Abogado del Niño. Intervención. Recurso Extraordinario Federal. Cuestión Procesal

Las cuestiones relacionadas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local, como en el caso es la controversia de la definitividad de la resoluciones dictadas que denegaron el pedido de intervención en autos por parte de la Abogada del Niño, no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, sino que es particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional.

LEY 48 Art. 14 | LEY 48 Art. 15 |

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Fallo completo:

AUTOS Y VISTOS:

I. Con la presentación electrónica de fecha 17 de agosto de 2021, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 13 de agosto del corriente año.

II. La doctora Puente, invocando su carácter de abogada del niño, deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, en lo que interesa destacar y con sustento en la falta de definitividad de la decisión atacada, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley (v. resol. de 28-V-2021, escrito electrónico titulado «RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL – DEDUCE» de fecha 25-VI-2021 y su archivo adjunto identificado como «INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL»).

En el caso, en el marco de un abrigo, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, rechazó la intervención de la aquí impugnante como Abogada del Niño (v. resol. de 27-VIII-2020, págs. 26/27 del archivo adjunto identificado como «recurso extraordinario con copias certif» del trámite «ESCRITO ELECTRÓNICO» de fecha 13-X-2020).

III.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de igualdad, defensa en juicio, debido proceso, acceso a la justicia, razonabilidad y no discriminación, el derecho a ser oído y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (arts. 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2, 3, 6, 8, 9, 12, 19, 24, 28 y 29, CDN; 8, 19, 24, 15 y 29, CADH; 12, CIDN; las «Reglas De Brasilia Sobre Acceso A La Justicia De Las Personas En Condición De Vulnerabilidad» y la Observación General n° 12 del Comité de los Derechos del Niño; v. págs. 2/3, 7/8, 10/12, 21/23 y 25/27, adjunto «INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL» cit.).

III.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, calificó -sin fundamentación- de no definitiva la decisión del a quo. En consecuencia, desestimó la queja por denegatoria del remedio de inaplicabilidad de ley. Agrega que -a su entender- el fallo objetado no consideró la doctrina de la Corte Suprema nacional que tiene como prioridad el tratamiento de los recursos extraordinarios en donde se encuentra en litigio el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Aduce que no debieron imponerse limitaciones de orden local al abordaje de las cuestiones federales que entiende planteadas en el caso, con sustento en los precedentes «Strada» y «Di Mascio» (Fallos: 308:490 y 311:2478; v. págs. 1/3, adjunto «INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL» cit.).

Asevera que, contrariamente a lo expuesto en el pronunciamiento objetado, los agravios esgrimidos en la vía de hecho local -que ahora reproduce- referidos a que la ley 26.061 otorga a los niños, niñas y adolescentes participación mediante asistencia letrada en el proceso del que son parte, sin límite de edad y por el simple hecho de su carácter de persona humana, dan cuenta de la afectación de los derechos constitucionales del niño E. -puntualmente los de defensa en juicio y a ser oído- y ocasionan un perjuicio no susceptible de repararse con posterioridad en otro proceso. Agrega que resulta erróneo ponderar que sólo corresponde la mentada defensa técnica de acuerdo a su capacidad progresiva, todo lo cual torna evidente -desde su punto de vista- la definitividad de la decisión recurrida.

Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 333:2017; 318:1269 y 341:1733), el fallo «Fornerón e hija vs. Argentina» (CIDH, sent. de 27-IV-2012) y la Observación General n° 12 del Comité de los Derechos del Niño (v. págs. 6/13 y 20/27, adjunto «INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL» cit.).

IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 2 de julio de 2021 y trámites identificados como «OFICIO A» y «OFICIO RECIBIDO» de fechas 13 de julio y 24 de agosto del corriente año), el mismo fue contestado por la Asesora de Incapaces (v. trámites titulados «RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL – CONTESTA TRASLADO» y «ESCRITO ELECTRÓNICO» de fecha 9 y 17 de agosto de 2021, respectivamente).

Respecto a la pieza de fecha 17 de agosto de 2021, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2 a 10; v. archivo adjunto identificado como «contestacion recurso c._firmado(1)» del trámite cit.; doctr. CSJN, causas «Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios», sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; «Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia», sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).

En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación así como también su par electrónico de fecha 9 de agosto de 2021 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).

V.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, por un lado, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).

De ahí que las cuestiones relacionadas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite, se controvierte la definitividad de la resoluciones dictadas por las instancias anteriores en grado, que denegaron el pedido de intervención en autos por parte de la Abogada del Niño) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; 344:2023; 344:1288; 342:1496; entre otros).

En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).

Asimismo, y más de allá de hacerse saber que tampoco se configuran -en la especie- los supuestos comprendidos por la doctrina de los precedentes «Strada» y «Di Mascio» (CSJN, Fallos: 308:490 y 311:2478) para admitir la instancia federal, lo cierto es que se advierte que las alegaciones formuladas al respecto devienen inadmisibles, toda vez que resultan fruto de una reflexión tardía y novedosa que no ha sido planteada en la oportunidad pertinente (v. «RECURSO DE QUEJA – DEDUCE» de fecha 13-X-2021; Fallos: 329:2498; 330:1491; 1447 y 334:365; entre otros; arts. 14 y 15, cits.).

V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).

En ese sentido, corresponde tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).

Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura fijada por este Tribunal para descartar el recurso de hecho intentado, insistiendo la agraviante con cuestionamientos referidos al carácter de sujeto de derecho del menor y la vulneración de la Convención de los Derechos del Niño por haberse interpretado erróneamente el interés superior del niño y su posibilidad de ser oído, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 1/3, 6/13 y 20/27, adjunto «INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL» cit.; trámite titulado «RECURSO DE QUEJA – DEDUCE» de fecha 13-X-2021 y resol. en crisis).

V.3. Por fin, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de igualdad, defensa en juicio, debido proceso, acceso a la justicia, razonabilidad, a ser oído, no discriminación e interés superior de los niños, niñas y adolescentes; arts. 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2, 3, 6, 8, 9, 12, 19, 24, 28 y 29, CDN; 8, 19, 24 y 29, CADH; 12, CIDN; las «Reglas De Brasilia Sobre Acceso A La Justicia De Las Personas En Condición De Vulnerabilidad»; y la Observación General n° 12 del Comité de los Derechos del Niño; v. págs. 2/3, 7/8, 10/12, 21/23 y 25/27, adjunto «INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL» cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.945, «Usuarios Y Consumidores Unidos», resol. de 19-IX-2018; C. 121.331, «Gouveia Mendes», resol. de 22-V-2019; C. 119.818, «Iarosky», resol. de 23-X-2019; C. 120.789, «Serantes», resol. de 13-VIII-2020; C. 123.979, «Sismail», resol. de 23-XII-2020; C. 124.224, «Ugartemendia», resol. de 8-VI-2021; entre otros).

Por ello, la Suprema Corte de Justicia

RESUELVE:

1) Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 13 de agosto de 2021; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 17 de agosto de 2021, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 9 de agosto de 2021 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).

Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.

Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

 

 

DATOS DEL FALLO

Materia: CIVIL Y COMERCIAL

Tipo de Fallo: Sentencia Interlocutoria

Tribunal Emisor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA)

Causa: Rc 124347

Fecha: 18/11/2021

Caratula: C. E. S. N. s/ Abrigo

Magistrados Votantes: Genoud-Torres-Kogan-Soria

C. 124.347 «C. E. S. N. S/ ABRIGO»

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