Alimentos para Hijo menor e Hijo mayor afín. Rechazo de la Demanda.

«…la obligación alimentaria corresponde a la madre y al padre por igual, y si bien las tareas cotidianas que realiza quien ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención (art. 660 CCyC), esta circunstancia no lleva a excluirlo del cálculo para determinar la debida contribución, más aún cuando como en el caso la madre también cuenta con medios económicos y posibilidad de procurárselos, por lo que no debe ser separada totalmente de tal responsabilidad si puede coadyuvar a su sustento….»

«…La cuota alimentaria constituye una obligación de dar sumas de dinero y como tal se debe a partir, en el caso, desde la mediación y su pago debe hacerse en tiempo y forma, devengando en caso de mora los accesorios respectivos. El retardo jurídicamente imputable respecto del pago de cada cuota alimentaria se produce desde la fecha en que debieron ser pagadas, conforme a la sentencia o al convenio, por resultar una obligación pura y simple a la que le resultan aplicables los arts. 886 al 888 del CCyC. De manera que desde el vencimiento de cada período correrán intereses moratorios…»

«…Respecto a la petición alimentaria en favor del Hijo Afin., cabe señalar que el art. 676 del Código Civil y Comercial establece que “la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia…”.

Fallo completo:

Buenos Aires, 12 de octubre de 2021.- IB

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Vienen estos autos a conocimiento de la sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la Defensora de Menores contra la sentencia de fs. 416 mediante la cual se hizo lugar a la demanda y fijó una cuota alimentaria mensual a cargo del accionado, en la suma de $10.000 a favor del hijo de las partes, D. M. A. (de 11 años a la fecha, nacido el 18/4/2010), y rechazó la petición de alimentos en favor de la joven I. C. (de 22 años, nacida el 3/10/1999). Reguló honorarios.

En su memorial de fs. 437/439, sin respuesta del demandado, la actora se agravia por el monto establecido que considera insuficiente para hacer frente a los gastos de su hijo dada la inflación en los precios y la mayor edad del beneficiario. Se queja por cuanto no se han fijado intereses y solicita se eleve la cuota a $ 20.000. Asimismo, se agravia por el rechazo a la petición de alimentos respecto de su hija, I. C. indicando que la ruptura de la convivencia ocasionó graves daños económicos y psicológicos a su hija. Afirma que se encuentra acreditado testificalmente que el demandado era el sostén familiar y cumplía un rol fundamental a la hora de hacer frente a las necesidades de su hija, mientras que ella únicamente realizaba tareas eventuales que no le garantizaban un ingreso mensual fijo. Solicita se establezcan alimentos para I. desde la fecha de la mediación hasta la mayoría de edad.

La cuestión se integra con el dictamen que se vincula a la presente de la Defensora de Cámara, quien mantiene el recurso de su par de la anterior instancia y lo funda solicitando se eleve el monto de la cuota alimentaria.

II.- En primer lugar, se abordarán los agravios relativos a la cuota fijada a favor del hijo de las partes.

Conforme el art. 659 CCyC la obligación alimentaria comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y, en su caso, los que sean necesarios para adquirir una profesión u oficio. Se trata de los rubros básicos para el desarrollo psicofísico del niño y adolescente (conf. Alterini, Jorge Horacio, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado Tratado exegético”, t. 3, págs 789 y ss.); lo cual se refleja además en el contenido de los derechos de la infancia, entendidos éstos como el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la salud, a la educación y al desarrollo, reconocidos especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño (art.27).

La norma citada también establece, en su última parte, que los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades del alimentado. De modo que para establecer el “quantum” de la obligación debe evaluarse no sólo el caudal económico del alimentante, que no está determinado únicamente por sus ingresos, sino esencialmente las necesidades materiales y espirituales de su descendencia (cf. CNCiv., esta sala, r. 596959, del 16-4-2012; r. 623511, del 6-9-2013; 81237/2007, del 13-5-2015; 26680/2015, del 9-5-2017, y sus citas; entre muchos otros), cuya satisfacción pesa tanto sobre la madre como el padre atendiendo a su condición y fortuna (cf. arts. 638, 646, inc. 1°, y 659 cit., CCyC), y en este orden de ideas deben estimarse las posibilidades económicas de cada cual.

En el caso, se ha probado que el demandado tiene un taller de reparación de motos (v. declaraciones testimoniales de R. G. V., M. L. C. y N. M. S. y contestación de demanda), desconociéndose sus ingresos actuales. Asimismo, del informe de SINTyS de fs. 83 resulta que su ultimo empleo registrado en relación de dependencia data del año 2012, en tanto que a fs. 280/288 obra el informe de la AFIP del que surge que se encuentra inscripto como monotributista en el rubro mantenimiento y reparación de motocicletas, siendo su baja definitiva el 13/9/2014, no surgiendo anotación posterior.

Con relación a la reclamante, quien se encuentra a cargo del cuidado y los gastos de sus hijos, las personas llamadas a testificar fueron contestes en que trabaja como camarera pero tampoco se conocen sus ingresos mensuales.

Pese a la ausencia de prueba directa en torno a los reales ingresos del demandado, no puede admitirse la impotencia patrimonial que oportunamente adujo como justificativo para liberarse o minimizar la obligación legal que le incumbe en la manutención del hijo.

Como padre tiene el deber de proveer lo necesario para la subsistencia de sus descendientes y, en su caso, debe arbitrar los medios para procurar que su contribución resulte acorde a las necesidades de la alimentada, sin que pueda excusarse en la insuficiencia de sus ingresos para pretender eximirse del cumplimiento de su obligación legal, pues en tal supuesto deberá redoblar sus esfuerzos para poder satisfacer los deberes de origen legal que sobre él pesan. Máxime si se tiene en cuenta la índole de los derechos que están en juego, amparados por la Convención de los Derechos del Niño que cuentan con raíz normativa del más alto rango (cf. art. 75, inc. 22, CN; art. 3 ley 26.061; CNCiv., esta sala, r. 65930/2014, del 03-5-18 y r. 89478/2016, del 08-03-19; entre otros).

No obstante, debe destacarse, como se expuso al principio, que la obligación alimentaria corresponde a la madre y al padre por igual, y si bien las tareas cotidianas que realiza quien ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención (art. 660 CCyC), esta circunstancia no lleva a excluirlo del cálculo para determinar la debida contribución, más aún cuando como en el caso la madre también cuenta con medios económicos y posibilidad de procurárselos, por lo que no debe ser separada totalmente de tal responsabilidad si puede coadyuvar a su sustento.

En orden al restante presupuesto, conviene recordar que las sumas que componen el reclamo presentado por la demandante constituyen sólo una pauta valorativa, pero no obligan a la judicatura.

Como regla, debe tenerse presente que la fijación de la prestación alimentaria es el resultado de un prudente proceso de valoración de las necesidades del beneficiario y las posibilidades pecuniarias, posición social y económica del alimentante (cf. CNCiv. Sala “C”, r. 230165, del 02/06/1982; íd., Sala “E”, del 28/05/1991, ED. 144-591). Por ello es que la valoración de la prueba producida en el proceso alimentario no obedece a cánones fijos (cf. CNCiv., Sala “A”, del 27/11/1990, ED. 141-816). Es decir que lo esencial con relación al tema de alimentos gira en torno al concepto de necesidad, el cual indica que no se trata de hacer que los alimentados participen de la fortuna paterna cuando ésta existiere o que la cuota se fije en proporción directa de aquélla o de la posición económica del alimentante, sino conforme a la edad y reales necesidades del hijo menor de edad.

Desde esta perspectiva, en la especie cabe considerar que el hijo de las partes cuenta actualmente con 11 años de edad, vive con su madre (a su cargo exclusivamente) y su hermana en casa de sus abuelos maternos, que es un inmueble alquilado; concurre a un colegio público, no cuenta con prepaga ni obra social (cf. declaraciones testimoniales), y genera las erogaciones propias de su edad que es posible presumir de acuerdo con el nivel socioeconómico del grupo familiar que integra, en torno a alimentación, vestimenta, útiles de estudio, esparcimiento y gastos de vivienda en la proporción pertinente.

En síntesis: de acuerdo con las pautas indicadas, apreciación global de la situación planteada, capacidad económica de las partes que es dable ponderar en el marco del presente y necesidades presuntas de la beneficiaria, el Tribunal estima prudente, razonable y adecuado modificar la cuota alimentaria fijada en la anterior instancia, en la proporción en que debe contribuir el padre según la distinta situación comprobada de las partes, para establecerla en la suma de $15.000.

Asimismo, corresponde admitir el agravio por haberse omitido fijar los réditos en la instancia de grado.

Es que la procedencia de intereses por los alimentos atrasados, devengados antes de la sentencia que reconoció el derecho del acreedor de la obligación alimentaria, depende de la existencia de mora imputable al alimentante, estado que cabe situar al momento de la interpelación cumplida con la mediación; sin que importe que el monto del crédito no se encuentre determinado judicialmente a esa época, ya que si la deuda es cierta no es necesario que sea líquida para que devengue intereses, tal como lo estableció un antiguo plenario del fuero (CNCiv., en pleno, 14-7-76, in re “M. de M., I. c/ R., M. C.”, en ED. 67-537). Esta conclusión no es más que la particular aplicación de los principios generales del derecho y del instituto en cuestión regido por la ley sustancial, a la específica obligación de fuente legal que es objeto de autos (esta sala, r. 403230, del 14/04/2005, “Y., A. R. c/ Y., R. P. A. s/ alimentos” y sus citas; íd. íd., Expte. 33699/13, del 9/11/2018, “E., S.M. c/ V., R.G.”).

La cuota alimentaria constituye una obligación de dar sumas de dinero y como tal se debe a partir, en el caso, desde la mediación y su pago debe hacerse en tiempo y forma, devengando en caso de mora los accesorios respectivos. El retardo jurídicamente imputable respecto del pago de cada cuota alimentaria se produce desde la fecha en que debieron ser pagadas, conforme a la sentencia o al convenio, por resultar una obligación pura y simple a la que le resultan aplicables los arts. 886 al 888 del CCyC. De manera que desde el vencimiento de cada período correrán intereses moratorios (cf. Bossert, Gustavo A. “Régimen Jurídico de los alimentos”, pág. 424/425).

En cuanto a la tasa aplicable, la sala entiende que en materia de alimentos, desde que el monto de la cuota se establece a valores actuales corresponde aplicar la tasa del 8% anual -tasa pura-desde la mediación hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, y desde entonces hasta el pago, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, de conformidad con la doctrina plenaria del fuero del 11 de noviembre de 2008 (autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.a. s/daños y perjuicios”) y lo previsto por el art. 522 CCyC (cf. esta sala, r. 601395 del 1-10-12; r. 611820, del 30-11-2012; r. 613791 del 19-12-2012; 13139/99 del 4-2- 2014; 31588/14 del 10/12/15; entre otros).

III.- Respecto a la petición alimentaria en favor de I. C., cabe señalar que el art. 676 del Código Civil y Comercial establece que “la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia”.

Bajo ese marco conceptual, se estima que asiste razón a la jueza de grado en cuanto a que no se han acreditado mínimamente los presupuestos del instituto que prevé la norma transcripta.

Asimismo, respecto del carácter subsidiario de la obligación, corresponde destacar que no se ha siquiera alegado imposibilidad de ningún tipo del padre biológico para proveer a la manutención de su hija, ni la de otros obligados alimentarios.

Por otro lado, tampoco se ha acreditado que el demandado hubiera asumido el sustento de I. durante la convivencia ni que el cese de la convivencia de las partes le hubiera ocasionado un grave daño. Es que, si bien la recurrente menciona el testimonio brindado por N. M. S. en cuanto a que el demandado trabajaba en un local de motos y la actora era camarera los fines de semana, lo cierto es que las otras dos testigos (M. L. C. y R. G. V.) fueron contestes en manifestar que el sostén del hogar durante la convivencia fue la apelante.

Por lo cual, los agravios serán desestimados.

IV.- Por lo expuesto, considerando asimismo el silencio del demandado guardado frente al memorial, y de conformidad con la representante del Ministerio Público de la Defensa en esta instancia, SE RESUELVE: 1.-) Modificar la sentencia de fs. 416 en cuanto al monto de la cuota alimentaria que debe abonar el alimentante a favor de su hijo, la que se establece en la suma mensual de pesos quince mil ($ 15.000), con más sus intereses que deberán liquidarse según las pautas establecidas en el punto II y confirmarla en todo lo demás que fue materia de recurso. 2.-) Las costas de alzada se imponen al demandado dada la naturaleza de la cuestión y la forma en que se decide (arts. 68 y 69 CPCC). 3.-) Regístrese, notifíquese mediante cédula electrónica por secretaría a la recurrente y a la Defensora de Cámara, publíquese (Ac. 24/13 CSJN), pasen los autos para el tratamiento de los honorarios y, oportunamente, devuélvase a la instancia de grado digitalmente y el soporte papel.

Carlos A. Bellucci – Gastón M. Polo Olivera – Carlos A. Carranza Casares. Jueces de Cámara

N., F. E. y otros c/A., J. R. s/alimentos – Cám. Nac. Civ. – G – 12/10/2021

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