Accidente de Tránsito causado por un camión. Confirman sentencia contra el Propietario, Guardián y Conductor.

Corresponde confirmar la sentencia que admitió la demanda en contra del propietario, los guardianes y el conductor de un camión que atropelló a un niño que caminaba por la vereda, modificándola sólo en cuanto al monto del rubro “Tratamiento psicoterapéutico”, el cual se eleva; en tanto el control de un camión exige del titular y del guardián un particular cuidado por la peligrosidad que tienen tales vehículos, lo cual no ocurrió en el caso pues se advierte el absoluto desinterés que tenían los recurrentes sobre el modo en que se empleaba el camión de la empresa; máxime teniendo en cuenta que la defensa efectuada no puede ser receptada, pues el uso en contra de la voluntad presunta supone que la cosa ha sido dada para una finalidad determinada y se la usa para otra absolutamente distinta, y el dato decisivo en este caso es que un dependiente retiró el camión con permiso del guardián sin siquiera indicar para qué habría de ser utilizado, y eso indica que el guardián le dio carta blanca para usar de él a voluntad e incluso para prestarlo a un tercero, como ocurrió al causar el accidente con el menor.

Un guardián que se desentiende de los fines para los cuales habrá de ser usada la cosa riesgosa, permite que se la emplee del modo en que estime conveniente la persona que la utiliza; y se ha dicho que el uso en contra de la voluntad presunta supone que la cosa ha sido dada para una finalidad determinada y se la usa para otra absolutamente distinta.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala E

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2019.-

El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores RACIMO. GALMARINI. DUPUIS.

El Señor Juez de Cámara Doctor RACIMO dijo:

I.- El juez de primera instancia tuvo por acreditado en la sentencia de fs. 863/875 que el 6 de noviembre de 1994 el camión Ford F 600 dominio N 003.047 conducido por H. M. B. atropelló al niño J. A. B. cuando este transitaba por la vereda de la calle De la Serna de Villa Dominico, provincia de Buenos Aires.

A raíz de la demanda promovida por J. B. G. y J. A. B., por sí y en representación del entonces menor de edad, condenó a Á. J. R., M. B. R., Sociedad de Hecho Servicios y Reciclados La Coruña, Á. R. y al propietario del vehículo A. R. P. a pagar a cada uno de los progenitores la suma de $ 15.000 y a J. A. B. -quien actualmente es mayor de edad- la de $ 810.000 haciendo extensiva la condena a Paraná Sociedad Anónima de Seguros en los términos del art. 118 de la ley 17.418.

Contra dicho pronunciamiento interpusieron a fs. 882 recurso de apelación Á. J. R. y M. B. R. por sí y en representación de la Sociedad de Hecho Servicios y Reciclados que fundaron con la expresión de agravios de fs. 889/890. Á. R. apeló a fs. 879 y presentó su memorial a fs.891/896.

La citada en garantía recurrió a fs. 876 y lo fundamentó a fs.898/902. J. A. B. apeló a fs. 880 y presentó su expresión de agravios a fs. 903/909 y los restantes actores lo hicieron a fs. 881 fundando su recurso con el escrito de fs. 910/912.

Los actores contestaron los agravios de la sociedad de hecho a fs. 915/917, los de Á. R. a fs. 918/919 y los de la citada en garantía a fs. 921/925 quien a su vez contestó los de los demandantes a fs. 927/930. Á. J. R. y M. B. R., ambos por sí y en representación de la Sociedad de Hecho Servicios y Reciclados sostienen que en la sentencia de grado se los tuvo como responsables por los daños y perjuicios causados con fundamento en que el juez de grado los consideró guardianes del camión que causó el daño.

Admiten que eran los guardianes del vehículo, pero alegan que el mismo fue utilizado contra su expresa voluntad ya que el camión solamente debía ser empleado para cargar papeles por el Sr. B. el día lunes hábil y no el domingo en que ocurrió el hecho.

Agregan que quien conducía el camión era el Sr. L. A. N. con lo cual el camión fue usado en contra de su presunta voluntad ya que jamás lo hubiesen autorizado a conducir dicho vehículo. Á. R. solicita que se revoque la sentencia en tanto B. -quien usaba el camión porque se lo había entregado su empleador- ni el conductor N. tenían vínculo alguno con su parte.

El primero era empleado de su hijo y de su esposa que conforman una sociedad de hecho en la que no participa. Explica que el juez lo responsabilizó porque el demandado B. había declarado en la causa penal que el camión era de Á. R. circunstancia que quedó desmentida en estas actuaciones al haberse condenado a P. como propietario del camión.

Concluye que no era ni el propietario ni el guardián del vehículo de modo que no puede considerárselo obligado en los términos del art. 1113 del Código Civil y que si hubiera estado bajo su guarda debe estimárselo empleado en contra de su voluntad presunta.

El juez de grado expuso en el fallo que existe evidencia que, a pesar de lo dicho por su cónyuge e hijo al contestar la demanda y por B., generó la convicción de que no era ajeno a la actividad desplegada en la sociedad de hecho demandada. Señaló en este sentido que es sumamente reveladora la declaración prestada a fs. 49 de la causa penal por B. el 12 de diciembre de 1994 cuando manifestó ser empleado de la firma Á. R. y que el camión era propiedad de aquél.

A esta trascripción de lo dicho en la declaración de B. efectuada por el a quo resulta conveniente agregar lo manifestado por el recurrente al prestar declaración ante autoridad policial en el expediente “N., L. A. lesiones culposas” del venido ad effectum videndi del Juzgado en lo Criminal n°7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El texto dice en su parte pertinente lo siguiente: “Que el deponente resulta ser propietario del rodado marca Ford-600, Ptte. N-003.047, que dicha unidad se encuentra trabajando en una empresa llamada Servicios y Reciclados La Coruña, sita en Avenida Cruz número 2930 de Capital Federal, que respecto al hecho acontecido el deponente manifiesta que desconocía el mismo ya que a pesar de que posee como empleado al señor B., el mismo no le comentó sobre lo sucedido.

Que asimismo aclara que el día del hecho B. había sacado el camión de la empresa ignorando el fin ya que no lo interrogó (ver acta de fs. 51 del 16 de diciembre de 1994). La cuestión se resuelve por los dichos del demandado Á. R.ante la autoridad policial al declarar que el día del hecho B. había sacado el camión de la empresa ignorando el fin ya que no lo interrogó (ver acta de fs. 51 del expediente penal).

Los recurrentes y la sociedad de hecho tenían bajo su guarda el camión -punto que no se encuentra discutido- y permitieron que B. lo extrajera de la empresa sin adoptar las mínimas medidas de control a punto tal que el guardián directo -el padre y cónyuge de estas apelantes- eligió no interrogar a B. sobre el destino que pensaba dar al vehículo. El control de un camión exige del titular y del guardián un particular cuidado por la peligrosidad que tienen tales vehículos.

La afirmación de R. es una buena muestra del absoluto desinterés que tenían los recurrentes sobre el modo en que se empleaba el camión de la empresa. Si no se inquiere a un empleado para qué fines se emplea un vehículo difícilmente pueda estimarse que se usa contra la voluntad presunta cuando aquel lo presta a cualquier otra persona. La actitud de absoluto desinterés expone que no puede considerarse que existió una voluntad presunta en contra del uso por cualquier otra persona además de B.. Se permitió un uso sin control al empleado B. en tanto ni siquiera se lo interrogó acerca de los motivos por los cuales lo extraía de la empresa.

El análisis de estos dichos es particularmente revelador de la conducta que públicamente exponía en ese momento el Sr. Á. R. Afirmaba ser propietario del vehículo y así se exhibía frente a terceros.

Quedó aclarado posteriormente que P. era el real titular del camión al momento del accidente. Esa distinta situación jurídica no lo releva en absoluto de responsabilidad como pretende en la expresión de agravios bajo análisis. La misma exposición ante la autoridad policial da cuenta del grado de control que ejercía como guardián del vehículo.

En este punto ha de ponderarse que además decía poseer a B. como empleado -para usar su expresión- con lo cual exponía también su importante participación en la sociedad de hecho con su hija y con su cónyuge.

Dicho esto, la nota definitoria sobre el grado de control que ejercía sobre el vehículo surge de haber conocido que B. sacó el camión de la empresa ignorando el fin de ese acto porque no lo interrogó. Se trata de un guardián que dejó hacer al conductor y empleado –B.- y a quien no dio instrucciones en ese momento. La expresión revela claramente la despreocupación en cuanto a la conducta de la persona a quien ha facilitado un vehículo de gran magnitud como es el caso del camión que nos ocupa.

Y como se expresó en la sentencia B. afirmó ante la autoridad policial que era empleado de la firma Á. R., empresa papelera sita en calle Avenida Cruz nº 2934 y que Á. R. era el propietario del camión “siendo por ende propiedad de la firma donde el deponente trabaja”. Al revés de lo expuesto ante esta Alzada, ambas declaraciones ponen en evidencia que al momento en que B. retiró el camión de la mencionada empresa la persona que tenía la guarda directa del camión era inequívocamente Á. R. quien optó, según el mismo afirmó, por no interrogar al conductor a qué fines sacaba el vehículo de la empresa.

De la misma declaración de Á. R. en sede policial queda claro que se trataba en el caso de una cosa riesgosa sometida en su custodia y control a una pluralidad de guardianes (Pizarro, Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, Buenos Aires, La Ley, 2007, t. I, pág. 103 y Llambías, J. J., Obligaciones, Buenos Aires, Perrot, 1976, t. IV-A, n° 2587, pág. 506).

Los demandados por sí y en representación de la sociedad de hecho han admitido en el curso del proceso que el vehículo se encontraba bajo su guarda, aunque cuestionan que B. lo usó contra su voluntad presunta. Y el restante demandado asumió la existencia de ese control directo sobre el camión al revelar que dejó salir a B. de la empresa sin siquiera interrogarlo respecto al destino que temporalmente habría de dar al uso de la cosa riesgosa.

La referencia a un uso en contra de la voluntad presunta debe ser examinada dentro del contexto en que se desarrollaba la labor de B. como conductor del camión. Un guardián que se desentiende de los fines para los cuales habrá de ser usado el camión permite que se lo emplee del modo en que estime conveniente el dependiente en este caso.

Se ha dicho que el uso en contra de la voluntad presunta supone que la cosa ha sido dada para una finalidad determinada y se la usa para otra absolutamente distinta (ver Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias, Buenos Aires, Astrea, t. 5, pág. 571). Pero el dato decisivo en este caso es que B. retiró el camión con permiso de R. sin siquiera indicar para qué habría de ser utilizado.

La absoluta desidia respecto del empleo del camión por B. indica que el guardián R. le dio carta blanca para usar de él a voluntad e incluso para prestarlo a un tercero como ocurrió al causar el accidente con el menor.

La disponibilidad de un vehículo puede estar destinado a la tarea encomendada y de allí elaborarse alguna teoría eximente respecto de la trasgresión de la voluntad presunta del guardián (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I en autos “L.E.A. c. B.A. s/ daños y perjuicios” del 3/09/2013, La Ley Online: AR/JUR/56571/2013).

En este sentido sobre el dueño o guardián recae la carga de acreditar fehacientemente que la cosa causante del daño, ha sido usada en contra de su voluntad expresa o presunta, quien debe adoptar, todas las medidas necesarias para evitar la utilización indiscriminada de la cosa, o si se quiere el dueño o guardián debe demostrar en forma inequívoca la existencia de una oposición tácita a la utilización indebida (ver Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I en autos “Buscema, Ester Yolanda p/ si y sus hijos menores y otros c. Transp. de Pasajeros Luján y ots. p/d. y p. s/ inc.” del 29/07/2011 pub. en La Ley Online: AR/JUR/41272/2011).

No puede decirse así que hay trasgresión a una voluntad presunta cuyo contenido se configura teniendo en cuenta la finalidad a la cual se destina la cosa riesgosa si, como en el sub lite, el permiso de uso dado por el guardián no tiene restricciones como admitió indirectamente R. al no interrogar al empleado la razón por la cual extraía el camión desde dentro de la empresa.

El camión fue retirado por B. sin que ninguno de los guardianes se preocupara en interrogarlo acerca del destino que habría de dar a un vehículo de esas características. Se le dio carta blanca que optó por prestarlo a un tercero sin que constara la presencia de instrucciones al contrario por parte de los demandados recurrentes.

Todos los guardianes de la cosa omitieron el debido control que exige el art. 1113 del Código Civil al permitir a un empleado de la firma que usara del camión sin dar instrucciones o restricciones respecto de su empleo.

El uso contra la voluntad presunta supone una voluntad dirigida a una finalidad que debe entenderse trasgredida por el agente del acto dañoso. La desaprensión de los guardianes sobre el empleo de la cosa impide edificar una teoría que lleva a suponer que habría una restricción para que B. prestara la cosa a cualquier otra persona.

Dadas las particulares características de este caso es que sugiero que se confirme lo decidido por el juez de la causa en cuanto consideró a Á. J. R., M. B. R., la Sociedad de Hecho Servicios y Reciclados La Coruña y a Á. R. como obligados a reparar los daños a los actores, sin perjuicio de lo decidido respecto a A. R. P.

II.- Corresponde examinar a continuación la procedencia y la cuantificación de los rubros indemnizatorios.

a. Incapacidad sobreviniente.

J. A. B. cuestiona que el magistrado a quo no haya tenido en cuenta la incapacidad psicológica examinada por la perita médica puesto que entendió que se superpone con lo establecido por la perita psicóloga.

Explica que la prueba pericial psicológica que estimó la incapacidad en el 10 % de la T.O. fue practicada en el año 2001 cuando el psicodiagnóstico del Hospital Ramos Mejía que utiliza la perita médica se hizo a partir de una entrevista efectuada en junio de 2014. Aduce que de este informe resultan sus estados de angustia y ansiedad y una incapacidad psicológica del 15 % de la T.O.

El peritaje elaborado por el psicólogo L. J. P. a fs. 283/299 dio cuenta de una incapacidad por daño psíquico del entonces menor del 10 % de la total obrera. El informe fue presentado el 10 de octubre de 2001 y no fue objeto de cuestionamiento por la parte actora en ese momento. La presentación posterior de la perita médica Dra. L. del V. F. sobre el estado de salud psíquica de ese actor se basa en el resumen de un psicodiagnóstico realizado en el Hospital Ramos Mejía (ver fs. 771/772) en el cual no se determina el grado de incapacidad psíquica. La experta aclara a fs. 776 que el actor tiene un 15 % por trastorno por Estrés postraumático crónico de grado moderado sin explicar el método por el cual ha llegado a esta conclusión.

Estimo así que ha hecho bien el juez de primera instancia en remitirse a la visión unitaria de la cuestión dada por el perito psicólogo designado en autos en torno al cálculo de la incapacidad psíquica padecida por J. A. B. por lo cual propicio que se desestime la queja de este actor. La aseguradora sostiene que el importe por indemnización por incapacidad sobreviniente no debería superar los $ 200.000 y ello más aún teniendo en cuenta que el 50 % de la incapacidad determinada por daño psicológico reviste carácter concausal ya que la víctima presentaba a una crisis adolescente con una personalidad de base con rasgos constitucionales de carácter depresivo melancólico.

Se ha centrado la crítica en solo un aspecto de la incapacidad psicofísica ponderada por el juez de la causa para evaluar la indemnización en este caso. Baste señalar al efecto que el actor tiene una incapacidad del 4 % por fractura de apófisis transversa de L5 y del 25 % por fractura sacro ilíaca quedando como secuela una sacroileitis severa derecha por esclerosis de superficies articulares según resulta de la pericia médica.

A lo expuesto cabe señalar que la víctima tenía solo 8 años de edad al momento del accidente y que parte de las consecuencias en el orden psicológico han sido atribuidas a la falta de tratamiento psicológico que entiendo debe ser imputado a la falta de pago de la indemnización en tiempo oportuno por los demandados.

En cuanto a la incapacidad sobreviniente cabe señalar que aquella comprende toda disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva del individuo como aquella que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil…, t. 5, pág. 219, núm. 13; Llambías, Obligaciones”, t. IV-A, pág. 120 y jurispr. cit. en nota 217; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, 2ª ed., t. 4, pág. 272 y jurispr. cit. en nota 93; CNCiv. Sala A c. 5-255 del -10-10, Sala B en c. 474.654 del 3-10-07; Sala C en c. 551.918 del –10; Sala D en c. 449.871 del -10-07; esta Sala en c. 596.001 del -0-12; Sala G c. 550.166 del -10-10; Sala H en c. 513.058 del –08).

Es que la integridad corporal de la persona tiene, por lo común, un valor económico instrumental, como capital destinado a ser fuente de beneficios, tanto económicos como de otra índole. Por ello, su afectación se proyecta necesariamente al futuro, cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción en el mundo de relación (conf. Zavala de González, Daños a las personas – Integridad sicofísica, t. 2 a, pág. 41; esta Sala, causa 124.883 del –93).

Para graduar la cuantía por este rubro debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las cuales, si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil, también es preciso meritar la disminución de las posibilidades, edad de la víctima, cultura, estado físico, profesión, sexo; es decir que el aspecto laboral es sólo un ingrediente a computar, pues el daño también se trasunta en la totalidad de la vida de relación de aquélla (conf. esta Sala en c. 61.903 del –90 y sus menciones: voto del Dr. Dupuis en c. 45.623 del –89 y sus citas; voto del Dr. Calatayud en c. 45.086 del 10–89, entre muchos otros), aunque sin atenerse a pautas matemáticas (ver, entre otras, causa mencionada nº 61.742; idem, c. 106.654 del 14 de abril de 1992, etc.).

El hecho ha dejado importantes secuelas al actor J. A. B. quien las padece desde el momento mismo del accidente cuanto contaba con 8 años de edad de manera que estimo que la indemnización fijada en la suma de $ 600.000 por este rubro representa una adecuada compensación por el daño acreditado en la presente causa.

b. Lesión estética.

Sostiene el recurrente que debe modificarse la sentencia en cuanto consideró que la lesión estética debe considerase al momento de evaluar el daño moral. Alega que su reparación procede ante la existencia de una alteración del aspecto habitual que tenía la persona.

Sobre esta materia, esta Sala entiende que si bien existe discrepancia doctrinaria y jurisprudencial en torno a la naturaleza del daño estético, puesto que, por un lado, están quienes sostienen que se trata de un daño material, dado que incide sobre las posibilidades económicas y sobre la vida de relación de quien lo padece, siendo ambos conceptos acumulables; otra tendencia aduce que sólo lesiona las afecciones legítimas del damnificado, por lo que integraría el concepto de daño moral (conf. causas 29.387 del 31/8/1987, 97.757 del 13/9/1991, entre otras), en realidad, la lesión estética provoca intrínsecamente daño a un bien extrapatrimonial: la integridad corporal, lesión que siempre, por ende, provocará un agravio de tipo moral y que puede o no, afectar el aspecto patrimonial del individuo.

Si lo provoca, estaremos en presencia de un daño patrimonial indirecto, toda vez que -además de la afección extrapatrimonial- indirectamente se traduce en perjuicios patrimoniales que pueden ser tanto daños emergentes (gastos insumidos en la curación de las lesiones), como lucros cesantes (pérdida de la fuente de trabajo o disminución del mismo; conf. voto del Dr. Calatayud, causa 29.837 del 31/8/1987; ídem, 53.570 del 21/11/1989; votos del Dr. Dupuis en causas 61.742 del 27/11/1990; 88.207 del 20/6/1991; 73.718, 75.776 ambas del 14/8/1991 y 602.184 del 6/9/2012, entre otras).

Desde esta perspectiva considero que el criterio adoptado por el juez de primera instancia de considerar las secuelas estéticas al determinar la indemnización por el daño moral resulta ajustado a derecho con lo cual propicio que se desestimen los agravios de la víctima del accidente.

c. Tratamiento psicológico.

El juez de primera instancia estableció una indemnización de $ 10.000 en concepto de reparación por tratamiento psicológico al considerar admisible una terapia de al menos un año con una frecuencia de una sesión por semana para J. A. B. Cuestiona este recurrente que por 52 sesiones psicoterapéuticas se habría fijado un costo por sesión de $ 192,30 que en nada se condice con los valores actuales. De modo similar, J. B. G. y J. A. B. cuestionan que se haya fijado la suma de $ 5.000 para cada progenitor por 26 sesiones psicoterapéuticas lo que equivale a un costo de $ 192,30 por sesión en un cálculo que no tiene que ver con los valores actuales del mercado.

La aseguradora pide que se rechace la condena por tratamiento psicológico toda vez que han transcurrido más de 20 años del siniestro con lo cual la afección no resulta redimible mediante esta terapia. La necesidad del tratamiento surge de la prueba producida en autos y examinada por el juez de la causa y la falta de pago de los daños ocasionados desde ese lapso es lo que ha impedido a todos los actores a acceder a ese tratamiento.

Aceptar la teoría de la aseguradora supondría que el paso del tiempo la liberaría de satisfacer los costos de tratamiento psicológico y permitiría, por otro lado, que se profundicen lesiones en este ámbito solo por la negativa misma de cumplir con el deber de reparar los daños que proceden desde el momento mismo del hecho ilícito.

Entiendo que una vez aceptada la cantidad de sesiones indicadas por el juez de la causa parece ya difícil mantener los montos indemnizatorios puesto que el costo unitario resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta el costo de estas prestaciones profesionales.

Ante las quejas de todos los actores en este sentido estimo conveniente -en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del Código Procesal- elevar el resarcimiento por este concepto a favor de J. A. B. a la suma de $ 26.000 y a favor de cada uno de los restantes actores a la suma de $ 13.000.

d. Daño moral

Aduce la aseguradora que la indemnización por el daño moral no debería superar los $ 100.000 ya que se trata de un resarcimiento para el ofendido y no de un castigo para el ofensor.

Ninguna referencia precisa se ha hecho en la expresión de agravios a las secuelas padecidas por el demandante ni a los tratamientos a los que debió ser sometido desde su infancia como consecuencia de haber sido atropellado por un camión cuando caminaba por la vereda. El planteo de la citada en garantía carece de reales fundamentos y por ello sugiero que se desestime sin más trámite.

III.- Todos los actores se quejan de la aplicación de la tasa de interés del 10 % desde el momento del accidente hasta la sentencia de primera instancia por tratarse de un apartamiento de lo establecido en el plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A.”. Sostienen que resulta falso que el empleo de la tasa activa configure una desproporción al haberse establecido la reparación a valores actuales.

Con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos “Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios” del 02/08/1993 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/03/2004, que lo ratificó, estableciendo la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (“Samudio de Martínez Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios”).

La Sala que integro considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar.

Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda.

Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta sala en causas 146.971 del 16/06/1994, 144.844 del 27/06/1994 y 148.184 del 02/08/1994, 463.934 del 01/11/2006 y 492.251 del 19/11/2007, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a.ed., t.I pág. 338 n° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en LA LEY 15-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970–332, en especial, cap. V); esta Sala voto del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/04/2009).

De la misma manera, es la que cuadra adoptar a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ley 29.994 (conf. CNCivil, esta Sala, c. 80.50-10 del –15, con cita de Lorenzetti, Código Civil y Comercial comentado, ed. Rubinzal-Culzoni, t. V pág. 158, com. art. 772).

En conclusión, si bien este tribunal en situaciones similares resolvió reducir la tasa establecida entre la fecha del hecho y la del pronunciamiento de primera instancia a la del 6% anual, devengándose con posterioridad y hasta el efectivo pago la activa dispuesta en el pronunciamiento de la anterior instancia (conf. CNCivil, esta Sala, c. 527.451 del –09, c. 579.837 del 3-10-11, c. 615.823 del –13, c. 105.39-10 del 3–15, c. 85.-11 del –15, entre muchas otras), a partir del fallo dictado el –17 en el expediente caratulado “Flores Sebastián M. c/ Expreso Nueve de Julio S.A. s/ daños y perjuicios” (n° 69.993/13), en el que tocara votar en primer término al Dr. Calatayud, la Sala modificó su postura y resolvió incrementar esa tasa al 8% anual a la luz de las nuevas circunstancias económicas que atraviesa el país.

Toda vez que no ha mediado crítica respecto a la tasa de interés impuesta en la sentencia por parte de los vencidos propongo que se mantenga la cuota porcentual allí fijada y se desestimen las quejas de los demandantes al respecto.

Por las razones expuestas propongo que se confirme el fallo en lo principal que decide y que se modifiquen las indemnizaciones por tratamiento psicoterapéutico que se elevan a la suma de $ 26.000 para J. A. B. y a la de $ 13.000 para cada uno de los progenitores. Las costas de Alzada se imponen a los demandados y a la aseguradora Paraná Sociedad Anónima de Seguros (art. 68 del Código Procesal).

El Señor Juez de Cámara Doctor GALMARINI dijo:

Por razones análogas a las expresadas por el Dr. Racimo voto en el mismo sentido, salvo en lo atiente a la tasa de interés aplicable.

Como integrante de la Sala “F” de esta Cámara a partir del fallo dictado el 14 de febrero de 2014 en los autos “Zacañino Loloir Z. c/ AYSA s/ ds. y perjuicios” (expte. 162543/10, L. 628.426) adherí al criterio según el cual la tasa activa prevista en el fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, del 20 de abril de 2009, no representa un enriquecimiento indebido, por entender que en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena.

Consecuentemente considero que corresponde disponer que los intereses se calculen a la tasa activa antes referida desde la fecha del hecho, hasta el efectivo pago.

El Señor Juez de Cámara Doctor DUPUIS dijo:

Por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, voto en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº — a Nº — del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Y VISTOS:

En virtud a lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 863/875 y se modifican las indemnizaciones por tratamiento psicoterapéutico que se elevan a la suma de $ 26.000 para J. A. B. y a las de $ 13.000 para J. B. G. y J. A. B., respectivamente.

Costas de Alzada a los demandados recurrentes y a la aseguradora Paraná Sociedad Anónima de Seguros. Regulados que sean los honorarios en la instancia de grado, se fijarán los correspondientes a esta Alzada. Notifíquese y devuélvase.

FERNANDO M. RACIMO – JOSE L. GALMARINI (con disidencia parcial) – JUAN C. G. DUPUIS.

Nuestos Cursos y Talleres: