ACCIÓN DE REPETICIÓN. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD. COSA JUZGADA. CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.

Responsabilidad solidaria

Libro de Acuerdos Nº 5, Fº 874/880, Nº 208. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los un días del mes de octubre del año dos mil veinte, reunidos los Señores Jueces de la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia, doctores Beatriz Elizabeth Altamirano, Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-15.972/19 “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº D-021.132/2017 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala IV- Vocalía 10) Repetición: Asociart S.A. ART c/ Municipalidad de San Pedro de Jujuy”; del cual,

La Dra. Altamirano, dijo:

La Sala IV de la Cámara en lo Civil y Comercial, mediante resolución de fecha 27/08/19, resolvió por mayoría de sus miembros hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Asociart S.A., y en su mérito, condenó a la Municipalidad de San Pedro de Jujuy a pagar la suma de $207.393,46 [1], con más intereses. Impuso las costas a la vencida y reguló honorarios profesionales.

Para así resolver, en lo que aquí interesa analizar, la referida mayoría expuso que las partes concuerdan en que ambas fueron condenadas de forma solidaria a abonar la indemnización fijada por el Tribunal del Trabajo, Sala IV, en la sentencia dictada el 01/06/15; y que no existe contradicción en cuanto a que el pago de la indemnización, fue realizado por Asociart S.A. (cfr. fs. 32/33 vta. de la casusa principal).

Pero manifestó que difieren en cuanto a la relación causal en virtud de la cual fueron condenados; que Asociart S.A. sostiene que el pago de la indemnización civil no le es exigible en el marco de la relación contractual que la vincula con la accionada, y que habiéndolo realizado en cumplimiento de la sentencia, dicho pago debe ser repetido íntegramente de ésta. Que -por su parte- el Municipio sostiene que Asociart S.A. incumplió sus obligaciones derivadas de la Ley de Riesgo de Trabajo, lo que le acarrea responsabilidad; que al haber incumplido el contrato que lo vinculara con el Municipio para asegurar los riesgos laborales, no debería pagar la Municipalidad suma alguna.

Señaló que, en subsidio, la actora requirió el pago del 50% de lo abonado en razón de la solidaridad impuesta en la sentencia laboral, lo que la accionada niega alegando que a las partes las vinculaba un contrato de seguros.

Estableció el Tribunal que, a los fines de dilucidar la contienda, correspondía analizar la sentencia dictada en el Expte. A-34.040/2007, por la Sala IV del Tribunal del Trabajo.

Destacó que la misma le imputó al Municipio una conducta disvaliosa respecto del cuidado y la forma en la cual eran trasladados los empleados dependientes de éste, al decir “… Ello es así por cuanto la trabajadora fue trasladada para cumplir su débito laboral en un camión que no contaba con escalera ni elemento alguno que le permitiera bajar sin riesgo para su persona, en un día de lluvia con el piso del vehículo mojado, lo cual actuó en el evento como cosa riesgosa en los términos del art. 1113 del Código Civil (…) la conducta de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, al transportar al personal en la caja de un camión, incumple la preceptiva del art. 56 de la ley 24.449 que admite solo el transporte de cosas, es de por sí objetable, pero más aún cuando, deliberadamente y con habitualidad, expone a sus empleados al riesgo que implica el traslado en la caja del camión” (sic).

En relación a la aseguradora, señaló lo expresado por el mismo fallo, en cuanto expuso que “… La Corte destacó que las ART están obligadas a prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son ajenos, puedan evitarse y que no es propio de las mismas permanecer indiferentes a esos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas (L.A. N° 56, F° 1181/1187, N° 377). Y esta falta de control resulta de la respuesta del testigo Robles a la ampliación del pliego en tanto ha expresado que nunca ha participado de capacitación alguna; a lo cual se agrega la habitualidad de este medio de transporte, como también que no había otro medio de traslado. De allí que resulta claro que la empleadora no ha tomado los recaudos suficientes respecto de la seguridad de sus empleados, como tampoco resulta de autos elementos que acrediten que la aseguradora ha cumplido su función preventiva en tanto no ha formulado observación alguna al municipio” (sic).

Entendió que de allí emerge que la imputación de responsabilidad que se hace a ambas demandadas, quienes constituyen un litis consorcio pasivo facultativo, obedecen a incumplimientos y omisiones culposas diferenciadas, pero que en su conjunto provocaron las lesiones sufridas por Irma Emilia Paredes, actora en la causa laboral.

En virtud de ello, juzgó que Asociart S.A. no fue condenada en razón de la obligación de indemnización prevista en el seguro de ART, sino que fue condenada civilmente como consecuencia a su omisión culposa en el cumplimiento de las normas de prevención a las que se encontraba obligada, por ser la Aseguradora de Riesgo de Trabajo la que debía velar por la salud de los empleados de la Municipalidad de San Pedro.

Con apoyo en lo resuelto por el Alto Cuerpo en la sentencia confirmatoria, concluyó que la condena les fue impuesta a la Aseguradora y a la Municipalidad, en el marco de la reparación integral con fundamento en el derecho civil, ya que ambas contribuyeron al evento dañoso; por lo que el régimen la repetición debía analizarse a la luz de las normas que regulan la solidaridad y mancomunidad de las obligaciones.

A continuación, luego de referir a lo establecido por el Art. 840 del Código Civil y Comercial [2], afirmó que Asociart S.A. probó con la documental obrante a fs. 32/33 vta., haber pagado el total de la condena solidaria, por lo que puede repetir lo pagado del Municipio de San Pedro de Jujuy, según la participación que a cada uno les competa en la deuda.

Asimismo citó lo preceptuado por el Art. 848 del mismo cuerpo legal, que establece que la determinación de esa concurrencia en la deuda debe realizarse conforme a lo dispuesto en el Art. 841 del mismo ordenamiento [3].

Señaló que la sentencia fuente de la responsabilidad, nada dijo en cuanto a cómo concurrieron las conductas culposas en la producción del daño, y que no existen circunstancias en autos que le permitan determinarlo, por lo que, de acuerdo a la norma de cierre del referido artículo, ambas partes participaron en igual proporción en la producción del daño, pronunciándose por la procedencia de la acción de regreso en contra de la accionada en el 50% de lo abonado, pues el otro 50% es la cuota parte que le corresponde a la propia actora.

Al votar en disidencia, el Dr. Gustavo Alberto Toro expresó que compartía que la acción de reembolso debía prosperar, pero disentía en cuanto a la cuota de contribución y su fuente. Entendió que “… es claro que el contrato de seguro de riesgo de trabajo tenía por finalidad primera prevenir el daño debiendo para ello la aseguradora instruir y controlar al empleador, siendo esta la razón de su existencia correspondiéndole mayores obligaciones atento su mayor conocimiento y especificidad de su objeto por lo que no resulta justo que cobren una prima para luego no cumplir haciendo que todo el pago o la mitad de la indemnización recaiga sobre el Municipio que cumplió con su obligación contractual. Ciertamente, estamos frente a un contrato cumplido por el Municipio e incumplido por la Aseguradora por lo que reembolsar lo peticionado (el todo o la mitad) constituiría un enriquecimiento sin causa de la ART con grave perjuicio para la empleadora cumplidora; además mayores eran las obligaciones y conocimientos de la Aseguradora del Riesgo de Trabajo (art. 902 Código Civil)” (sic).

En virtud de ello, consideró que no obstante que el deber de evitación del daño les compete a ambos (art. 4 ley 24557), en este caso la cuota de contribución de la Municipalidd, conforme la finalidad y fuente de la obligación, es del diez por ciento (10%) de lo pagado, con mas sus intereses de uso judicial.

Disconforme con lo resuelto, la Dra. María Josefina Álvarez, actuando en representación de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, interpuso recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria (fs. 12/17 vta. de autos).

Se agravia expresando que el pronunciamiento es arbitrario porque lesiona la garantía de defensa en juicio, los principios de igualdad y legalidad, y el derecho de propiedad de su mandante. Que es incongruente, no es una derivación razonada del derecho vigente y genera un enriquecimiento ilícito a favor de la aseguradora.

Alega que la gravedad de la sentencia afinca en que, bajo un aparente fundamento, se condena a la Municipalidad de San Pedro a pagar el reintegro de lo abonado por Asociart S.A., cuando ésta, en el momento del infortunio laboral, era la ART del Municipio, lo que implica que éste tenía seguro de riesgos de trabajo que garantizaba la solvencia económica y patrimonio de su mandante. Afirma que ese vínculo contractual lo aseguraba de cualquier contingencia laboral sujeta a la Ley N° 24.557 y 26.773 y decretos reglamentarios.

Cuestiona la sentencia atacada porque no toma en consideración lo establecido en el fallo “Torrillo” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sentado que las ART deben responder civilmente respecto de los daños laborales, siempre que se demuestre que existe un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre esos daños y la omisión o cumplimiento deficiente -por la ART-, de sus deberes legales en materia de prevención y seguridad en el trabajo. Que de acuerdo a ese precedente, no se puede pretender que su parte esté sujeta a repetir lo abonado por la aseguradora.

Alega que si se condena a su mandante a abonar la mitad de lo pagado por la ART en concepto de indemnización, se le causaría un grave daño. Dice que su parte se encontraba obligada por la legislación a contratar seguro; la misma legislación que le garantizaba que estaba cubierta por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes.

Expresa que la condena a la Municipalidad causa un enriquecimiento ilícito para Asociart. S.A. ART, porque aquella abonaba las sumas en concepto de primas/cuotas, para que esta afronte toda contienda por accidente laboral; y ahora debe responder de manera igualitaria ante un siniestro laboral. Afirma que la ART se beneficia doblemente: primero recibe cuotas y luego debe indemnizar menos de lo que le correspondía hacerlo, en virtud de la acción de repetición.

Manifiesta que estamos ante un contrato cumplido por el Municipio de San Pedro, e incumplido por la aseguradora.

Brinda mayores argumentaciones jurídicas, a las que remito en honor a la brevedad. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y peticiona.

Corrido el respectivo traslado, a fs. 25/28 vta. de autos comparece a contestarlo el Dr. Alfonso A. Zamar, en representación de Asociart S.A. ART, oponiéndose a la procedencia del recurso por los motivos que expresa, a los que remito para ser breve.

Cumplidos los demás trámites procesales, el Sr. Fiscal General, Dr. Alejandro Ricardo Ficoseco, emitió dictamen, opinando que se debe rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 43/46), por lo que el mismo se encuentra en estado de resolver.

Analizado el caso bajo estudio, adelanto opinión coincidente con la expresada por el Ministerio Público Fiscal, cuyos fundamentos hago míos y deben ser considerados como parte integrante de esta resolución.

Es preciso recordar que la excepcionalidad del recurso de inconstitucionalidad impone una aplicación de él en extremo restrictiva. Es así que este Superior Tribunal de Justicia viene sosteniendo que el vicio de la arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo, debe ser grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de sentencias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que lo descalifiquen como acto judicial (L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534); circunstancia extraordinaria que no advierto en el caso.

Ello por cuanto, cotejadas las constancias de la causa principal, observo que mediante sentencia emitida el 01/06/15 en Expte. N° A-34.040/07, “Indemnización por accidente de trabajo y otros rubros: Paredes, Irma Emilia c/ Municipalidad de San Pedro y Asociart” [4], confirmada por el Superior Tribunal de Justicia en L.A. N° 1, F° 199/205, N° 57 [5], tanto la Municipalidad de San Pedro de Jujuy como Asociart S.A. ART, fueron condenadas solidariamente, y sobre la base de las normas de derecho común, a abonar a la actora en esa causa, la suma total de $96.000, con más intereses, en concepto de indemnización por daño emergente, daño psicológico, gastos terapéuticos y daño moral, en virtud del accidente laboral sufrido por aquella el 13/05/04.

Cabe precisar que, el fundamento que dio lugar a la responsabilidad de la Municipalidad de San Pedro, se encuentra en la conducta de la empleadora, que transportó a la actora en una caja de camión, incumpliendo con lo dispuesto por el Art. 56 de la Ley de Tránsito N° 24.449 (que sólo autoriza el transporte de cosas), incurriendo en tal proceder de manera deliberada y habitual, exponiendo a sus empleados al riesgo que implica el transporte en la caja de un camión. Y porque, al no contar dicho rodado con una escalera o elemento que le permitiera a la trabajadora bajar sin riesgo, en un día de lluvia, con el piso del vehículo mojado, ello actuó en el evento como cosa riesgosa, en los términos del Art. 1113 del Código Civil.

Por su parte, al justificar la responsabilidad de Asociart S.A. ART. en el suceso, el Tribunal de la causa laboral aplicó el criterio establecido por el Superior Tribunal de Justicia en el precedente registrado en L.A. N° 56, F° 1181/1187, N° 377, que remite a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el caso “Torrillo” (fallos 332:709), de acuerdo al cual, las ART deben responder civilmente respecto de los daños laborales, siempre que se demuestre que existe un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o cumplimiento deficiente por parte de la misma, de sus deberes legales en materia de prevención y seguridad en el trabajo.

En efecto, el fallo aludido (L.A. N° 56, F° 1181/1187, N° 377) determinó que “Esta sentencia [6] cierra el debate determinando la responsabilidad civil amplia de las ART, en el sentido que éstas no pueden limitarse a la percepción de las cuotas y al otorgamiento de las prestaciones del sistema, sino que deben desarrollar un auténtico rol preventivo, controlador y supervisor de la higiene y seguridad en los lugares de trabajo, así como capacitador del personal asegurado. La Corte destacó que aquellas están obligadas a prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que les son anejos, puedan evitarse y que no es propio de las mismas permanecer indiferentes a esos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas”.

De acuerdo a lo expuesto, y sobre la base de la declaración del testigo Robles en la causa laboral -que refirió que nunca recibió como capataz, capacitación alguna-, se endilgó responsabilidad a la aseguradora en el evento dañoso, al no haber asumido adecuadamente su función preventiva en pos del resguardo de la seguridad de los empleados del Municipio, en tanto no le formuló observación alguna a la institución.

Ahora bien, en lo que al agravio que inaugura esta instancia atañe, cabe decir que los antecedentes ilustrados permiten observar que, de acuerdo a la sentencia recaída en el juicio laboral (Expte. A- 34.040/07) confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (L.A. N° 1, F° 199/205, N° 57), tanto Asociart S.A. ART como la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, fueron condenadas de manera directa a reparar integralmente a la víctima, por las diferentes omisiones e incumplimientos observados a la luz de la normativa de derecho común, ya que ambas, con sus conductas disvaliosas, contribuyeron a la producción del evento que ocasionó el daño reparable.

De ello cabe colegir –como lo hizo el Tribunal de la causa al resolver la acción de repetición- que la condena de la ART (en el juicio laboral) no tuvo su génesis en las obligaciones derivadas de la Ley de Riesgos de Trabajo, sino en el ordenamiento civil común, por cuanto el fundamento de la sentencia condenatoria (y la que la confirma) no afinca en la obligación de garantía de indemnidad del asegurado en cabeza de la ART, por el hecho de encontrase vinculadas las partes por el contrato de seguro, sino que, en el presente caso, el razonamiento judicial traspone la barrera puramente técnica enraizada en la Ley de Riesgos de Trabajo, estableciendo una reparación integral sobre la base del derecho común.

Al respecto, comparto el criterio del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que “Es cierto que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo está obligada a mantener indemne al asegurado respecto de las prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo, pero no es menos cierto que, en el caso sujeto a análisis, la responsabilidad solidaria de la Municipalidad de San Pedro tiene fundamento en las normas del derecho civil”.

Sin embargo, a pesar de la claridad de la sentencia dictada (y la que la confirma) y el fundamento de la responsabilidad impuesta, a través del planteo recursivo efectuado, la quejosa pretende introducir a este Alto Cuerpo en un nuevo examen de cuestiones firmes y perimidas, que ya obtuvieron debido tratamiento y resolución.

En efecto, la justicia se expidió en la oportunidad correspondiente en relación a la atribución de responsabilidad de ambas partes en el evento dañoso, estableciendo la solidaridad de ambas, lo que hoy a través de los argumentos introducidos en esta instancia la recurrente pretende modificar, sin que quepa tal posibilidad, por cuanto aquellas sentencias se encuentran alcanzadas por los efectos de la cosa juzgada, lo que amerita rechazar la queja articulada.

Especialmente, cabe señalar que el punto medular del embate recursivo, se asienta en que el juzgador no aplicó el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Torrillo”. Al respecto debo decir que tal argumento carece de sentido, lógica y solidez argumentativa, ya que, tanto en la sentencia dictada en el Expediente A-34.040/07, “Indemnización por accidente de trabajo y otros rubros: Paredes, Irma Emilia c/ Municipalidad de San Pedro y Asociart” (01/06/15), como en la emitida por el Superior Tribunal confirmándola (L.A. N° 1, F° 199/205, N° 57), fue precisamente la doctrina establecida en tal precedente, la que dio fundamento a la condena a la ART por la vía del derecho común, al haber omitido cumplir con su función preventiva, de control, supervisión y capacitación; con lo cual, no existe ahora agravio sustentable en el punto, que amerite una nueva ponderación del asunto por este Superior Tribunal de Justicia.

De acuerdo a ello, corresponde desestimar el argumento erigido por la recurrente en cuanto pretende ampliar la responsabilidad atribuida a la ART mediante una sentencia confirmada por el Máximo Tribunal Provincial, pasada en autoridad de cosa juzgada, expresando que la compañía aseguradora debe responder en un todo, atento a la vinculación contractual que unía a ambas (asegurador y asegurado) al momento del suceso.

Establecer lo contrario significaría avasallar el principio de seguridad jurídica que todo proceso debe garantizar al justiciable, al existir la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias (que es lo que se verifica en este caso), afectándose de ese modo derechos adquiridos por una resolución firme y consentida.

Tal como fue sostenido por esta Sala, la cosa juzgada es un principio “… que puede ser aplicado de oficio, por tratarse de un pilar fundamental sobre el que se asienta nuestro régimen constitucional –en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- sin que pueda alterarse ‘ni aún por invocación de leyes de orden público’ al ser ‘un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica’ … Tal como me pronuncié –mediante citas- en L.A. Nº 3, Fº 53/56, Nº 13, ’… la cosa juzgada está íntimamente ligada a la seguridad jurídica, representa una exigencia vital de orden público, por lo que tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del orden social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la íntegra juridicidad del sistema. La autoridad de la cosa juzgada, una vez consentido el fallo, obliga incluso a quienes lo dictaron´ (confr. Corte Suprema, Fallos 313:1409)” (L.A. N° 4, F° 1219/1222, N° 298).

En mérito de lo expuesto, estimo correcto el razonamiento del juzgador en cuanto analizó la acción de repetición promovida “a la luz de las normas que regulan la solidaridad y mancomunidad de las obligaciones” (Arts. 840, 841 y 848 del Código Civil y Comercial), estableciendo que, al no haberse determinado en la sentencia condenatoria (recaída en el juicio laboral) en qué medida concurrieron las conductas culposas en la producción del evento dañoso, y siendo que Asociart S.A. ART abonó la totalidad de la deuda solidaria (cfr. constancias de fs. 32/33 vta.), corresponde condenar a la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a reintegrar a la aseguradora el 50% de lo pagado por la misma, por actuación de lo dispuesto por el Art. 841, in fine, del citado Código.

Por los motivos expuestos, y dado que no existe absurdidad en la resolución impugnada que amerite su descalificación constitucional por la causal de arbitrariedad, considero que debe ser confirmada, por cuanto los argumentos que la nutren brindan una solución ecuánime, razonable y ajustada a derecho, siendo los agravios erigidos inconsistentes, ya que no resultan eficaces para conmover los fundamentos brindados por el a-quo al resolver.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dra. María Josefina Álvarez en representación de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy.

En virtud del principio general de la derrota, las costas se imponen a la recurrente vencida (cfr. Art. 102 del Código Procesal Civil).

En cuanto a los honorarios profesionales por la presente instancia, corresponde regularlos conforme a las previsiones de la Ley Nº 6.112.

Consecuentemente, de acuerdo a lo previsto por el Art. 20 referido a la cuantía actual de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) atento a que el mecanismo previsto por la ley rompe el piso de honorarios mínimos; y considerando las etapas procesales cumplidas, la complejidad de la cuestión planteada y el resultado obtenido (Arts. 16 y 17) junto a las respectivas calidades de parte vencedora/vencida (Art. 29), deben regularse los honorarios del Dr. Alfonso A. Zamar, en la suma de $15.024, en su calidad de apoderado de la parte vencedora (recurrida); siendo que este importe equivale a $1.252 (valor UMA; cfr. Resolución Nº 16/20 del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy) multiplicado por 12 UMA (piso mínimo de honorarios para recursos extraordinarios; Art. 32). Dicha suma devengará intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; con más el I.V.A., en caso de corresponder.

No se regulan honorarios profesionales a la Dra. María Josefina Álvarez, en función de lo establecido en el Art. 22 de la Ley N° 6112.

Los Dres. Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de Falcone, adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I, Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia,

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. María Josefina Álvarez, en representación de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy.

2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Alfonso A. Zamar, en la suma de $15.024, la que devengará intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; con más el I.V.A., en caso de corresponder.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al pie:

[1] Que constituye el 50% de la suma pagada por el actor, de acuerdo a las constancias de fs. 33/vta. del proceso principal.

[2] Que establece que “el deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda. La acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda”.

[3] Que dice que “… las cuotas de contribución se determina sucesivamente de acuerdo con: a) lo pactado; b) la fuente y la finalidad de la obligación, o en su caso la causa de la responsabilidad; c) la relación de los interesados entre sí; d) demás circunstancias. Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. …”.

[4] Cfr. copias certificadas obrantes a fs. 9/17 de esos autos.

[5] Según fs. 19/25 del ibídem.

[6] Refiriéndose al precedente “Torrillo” del la CSJN.

Firmado: Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dr. Raúl Cantero – Secretario Relator.

MERB

Número de causa: CF-159-2019

Nuestos Cursos y Talleres: