Contratos de Ahorro Previo para Fines Determinados. Cesión onerosa del plan de ahorro. Cuotas pagadas. Restitución. Derecho de información

Contratos de ahorro previo para fines determinados
Se condena a las empresas concesionaria y administradora de planes de ahorro accionadas a restituir al actor la suma de dinero reclamada en concepto de saldo adeudado por la cesión (onerosa) del plan suscripto. Ello así, pues siendo que: a) el reclamante pagó 12 cuotas del primer plan; b) las demandadas afirmaron que no debían restituirlas porque las habían aplicado a la cancelación parcial del nuevo plan otorgado; y c) no acreditado que así hubiera sido, forzoso es concluir que ellas han aceptado también que, ante esa omisión, era su deber proceder a la aludida restitución. Ese silogismo tiene, por lo demás, el respaldo de lo actuado en forma extrajudicial. Nótese que el actor envió cartas documentos a las demandadas, quienes no se molestaron siquiera en responder. En tales condiciones, la pretensión actual de que nada deben pues lo recibido fue aplicado de un modo que nunca antes de este pleito se habían encargado de esgrimir, se convierte en una defensa improcedente por haber sido (además de todo) precedida de una conducta reprochable, cual fue la de haber dejado al cliente desprovisto de toda referencia acerca de qué habían hecho con su dinero, violando su derecho de información (art. 4, Ley 24240).

Sentencia.

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos «Andrada Fabian Bautista c/ Alra S.A. y otro» (expediente n° 29310/2013/CA1; juzg. N° 6, sec. N° 11), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9) y Eduardo R. Machin (7).
Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 353/62?
La señora Juez Julia Villanueva dice:
I. El pronunciamiento apelado.
En la sentencia dictada a fs. 353/362, la señora juez de primera instancia rechazó la demanda promovida por Fabián Bautista Andrada contra Alra S.A. y contra Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados.
Para así decidir, la sentenciante tuvo por cierto que el actor había suscripto con «Volkswagen» el plan de ahorro que refirió, como así también que lo había cedido a «Alra», adquiriendo un nuevo plan.
Hizo una pormenorizada reseña de cuanto había sido informado en el peritaje contable producido en autos, tras lo cual llegó a la conclusión de que esa prueba no había arrojado elementos suficientes para otorgar razón al señor Andrada.
Admitió que ninguna de las demandadas había aportado documentación tendiente a acreditar cuántas cuotas había pagado el nombrado ni qué imputación se había efectuado a los montos entregados.
No obstante, consideró que tampoco el actor había acompañado documentación que permitiera conocer esas sumas ni cuáles habían sido los gastos que había debido sufragar por el rodado que le había sido entregado, sustentando en esos argumentos el rechazo de la demanda.
II. El recurso.
La sentencia fue apelada por el actor, quien expresó agravios a fs. 399/400, los que fueron contestados por «Volkswagen» a fs. 407/11.
El demandante se queja por el modo en que fue evaluada la prueba que cita.
Se agravia, además, de que la sentenciante haya desconocido las sumas que su parte adujo haber abonado.
Enumera los distintos documentos de los que surgen dichos pagos, de lo cual deriva que existe prueba suficiente de su derecho a obtener la restitución que reclama.
III. La solución.
1. Como surge de la reseña que antecede, el actor reclamó en autos el cobro de la suma que, según adujo, las demandadas le habían quedado adeudando como consecuencia de la operatoria que fue descripta en el escrito inicial.
Las partes están contestes en cuanto a varios de los hechos que conforman la plataforma fáctica de esta litis.
En tal sentido, se encuentra fuera de controversia que el actor suscribió una inicial solicitud de adhesión al plan de ahorro que indicó en la demanda y que, en el marco de tal contrato, abonó 12 cuotas y algunos gastos.
También parece haber consenso entre los litigantes en cuanto a que, tras intentar obtener la unidad mediante una licitación fracasada, la concesionaria «Alra» ofreció al demandante otro plan que tenía el automotor adjudicado.
Fuera de controversia se encuentra, finalmente, que el demandante aceptó el ofrecimiento y que, en ese marco, cedió a la nombrada aquel plan original mientras que, de su lado, «Alra» también cedió al actor el segundo de esos contratos.
La cuestión litigiosa transita, en cambio, por otro carril, que se vincula con cuál fue el destino de las sumas que el demandante había pagado en ejecución del primer plan.
Así, mientras el nombrado sostiene que él cedió ese plan y que las sumas respectivas no le fueron devueltas ni aplicadas al segundo de tales planes, las defendidas afirman lo contrario, esto es, que no deben restituir al actor los importes que él reclama pues tales importes se aplicaron al segundo de los negocios celebrados.
2. A mi juicio, asiste razón al señor Andrada.
Todos los contendientes admiten que el nombrado cedió el primer contrato a «Alra» y que esa cesión fue onerosa.
Es decir: el demandante no «abandonó» ese primer plan suscripto, sino que lo cedió a la concesionaria.
Que esa cesión no fue gratuita sino onerosa, surge de los mismos términos de la defensa interpuesta, de la que se infiere que las demandadas se han negado a restituir al actor lo que él reclama con sustento en que, según afirman, los importes de las cuotas canceladas fueron aplicados al nuevo plan.
Así trabada la litis, forzoso es concluir que sobre las nombradas pesaba la carga de acreditar que esos fondos habían recibido el destino que alegaron haberles otorgado.
Esa prueba no fue producida sino que ocurrió todo lo contrario, lo cual me habilita a desechar que ése hubiera sido el destino asignado al dinero reclamado.
Así surge del peritaje contable producido a fs. 183/6, del que resulta que, al responder si las 12 cuotas abonadas por el actor «… habían sido tomadas en cuenta por la codemandada Alra S.A. en oportunidad de efectuar el cambio de grupo…» (sic), la experta respondió que no le había sido proporcionada ninguna documentación que permitiera dar respuesta a ese interrogante (er punto n, fs. 184 vta.).
En tales condiciones, el silogismo es el siguiente: a) el actor pagó las 12 cuotas de marras; b) las demandadas afirmaron que no debían restituirlas porque las habían aplicado a la cancelación parcial de un nuevo plan; y c) no acreditado que así hubiera sido, forzoso es concluir en que ellas han aceptado también que, ante esa omisión, era su deber proceder a la aludida restitución.
Ese silogismo tiene, por lo demás, el respaldo de lo que fue actuado en forma extrajudicial.
Nótese que el actor envió sendas cartas documentos a las demandadas, quienes no se molestaron siquiera en responderlas.
En tales condiciones, la pretensión actual de que nada deben pues lo recibido fue aplicado de un modo que nunca antes de este pleito se habían encargado de esgrimir, se convierte en una defensa improcedente por haber sido -además de todo- precedida de una conducta reprochable, cual fue la de haber dejado a su cliente desprovisto de toda referencia acerca de qué habían hecho con su dinero, violando así su derecho de información (art. 4 de la LDC).
Así las cosas, y dado que la liquidación propuesta en la demanda no ha sido controvertida por las demandadas -quienes, reitero, sólo afirmaron no hallarse obligadas a devolver por las razones vistas- forzoso es concluir que el actor tiene derecho a obtener la restitución de la suma de $ 16.252,45, con más intereses que se calcularán a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación en sus operaciones de descuento a 30 días desde cada una de las fechas de pago que también se han indicado en el escrito inaugural.
IV. La conclusión.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, condenar a Alra S.A. y a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados a pagar a Fabián Bautista Andrada dentro de los diez días la suma que resulte de aplicar las pautas precedentes. Costas de ambas instancias a las demandadas por haber resultado vencidas (art, 68 del código procesal).
Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Eduardo R. Machin, adhiere al voto anterior.
Con lo que termina este Acuerdo, que firman ante mí los Señores Jueces de Cámara doctores
EDUARDO R. MACHIN – JULIA VILLANUEVA.
Y VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, condenar a Alra S.A. y a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados a pagar a Fabián Bautista Andrada dentro de los diez días la suma que resulte de aplicar las pautas precedentes. Costas de ambas instancias a las demandadas por haber resultado vencidas (art, 68 del código procesal).
Notifíquese por Secretaría.
Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.
Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.
Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).
EDUARDO R. MACHIN – JULIA VILLANUEVA.

Andrada, Fabián Bautista vs Alra S.A. y otro
Tribunal: CNCom. Sala C | Nación
Fecha del fallo: 1–2019

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