COMPENSACIÓN ECONÓMICA. DESEQUILIBRIO. PERSPECTIVA DE GÉNERO. RENTA PERIÓDICA

-El artículo 442 del CCyC establece una serie de circunstancias a tenerse en cuenta a título enunciativo -ya que la norma antes de enumerarlas dice “entre otras”- que sirven de guía para determinar la procedencia y monto de la compensación. Son parámetros que actúan como elementos integrantes del desequilibrio, ellos son: 1) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges o convivientes al inicio y finalización de la vida matrimonial o convivencial. 2) La dedicación que cada uno brindó a la familia, a la crianza y a la educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio o cese de la vida en común. 3) La edad y el estado de salud de los cónyuges o convivientes y de los hijos. 4). La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge o conviviente que solicita la compensación económica. 5) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge o conviviente. 6) La atribución de la vivienda familiar. –

-Es claro entonces que son realmente variadas las situaciones donde puede verse reflejado el desequilibrio como presupuesto de procedencia, pero este debe ser valorado en el caso concreto, pues es muy delgada la línea que permite diferenciar este desequilibrio económico, y a veces muy difícil de probarlo en el ámbito judicial.-

Fallo completo:

Cám. Civ. y Com. Trelew, sala A, 02/02/21, “R., P. E. c/ L., N. G. s/ Compensación Económica”

——En la ciudad de Trelew, a los 02 días de febrero del año dos mil veintiuno, se reúne la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia de la Dra. Florencia Cordón Ferrando y la presencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Natalia Isabel Spoturno y del Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo Fernando Peral, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “R., P. E. c/ L., N. G. s/ Compensación Económica” (Expte. N° 277 – Año 2020 CAT) venidos en apelación y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 75. Acto seguido se resolvió plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.——————————————————————

—-A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Florencia Cordón Ferrando expresó: —————–I.- Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, señora P. E. R., concedido libremente y con efecto suspensivo mediante providencia de fecha 29/9/20 (fs. 59), contra la sentencia Nro. 55 de fecha 17 de septiembre de 2020 (fs. 32/34 y vta.).

— La actora expresó agravios mediante ID 131546 de fecha 18/10/20 (fs. 64/65), respondidos por la contraria mediante ID 168402 de fecha 1/12/20 (fs. 73). ——————–II.- La sentencia de Primera Instancia. ————————————————————-

—-El pronunciamiento recurrido rechazó la demanda por compensación económica promovida en los términos del art. 441 y 442 del CCyC por la señora R. contra su ex cónyuge, el señor L., con costas a cargo de la actora vencida. ——————————-

—-Para así decidir, luego de repasar la figura jurídica bajo análisis, relató que la actora acompañó únicamente prueba documental, sin ofrecer ninguna otra y que la parte demandada negó los hechos, no adjuntó ni ofreció prueba y efectuó propuesta del pago

de un año de cobertura social. ——————————————————————————Sostuvo que, de este modo, con la documental adjunta la actora no logró acreditar sus dichos, en especial, que por motivo del matrimonio dejó de trabajar para que su entonces marido pudiera estudiar y realizar su carrera bancaria y la situación de salud denunciada que le imposibilite realizar tareas remuneradas. —————————————————-

—-Concluyó que de la escasa prueba aportada no surge el desequilibrio económico necesario para habilitar la imposición de una compensación económica ya que la actora no acreditó que su situación patrimonial ha empeorado como consecuencia del matrimonio y su ruptura. ————————————————————————————–Agregó finalmente que la acción se encuentra caduca por haber transcurrido el plazo de seis meses previsto en el art. 442 del CCyC, en tanto la sentencia de divorcio se dictó en fecha 14 de mayo de 2019 y la demanda se interpuso el día 20 de noviembre de 2019.————————————————————————————————————III.-Agravios. ————————————————————————————————–

—-Contra dicho pronunciamiento la recurrente deduce dos agravios, a saber: 1) sostiene que no se tomó en cuenta la prueba documental ofrecida consistente en el expediente

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“R., P. E. c/ L., N. G. s/ Alimentos” (expte. 1113/2019), en el cual se encuentran agregados los certificados de salud originales y que tampoco se consideró la prueba documental presentada el 26/8/2020 (certificados médicos). Esgrime que, por su lado, el demandado no presentó ninguna prueba en contrario en miras de desestimar las afirmaciones efectuadas en la demanda, invocando al efecto el art. 377 del CPCCN. ———-Expresa que la sentencia es arbitraria, ya que en relación al desequilibrio económico se aportó abundante prueba de los gastos que afronta la señora R. y del préstamo que tuvo que sacar su madre, jubilada, para ayudarla. Sostiene que tuvo un empobrecimiento económico durante y posterior al divorcio, encontrándose sin empleo, con un tratamiento médico que no puede dejar, sin obra social y a cargo de sus hijos, sin poder afrontar un proyecto de vida a su edad. ——————————————————————————

—–Aduce que la sentencia niega un derecho fundamental, legislado con el espíritu de no dejar desamparadas a las mujeres que dedican su vida a un proyecto familiar y por el cual resigna en lo personal a favor de sus hijos y marido, hoy sin posibilidad de procurarse sustento dignamente. —————————————————————————Concluye que la jueza de primera instancia desarrolló un análisis impropio habiendo dejado de lado probanzas elementales. ——————————————————————2) En segundo lugar se agravia de lo decidido respecto al plazo para interponer la demanda. Indica que la jueza de grado aplicó el plazo de 6 meses previsto en la normativa pero no tuvo en cuenta que, previo a demandar, se le requirió que fuera a mediación, conforme constancias que se encuentran en el expediente. Cita jurisprudencia en su apoyo; manifiesta que no se ha procurado la “tutela judicial efectiva” y que se ha incurrido en un “exceso ritual manifiesto”. ——————————————–

—-IV.- Contestación de los agravios. ———————————————————————-La parte demandada se limitó a peticionar la deserción del recurso, por entender que los agravios no han sido expresados en la forma prescripta en el art. 268 del CPCC. ——-V. Tratamiento de los agravios. ————————————————————————-V.1) En tanto la parte demandada considera que el recurso es un mero disenso con la sentencia de grado, pretendiendo que se lo declare desierto por insuficiencia técnica, corresponde primeramente precisar que los argumentos desarrollados alcanzan suficientemente para refutar los fundamentos esenciales del fallo –falta de prueba y caducidad de la acción-, motivo por el cual entiendo corresponde habilitar su tratamiento.

—-No debe olvidarse que para decidir la declaración de deserción del recurso debe siempre imperar un criterio restrictivo, dada la gravedad de los efectos y el caso de duda debe resolverse siempre a favor del apelante. ———————————————

—–Al respecto, nuestro Superior Tribunal de Justicia ha hecho propia la doctrina según la cual la idoneidad técnica de los escritos que contienen el memorial donde se fundan los agravios a los efectos del recurso de apelación, en cuanto a su suficiencia, debe ser apreciada con un criterio amplio en relación con la admisibilidad, ya que de ese modo se

logra armonizar el respeto del derecho de defensa tutelado por las Constituciones Nacional y Provincial, a fin de no limitar la más amplia controversia de los derechos en juego. De otro modo, tal como lo sostiene la CSJN, un mero defecto técnico puede conducir a injustas resoluciones, perjudicando a los litigantes que acuden a los tribunales a fin de que se imparta justicia, pretendiendo que se les brinde la posibilidad de ser oídos, ejerciendo su legítimo derecho de defensa en juicio. Si el apelante individualiza aún en mínima medida los motivos o causas en que centra sus críticas a la sentencia que recurre, no corresponde declarar la deserción del recurso (SD N 05/SROE/14, 31/SER/14 y SROE/15). ———————————————————————————–

—Se ha resuelto, en idéntico sentido, que en atención a la amplitud con que se debe amparar el derecho de defensa en juicio, que tiene jerarquía constitucional, cabe considerar la expresión de agravios del apelante no obstante la forma harto escueta con que realiza la crítica de las partes del fallo que considera equivocadas, conforme a las constancias de hechos y a los fundamentos de derecho que estiman erróneos (CNCIv., Sala D, 30/12/74, ED, 65-230, citado por Roberto G. Loutayf Ranea “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil..,” pág. 275/276). ————————————————–

—-V. 2) Ello superado, por una cuestión de orden lógico corresponde referirme en primer término al plazo de caducidad, por cuanto la interposición de la demanda en tiempo hábil es un presupuesto procesal habilitante de la acción. ———————————————-

—Es que el instituto de la caducidad del derecho supone el establecimiento legal o convencional (art. 2568 del C.CyC) de un plazo fatal y perentorio dentro del cual se debe realizar un hecho o acto positivo o negativo, para mantener vivo un derecho y apareja, en su defecto, la extinción del derecho no ejercido (art. 2566 del C.CyC).———–Específicamente el plazo para reclamar la compensación económica entre cónyuges se halla previsto en el último párrafo del art. 442 del CCyC, que establece que la acción caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. —————————Aunque la norma no lo diga, nutrida doctrina y jurisprudencia se han encargado de precisar que el cómputo del plazo debe realizarse a partir de que la sentencia de divorcio adquiere firmeza, posición que comparto. ————————————————————

—Ello es así, por cuanto antes de la notificación de la sentencia que declara el divorcio, ningún plazo puede computarse desde que la compensación económica es una consecuencia directa de dicho instituto, tratándose de una herramienta legal destinada a compensar el desequilibrio patrimonial que perjudica a un cónyuge respecto al otro a causa y como consecuencia del divorcio (Conf. Rivera, Julio César – Medina, Graciela, Código Civil y Comercial de la Nación, 1ª edición Buenos Aires, 2014, Ed. LA LEY, T. II, P.89; C. N. Civ. Sala C, autos “V., M. M. c. M., G. E. s/ fijación de compensación económica – arts. 441 y 442 Cód. Civ. y Com. de la Nación”, 20/09/2018, AR/JUR/89895/2018). ——————————————————————————————También se ha dicho que la ley ha previsto para esta figura la caducidad de la acción

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si el beneficiario deja transcurrir seis meses desde el cese de la unión o la sentencia firme de divorcio sin iniciarla. Este exiguo plazo tiene directa relación con la finalidad de la figura: resolver las cuestiones patrimoniales pendientes a la brevedad, y garantizar –o generar las condiciones- para el sostenimiento autónomo del beneficiario sin dilaciones (Conf. Mariel F. Molina de Juan, en “Renuncia y compensación económica”, pub. en “Rev. de Derecho Privado y Comunitario 2016-2: familia II: relaciones entre adultos”, 1era ed. revisada, ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2016, pág 220). ————————-En igual sentido se ha especificado que : “La última parte del artículo en comentario establece la caducidad para el ejercicio de la acción de fijación judicial de compensación económica, disponiendo un plazo de seis meses a contar desde el dictado de la sentencia de divorcio, debiendo interpretarse desde que ésta quedó firme”. “Si bien es sumamente poco probable su apelación (dado el carácter incausado del divorcio) podría presentarse algún caso que amerite su nulidad (notificación deficiente al requerido, ausencia de fijación de la audiencia del art. 438 en caso de corresponder, etc.). (conf. M. Victoria Pellegrini, “La compensación económica en el marco de un divorcio incausado”; Revista citada en párraf. anterior, pág 190 y su nota al pie).————————————-

—–Por otro lado, el art. 2569 apartado a) del ordenamiento de fondo prevé que una de las causales que impide la caducidad de los derechos es el cumplimiento del acto previsto por la ley o por el acto jurídico. ——————————————————————-De las constancias del juicio de divorcio seguido entre las partes -expte. N° 323/2019-, que corre por cuerda, resulta que la sentencia fue dictada el día 14 de mayo de 2019 (ver fs. 114). En tanto, de acuerdo al reporte de notificación del sistema digital –informado a requerimiento de la suscripta vía Inodi Nro 207984-1, que se adjunta- la sentencia se notificó por sistema serconex al demandado el mismo 14 de mayo y a la actora en fecha 15 de mayo de 2019, adquiriendo firmeza entonces una vez transcurridos los cinco días hábiles previstos para interponer el recurso de apelación, esto es, el 27 de mayo de 2019 –atendiendo a la suspensión de plazos dispuesta para los días 22/23 y 24 de mayo de 2019 por Res. Sup. Adm del STJ Nro. 9267 de fecha 8/5/19.- ———————————–

—- Asimismo, surge de las mentadas actuaciones, que la solicitud de compensación económica integró la propuesta de convenio regulador (ver demanda fs. 92 y vta.), a lo cual se opuso el señor L. (ver fs. 112 y vta.) por lo que en la sentencia de divorcio se dispuso que ante la inexistencia de conformidad entre las partes respecto a las cuestiones derivadas del divorcio, las partes debían ocurrir por la vía que corresponda o ante el servicio Público de Medicación dependiente del Poder Judicial (último párrafo, sent. divorcio, fs. 114). A fs. 119 se agregó nota del servicio de mediación de fecha 19/6/19 en la cual se informa el fracaso de dicha instancia y que en fecha 16 de septiembre de 2109 la actora presentó escrito solicitando la determinación judicial de cuota alimentaria y compensación económica por fracaso de mediación (ver cargo judicial fs. 121 vta.), a lo cual se proveyó, en fecha 23 de septiembre de 2019, “ocurra

por la vía que corresponde”. ———————————————————————————De este modo resulta evidente que es equivocado el cómputo lineal efectuado por la Magistrada de primera instancia desde la fecha de la sentencia del divorcio (14 de mayo de 2019) hasta la fecha de promoción de la demanda en este expediente (20 de noviembre de 2019), ya que de acuerdo a las constancias reseñadas, en primer lugar, el plazo debe computarse desde el 27 de mayo de 2019 -fecha de firmeza de la sentencia de divorcio- y, en segundo lugar, no puede soslayarse que el derecho se mantuvo vivo con la mediación y posterior primera demanda interpuesta en fecha 16 de septiembre de 2019, aun cuando la misma haya sido presentada inicialmente en el expediente del divorcio, todo lo cual impidió que se produzca la caducidad, de acuerdo al citado art. 2569 inc. a) del CCyC.- ————————————————————————————

—-Por las circunstancias expuestas considero que el derecho para reclamar la compensación económica no se encuentra extinguido en este caso, motivo por el cual se impone revocar lo decidido en este aspecto.———————————————————V. 3) Que ello establecido pasaré a analizar si resulta procedente la compensación económica reclamada. —————————————————————————————-Esta figura incorporada en el nuevo Código Civil y Comercial, tomada del derecho comparado, especialmente del español, posee naturaleza jurídica propia y persigue «compensar» el menoscabo económico que la vida en común y su ruptura puede haber provocado en uno de los cónyuges o convivientes, con el propósito de evitar que la nueva situación familiar consolide un perjuicio injusto. ———————————————–Consiste en una prestación destinada a «corregir» un desequilibrio patrimonial — hasta entonces oculto— que se visibiliza con el divorcio o el cese de la convivencia (MOLINA de JUAN, Mariel F., «Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas», RDF 74, Abeledo Perrot, abril 2016, p. 129).————–

—En los fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial se precisa: «El Anteproyecto recepta una figura que tiene aceptación en varias legislaciones del derecho comparado, y que es coherente con el régimen incausado de divorcio, con fundamento en el principio de solidaridad familiar, se prevé la posibilidad de que, para aminorar un desequilibrio manifiesto los cónyuges acuerden o el juez establezca compensaciones económicas. Estas compensaciones pueden ser abonadas de diferentes modos, prestación dineraria única, renta por un tiempo determinado o, de manera excepcional, por plazo indeterminado. Por ejemplo: si al momento de contraer nupcias se optó por llevar adelante una familia en la cual uno solo de los cónyuges era el proveedor económico y el otro cumplía sus funciones en el seno del hogar y en apoyo a la profesión del otro, no sería justo que al quiebre de esa elección se deje desamparado a aquel de los cónyuges que invirtió su tiempo en tareas que no traducen en réditos económicos; en este caso, se le fijará una compensación económica que puede asumir distintas modalidades de pago: pensión, cuotas, etc. Nada impide que los cónyuges convengan

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su monto y forma de pago, pero, como se trata de un caso de protección legal y con fundamento en la solidaridad familiar, ante la falta de acuerdo el juez puede determinar su procedencia y fijar un monto si correspondiere. Al tratarse de una herramienta destinada a lograr equilibrio patrimonial, es necesario realizar un análisis comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, esto es, obtener una ‘fotografía’ del estado patrimonial de cada uno de ellos, y, ante un eventual desequilibrio, proceder a su recomposición».———————————————————————————————-Ahora bien, dicha «fotografía» del estado patrimonial de cada uno de los cónyuges, no se limita a aquellos bienes que en definitiva integren sus patrimonios al inicio y al momento de la ruptura. No se trata solo de un análisis cuantitativo, porque aquello relevante es cómo incidió el matrimonio y el posterior divorcio en la potencialidad de cada uno de los cónyuges para su desarrollo económico. A modo de ejemplo: si durante el matrimonio uno de los cónyuges pudo capacitarse profesionalmente y obtener así una ventaja de contenido patrimonial -pues favorece una mejor inserción en el mercado laboral- en desmedro del otro cónyuge, quien relegó su desempeño laboral o profesional por dedicarse al cuidado del hogar y de la familia, resultará procedente fijar una compensación económica en su favor, ya que el rol desempeñado durante el matrimonio y el posterior divorcio implicó un desequilibrio económico en su perjuicio (KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída — HERRERA, Marisa — LLOVERAS, Nora, «Tratado de Derecho de Familia», Rubinzal-Culzoni, 2014, T. I, p. 426). ————————————————-

—-En igual dirección, explica M. Victoria Pellegrini que la mencionada “fotografía del estado patrimonial” no se limita a los bienes que en definitiva integren el patrimonio de los cónyuges, “Me refiero a aquel ´capital humano´, a la inversión que se pudo haber realizado durante el matrimonio a carreras laborales o educativas, para adquirir capacidades y experiencias que permanecerán y beneficiarán a quien los adquirió, a pesar de haberlas obtenido con el esfuerzo común. A modo de ejemplo, si durante el matrimonio uno de los cónyuges pudo capacitarse profesionalmente y obtener así una ventaja de contenido patrimonial –pues favorece una mejor inserción en el mercado laboral-, en desmedro del otro cónyuge, quien relegó su desempeño laboral o profesional para dedicarse al cuidado del hogar y de la familia, resultará procedente fijar una compensación económica en su favor, ya que el rol desempeñado durante el matrimonio se transformó en un factor de desequilibrio económico en su perjuicio ante el divorcio. Desequilibrio económico que probablemente el matrimonio mantenía oculto, pero que el divorcio puso en evidencia”. (autora citada, en: “Tratado de Derecho de Familia”, Adriana N. KRASNOW (Dir), 1era edición – Ciudad autónoma de Buenos Aires, 2015, ed. La Ley, T II, “Relaciones Personales y Patrimoniales de Pareja”, Cap. IX, págs.500/501). ———

—-La cuestión está muy bien precisada por Béccar Varela: «Debe tenerse en cuenta que, cuando se habla de desequilibrio económico manifiesto, este puede manifestarse en dos

variantes, a saber: Desequilibrio patrimonial: Es el que se puede verificar en los bienes concretos que le quedan a cada cónyuge producida la ruptura… Desequilibrio en materia de capacitación, profesionalización, o potencialidad para generar recursos económicos u obtener ingresos: Bien puede ocurrir que al momento de la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial no exista desequilibrio en el haber patrimonial, pero, no obstante ello, sea procedente la CE, porque se verifica un fuerte desequilibrio en la capacidad de generar ingresos» (BÉCCAR VARELA, Andrés, «Cómo no se debe calcular la compensación económica», RDF 2019-II, AR/DOC/1156/2019). ——————————-

—–El artículo 442 del CCyC establece una serie de circunstancias a tenerse en cuenta a título enunciativo -ya que la norma antes de enumerarlas dice “entre otras”- que sirven de guía para determinar la procedencia y monto de la compensación. Son parámetros que actúan como elementos integrantes del desequilibrio, ellos son: 1) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges o convivientes al inicio y finalización de la vida matrimonial o convivencial. 2) La dedicación que cada uno brindó a la familia, a la crianza y a la educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio o cese de la vida en común. 3) La edad y el estado de salud de los cónyuges o convivientes y de los hijos. 4). La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge o conviviente que solicita la compensación económica. 5) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge o conviviente. 6) La atribución de la vivienda familiar. ———————

—Es claro entonces que son realmente variadas las situaciones donde puede verse reflejado el desequilibrio como presupuesto de procedencia, pero este debe ser valorado en el caso concreto, pues es muy delgada la línea que permite diferenciar este desequilibrio económico, y a veces muy difícil de probarlo en el ámbito judicial.—————Del análisis del caso surge que la señora R., para pretender la compensación económica, sostuvo que al inicio del matrimonio y por pedido del padre de sus hijos dejó de trabajar para que él pueda estudiar y realizar su carrera bancaria. Adujo que durante toda la convivencia conyugal postergó sus estudios y su trabajo para dedicarse por completo a la crianza y cuidado de los niños, desempeñando tareas de ama de casa. Expresó que por dicho motivo hoy se encuentra fuera del mercado laboral y en desventaja por no estar preparada, sin posibilidad de solventar sus necesidades. A ello adicionó tener problemas de salud, esgrimiendo que sus padres (jubilados) se han endeudado para ayudarla. ————————————————————————————Peticionó en concreto se le permita continuar con la obra social que cubre al señor L. por el período de dos años, ya que se encuentra en tratamiento médico y no cuenta con ingresos para poder pagarla y se fije la compensación en pesos quince mil 15% mensual (sic) por dos años, tiempo que estimó suficiente para poder capacitarse, conseguir empleo y acomodarse económicamente. —————————————————Acompañó únicamente prueba documental consistente en copia certificada del acta de

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matrimonio; original crédito otorgado a su madre, copia de la sentencia de divorcio, certificado de estudios de la actora y solicitó se agreguen por cuerda el expediente de los alimentos (“R., P. E. c/ L., N. G. s/ alimentos”, Expte. 1113/2019), indicando que allí se hallan los certificados originales. ——————————————————————–

—-El demandado se opuso, efectuó las negativas particulares de los hechos, en especial negó la existencia de desequilibrio económico. Adujo que la señora R. se quedó con el uso de la vivienda conyugal (ganancial) y de un vehículo. Manifestó que la misma además posee en su patrimonio personal otro vehículo (Volswagen Golf) y una propiedad en la calle Ecuador de la ciudad de Trelew. A tal efecto requirió los informes al organismo respectivo. También expresó que de su parte nunca dejó de cumplir con sus obligaciones de parentalidad, sea a través del descuento de cuota como por aportes en especie para sus hijos. Negó que la señora R. se encuentre con graves problemas de salud o en tratamiento médico prolongado y en tal sentido solicitó –de considerarse pertinente- se requiera informe médico actual de salud. Por último, como contrapropuesta, ofreció hacerse cargo de la cobertura de un año más de la obra social que posee en Prevención Salud (prepaga). ———————————————————

—-La actora rechazó la propuesta (mediante ID 88223 de fecha 20 de agosto de 2020) solicitando se le permita continuar con la obra social por dos años, atendiendo a la enfermedad que cursa y en virtud de la cual –dice- fue intervenida 3 veces. Acompañó documental consistente en dos certificados médicos y factura de insumos médicos y copia del informe remitido al expte. de alimentos (Nro. 1113/2019) por “A. D. A.” que da cuenta de la relación comercial mantenida con el señor L. (ver fs. 30). ———————–

—-Seguidamente la Magistrada de Primera Instancia pasó los autos a sentencia por considerar que no existía prueba pendiente de producción (prov. de fecha 26/8/2020, fs.

31). —————————————————————————————————————

—-Reseñados los antecedentes, debo decir, en primer lugar, que la alegación de la actora es escueta y ciertamente no ha sido respaldada con suficiente prueba. Por su lado, el demandado, no instó la producción de la escasa prueba ofrecida por su parte (informes a los organismos de registro e informe médico). ——————————————Ahora bien, a pesar de la deficiencia probatoria indicada, no puede soslayarse en el análisis la necesaria consideración de las constancias judiciales que surgen de los expedientes conexos -de divorcio; de alimentos; de liquidación de la sociedad conyugal; de homologación de acuerdo de cuidado personal y régimen de comunicación-, todos ellos agregados por cuerda y que tengo a la vista. ————————————————-

—A la vez, cabe recordar, que en esta materia rige el principio de la “carga de la prueba dinámica”, conforme lo estipula el art. 710 del CCyC, en virtud del cual recae en quien se encuentre en mejores condiciones de probar, motivo por el cual la falta de prueba no juega necesariamente, como se entendió en la sentencia apelada, en contra de la petición de la actora. ————————————————————————————

Todo lo expuesto conlleva, sin duda, a un esfuerzo adicional en la tarea juzgadora, requiriéndose un análisis más meduloso y delicado de las circunstancias concretas del caso, y seguirse, para resolver esta temática, una visión amplia, un criterio realista y juzgar con perspectiva o, mejor dicho, sensibilidad de género, en tanto mandato constitucional/convencional (Art. 75 inc. 22 CN; CEDAW y Ley 26.485).————————-Bajo tales premisas generales advierto que, más allá de la falencias postulatorias y probatorias antes indicadas, surge de todos modos, atendiendo a los términos de la controversia y a los antecedentes judiciales, que efectivamente la actora se dedicó durante el matrimonio a la atención de las tareas del hogar y cuidado de los hijos en común, es decir, a tareas no remuneradas; mientras que el demandado era el único proveedor de recursos al hogar, a través de su trabajo en relación de dependencia en el Banco del Chubut S.A. y también mediante la actividad de venta de productos desarrollada en forma autónoma. ————————————————————————–En efecto, en relación a este tópico, el demandado solo negó haberle pedido a la madre de sus hijos que deje de trabajar y la postergación de sus estudios y trabajos durante la convivencia conyugal (punto b) 1 de las negativas particulares del ID 70670), pero la situación fáctica en sí misma, es decir, el modo de organización familiar durante la vida en común, no fue específicamente negada. —————————————————-Además, los roles asumidos por los cónyuges durante el matrimonio se corroboran con los escritos constitutivos del expediente del divorcio (expte. Nro. 323/2019). En dichas actuaciones, la actora peticionó como parte integrante del convenio regulador la compensación económica en el punto IV de la demanda de divorcio, en análogos términos a los vertidos en esta causa, aduciendo principalmente su condición de ama de casa y su dedicación al cuidado de los hijos (fs. 92). Al contestar, el demandado dijo que eran ciertos algunos dichos de la demanda en el punto IV, aunque se omitieron datos esenciales, refiriéndose luego solamente a la existencia de un cuatriciclo; que ya no está vendiendo productos de PSA y productos A.; que sacó un préstamo en el Banco del Chubut con destino a renovación de vehículos y gastos de la vivienda conyugal y que cumple con su obligación alimentaria respecto sus hijos menores de edad (fs. 111 y vta).

—-Por otra parte, el demandado reconoció que es empleado bancario, hallándose agregados recibos de haberes tanto en el expediente del divorcio como en el de alimentos (expte 1113/20) que corren por cuerda. A su turno en la sentencia definitiva del juicio de alimentos (SNro. 51 /20 de fecha 1 de septiembre de 2020) se tuvo por acreditada la relación laboral del demandado quien cumple funciones en el Banco del Chubut y con la contestación de los oficios dirigidos a la empresa A. y PSA que el señor L. revende productos a su cuenta y riesgo. Respecto de la actividad de la actora se consignó que actualmente no posee empleo formal, desempeñándose como ama de casa (consid. nro. 8 de la citada sentencia). ———————————————————

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—-De este modo es evidente que los roles asumidos durante la vida matrimonial que sustentan el pedido de compensación económica por parte de la mujer constituyen una circunstancia fáctica objetiva que quedó reconocida y probada. Aclaro que resulta irrelevante para resolver aquí si la actora se dedicó a las tareas del hogar a raíz de un pedido concreto del marido o lo hizo por propia voluntad.——————————————–Asimismo se desprende de las constancias del expediente que el matrimonio se celebró el 25 de septiembre de 2004, cuando la señora R. contaba con 28 años de edad y el señor L. con 31 años, declarando ambos ser empleados (ver copia la partida de matrimonio a fs. 2, cuya copia certificada se agregó a fs. 1 del expediente del divorcio). —El divorcio se decretó en fecha 14 de mayo de 2019, con retroactividad al día 2 de mayo de 2019, lo que implica una relación matrimonial de casi 15 años (copia certif. de sentencia obrante a fs. 8), de la cual nacieron dos hijos en común, el primero febrero de 2005 y el segundo en abril de 2015 (ver libreta de familia y certificados de nacimiento fs. 5 a 7 del expte. del divorcio). ——————————————————————————–Es así que al finalizar el vínculo la actora contaba con 43 años de edad (copia DNI, fs. 8 del divorcio) y de acuerdo a lo que surge del expte Nro. 1103/2019 referido a la homologación del acuerdo de cuidado personal y régimen de comunicación, el cuidado personal de los dos hijos del matrimonio de 14 y 4 años de edad se estableció de manera compartida bajo modalidad indistinta con residencia principal en el domicilio materno, estableciéndose un régimen de comunicación a favor del demandado de dos días a la semana, uno cuatro y otro cinco horas, y un fin de semana por medio. ————————–Asimismo cabe ponderar que las partes no han procedido aún a la liquidación de los bienes comunes, hallándose en trámite la solicitud respectiva presentada por la actora en el expte. 1321/2019. También surge de dicho expediente conexo y de la propuesta de convenio reglador y contrapropuesta efectuada en el divorcio –aunque finalmente no fue homologada-, que la atribución del hogar conyugal quedó en los hechos a favor de la actora en donde reside con sus hijos menores y que el señor L. presta conformidad con dicha atribución, sin que haya quedado dilucidado el carácter de bien propio o ganancial de la vivienda, alegando ambos haber efectuado aportes dinerarios. Por otro lado, no existen otros bienes gananciales de importancia para dividir, salvo vehículos y otros rodados. ————————————————————————————————

—-Ante tales elementos considero que efectivamente el matrimonio y su posterior quiebre provocó en la actora un desequilibrio económico manifiesto y objetivo que implica un empeoramiento de su situación, en los términos del art. 441 del CCy C. —————–

—Es que la Señora R. se encuentra al momento del quiebre matrimonial sin realizar actividad remunerada, con escasa o dificultosa posibilidad de acceder al mercado laboral dada su edad y falta de capacitación laboral; al cuidado principal de dos niños, de los cuales uno de ellos tiene apenas cinco (5) años de edad; habiendo dedicado 15 años de su vida, en la etapa de mayor productividad y perspectiva laboral, a las tareas no

remuneradas de ama de casa. Del otro costado, el demandado, señor L., se vio beneficiado con el rol asumido por la actora, pudiendo desarrollar en forma conveniente su carrera bancaria, trabajo por el cual percibía un neto mensual – descontados los alimentos a favor de los menores- aproximado de $ 100.000 mas gratificación (ver recibos de abril/mayo/ junio 2020, fs. 108/114 del expte. de alimentos), con la posibilidad de contar con cobertura social y acceso a la jubilación, a más de la actividad que en forma autónoma pudo y podrá seguir desarrollando, de todo lo cual se verá privada la señora L. con motivo del divorcio.———————————————————————–

——Por ello, en mi opinión, lo expuesto es suficiente para que sea procedente la compensación económica peticionada a fin de subsanar las dificultades o desventajas en orden a las posibilidades de un desenvolvimiento laboral más o menos autónomo de la mujer, de acuerdo a las pautas previstas en los incs. 2, 3 y 4 del art. 442 CCyC. y así lo dejo propuesto al Acuerdo. ——————————————————————————–En este sentido se ha dicho: “Recuérdese que el pago de la compensación puede cumplir una doble finalidad: como correctivo estático (de la composición del patrimonio) y como correctivo dinámico (de las capacidades o potencialidades de obtener recursos) –ver Mariel F. MOLINA DE JUAN, Compensación económica. Teoría y práctica, Rubinzal, 2016, p. 162-. Así vemos que la esposa no generaba recursos, sino que solo lo hacía el demandado, razón suficiente para entender que con el divorcio las diferencias patrimoniales y funcionales serán sustanciales” (CNACiv. Sala H, “C.M.B c. R.L.A s/fijación de compensación económica –arts. 441 y 442 CCCN”, fallo del 18/9/2019, publ. en La Ley Online: AR/JUR/38525/2019). ————————————————————–

—-A mayor abundamiento entiendo que la situación planteada en este caso es la que justificó en A. la existencia del instituto de la compensación económica –aun cuando no sea la única- y es la que especialmente se tuvo en miras tutelar, a tenor de los fundamentos vertidos en el anteproyecto antes reseñados. ——————————————Pondero asimismo la inexistencia de bienes comunes de importancia para repartir que puedan recomponer el desequilibrio existente respecto a las potencialidades futuras y considero que el uso y probable atribución judicial de la vivienda a la actora no alcanza para compensarlo. ——————————————————————————-

—-Por último aclaro que no atiendo a la situación de salud invocada por la actora, pero ello no es por descuido, sino por no hallarse debidamente esclarecida ni acreditada, ni en este expediente ni en los restantes expedientes conexos. En efecto, no queda claro el diagnóstico, su fecha, pronóstico, tratamiento, etc.; no hay informe médico ni pericia médica. Cabe precisar aquí que para el análisis de la procedencia de esta figura corresponde atenerse a las circunstancias existentes al momento del divorcio y no a las

sobrevinientes. ————————————————————————————————

—-Establecida de este modo la procedencia de la compensación, corresponde ahora que me aboque a su cuantificación. Es sabido que en este campo la tarea judicial no

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resulta sencilla, más aun cuando se trata de compensar probabilidades o predicciones futuras. No hay reglas de cálculos, solo tenemos enunciados generales que funcionan como guía o pauta y que son las mismas que se utilizan para definir la procedencia del

instituto. ————————————————————————————————————La actora requirió la suma de $ 15.000 mensuales por un lapso de dos años, estimando que ello era el tiempo suficiente para poder capacitarse, conseguir un empleo y acomodarse económicamente y el mantenimiento de la cobertura de la obra social a su favor, de la cual viene haciendo uso y goce. ———————————————————-

—-Pues bien, tratándose el reclamado de un derecho de contenido exclusivamente patrimonial y absolutamente dispositivo, rige aquí en forma plena la congruencia procesal, por lo que este Tribunal no podría acordar un derecho mayor o más extenso al que ha sido objeto de reclamo. —————————————————————————

—-Así las cosas, ponderando todas las pautas antes reseñadas y que sólo por su actividad en relación de dependencia el demandado percibía a mayo del año 2020 ingresos netos aproximados mensuales de $ 100.000, ya restados los alimentos para sus hijos, estimo procede la fijación de la compensación económica pretendida por la suma de $ 15.000 mensuales con mas el mantenimiento de la cobertura de la obra social, que incluso el demandado había aceptado aun que por un lapso menor, todo ello por el plazo de dos años. ——————————————————————————————-

—–La mencionada suma y forma de pago si bien no será suficiente, a mi criterio, para reequilibrar en forma íntegra la situación entre los cónyuges respecto a sus posibilidades para encarar su desenvolvimiento futuro, servirá, al menos, para atenuarlo. —————-

—-Propongo que la suma dineraria precedente se abone del 1 al 10 de cada mes a partir de que quede firme la presente sentencia y que para el caso de incumplimiento se abone un interés moratorio calculado a la tasa activa que cobra el Banco del Chubut S.A. para operaciones generales vencidas, debiendo depositarse en la cuenta denunciada por la actora en el escrito de inicio. ——————————————————————————

—-Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación y revocar la sentencia de primera instancia, concediendo la compensación económica reclamada por el monto, forma y plazo detallados precedentemente.—————————–Propongo que las costas de ambas instancias sean impuestas por su orden (art. 282 y 69, segundo párrafo, del CPCC), atendiendo a los escuetos argumentos y deficiencia probatorias de las partes y la forma en que se resuelve, recurriéndose a argumentos de oficio.————————————————————————————————————-

—-Por los mismos motivos propongo que los honorarios profesionales de los doctores M. P. I. y A. F. A., queden fijados en ocho (8) JUS a cada uno por las tareas de primera instancia y en ocho (8) JUS por las de la alzada, en ambos casos con más el IVA de corresponder (conf. art. 6 bis, 7 y 13 del arancel). ————————————————–

—-Por lo expuesto a esta cuestión me pronuncio POR LA NEGATIVA.———————–

—-A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Natalia Isabel Spoturno expuso: ————————-I. Los detalles esenciales del caso, sentencia impugnada y agravios expresados fueron suficientemente reseñados por la Magistrada que me precedió en el voto, por lo que me pronunciaré directamente sobre los aspectos sometidos a decisión de esta alzada.————————————————————————————————————–II. Suficiencia del escrito de expresión de agravios: En mi opinión el escrito mediante el cual la parte actora dio sustento a su recurso resulta suficiente a fin de atacar la sentencia dictada en autos. No corresponde, en consecuencia, declararlo desierto como solicita la demandada por lo que daré tratamiento a los agravios expresados.—————–III. Caducidad: La jueza de primera instancia, luego de decidir rechazar la demanda por no encuadrar el caso en las previsiones de los arts. 441 y 442 del CCyC, sostiene que sin perjuicio de ello, y en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del art. 442, la acción para reclamar la compensación económica resultó extemporánea. Para llegar a esta conclusión dice que la resolución que decreta el divorcio es de fecha 14 de mayo de 2019 y que la actora interpuso la demanda el 20 de noviembre de 2019.——————–En cuanto al momento a partir del cual debe computarse el plazo establecido en la norma, la doctrina y la jurisprudencia se encuentra dividida entre quienes consideran — como la jueza de grado— que se computa desde la fecha de la sentencia de divorcio y quienes encuentran el punto de partida en el momento en que la sentencia adquiere firmeza. En comentario al art. 442 del CCyC afirma Pellegrini que la norma dispone un plazo de seis meses para el ejercicio de la acción “a contar desde el dictado de la sentencia divorcio, debiendo interpretarse desde que ésta quedó firme” (PELLEGRINI, M. Victoria, 2016. “Delineamiento de la figura de la compensación en el marco de un divorcio incausado”, en Derecho de Familia – II, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 190). En idéntico sentido afirma Marisa Herrera que la acción “caduca a los seis meses desde la sentencia firme de divorcio” (conf. Herrera, Marisa en “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Lorenzetti, R. L. (dir), T. II, p. 768, com. art. 442, citado en AR/JUR/89895/2018). Asimismo, y en sentido concordante, afirman Rivera y Medina que “aunque no se aclara en forma expresa, el cómputo debe realizarse a partir de que la sentencia adquiere firmeza” (Conf. Rivera, Julio César – Medina, Graciela, Código Civil y Comercial de la Nación, 1ª edición Buenos Aires, 2014, Ed. LA LEY, T. II, P. 89, citado en AR/JUR/27277/2019). ————

—La jurisprudencia por su parte ha resuelto que “el plazo de seis meses previsto en la normativa de fondo debe computarse desde que la sentencia de divorcio se encuentra consentida o firme” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, 20/09/2018 – V., M. M. c. M., G. E. s/ fijación de compensación económica – arts. 441 y 442 CCCN – Publicado en: RDF 2019-III , 27, con nota de Estela Morano, Julián F. Faragó y Lucía S. Eisen; Cita Online: AR/JUR/89895/2018). En idéntico sentido se expidió la Sala E al resolver que “el plazo de seis meses previsto en la normativa de fondo debe computarse

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desde que la sentencia de divorcio se encuentra consentida o firme. Y ello es así, por cuanto antes de la notificación de la sentencia que declara el divorcio ningún plazo puede computarse desde que la compensación económica es una consecuencia directa de dicho instituto, tratándose de una herramienta legal destinada a compensar el desequilibrio patrimonial que perjudica a un cónyuge respecto al otro a causa y como consecuencia del divorcio” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 21/08/2019 – M. M. D. R. c. F. F. G. s/ Fijación de compensación económica – Arts. 441 y 442 CCCN – Publicado en: LA LEY 07/10/2019, LA LEY 2019-E, 283 – Cita Online: AR/JUR/27277/2019). ——————————————————————————————Comparto la interpretación efectuada por la doctrina y jurisprudencia citada y, consecuentemente, considero que la acción no se encontraba caduca al momento de ser ejercida por la actora. En efecto, la sentencia fue dictada el día 14 de mayo de 2019 y la actora, según constancias obrantes en autos, se notificó de dicha resolución el día 15 de mayo de 2019. Consecuentemente y conforme el cómputo de los plazos efectuado en el primer voto y que resultan correctos, la sentencia adquirió firmeza el día 27 de mayo de 2019. —————————————————————————————————- Abonan esta interpretación de la norma las claras palabras del Dr. Velázquez al analizar el instituto de la caducidad en sentencias del año 2015: “la caducidad, como modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante un plazo prefijado por la ley o la voluntad de las partes (confr.: Llambías, “Tratado…Parte general”, Perrot 1982, II-699, n° 2148), debe ser interpretada restrictivamente y cuando una cláusula se preste a diversas interpretaciones de mayor o menor alcance no corresponde considerarla consagrada (confr.: Valente, “La caducidad de los derechos y acciones en el Derecho Civil”, L.E.P. 2009, pág. 35). Ello así en razón que de todos los efectos que el curso del tiempo puede tener sobre una relación jurídica, la caducidad constituye, sin duda, el más gravoso, de modo que no corresponde considerarla instituida a base de conjeturas interpretativas, sino cuando aparece establecida de manera precisa, clara y descubierta” (votos del Dr. Velázquez en SDL 11/2015 y SDL 26/2015).—–Considero suficiente este motivo, coincidente con lo decidido en el primer voto, para dejar sin efecto este aspecto del decisorio. ————————————————————–IV. La compensación económica: Mazzinghi caracteriza la compensación económica como un mecanismo destinado a neutralizar o atenuar el desequilibrio que alguno de los cónyuges o de los miembros de una unión convivencial pueda experimentar a causa de la ruptura del matrimonio o de la convivencia de hecho (MAZZINGHI, Jorge A. M, 2020. “Compensación económica: el desequilibrio en las perspectivas de un desenvolvimiento autónomo y la incidencia de otros factores”. Publicado en LA LEY 11/09/2020, Cita Online: AR/DOC/2777/2020).—————————————————————————–

—Se trata de un instituto introducido en nuestro derecho con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, tomado del derecho europeo, que debe

analizarse con perspectiva —o sensibilidad— de género. ——————————————-Sabido es que la protección de la mujer tiene carácter de principio jurídico a la luz del cual deben interpretarse las normas legales. En efecto, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), de rango constitucional según el art. 75 inc. 22 CN, tiene como finalidad la de coadyuvar a lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y reafirmar la obligación de los Estados de adoptar medidas para erradicar o suprimir todas las formas de discriminación en contra de la mujer. En lo que aquí nos interesa, cabe destacar que ya en el Preámbulo, la CEDAW tiene presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, sosteniendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Con base en ello el artículo 5° establece que: “Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para: Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. —————————————————————————————-

—-Además de la CEDAW, de rango constitucional, corresponde tener en cuenta lo establecido en la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta norma tiene como objeto promover y garantizar, entre otras: “la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida” (art. 2, inc. a); y “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres” (art. 2, inc. e). Por otra parte, nuestra provincia cuenta con la Ley XV N° 26 de protección integral e igualdad de oportunidades y equidad de género. Esta norma, de orden público según lo dispuesto en su artículo primero, tiene por objeto la protección integral y la promoción de la igualdad de oportunidades y equidad de género de toda mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ (art. 4). También establece que “para los efectos de esta Ley debe entenderse como igualdad de oportunidades y equidad de género, al disfrute de similares oportunidades y recursos para desarrollar determinadas actividades y acceder a bienes y servicios con equidad de género, lo cual implica el logro de metas” (art. 3). ———————————————-

—-Mainardi y Urtubey consideran a la compensación económica como un recurso que aporta perspectiva de género al ordenamiento jurídico y que consiste concretamente en paliar una asimetría patrimonial que tuvo como causa adecuada al matrimonio/unión convivencial o al fin de estos. Agregan que si bien las plataformas fácticas que hoy en

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día podrían habilitar el ejercicio de este derecho por parte del cónyuge o conviviente perjudicado son diversas, lo cierto es que aún en la actualidad son las mujeres quienes resultan mayoritariamente damnificadas al finalizar un vínculo de estos tipos. Refieren que la concepción de que las mujeres son quienes hoy resultan las destinatarias de los perjuicios económicos sobrevinientes a la ruptura o finalización de un vínculo de pareja no es una afirmación caprichosa ni tampoco un juicio de valor infundado. Dicen que las estadísticas hablan por sí solas y reflejan que, a pesar de los esfuerzos que las diversas disciplinas —entre ellas, el derecho— invierten en modificar la realidad material de las mujeres, son ellas las que resignan mayoritariamente dimensiones de su vida profesional/personal para invertir gran parte de su tiempo en los cuidados familiares — que lejos están de ser compartidos—, independientemente del sector social al que pertenezcan. A fin de ilustrar esta afirmación, sostienen que los números resultan contundentes: a nivel global, y según la Organización Internacional del Trabajo —OIT— se invierten 16.000 millones de horas diarias en los cuidados relativos al sostenimiento del hogar. De esta cantidad de horas, solo el 23,8 por ciento están a cargo de los varones. El remanente está a cargo y es ejercido por mujeres que, como contracara a esta inversión, resignan posibilidades de todo tipo (MAINARDI, Yael y URTUBEY, Lola, “Desafíos para la justicia en materia de compensación económica: un recurso jurídico con perspectiva de género”, Publicado en La Ley, Cita Online: AR/DOC/853/2020). ———Respecto de esta cuestión, sostuvo el Dr. Emilio Ibarlucía en un reciente fallo que el legislador del nuevo código tuvo en cuenta que “podía darse el caso – muy frecuente – de que la ruptura matrimonial ocasionara un notable perjuicio en la vida de uno de los cónyuges, al mismo tiempo que no lo aparejara para el otro. Ello ocurre cuando uno de ellos ha trabajado fuera del hogar, desarrollándose y capacitándose profesionalmente, y el otro, en cambio, se ha dedicado a trabajar en las tareas hogareñas y al cuidado y crianza de los hijos, o, también, cuando ha trabajado percibiendo muy bajas remuneraciones. En nuestro país – como en casi todos -, por razones culturales y sociales históricas, el rol de trabajar fuera del hogar le ha correspondido al hombre y el rol del trabajo dentro del hogar le ha correspondido a la mujer. Es lo que se ha denominado ‘cultura patriarcal’, que ha relegado a la mujer a un segundo plano, de forma tal que al marido se lo ha llamado ‘jefe de la familia’, y como tal con obligación de trabajar ‘afuera’ y de obtener recursos económicos para ‘mantener’ a la familia. A la mujer, por el contrario, se le ha asignado el trabajo ‘adentro’ del hogar, ocupada de la atención cotidiana de los hijos (y a veces de otros familiares a su cargo) y de las tareas de cocinar y mantener la limpieza de la casa. Por supuesto, desde hace mucho tiempo nada ha impedido a la mujer trabajar ‘afuera’, estudiar y capacitarse profesional y laboralmente, pero muchas veces la ‘asignación de roles’ antes referida, generada por una cultura tradicional dominante, ha impedido (y en alguna medida aún sigue impidiendo) que sea así (sobre la distribución de roles: comentario a los arts. 441 y 442 de Carolina Duprat

en “Herrera-Caramelo-Picasso, Cod. Civil y –Comercial Comentado, T.II, Infojus, p. 76) (voto del Dr. Emilio Ibarlucía en Expte. Nº 117887 – “B. M. M. c/ C. C. G. s/ acción compensación económica”- CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MERCEDES (Buenos Aires) – SALA PRIMERA – 13/04/2020 – elDial.com – AABC94 – Publicado el 23/06/2020). ——————————————————————————

—Ahora bien, el CCyC establece las pautas para determinar la procedencia de la compensación económica en los arts. 441 y 442. De acuerdo con los términos de la norma, la óptica para apreciar el desajuste tiene que ser amplia, y abarcar el desenvolvimiento del vínculo matrimonial, los roles asumidos durante la convivencia, los sacrificios y los esfuerzos realizados en beneficio de la familia y de los hijos, la situación patrimonial de los cónyuges, todas las consecuencias generadas por el divorcio, y una suerte de proyección o cálculo sobre la condición y las posibilidades de los cónyuges en el período posterior a la ruptura del matrimonio (MAZZINGHI, Jorge A. M., 2020. “La compensación económica en el divorcio: apuntes y sugerencias para una más equitativa utilización de la figura”. Publicado en DFyP 2020 (noviembre), 19/11/2020. Cita Online: AR/DOC/3417/2020). ————————————————————————————–

—–Un análisis detenido y cuidadoso de las constancias de la causa me llevan a coincidir con la propuesta formulada en el primer voto. Las posturas de las partes así como también el detalle de la documentación obrante en autos y sus agregados por cuerda fueron suficientemente reseñados por la Dra. Cordón Ferrando razón por la cual no abundaré en reiteraciones innecesarias. ——————————————————————Considero que en este caso procede la compensación económica puesto que es evidente que el marido se benefició al haberse enfocado su esposa en los requerimientos de la familia. No abrigo duda alguna que esta circunstancia le permitió al cónyuge ahora demandado volcarse con una dedicación mayor y con el máximo de su energía a las exigencias de su trabajo. Resulta imprescindible considerar, como acertadamente señala Mazzinghi en el artículo antes citado, los roles asumidos durante el matrimonio. Estos roles colocan al marido en una situación más ventajosa luego de la ruptura matrimonial y, consecuentemente, se encuentra acreditado el desequilibrio requerido por la norma para la procedencia de la figura. ————————————————————————

—-En efecto, se encuentra suficientemente probado que la actora se dedicó durante el matrimonio a la atención del hogar y al cuidado de los hijos en común. En punto a esta cuestión, sostuvo el Dr. Emilio Ibarlucía en la sentencia citada anteriormente que “debe tenerse en cuenta también que el trabajo en el hogar tiene indudablemente valor económico, como desde hace tiempo lo ha reconocido la jurisprudencia y ha sido previsto por el nuevo código. Así, el art. 660 – referido a los alimentos por responsabilidad parental – prescribe que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención (ver esta Sala, causa n° 116.037, B.M.E. c/ F.C.A. s/ Alimentos, del

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18/08/2016; 117.352 L.M.S. c/ G.A.J. s/ Alimentos del 14/02/2019; 117.668 F.M.J. c/ R.M.R. s/ Incidente de alimentos, del 17/09/2019, entre otras), y el art. 1746 establece que a fin de graduar la indemnización por incapacidad deben tenerse en cuenta las actividades productivas o económicamente valorables, habiendo reconocido la jurisprudencia que el concepto incluye las tareas del hogar (esta Sala, causas n° 115.851, “Pighin, Javier V. y ot. c/ Roa, Migue A. y ot. s/ Daños y perjuicios, del 25/08/2016; CCyC San Nicolás, RSD-19-8, 29/04/08, JUBA, entre otras). Pero, naturalmente, ello no se traduce en un ingreso de dinero, de manera que no puede quien realiza esas tareas ahorrar plata ni implica capacitación para el trabajo ‘afuera’ de la casa. Es justo, entonces, que luego de la ruptura matrimonial, el cónyuge que tiene ingresos económicos compense al que no los tiene durante un tiempo en determinadas circunstancias” (voto del Dr. Emilio Ibarlucía en sentencia publicada en elDial.com – AABC94). ——————————————————————————————————

—-También surge de las constancias de la causa que el demandado era el único sostén económico de la familia. L. se desempeña como empleado dependiente del Banco del Chubut SA (conforme informe del Banco del Chubut SA obrante a fs. 108/113 del juicio de alimentos agregado por cuerda) y, además, surge de la sentencia dictada en dicha causa el día 1 de septiembre de 2020 que L. compra con descuento y revende por su cuenta y riesgo productos de las empresas A. y PSA (fs. 115/116 del Expte. 1113/2019). También encuentro acreditado que la actora, al momento de casarse contaba con 28 años de edad y se encontraba “empleada” (conforme surge del acta de matrimonio obrante a fs. 1 del expediente de divorcio agregado por cuerda). –—————————-

—Tengo en cuenta también para decidir que al momento del divorcio la actora contaba con 43 años de edad y dos hijos de 14 y 4 años de edad. El cuidado personal de los hijos, conforme surge del Expte. 1103/2019 se estableció de manera compartida bajo modalidad indistinta con residencia principal en el domicilio materno. Respecto del régimen de comunicación se pactó que el Sr. L. tendría contacto con sus hijos los días martes de 17 a 21 horas y los jueves de 17 a 22 horas. También se pactó que L. estaría con sus hijos fin de semana por medio desde el sábado a las 11 hasta el domingo a las 20. ————————————————————————————————————–

—-También tendré en cuenta que aún no se liquidaron los bienes comunes encontrándose en trámite esta cuestión en el expediente 1321/2019 de liquidación de la comunidad conyugal. Sin perjuicio de ello, surge de la causa mencionada que no existen bienes comunes de importancia que puedan restablecer el desequilibrio.——————-

—-Por último, no puedo soslayar que la actora, al tiempo del divorcio, se encontraba desempleada y que, dada su edad y falta de capacitación durante el tiempo que duró el matrimonio (15 años), le resultará dificultoso insertarse en el mercado laboral. Máxime considerando las circunstancias laborales de nuestro país que son de público conocimiento y teniendo en cuenta también que a fin de poder trabajar fuera de su casa

deberá resolver quién cuidará de sus hijos durante el tiempo que le insuma su trabajo. Resulta evidente —en mi opinión— que el régimen de comunicación pactado permite a L. organizar su tiempo y su trabajo con absoluta libertad y tranquilidad, sabiendo que la madre se ocupa del cuidado de los hijos en común. Y que, contrariamente, la Sra. R. deberá, cuando intente insertarse en el mercado laboral, organizar primero el cuidado de sus hijos. Lo antes reseñado no es más que la consecuencia del sistema familiar sostenido por R. y por L. durante los 15 años que duró el matrimonio y que, roto el vínculo, perdura como sistema de roles ya asignado. ———————————————-

—Todo lo antes expuesto me lleva a concluir en la efectiva existencia de un desequilibrio en los términos del art. 441 y 442 del CCyC que habilita la procedencia de la compensación económica solicitada. Entiendo que de esta forma se restablecerá — en alguna medida— el desequilibrio generado por el divorcio.————————————–Declarada la procedencia de la compensación económica corresponde cuantificarla. La actora solicitó la suma de $15.000 mensuales durante dos años y el mantenimiento de la obra social a su favor. Encuentro razonable dicha petición considerando los ingresos netos mensuales del demandado en el mes de mayo de 2020 ($100.000 ya restados los alimentos para sus hijos). Tal como propone la Dra. Cordón Ferrando en su voto, esta suma deberá depositarse en la cuenta denunciada por la actora en su demanda del 1 al 10 de cada mes desde que la presente sentencia adquiera firmeza. Para el caso de incumplimiento se adicionará un interés moratorio según la tasa activa del Banco del Chubut SA para sus operaciones generales vencidas. ——————————————–

—-V. Conclusión: Por lo expuesto, acompaño la propuesta de la Dra. Cordón Ferrando de revocar la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la compensación económica solicitada por el monto, forma y plazo detallados en el considerando anterior con más el mantenimiento de la obra social en beneficio de la actora durante el mismo

plazo.————————————————————————————————————

—-Respecto a las costas de ambas instancias también concuerdo en que sean impuestas en el orden causado (art. 282 y 69 del CPCC) en virtud de las especiales circunstancias de la causa señaladas al analizar los agravios.—————————————-En relación a los honorarios por la labor cumplida en ambas instancias, encuentro correctos los propuestos en el primer voto considerando el mérito, calidad y resultado de los trabajos cumplidos, por lo que acompaño la propuesta regulatoria (arts. 6bis, 7 y 13 de la Ley de Aranceles).—————————————————————————————–Termino mi intervención, entonces, pronunciándome en la presente cuestión POR LA NEGATIVA.—————————————————————————————————A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Florencia Cordón Ferrando expuso: ————–

—-Visto el acuerdo alcanzado al tratar las cuestiones precedentes, corresponde:————A) REVOCAR la sentencia apelada, haciendo lugar a la compensación económica reclamada por la señora P. E. R. contra el señor N. G. L., estableciendo que este último

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deberá abonar a la primera, del 1 al 10 de cada mes, la suma de pesos quince mil ($ 15.000), mediante depósito en la cuenta denunciada por la actora abierta en el Banco del Chubut S.A., con más el mantenimiento de la obra social a favor de la actora, todo ello por el plazo de dos años a partir de que quede firme el presente pronunciamiento. Para el caso de incumplimiento deberá abonarse un interés moratorio calculado a la tasa activa que cobra el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones generales vencidas, hasta el efectivo pago.————————————————————————————–

—-B) IMPONER LAS COSTAS de ambas instancias por su orden (arts. 282 y 69, segundo párrafo, del CPCC), regulando los honorarios profesionales de los doctores M. P. I. y A. F. A. por las tareas de primera instancia en ocho (8) JUS a cada uno y por las tareas desarrolladas en esta alzada, también en ocho (8) JUS a cada uno, en ambos casos con más el IVA de corresponder (conf. art. 6 bis, 7 y 13 del arancel).———————-C) Regístrese, notifíquese y devuélvase. ————————————————————-Así lo voto. ————————————————————————————————-

—-A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Natalia Isabel Spoturno expuso: ———————-El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por la Dra. Cordón Ferrando, en tanto refleja fielmente el acuerdo antes logrado. ————————————–ASÍ LO VOTO. ———————————————————————————————–Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (Art. 8 Ley V N°

17). —————————————————————————————————————— Trelew, de febrero de 2021. ——————————————————————–En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente: ——————————————————————————–S E N T E N C I A: ————————————

——A) REVOCAR la sentencia apelada, haciendo lugar a la compensación económica reclamada por la señora P. E. R. contra el señor N. G. L., estableciendo que este último deberá abonar a la primera, del 1 al 10 de cada mes, la suma de pesos quince mil ($ 15.000), mediante depósito en la cuenta denunciada por la actora abierta en el Banco del Chubut S.A., con más el mantenimiento de la obra social a favor de la actora, todo ello por el plazo de dos años a partir de que quede firme el presente pronunciamiento. Para el caso de incumplimiento deberá abonarse un interés moratorio calculado a la tasa activa que cobra el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones generales vencidas, hasta el efectivo pago.————————————————————————————–

—–B) IMPONER LAS COSTAS de ambas instancias por su orden (arts. 282 y 69, segundo párrafo, del CPCC), regulando los honorarios profesionales de los doctores M. P. I. y A. F. A. por las tareas de primera instancia en ocho (8) JUS a cada uno y por las tareas desarrolladas en esta alzada, también en ocho (8) JUS a cada uno, en ambos

casos con más el IVA de corresponder (conf. art. 6 bis, 7 y 13 del arancel).———————C) Regístrese, notifíquese y devuélvase. ———————————————————-

NATALIA I. SPOTURNO FLORENCIA CORDÓN FERRANDO

JUEZA DE CÁMARA PRESIDENTE

— REGISTRADA BAJO EL N° 01 DE 2021 – SDF. – CONSTE.——————————–

UBALDO RENÉ AGUILERA

SECRETARIO DE CÁMARA

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