Alimentos provisorios. Enfermedad grave, preexistente al divorcio e impedimento de autosustentarse

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Contra la resolución de fs. 7 (de fecha 19/08/20) que fijó una cuota de alimentos provisorios ($ 12.000) en favor de la actora por el plazo de 3 meses, se alza el demandado a fs. 6 (concedido a fs. 7), quien expresa agravios a fs. 11/12. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo fue evacuado por la accionante a fs. 24/27.

I. Se agravia el demandado argumentando sobre la improcedencia en el caso de los alimentos provisorios fijados, y sosteniendo que las normas que rigen la materia alimentaria no establecen esa obligación en cabeza del ex cónyuge, con posterioridad al divorcio (art. 432 CCyCN), así como que no se dan los supuestos de excepción previstos por el art. 434 del CCyCN invocados por la actora (enfermedad grave, preexistente al divorcio e impedimento de autosustentarse). Hace alusión a la existencia de otros parientes sobre los que pesaría dicha obligación alimentaria (una hija mayor de edad y un hermano). Subsidiariamente, se agravia por el monto concedido, considerándolo elevado, haciendo referencia a sus ingresos y gastos y a la situación de la actora.

II. En lo que concierne a la cuestión traída a conocimiento, no deviene ocioso recordar que la fijación de alimentos provisorios en el marco del proceso seguido ante una denuncia de violencia familiar, es una medida de protección, de carácter eminentemente cautelar, prevista por la ley 24.417, que puede disponerse “inaudita pars” o previa sustanciación y con la duración que el magistrado establezca de acuerdo a las circunstancias del caso, que tiene por finalidad que la víctima de la conducta violenta pueda solventar sus necesidades básicas (conf. esta Sala “J”, in re, “Torres Teresa Evangelina y otro c/Barrionuevo Juan Carlos s/Denuncia por Violencia Familiar”, R.590.364, del 22 de diciembre de 2011). En efecto, el proceso, que se basa en la ley de protección contra la violencia familiar, permite al juez adoptar una serie de medidas, dentro de las que se encuentra decretar provisionalmente alimentos y, el objeto de esta previsión legal, no es otro que establecer una suma que permita afrontar las necesidades mínimas y los gastos imprescindibles durante el tiempo que duren las otras medidas que se hubiese decretado contra el demandado. En ese sentido, el artículo 4 inciso d) de la Ley N° 24.417 de “Protección contra la Violencia Familiar” establece que: “El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares: … Decretar provisoriamente alimentos …” “El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa.” De tal forma, dado su carácter provisional de esta cuota alimentaria destinada a regir mientras se sustancia el trámite de la denuncia, la viabilidad de tal prestación debe juzgarse según el mérito que arrojaren los hechos, desde el inicio de la causa o en el curso de ella, incluso sin sustanciación, sin que se requiera el análisis pormenorizado de las probanzas producidas, atento la naturaleza cautelar de tal decisión, con prescindencia de lo que se decida luego en la sentencia que se dicte en el proceso tramitado de conformidad con las disposiciones de los artículos 638 y sgtes. del Código Procesal. Es que, la determinación de los alimentos provisorios tiende a cubrir las necesidades imprescindibles del alimentado durante el curso del proceso, hasta tanto se arrimen otros elementos que permitan establecer en forma más ajustada el importe de la pensión definitiva, que se realizará al momento de dictar sentencia en juicio de alimentos, con todos los elementos probatorios y las argumentaciones que las partes reúnan en dicho expediente. En efecto, reiteradamente se ha sostenido que la fijación de alimentos provisorios se establece conforme a lo que “prima facie” surja de los elementos que hasta ese momento se hubieran aportado a la causa sin que sea necesario que exista una prueba acabada. Es independiente de ese primer análisis, el más completo que se realizará al momento de dictar sentencia, con todos los elementos probatorios y las argumentaciones de las partes ya reunidas en el expediente (conf. Bossert-Zannoni, Manual de Derecho de Familia, Editorial Astrea, 1993, pág.42, parág. 48 y sigs.). Por tanto, no es posible realizar un examen pormenorizado de los hechos para el análisis de esta tutela jurisdiccional anticipada, pues pueden luego existir otros elementos, que en un campo más amplio de valoración, influyan en la decisión final, al aportar mayores presunciones, o contundentes indicios probatorios.

III. En el caso concreto de autos, con los certificados acompañados a fs. 1 surgen elementos que “prima facie” hacen a la verosimilitud del derecho invocado y la situación de enfermedad de la aquí reclamante. Partiendo de tales premisas, en el actual estado del trámite de esta denuncia, puede sustentarse la procedencia del pedido, cuando emerge “prima facie” configurado, en forma suficiente, con la propia naturaleza de los hechos denunciados y el reconocimiento que el propio demandado efectúa en su memorial de agravios, respecto de la situación de convivencia de las partes con posterioridad al divorcio. Basta leer el memorial de Capítulo II del Memorial “Antecedentes de hecho” para así comprobarlo: “Desde el año 1993 hasta principios de marzo del corriente conviví con M.C.Z. …” “Durante los casi 30 años de relación …” “ llevaba casi 30 años de convivencia.” Por lo que, dado el carácter provisional con que fue concedida la medida (plazo de tres meses), y las circunstancias particulares del caso, deberá desestimarse el agravio referido a la improcedencia de los alimentos provisorios aquí fijados.

IV. En lo que hace a la cuantía de la cuota fijada, habremos de adelantar que la queja vertida también habrá de ser desestimada, en atención a la situación socioeconómica que emerge de lo declarado por las partes en sus escritos (ver fs. 11/12 y fs. 24/27), teniendo en cuenta el acotado marco de cognición que surge en el presente incidente, y la provisionalidad de la cuota fijada.

V. En cuanto a las costas, en el caso concreto de autos, puede decirse que, tratándose de una cuestión jurídica o fáctica compleja, cabe considerar que el apelante actuó sobre la base de una convicción razonable acerca de esta cuestión controvertida. En tanto ello demuestra la concurrencia de un justificativo suficiente para eximirlo de cargar con la totalidad de los gastos causídicos, habremos de admitir parcialmente la queja en este aspecto, y la consecuente imposición de costas en el orden causado, en ambas instancias.

VI. Por todo ello, y las consideraciones precedentemente mencionadas, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar parcialmente la resolución recurrida. 2) Imponer las costas por su orden en ambas instancias (arts. 68 y 69 CPCCN). Regístrese, notifíquese electrónicamente por cédula por Secretaría y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.- Se deja constancia que la vocalía nro. 30 se encuentra vacante.

G, J C s/ART. 250 C.P.C – INCIDENTE FAMILIA
Tribunal: CAMARA CIVIL – SALA J | Nación
Fecha del fallo: 0-10-2020

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