Contrato de trabajo. Despido. Grupo económico. Responsabilidad solidaria. Fraude laboral. Fragmentación de antigüedad. Rechazo

 

Se rechaza la demanda por despido interpuesta por la trabajadora, debido a que no acreditó el fraude laboral imputado al grupo económico demandado. El tribunal explicó que los conjuntos económicos son legítimos en tanto no dañen a terceros y/o desconozcan derechos laborales bajo formas fraudulentas. Además, destacó que el fraude laboral es requisito esencial para que se configure la responsabilidad establecida en el art. 31 de la LCT, pero que no es necesario demostrar el dolo del empleador, sino que es suficiente que su conducta denote la violación de las normas del derecho del trabajo; sin embargo, en el presente caso, la actora no logró demostrar la supuesta fragmentación de antigüedad alegada.

En la Ciudad de Cutral Co, Departamento Confluencia de la Provincia del Neuquén, a los tres (03) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia, con competencia en las II, III, IV y V Circunscripciones Judiciales, integrada con los señores vocales, Dres. Alejandra Barroso y Pablo G. Furlotti, con la intervención de la Secretaria de Cámara Dra. Victoria Paula L. Boglio, dicta sentencia en estos autos caratulados: “VAZQUEZ BRUNILDA EDITH C/ PLAZA HUINCUL S.A. Y OTRO S/ DESPIDO Y COBRO DE HABERES” (Expte. JCUCI2 N° 75.993, Año 2017), del Registro del Juzgado de Primera Instancia N° 2, Civil, Comercial, Especial de Procesos Ejecutivos, Laboral y de Minería de la II Circunscripción Judicial y en trámite ante la Oficina de Atención al Público y Gestión de Cutral Có, dependiente de esta Cámara.

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. Alejandra Barroso, dijo:

I.- A fs. 655/673 luce la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 29 de marzo del 2019 mediante la cual se hace lugar a la demanda interpuesta por la actora Sra. Brunilda Edith Vázquez contra las demandadas Plaza Huincul SA y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, condenando a estas al pago de la suma allí consignada, en concepto de diferencias salariales, indemnizaciones por despido e incrementos indemnizatorios, con más intereses que fija.

Impone costas y difiere la regulación de honorarios.

Este pronunciamiento es recurrido por la parte demandada Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, quien expresa agravios a fs. 678/691, los cuales merecen respuesta de la contraria conforme surge del
escrito obrante a fs. 692/694.

II.- 1.- Agravios:

a) Luego de una breve reseña de los hechos planteados y de algunos antecedentes de autos así como un detalle de los hechos que considera reconocidos, expone como primer agravio que no se encuentra probada la relación laboral de la actora con la demandada Plaza Huincul SA.

Argumenta que la magistrada omite efectuar un pormenorizado análisis de la prueba producida y de lo manifestado por las partes, revelándose un ilógico y desmesurado desequilibrio en que se coloca a los litigantes, reconociendo derechos a la reclamante sin que se haya comprobado su condición de empleada, y condenando solidariamente al sindicato.

Omite la jueza de grado tener en cuenta lo manifestado en la demanda, que transcribe, relacionado a que la sociedad anónima demandada fue conformada por empleados del sanatorio asociados con un grupo de médicos, destacando que la accionante no ha acompañado siquiera un recibo de sueldo que permita probar documentadamente su condición de empleada.

Reproduce la misiva intimatoria al sindicato, resaltando que se argumentaba solidaridad con fundamento en el art. 30 de la LCT y no a tenor del art. 31, como se pretende en la presente acción, debiendo en consecuencia probar la existencia de una cesión del personal dependiente de Plaza Huincul SA a la empresa Adme SA en el mes de marzo 2012.

En la misma demanda la actora expresa que el 1 de noviembre del 2007 solicita al Directorio del sanatorio la licencia para ocupar un cargo político en la municipalidad de Cutral Co, que fuera prorrogada hasta diciembre del 2015.

Asegura que esto pone a las claras que la actora no intervino en fecha 1 de enero del 2013 en ninguna cesión de personal de Plaza Huincul hacia Adme o hacia el sindicato, por lo cual jamás podría configurarse la responsabilidad solidaria en el marco del art. 31 de la LCT.

b) El segundo agravio va destinado a impugnar la responsabilidad del sindicato como integrante de un grupo económico a consecuencia de la interpretación efectuada del contrato de fideicomiso.

Expresa que ello no encuentra basamento fáctico ni jurídico alguno y reitera que la actora ha modificado la responsabilidad invocada en cuanto al sindicato, precisando que en la intimación del 9 de noviembre del 2015 se endilga responsabilidad solidaria en carácter de potencial adquirente del sanatorio y en la presente demanda se atribuye compromiso con fundamento en el grupo económico, siendo fundamental la intimación previa para que la obligación indemnizatoria nazca, contrario a la buena fe resultaría hacer responsable del daño a quien ni siquiera estuvo enterado del reclamo.

Cita jurisprudencia y niega la existencia de un grupo económico, refiriendo que el art. 31 de la LCT se refiere a empresas controladas, en participación, relacionadas o asociadas en forma permanente, adicionando que es preciso que a ello se sume la existencia de maniobras fraudulentas o conducta temeraria, la ausencia de tales presupuestos excluye toda posibilidad de demandar a una empresa por las deudas de otra.

Afirma que en autos no se han probado los recaudos esenciales, por lo cual, solicita la inmediata desvinculación como obligada solidaria.

Reitera que la norma exige para que opere la solidaridad control o interrelación de las empresas, el carácter permanente de la relación, la existencia de conducta temeraria y actuar fraudulento, y capital común.

Argumenta que, como surge de la prueba rendida, estos requisitos necesarios se revelan insatisfechos para la aplicación de la norma, sumando a ello las desprolijidades surgidas de las disímiles conductas asumidas por la accionante.

Menciona que si la intención hubiese sido defraudar a los trabajadores no habría tenido sentido el traspaso a Adme del personal, y que en caso que existiera algún atisbo de responsabilidad tendría que comenzar en el 2011 y no ser arrastrada a tiempos anteriores.

Reitera finalmente que no se han verificado ni la conducción temeraria ni las maniobras fraudulentas en el caso de autos y que la norma también exige el carácter permanente de la vinculación.

c) El tercer agravio refiere al tratamiento de la supuesta licencia con reserva del puesto de trabajo, argumentando el apelante que no se explica qué tipo de licencia es, dado que no es política como se pretende ya que no fue electa, basándose en una mera suposición ante la falta de prueba por parte de la actora.

Asevera que jamás fue anoticiada de tal licencia ya que no era empleadora de la actora, en consecuencia no se puede hacer extensiva la responsabilidad sino se transfirió el personal al sindicato.

Efectúa un listado de las licencias reconocidas en la LCT y leyes complementarias, indicando que no se alcanza a visualizar dónde estaría prevista la licencia sin goce de haberes desde el año 2007 al 2018, por 8 años.

Señala que la actora no fue electa a ningún cargo, fue designada secretaria de hacienda, no hubo licencia legal alguna, pero para el descabellado caso que se pretenda reconocer la situación de la reclamante como una reserva de empleo, conforme lo dispuesto por el art. 215 de la LCT, tampoco corresponde, agregando que la misma fue miembro de la Comisión Directiva que se desempeñó como supervisora, directora de compras, jefa de área, reconociendo tener un cargo de decisión y luego pretende ser una simple empleada en busca de rubros indemnizatorios.

Expone que luego de 15 años de mantener una presunta vinculación laboral con Plaza Huincul en el año 2007 a consecuencia de un presunto ofrecimiento de un cargo político en la municipalidad como secretaria de hacienda habría solicitado una licencia sin goce de haberes y con reserva del puesto hasta el año 2011, así, nos encontramos con quien pretende irrogarse el carácter de una simple empleada luego de trabajar 15 años en el sanatorio en un cargo gerencial, con confianza para que la licencia le sea otorgada por el directorio y no el departamento de recursos humanos, habiendo intervenido como integrante de la comisión directiva en calidad de socia y no de dependiente.

Destaca que igualmente el cargo mencionado no ha sido acreditado en autos, y que si el directorio hubiese otorgado tal permiso excediéndose en sus facultades legales ello no puede obligar a cualquier solidario de existir, lo contrario implicaría legitimar un acto nulo.

d) El cuarto agravio se funda en la inclusión de prueba no aportada por las partes, teniendo en cuenta que la sentenciante efectúa paralelismos entre esta causa y los autos “Segovia Mónica Gladys c/ Adme SA y otros s/ cobro de haberes” Expte.N° 70.766/15, cuando en esos autos el sindicato ha sido declarado en rebeldía, operando el reconocimiento de los hechos, que son totalmente distintos a los presentes. Basta mencionar que Segovia presenta un acuerdo de cesión de personal de fecha 16/3/2012, acta de ratificación y planilla de firmas.

Conceptualiza el principio de congruencia, manifestando que el juez debe estar a lo pedido por las partes y a las pruebas aportadas en el proceso.

e) En el quinto agravio indica que su parte no tiene relación jurídica con la accionante, que es parte de un contrato de fideicomiso, explicando que el mismo se constituye en una figura distinta de sus integrantes, que se firmó tal contrato el 30 de agosto del 2011, siendo su parte fiduciante, conforme art. 1666 y ss. del CCyC, que reproduce; afirma que su mandante no está obligado ni por ley ni por contrato a ninguna prestación vinculada con el contrato de trabajo, careciendo de responsabilidad solidaria.

Advierte que la actora reconoce el carácter de fiduciante de su mandante y que su única empleadora era Plaza Huincul SA, más argumenta la existencia de un grupo económico sin aportar probanza alguna, con la única intención de extender la responsabilidad.

Define grupo económico según la doctrina, señalando que los requisitos objetivo y subjetivo deben apreciarse en forma estricta, de manera de disminuir los efectos antifraude.

f) El sexto y último agravio refiere a que la remuneración reconocida a la actora es la de un gerente, que en nada se condice con la remuneración de una simple empleada, como pretende demostrar, careciendo de sustento la liquidación efectuada.

Asimismo, impugna la condena a entregar certificado de trabajo y la correspondiente multa del art. 80 de la LCT por no ser empleador de la actora y carecer de los elementos necesarios para confeccionar los mismos, tornándose totalmente arbitraria la resolución en tal sentido si se advierte que ello no fue solicitado por la actora y que la rebeldía de la codemandada no puede afectar a su parte. Cita jurisprudencia con tal criterio.

Realiza otras consideraciones a las que me remito en honor a la brevedad y solicita se revoque el fallo recurrido, rechazando la demanda con costas.

Formula reserva de caso federal.

2.- Contestación de agravios:

La actora en su contestación, en forma preliminar, aduce el incumplimiento de lo normado en el art. 265 del CPCC, destacando que hay pasajes del escrito apelativo en donde las afirmaciones ni siquiera se ajustan a las constancias del expediente, como cuando expresa que la actora no ha acompañado recibos de sueldos, siendo que a fs. 10/12 hay tres de ellos.

Menciona que el recurrente se queja del análisis probatorio en forma general sin especificar medio alguno, refiriendo que la prueba testimonial da cuenta de la confusión económica existente entre Plaza Huincul, Adme y el Sindicato.

Imputa falta de colaboración en la producción de la pericia contable.

Denuncia falta de crítica concreta y razonada, solicitando expresamente se declare la deserción del recurso interpuesto.

En subsidio, procede a contestar las quejas traídas.

a) En cuanto a la relación laboral, afirma que ninguna duda cabe al respecto, detallando documental agregada, sumando el apercibimiento procesal por la incontestación de demanda de Plaza Huincul SA y la falta de presentación de la documental requerida al efecto.

Alude a la prueba testimonial en relación a la existencia del vínculo laboral y las tareas desempeñadas por la demandante, resaltando que además en la expresión de agravios se reconoce tal relación cuando refiere que era supervisora, directora de compras y jefa de área.

b) En punto a la responsabilidad del sindicato manifiesta que se concentra en contradecir el escrito de demanda, sin efectuar una crítica al fallo dictado.

c) En relación a la licencia advierte que una vez otorgada la misma, no se explica cuál sería el fundamento por el cual se tornaría inválida, nada impide que un empleador reconozca derechos al trabajador más allá de aquellos consagrados en la LCT o CCT.

Reitera los reparos en cuanto a la suficiencia recursiva de la exposición traída por la contraria.

d) Respecto al contrato de fideicomiso, llama la atención sobre la transcripción de normativa y doctrina sin crítica razonada y concreta, y expresa que el grupo económico conformado por Plaza Huincul SA, Adme SA y el sindicato administraba el sanatorio, conforme lo describen los testigos declarantes en la causa.

Realiza otras consideraciones a las que me remito en honor a la brevedad y solicita se rechace el recurso interpuesto, con costas.

III.- Análisis de los agravios:

1.- En forma preliminar destaco que considero que las quejas traídas cumplen, aunque mínimamente, con la exigencia legal del art. 265 del C.P.C.C., y sin perjuicio de las salvedades que formularé.

He realizado la ponderación con un criterio favorable a la apertura del recurso, en miras de armonizar adecuadamente las prescripciones legales, la garantía de la defensa en juicio y el derecho al doble conforme (art. 8 ap. 2 inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica), en el marco del principio de congruencia.

También, puntualizo que procederé a analizar la totalidad de los agravios vertidos sin seguir al apelante en todas y cada una de las argumentaciones y razonamientos que expone sino sólo tomando en consideración aquellos que resulten dirimentes o decisivos en orden a las cuestiones que se plantean.

2.- Cabe tener presente que la sentenciante principia enunciando los extremos fácticos reconocidos y los controvertidos.

Expresa que, en virtud del apercibimiento del art. 30 de la ley 921 y la prueba producida, los hechos principales de la relación laboral de la actora con la demandada Plaza Huincul SA, en particular se encontrarían reconocidos, esto es que se desempeñó en el sector de compras y que gozó de una licencia de tipo político, siendo su fecha de ingreso 1/11/1992 y su cese laboral 19/9/2016.

Invoca el criterio sostenido en autos “Segovia Mónica Gladys c/ ADME SA y otros s/ cobro de haberes”, Expte. N° 70.766/15, sentencia de fecha 3 de julio de 2018, puntualizando que sólo tiene en cuenta la prueba producida en los presentes.

Conceptualiza el contrato de fideicomiso y da cuenta de que ambas partes reconocen el suscripto en este caso, que es ratificado por la prueba rendida, quedando acreditado el control del sindicato sobre la operatoria del sanatorio en que se desempeñaban los trabajadores, conformando un grupo económico junto a Plaza Huincul SA y ADME SA, y afectándose la antigüedad de los trabajadores, en el marco de lo previsto por el art. 31 de la LCT.

Atendiendo a estos argumentos condena solidariamente al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa por los créditos laborales pendientes.

Conforme presunciones instrumentales, acoge los rubros reclamados por la demandante.

3. a) Solidaridad.

Por una cuestión lógica y metodológica, he de apartarme del modo y orden en que el recurrente ha planteado sus quejas.

Analizaré en primer lugar el fundamento normativo con base en el cual la a quo ha procedido a extender la condena en forma solidaria al sindicato apelante, esto es concretamente el art. 31 de la LCT.

Esta cuestión es especialmente controvertida por el quejoso y corresponde su tratamiento en primer lugar ya que, del resultado de este análisis dependerá que deba considerar, o no, de los restantes agravios.

El recurrente niega la existencia de un grupo económico entre su parte y Plaza Huincul S.A.. Destaco que en este caso concreto la empresa ADME S.A., contratada como gerenciadora conforme documental acompañada, no fue demandada.

Considera que no se encuentran reunidos o probados los requisitos específicos del mencionado art. 31 de la LCT.

Niega la existencia de control de su parte y de fraude en la conducta asumida; puedo advertir sin embargo que no ataca específicamente los fundamentos brindados por la jueza en relación a la comprobación del control interno y externo ejercido por el sindicato.

Con respecto al fraude, la conducción temeraria o la efectiva frustración de los derechos laborales de la actora relacionados con su antigüedad he de referirme en párrafo aparte al analizar los requisitos de procedencia de la aplicación al presente caso del art. 31 de la LCT.

Tengo en consideración que el contrato de fideicomiso se encuentra reconocido por las partes, todo en los términos de la documental acompañada a fs. 34/54.

b) Grupo económico.

En orden al requisito objetivo de la existencia del grupo o conjunto económico a los fines de asumir el carácter de obligados solidarios de los integrantes del grupo en los términos del art. 31 de la LCT, cabe remitirse a la valoración de la prueba rendida en autos realizada por la sentenciante conforme surge de fs. 661/661vta., en orden al control y rol fundamental del Sindicato demandado en el funcionamiento, administración y desarrollo de las políticas desplegadas en el Sanatorio Plaza Huincul.

En este aspecto, destaco que la sentenciante ha apreciado la prueba documental y testimonial en forma integral y de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCC), sin que los argumentos traídos a esta instancia sean suficientes para conmover los fundamentos de la decisión en este aspecto.

La a quo da cuenta del rol del Sindicato y de su secretario general Guillermo Pereyra en el control de las decisiones empresariales concernientes al personal del Sanatorio Plaza Huincul, ponderando para ello las declaraciones testimoniales rendidas en autos que dan cuenta de ese control, así como también valora en el mismo sentido la prueba informativa correspondiente a las notas periodísticas, de todo lo cual el recurrente no se hace cargo.

Igualmente, lo declarado por los testigos en cuanto al control del Sindicato es conteste con lo que resulta del contrato de fideicomiso, en tanto se conforma un Comité Ejecutivo bajo control del sindicato.

Conforme resulta del contrato de fideicomiso reconocido y del contrato de concesión y gerenciamiento, también reconocido por las partes, los fiduciantes originarios resultan ser PH S.A. y el Sindicato recurrente.

Según el contrato estos fiduciantes conforman un Comité Ejecutivo CE, de tres miembros titulares, de los cuales 2 son elegidos por el Sindicato, siendo que a su vez se prevé la presencia de dos miembros como mínimo para que exista quorum y se resuelve por mayoría absoluta, con lo cual queda claro que el control de la vinculación entre PH S.A. y el Sindicato en este contrato de fideicomiso lo tiene el Sindicato (art. 17 del contrato de fideicomiso).

En estos términos, y con relación al contrato de fideicomiso y el art. 31 de la LCT la jurisprudencia sostiene que: “… entiendo que las dos accionadas eran parte empleadora del contrato de trabajo que ha suscitado esta litis, porque de acuerdo a lo que he expuesto en la segunda cuestión de la anterior etapa procesal, el íntimo y permanente modo en el que estaban relacionadas las nombradas -al margen de la obligación contraída por el Fondo Básico Sanatorial Fideicomiso SRL (en formación) de abonar los salarios al personal-, torna aplicable el art. 31 de la LCT dado que nos encontramos ante un grupo económico tal como lo ha concebido dicha norma para el ámbito del trabajo, de manera totalmente independiente de la figura jurídica que hayan buscado para unirse las empresas en cuestión…”. (Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata, 20- 1-15, autos “Wainberg, Alcira Clara c. Centro Cardiovascular de Mar del Plata S.A. y otro s/ despido” (inédito); citado en Lineamientos jurisprudenciales sobre el fideicomiso y el derecho del trabajo, por Gustavo A. Esparza y Gustavo D. Montenegro; El Derecho, 3 de octubre de 2016 – ISSN 16-8987 – Nº 14.052 – AÑO LIV – ED 269, consultado en internet).

El art. 31 de la LCT regula dos supuestos diferentes los cuales se distinguen en la norma, la que refiere por un lado a «empresas que estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras» y por el otro a empresas «de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente».

La doctrina entiende que al utilizarse palabras como «dirección, control o administración» de otras empresas, se ha optado por la idea de influencia dominante.

Por su parte, y sin perjuicio de considerar que existe un grupo o conjunto económico, como lo hace la sentenciante, no necesariamente estaremos ante un supuesto de solidaridad, dado que es necesario también un elemento subjetivo, esto es que hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria, lo cual he de analizar seguidamente.

En estos términos, considero que los agravios traídos no son suficientes para conmover los fundamentos del fallo en crisis en cuanto la a quo concluye que existe un grupo o conjunto económico entre el Sindicato y Plaza Huincul S.A..

Señalo que esta conclusión es sin perjuicio del criterio que he sostenido en autos “CONTRERAS ANA ROSA C/ ADME S.A. Y OTROS S/ COBRO DE HABERES”, Expte.N° 70.615, Año 2.015, dado que me encuentro impedida de apartarme de las circunstancias fácticas expuestas en el escrito de demanda considerando el principio de congruencia y el de defensa en juicio. Además de considerar que las circunstancias fácticas en uno y en otro caso son disímiles.

De todas maneras, en este aspecto se sostiene que: “…el conjunto económico se da cuando hay una efectiva comunidad económica y de intereses, lo que puede configurarse bajo la forma de sociedades controladas o bajo cualquier otra de las formas que libremente adopten los que intervienen en las respectivas relaciones económico-societarias de que se trate. Ello es legítimo en tanto no dañe a terceros; y particularmente que no desconozca los derechos laborales bajo formas fraudulentas…”. (Grisolía, Julio Armando; Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social … Tomo I, pág. 337).

c) Maniobras fraudulentas o conducción temeraria.

Como dije, el otro requisito para la procedencia de la solidaridad que contempla la norma cuya aplicación cuestiona el apelante, son la existencia de maniobras fraudulentas o conducción temeraria.

El fraude laboral es requisito esencial para que se configure la responsabilidad establecida en el art. 31 LCT; no es necesario demostrar el dolo del empleador, sino que es suficiente que su conducta denote la violación de las normas del derecho del trabajo.

En este sentido la doctrina expresa y comparto que: “…fraude no implica intencionalidad. El fraude se produce cuando bajo el amparo de una norma jurídica y en la más absoluta legalidad, se viola otra norma jurídica distinta…”. (Ackerman, Mario E., Director; Tosca, Diego M. Coordinador; Tratado de derecho del trabajo, Tomo II, pág. 231).

Se sostiene asimismo que “…excepcionalmente el conjunto económico es solidariamente responsable, aún en el caso de no haber sido formalmente empleador del trabajador, cuando se verifiquen maniobras fraudulentas (por ejemplo, empleo no registrado, que se haya aparecer al trabajador como empleado de una empresa en la cual efectivamente no presta servicios) y conducción temeraria (el vaciamiento de una de las empresas que conforman el conjunto económico)…”. (Grisolía, Julio Armando; Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social … Tomo I, pág. 336).

Analizando lo que surge del escrito de demanda en este marco teórico (fs. 136), allí se asevera que la actora, a través de su representante, afirmó en este aspecto que en el mes de marzo de 2012 el personal dependiente de PH S.A. fue cedido a ADME S.A.; agrega que se dejó establecido que ADME S.A. reconocía los derechos adquiridos que el trabajador tenía con el cedente PH S.A., como antigüedad, vacaciones y otros beneficios.

Luego menciona que hubo una cesión del personal de ADME S.A. al sindicato en enero del año 2013, efectuando otras consideraciones con respecto a cambios o cesiones de personal entre ADME y el Sindicato.

Seguidamente indica que ADME S.A. procedió al despido de la mayoría del personal que aún permanecía registrado como dependiente suyo sin reconocer la antigüedad con la cedente. Sostiene que esta maniobra no hizo más que consumar un fraude en perjuicio de los trabajadores.

Realiza consideraciones en cuanto a que el Sindicato impuso todas las condiciones al fiduciario Fiducia & Servicios y que ADME S.A. es una empresa “satélite” del Sindicato demandado y que depende administrativa y económicamente del Sindicato, aunque no demanda ni al fiduciario ni a ADME S.A..

En lo que refiere a la relación laboral de la actora, se acreditó que en el año 2007 solicitó una licencia por un cargo político que se le había ofrecido en la Municipalidad de Cutral Co, licencia que le fuera otorgada con reserva de puesto, habiéndose suspendido los efectos del contrato de trabajo desde el 10 de diciembre de 2007 al menos hasta la fecha en que reclama tareas, esto es el mes de diciembre de 2015 (fs. 466/467 e intimación de la actora de fs. 2 y 3).

En el mes de noviembre de 2015, expresa que, habiendo finalizado en el ejercicio del cargo político, intima a los demandados a que se le provea ocupación, se la reincorpore a trabajar, es decir que se le otorguen tareas.

Al no tener respuesta a su intimación, se considera despedida con causa. La causa del despido es justamente que los demandados no le otorgaron tareas.

En estos términos, demanda a PH S.A. en su carácter de empleadora y transmitente del establecimiento, y al sindicato recurrente en virtud de lo normado por el art. 31 de la LCT.

Como puede advertirse, las afirmaciones de la actora en su escrito de demanda en orden a las maniobras fraudulentas que perjudicaran a los trabajadores al desconocérseles la antigüedad, entre otras cosas, resultan afirmaciones genéricas que comprenden a todos los trabajadores, pero que no se condicen con la situación de la accionante.

Se afirma en la demanda por ejemplo que las maniobras fraudulentas exigidas por la norma del art. 31 de la LCT “se manifiestan con claridad en este caso, de la fragmentación de la antigüedad de los trabajadores y la indemnización abonada, con la cual sólo se le reconoce el último año trabajado”, alude también a la “interposición de personas”.

Realmente, todas estas afirmaciones de la demanda no se condicen absolutamente con las constancias de autos ni con la situación de la actora (fs. 139).

Destaco que resultó dificultosa la lectura del escrito de demanda ya que no está completo y se puede advertir que falta una parte (conf. fs. 135vta./fs.136).

El contrato de trabajo de la demandante se encontraba suspendido y la misma reclamó se le provea ocupación, considerándose despedida ante el silencio a esta intimación; con lo cual no se encuentra acreditado que hubiere alguna maniobra que la perjudicara, ni que se le desconociera su antigüedad. Tampoco se aludió a que la trabajadora no estuviera registrada o lo estuviera en forma incorrecta.

Menos aún se ha probado conducción temeraria por parte del Sindicato que perjudicara a la actora. No se ha alegado insolvencia de alguna de las empresas, ni vaciamiento, ni siquiera disparidad de solvencia que pueda afectar a la trabajadora.

Entiendo que en el presente caso, si bien podría considerarse que, conjuntamente con la cesión del personal de PH a ADME S.A., en el año 2011 o en el año 2012, se cediera igualmente el contrato de trabajo suspendido de la actora, sin embargo, no ha existido ninguna maniobra fraudulenta que pudiera perjudicar a la misma en su antigüedad, vacaciones o ningún otro beneficio.

Destaco que la sentenciante afirma a fs. 664 vta., que las maniobras fraudulentas son conductas o actitudes orientadas a burlar los derechos del trabajador, tales como artilugios que afectan la antigüedad de los trabajadores “como es el caso de autos”.

Esta conclusión la considero carente de fundamento en las especiales circunstancias fácticas afirmadas en la demanda y demostradas en este caso concreto. Es decir que no resulta un hecho que sea derivación razonada de las circunstancias concretas de la causa.

Refiere seguidamente la a quo a circunstancias generales de los trabajadores, pero en ningún momento hace referencia a la situación de la accionante.

En el caso de autos, no se ha alegado ni se ha acreditado que a la actora se le fraccionara la antigüedad o se le disminuyera la misma, ni que de ningún modo se haya pretendido eludir otras obligaciones de índole laboral o impositivo, mediante maniobras, se entiende, más allá del silencio a la intimación de la trabajadora que provocara se considerara justamente en situación de despido indirecto.

En este sentido, y remitiéndome especialmente a las circunstancias de esta causa en la que me debo expedir, las extensas consideraciones generales sobre el derecho del trabajo que resultan de la sentencia, si bien han de compartirse en tanto en el sentido protectorio de las leyes laborales, en los principios del derecho del trabajo y en contra de la simulación y del fraude, es conteste la doctrina y jurisprudencia, cabe reiterar que no se condicen con las cuestiones debatidas en autos.

Por estas razones, entiendo que el recurso de apelación ha de merecer favorable acogida.

Teniendo en cuenta la forma en que propongo se resuelva la cuestión, resulta innecesario ingresar al análisis de los restantes agravios.

IV.- Por las razones expuestas, he de proponer al Acuerdo se haga lugar al recurso interpuesto por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, La Pampa y Neuquén, revocando en consecuencia el decisorio en crisis en cuanto extiende la condena a esa parte en forma solidaria.

Atento la forma como propongo se resuelva el recurso interpuesto y lo dispuesto por el art. 279 del CPCC, corresponde modificar el Punto II, de la parte dispositiva del fallo en crisis referido al considerando VI, e imponer las costas de la instancia de origen a la actora en su condición de vencida con respecto a la pretensión interpuesta contra el Sindicato de Gas y Petróleo de Río Negro, La Pampa y Neuquén, considerando que no existen razones para apartarme del principio general en esta materia.

Las costas de esta instancia corresponde se impongan igualmente a la actora en su carácter de vencida, no encontrando motivos para apartarme del principio general (arts. 17 de la ley 921 y 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios de esta instancia para el momento procesal oportuno (arts. 15 y 20 de la ley 1594, mod. por ley 2933).

Mi voto.

El Dr. Pablo G. Furlotti, dijo:

Comparto la línea argumental y solución propiciada por la Dra. Barroso en el voto que antecede, por lo que adhiero a las mismas, expidiéndome en igual sentido.

Es mi voto.

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia, con competencia en las II, III, IV y V Circunscripciones Judiciales;

RESUELVE:

1.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte co-demandada SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA, revocando parcialmente la sentencia de fecha 29 de marzo del año 2019 dictada a fs. 655/373 y vta. en cuanto extiende la condena a esa parte en forma solidaria y en consecuencia; rechazar la demanda promovida contra el referido sindicato.

2.- Modificar el Punto II de la sentencia imponiendo las costas de primera instancia a la actora vencida con respecto a la pretensión interpuesta contra el Sindicato de Gas y Petróleo de Río Negro, Neuquén y La Pampa (art. 279 del CPCC).

3.- Imponer las costas de esta etapa procesal a cargo de la parte accionante en su carácter de vencida, (arts. 68 y ccdtes. del C.P.C y C. y 17 de la ley 921).

4.- Diferir la regulación de honorarios de segunda instancia para la oportunidad en que se cuente con pautas para ello.

5.- PROTOCOLICESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 del TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente y oportunamente, vuelvan los obrados al Juzgado de origen.

Dra. Alejandra Barroso

Juez de Cámara

Dr. Pablo G. Furlotti

Jueza de Cámara

Dra. Victoria Paula L. Boglio

Secretaria de Cámara

Se deja constancia que el presente Acuerdo ha sido firmado digitalmente por los Dres. Pablo G. Furlotti, Alejandra Barroso y la suscripta, conforme se desprende del margen superior izquierdo de fs. 701 y del sistema informático Dextra. Asimismo se protocolizó conforme lo ordenado. CONSTE.

Dra. Victoria Paula L. Boglio

Secretaria de Cámara

En … de septiembre de 2019, se dio cumplimiento con las notificaciones electrónicas ordenadas. CONSTE.

Dra. Victoria Paula L. Boglio

Secretaria de Cámara

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