento de que la Jueza de grado debió haber dado trámite oportuno a la ejecución de honorarios promovida por el recurrente.

Dicho trámite se encuentra previsto expresamente, tanto en la Ley Arancelaria, como en el código ritual, estableciéndose como únicos presupuestos para su procedencia, por un lado, que se verifique la existencia de una regulación firme y, por el otro, que se constate la mora del obligado al pago.

En tal dirección, cabe recordar que el art. 54 de la Ley 27.423 establece que los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme la resolución regulatoria, previéndose que la acción de cobro de los mismos tramitará por la vía de ejecución de sentencia (en igual sentido, art. 500, inc. 3 del CPCCN), vía procesal que articuló el letrado patrocinante de la parte actora pare reclamar el pago de sus estipendios al condenado en costas.

Ahora bien, analizada la constancias de la causa, se advierte que el 19 de febrero pasado, esta Alzada elevó la regulación del Dr. Carlos Alberto Bur, fijándolo en la suma de 29 UMA por el proceso principal y la medida cautelar, y 8,7 UMA por la labor en segunda instancia, todo ello con más el adicional de ley e IVA, estableciendo, asimismo, que las costas de ambas instancias quedaban a cargo de la demandada vencida (fs. 128/131).

Tal resolución fue notificada en esa misma fecha, por lo que se encuentra ejecutoriada, tal como lo prescribe el art. 499, párrafo 1° del CPCCN. Además, conforme lo manifestado por el letrado recurrente, han transcurrido más de diez días sin que los honorarios sean abonados en su totalidad, constituyéndose la mora de la obligada al pago, la que en el caso opera por el solo vencimiento del plazo establecido en la norma mencionada, quedando de ese modo expedita su ejecución, sin que sea menester ninguna otra interpelación.

En efecto, al verificarse en el caso los presupuestos legales para llevar adelante la ejecución de los honorarios, la Magistrada de grado no debió realizar intimación alguna, sino ordenar el embargo peticionado por el ejecutante de acuerdo a lo prescripto por el art. 502 del CPCCN, y luego de la traba del mismo, citar de venta a la ejecutada (art. 505, CPCCN), para que oponga alguna de las excepciones previstas en el art. 506 del citado digesto de normas.

Cabe insistir una vez más que en estos casos no es necesaria intimación de pago alguna, dado que la notificación de la sentencia cumple esa función.

Así pues, la interpelación ordenada por la a quo con sustento en el art. 504 del CPPN in fine, no se encuentra ajustada a derecho, siendo ello una facultad que dispone el ejecutante que no ha sido utilizada en el presente caso, peticionándose directamente el cobro los estipendios por la vía de ejecución, la que debió tramitarse inmediatamente.

Es por ello que corresponde revocar el decisorio recurrido y devolverse las actuaciones a primera instancia para que allí se proceda conforme las normas previstas en el art. 499 y cc. del CPCCN.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Se haga lugar a la apelación interpuesta a fs. 141 y, en consecuencia, se devuelvan las actuaciones a primera instancia para que se proceda conforme lo previsto por el art. 499 y cc. Del CPCCN. Con costas a la demandada, sustancialmente vencida (arts. 68 y 69 del CPCCN).

ES MI VOTO.

El señor Juez de Cámara, doctor Pablo A. Candisano Mera, dijo:

Analizadas las constancias obrantes en la causa, comparto en lo sustancial los fundamentos propiciados por el Dr. Amabile, por lo que adhiero a su voto.

Por ello, SE RESUELVE: Hacer lugar a la apelación interpuesta a fs. 224/226 y, en consecuencia, devolver las actuaciones a primera instancia para que se proceda conforme lo previsto por el art. 499 y cc. del CPCCN.

Con costas a la demandada, sustancialmente vencida (arts. 68 y 69 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN Nros. 15/13 y 24/13) y devuélvase. No suscribe la señora Jueza de Cámara, doctora Silvia Mónica Fariña (art. 3°, ley 23.482).

Roberto Daniel Amabile

Pablo A. Candisano Mera

Nicolás Alfredo Yulita

Secretario de Cámara

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