Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Prestación de servicios. Presunción. Prueba informativa. Falta o defecto de registración. Responsabilidad solidaria. Responsabilidad del administrador

Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por el actor, habida cuenta de que acreditó el vínculo laboral que lo unía con la demandada. Por ello, acreditada la clandestinidad registral, se extiende la responsabilidad solidaria al administrador de la sociedad en los términos del artículo 274 de la ley de sociedades.

Buenos Aires, 08 de octubre de 2019.

se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I – La sentencia de grado anterior, mediante la cual se admitió el reclamo, es apelada por la demandada y la Defensora Pública de Menores e Incapaces según los términos de fs. 587/590 y 601/602, que fueron replicados a fs. 594/599 y 602/vta.

A fs. 584 el letrado del actor apela sus honorarios por estimarlos reducidos.

II – En cuanto a la queja deducida por las demandadas, adelanto que no tendrá favorable acogimiento.

Para así decidir he compulsado las pruebas colectadas y su análisis me persuade de que fueron valoradas en sana crítica en el fallo recurrido y dentro del contexto en que se planteó y desarrolló la controversia.

En tal sentido, considero que corresponde destacar la admisión de la sociedad demandada en cuanto a que el actor llegó a realizar los trámites y presentaciones de documentos correspondientes a su giro empresario ante la A.N.M.A.T. que así lo exigía, como así también que por tal circunstancia concurría a las oficinas de la empresa a llevar o traer esos documentos, lo cual permite inferir una prestación personal e infungible que torna operativa la presunción del art. 23 de la L.C.T..

Ante ello, coincido con la Sra. Juez a quo en que no se han acreditado las “circunstancias, relaciones o causas” que rebatan aquella presunción, pues como bien se destacó no se invocó trabajo benévolo (como dejó entrever el testigo Abdelcader (cfr. fs. 374), ni tampoco que la circusntancia de haber sido el marido de la Dra. María Alejandra Baglietto, a quien reconoció la apelante contrató como Directora Técnica Farmaceútica, obste en el caso a excluir de dicha presunción laboral la prestación efectuada por el Sr. Lotitto.

Ello, por cuanto la prueba testifical aportada por el actor y que en lo pertinente fue transcripta en el fallo recurrido, permite verificar una concurrencia asidua del Sr. Lotito al lugar de trabajo e incluso reuniones directas con el codemandado Carlos María Augusto (cfr. fs. 300; 305 y 299), surgiendo de esas declaraciones debidamente fundados los dichos por conocimiento directo por medio de sus sentidos de las circunstancias relatadas, sin que a esas declaraciones se hayan opuesto otras constancias que las rebatan, pues las declaraciones de los testigos de la recurrente resultan inconsistentes al respecto (cfr. fs. 374; 375 y 380, por lo cual carecen de entidad probatoria para desmerecer la de aquellos ofrecidos por la actora (cf arts. 386; 445 y 456 del CPCCN).

A ello, cabe adicionar que sella la suerte de esta crítica, el informe de la A.N.M.A.T. obrante a fs. 327, en cuanto dicha institución reconoce al Sr. Calos O. Lotitto (DNI …) como empleado de la empresa Augusto Express Vision Lens S.A. y autorizado a realizar todos los trámites de la misma ante esa Administración y al respecto la apelante nada dice en su pieza recursiva, lo cual evidencia la debilidad de la crítica.

Frente a ello, entonces, aparece justificada la admisión de la relación laboral denunciada en el inicio no sólo por la presunción del art. 23 de la L.C.T. -no desvirtuada-, sino además por la acreditación de dicha prestación mediante la prueba testifical y la informativa de la A.N.M.A.T. y, por lo tanto, el desconocimiento de la misma efectuada por la demandada justifica la denuncia del contrato realizada por el Sr. Lotitto y la condena a pagarle las indemnizaciones derivadas del mismo en la medida que fueron admitidas en el fallo apelado, pues no se han cuestionado los guarismos allí practicados.

Por otro lado, en lo atinente a la condena solidaria del codemandado Carlos María Augusto, tampoco en la pieza recursiva se exponen razones fundadas para rebatir el análisis y conclusión de este aspecto del pronunciamiento recurrido.

En efecto, acreditada la clandestinidad del vínculo habido con el actor y la intervención personal del mencionado codemandado físico, se verifican entonces los presupuestos previstos en los arts. 54; 157 y 274 de la ley de sociedades comerciales para responsabilizar a los socios, administradores, representantes y directores, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción y u omisión. Esto es así, porque los reproches que se verifican en el “sub lite” -incluidos en los reclamos que dieron origen a los créditos judicialmente reconocidos- hacen suponer el incumplimiento por parte de las personas físicas codemandadas de deberes a su cargo, sin haberse demostrado una oportuna participación contraria a la decisión de la sociedad (cf. art. 274, segundo párrafo, ley 19.550).

Esta conclusión no soslaya las implicancias que tiene la diferenciación entre la personalidad de la sociedad y la de sus socios y administradores; diferenciación en la cual asienta el régimen especial de la ley 19.550, y que ha sido aludida en varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero estimo que ello debe ser conjugado con la necesidad de indagar en cada caso, en sana crítica y a la vista de lo afirmado y probado durante el desarrollo del pleito, la configuración de alguno de los supuestos -previstos por el mismo régimen de la ley 19.550- que permita resguardar el derecho de quienes -como ocurre en autos con la trabajadora reclamante- se han visto perjudicados por el abuso de la personalidad jurídica de la sociedad o por la actuación de sus administradores o representantes.

En consecuencia, sobre la base de todo lo precedentemente expuesto, aconsejo confirmar lo resuelto.

III – Igual suerte correrá la crítica que expone la Defensora Pública de Menores e Incapaces, por el rechazo del daño moral.

Ello, por cuanto de los términos del escrito de demanda se verifica que el actor demandó tal rubro como consecuencia del accidente laboral cuya reparación reclamó en los términos del derecho común y así lo fundó a fs. 15vta. al invocar la aplicación de las previsiones del art. 1078 del C. Civil, por lo que habiendo sido calificado su deceso como consecuencia de una enfermedad inculpable se desestimó la reparación del accidente invocado y, por lo tanto, no existe daño moral alguno atribuible a ello.

No obstante, dado que en relación al vínculo laboral admitido y su consecuente despido por desconocimiento de la empleadora del mismo, encuentro que no resulta debidamente fundada la pretensión del rubro en cuestión en la medida que no se han acreditado circunstancias que superen la indemnización tarifada del art. 245 de la L.C.T.

Por ello, entonces, aconsejo confirmar también este aspecto del fallo recurrido.

IV – Respecto de la apelación de honorarios deducida por el letrado de la actora y la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces, teniendo en cuenta el mérito, extensión y oficiosidad de las tareas llevadas a cabo por los profesionales cuyas regulaciones se cuestionan, evaluadas en el marco del valor económico en juego y contemplando la ley vigente a la época en que esos trabajos fueron realizados (cf. Fallos: 321:146; 328:1381, entre otros), sugiero confirmar los emolumentos asignados por resultar acordes con esos parámetros y respetuosos de los aranceles legales vigentes (cf. art. 38, L.O. y demás normas arancelarias aplicables).

V – Por la forma en que se resuelven los recursos, sugiero imponer las costas de alzada a cargo de las demandadas en forma solidaria (cf. art. 68, 1º párr., CPCCN) y que se regulen los honorario de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el …% de cuanto corresponda percibir a cada una de las respectivas representaciones letradas por sus labores en primera instancia (art. 14, ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. Mario S. Fera no vota (art. 125, L.O.).

A mérito del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado anterior en lo que fue materia de apelación; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de las demandadas en forma solidaria; 3) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el …% de cuanto corresponda percibir a cada una de las respectivas representaciones letradas por sus labores en primera instancia y 4) Hágase saber a las partes y peritos que rige lo dispuesto por la Ley 26.685 y Ac. C.S.J.N. Nro. 38/13, Nro. 11/14 y 3/15 a los fines de notificaciones, traslados y presentaciones que se efectúen.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

Alvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Ante mí:

HEW