Determinación del haber inicial. Mecanismo de movilidad. Índice de salarios básicos de la industria y construcción

En el marco de un juicio por reajustes varios, se resuelve revocar parcialmente la sentencia de grado; revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24.241; diferir el tratamiento de actualización de la PBU y art. 25 de la ley 24.241 para la etapa de la liquidación, y confirmar la sentencia de grado en lo demás que decide y ha sido materia de agravios.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de 2.016, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos VEGA NORMA BEATRIZ c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en autos, agraviándose de la determinación del haber inicial, del límite al haber, de la PBU, de la pauta de movilidad establecida de conformidad con el Fallo “Badaro”, de las inconstitucionalidades decretadas, de la consolidación de las deudas y de omitir establecer plazo de prescripción, de la forma en que se imponen las costas y de la regulación de los honorarios.

En tal sentido, los agravios introducidos por la demandada referente a la determinación del haber deben desestimarse, toda vez que lo resuelto por el a quo se condice con la doctrina sentada por el Alto Tribunal de la Nación en la causa «Elliff Alberto c/Anses s/Reajustes Varios», sent del 11 de agosto del año 2009 (E. 131 XLIV R.O), en donde confirmó la postura de esta Sala que ordenó la aplicación del índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado-, escogido por la resolución 140/95, sin limitación temporal. Razones de economía procesal aconsejan remitir a dicho precedente a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, por lo que corresponde ratificar la actualización de las remuneraciones tenidas en mira para la estimación de la PC y PAP, con arreglo del índice que señala la Resolución indicada, hasta la fecha en que se produjo la adquisición del derecho. No ha de obstar a lo señalado, la falta de índices en tal sentido, debiendo la administración adoptar los medios necesarios para proceder a su emisión en el plazo de cumplimiento del decisorio. Ahora bien, la facultad que se asigna a ANSES para determinar el índice, no autoriza que estos sean arbitrarios o únicamente subordinados al criterio del organismo emisor. Por ello, en ningún caso, el índice en cuestión podrá diferir de los que, por similar concepto, emita el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos u organismo oficial que lo remplace en la determinación de índices oficiales.

En relación al planteo respecto de la PBU, el Alto Tribunal se pronunció en la causa “Quiroga Carlos Alberto c/ ANSES s/ Reajustes Varios”, sentencia del 11 de noviembre de 2014.

En dicho precedente , el Tribunal Cimero puso énfasis en el carácter integral de todos los beneficios de la seguridad social,” aspecto del que es parte esencial la correcta fijación del monto inicial de los haberes, pues de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos” (Considerando 9).

Ello así, continúa, para determinar la validez constitucional de las normas en juego y, eventualmente, adoptar un método para subsanar el daño atribuible a ellas, se debía considerar “qué incidencia tenía la ausencia de incrementos de uno de los componentes de la jubilación sobre el total del haber inicial,- pues es éste el que goza de protección- y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita resultaba confiscatorio” (Considerando 10).

En ese entendimiento considera que no es razonable que la deficiencia señalada redunde en perjuicio del jubilado, por lo que debe dejarse a resguardo su derecho en caso de que, al tiempo de la liquidación, queden acreditados los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo, oportunidad en la que podrá replantear la cuestión (doctrina del caso “Tudor”, publicado en Fallos 327:3251, considerandos 8,9, y 10) (Considerando 11).

En consecuencia, acorde con la doctrina judicial de dicho precedente, corresponde diferir a la etapa de liquidación la demostración por quien pretende el ajuste de la PBU, de la quita o merma confiscatoria que resulte en relación con los salarios de actividad.

Con relación al art. 24 de la Ley 24.241, toda vez que el actor no supera los años de servicios con aportes establecidos por la citada norma, corresponde revocar la declaración de inconstitucionalidad formulada.

Pendiente de liquidación, resulta oportuno diferir el tratamiento en torno de la declaración de inconstitucionalidad del art. 25 de la Ley 24.241, para la etapa de ejecución.

Las manifestaciones que articula el organismo sobre la aplicación del precedente “Villanustre”, referido por el Juez de grado, son meramente conjeturales y no constituyen un agravio concreto a la sentencia.

Respecto de los honorarios, dada la forma en que se imponen las costas su estipulación no le causa perjuicio, por lo que se rechaza la queja.

Por último, con relación a las demás cuestiones vertidas y, dado que lo manifestado no se corresponde con lo resuelto por el “a-quo”, se rechazan las quejas.

En consecuencia propicio: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada, 2) Revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 24 de la Ley 24.241, 3) Diferir el tratamiento en torno de la PBU y de la inconstitucionalidad del art. 25 de la Ley 24.241 para la etapa de liquidación de sentencia, 4) Confirmar la sentencia de grado en lo demás que decide y ha sido materia de agravios, 5) Imponer las costas de Alzada en el orden causado.

LOS DOCTORES EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ Y LUIS RENÉ HERRERO DIJERON:

Adherimos a la solución del voto de la Dra. Dorado.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada, 2) Revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 24 de la Ley 24.241, 3) Diferir el tratamiento en torno de la PBU y de la inconstitucionalidad del art. 25 de la Ley 24.241 para la etapa de liquidación de sentencia, 4) Confirmar la sentencia de grado en lo demás que decide y ha sido materia de agravios, 5) Imponer las costas de Alzada en el orden causado.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ

Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

LUIS RENÉ HERRERO

Juez de Cámara

ANTE MÍ:

AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

012605E