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INTERPONEN QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO

Con motivo de este recurso de queja la Corte Suprema de Justicia determinó que las cuestiones vinculadas a la suspensión del juicio a prueba reunían el carácter de sentencia definitiva.

 

INTERPONEN QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO.-

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:

XXX abogados defensores de constituyendo domicilio legal en , en la causa nro. XXX, caratulada: «XXXl y otros s/recurso de casación», del registro de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, a V.E. decimos:

 

– EXORDIO: En debido tiempo y en legal forma venimos a interponer recurso de queja contra la resolución de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, de fecha 27 de febrero del corriente año, por la cual se denegó el recurso extraordinario oportunamente deducido, solicitando a V.E. haga lugar al recurso extraordinario, se pronuncie sobre el fondo del recurso, a cuyo efecto corresponde requerir el expediente originario para su substanciación.-

– REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: A los fines de lo dispuesto por el art. 283 del C.P.C.C.N. acompañamos copia simple: a) del escrito solicitando la suspensión del juicio y de la substanciación pertinente b) de la resolución recurrida; recurso de casación, otorgamiento y denegación por la Cámara de Casación c) del escrito del recurso extraordinario; d) de la providencia que denegó la apelación.- . La resolución recurrida fue notificada el día 17 de marzo del corriente año, interponiéndose el presente recurso de queja dentro de los cinco día hábiles desde que se efectuara dicha notificación.

– ANTECEDENTES DE LA CUESTION: Oportunamente, nuestro defendido solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal nro.XXX, en la causa nro. XXX, caratulada » XXX», la suspensión del juicio a prueba de conformidad con lo dispuesto por el art. 76 bis del Código Penal.- La solicitud se fundó en el cuarto párrafo del artículo citado, en virtud que las circunstancias del caso permitían dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable, en tanto el propio Fiscal había solicitado en su acusación originaria una pena corporal de índole condicional, sin perjuicio de la nulidad del debate dispuesta por no haberse dictado la sentencia en el término de rigor. Esta acusación se encuentra incorporada al juicio, debiéndose significar que la nulidad ordenada no conlleva la inexistencia de los actos y, mucho menos, autoriza a prescindir del monto de la pena solicitada cuya condicionalidad justifica el pedido; todo ello, sin perjuicio de entender que la adecuada interpretación del art. 76 bis del Código Penal admite el otorgamiento de este beneficio cuando sea posible la aplicación de una condena condicional. Las condiciones de rigor exigidas por el art. 26 del Código Penal aseguran también -debido a la falta de antecedentes de nuestro defendido- la aplicación de una pena condicional.- Sostuvimos que el beneficio era procedente porque en nuestro caso no podía suponerse otra solución que la procedencia de la condicionalidad.- Esta causa, originariamente se tramitó por ante el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 23, en el cual el día 28 de agosto de 1995 se declaró la nulidad del debate por haberse vencido el plazo previsto por el artículo 400 del Código Procesal para dar lectura a la respectiva sentencia. Habiéndose producido una evaluación de la conducta reprochada, no obstante la nulidad ordenada, existen elementos suficientes y concretos que permiten mensurar la gravedad de la imputación y sobre la base de los actos ya acaecidos aceptar la procedencia del instituto, pues no se visualiza elemento alguno que justifique modificar la mensuración o dosificación ya efectuada no solamente por el Fiscal sino también por el tribunal anterior. La interpretación teleológica del art. 76 bis del Código Penal hace viable el cese de la persecución penal cuando procede la aplicación de una pena condicional, aún cuando la pena amenazada en abstracto supere los tres años de prisión.- Con fecha 13 de septiembre de 1996, el Tribunal Oral nro. 5 no hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitada por nuestra parte., rechazando el planteo formulado, entendiendo como graves aquéllos cuya pena en abstracto excede la suma de tres años de prisión, mas allá que resultara procedente, en el caso concreto, la aplicación de una pena menor. En dicha oportunidad, sin perjuicio de mantener su postura acerca de la presunta gravedad de los delitos reprochados, el Tribunal dijo: «Párrafo aparte merece el planteo del imputado Gonano, fundado en la concreta petición punitiva efectuada por la Fiscalía interviniente en ocasión de acusarlo en la audiencia de debate celebrada en autos, que concluyó con una sentencia declarada nula mediante el auto de fojas 369, en la que se había impuesto al nombrado una pena de prisión cuya ejecución que se suspendió». El Tribunal estimó que no se podía sostener que se supiera con certeza cual iba a ser el resultado del nuevo debate, razón por la cual mantuvo su criterio denegatorio. Jamás hay certeza de condicionalidad sino siempre una mera posibilidad y la ley solamente exige la evaluación de esta posibilidad mas allá del resultado cierto. Se trata simplemente de una razonable ponderación acerca de parámetros posibles Incurriendo en una grave formalidad, el Tribunal sostiene que «lo cierto es que la circunstancia de que en el caso pudiera corresponder una sanción de carácter condicional no implica de suyo que sea merecedor del beneficio previsto en el art. 76 bis del Código Penal, ya que no se dan en el caso los requisitos exigidos en el inciso primero de dicha norma, tal y como ha sido calificado el hecho que se le atribuye en los últimos actos procesales válidos a tal fin» El Tribunal Oral exhibe cierto remordimiento al reconocer que «no escapa al Tribunal la circunstancia de que muchos órganos juiciales …han dado curso a la suspensión del proceso a prueba en casos como el presente…No cabe duda entonces , de la notoria desigualdad que generan para los justiciables encuadrados en similares situaciones, los opuestos criterios de interpretación sobre la procedencia de la institución en cuestión, verificable en los deciosrios de los distintos tribunales orales en materia penal, con evidente menoscabo de la norma del art. 16 de la Constitución Nacional». No obstante el reconocimiento formulado con gran sorpresa para nuestra parte se deniega el beneficio impetrado. Interpusimos recurso de casación, con las reservas de orden federal correspondientes, por incurrirse en grave arbitrariedad, inadecuada interpretación del art. 76 bis del Código Penal y violarse los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional..- Este recurso, por violación de normas de orden garantista, promovió sin éxito la intervención de la Cámara de Casación, en su rol de tribunal intermedio en cuestiones federales- -En nuestro recurso entendimos que la Resolución impugnada suponía una grave inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 76 bis del Código Penal, habilitando la instancia en los términos previstos por el art. 456, inciso primero del Código Procesal. Asimismo, tratándose de un decisorio contra legem consideramos habilitada la vía casatoria en los términos del art. 456, inciso 2 del Código Procesal, con proyección en los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional. El 4 de octubre de 1996, se concedió el recurso de casación al resultar la resolución equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal y por las características de la cuestión, cuyo examen posterior, al momento de una sentencia definitiva, resultaría improcedente y abstracto Habiendo intervenido por sorteo la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal se revocó su concesión, declarando mal concedido el recurso, sin costas. .- El núcleo de la denegatoria se centró en la inexistencia de una sentencia definitiva que habilitara los remedios pretendidos En efecto, en su resolución, de fecha 11 de diciembre, el Tribunal dijo: «mas allá del acierto o error del decisorio cuesionado, los planteos no tendrán favorable acogida habida cuenta que, tal como sostuviera el Tribunal in re «Viguie, Daniel Horacio s/recurso de casación», reg. 103 bis/94 del 1/9/94 y «González, Julián A. S/recurso de casación», causa 344, reg. 9/95, del 20/2/95, la decisión que los jueces adopten en el trámite de solicitud del beneficio de suspensión del juicio a prueba, a que se refiere el art. 293 del C..P.P., es irrevisable. Ello, es así ya que no existe norma expresa que prevea su recurribilidad (admisión específica), ni tampoco ello es válido inferirlo de la norma genérica del art. 457 y concordantes del Código Procesal Penal, obstáculos estos que impiden sortear la admisibilidad formal de la impugnación extraordinaria intentada». Contra éste decisorio interpusimos recurso extraordinario en los términos del art. 14 de la ley 48 por entender que la denegatoria del alto tribunal debía considerarse la última sentencia del superior tribunal de la causa, dándose así por terminada la instancia local.- También afirmamos que era sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario federal la dictada por la Cámara Nacional de Casación Penal, cuyo carácter de tribunal intermedio para cuestiones federales ha sido reconocido en forma reiterada por el mas Alto Tribunal. Por otra parte, entendíamos encontrarnos frente a un claro supuesto de arbitrariedad por el cual se desvirtuaba el derecho a la suspensión de la acción, modalidad de la extinción de la acción penal otorgada por el art. 76 bis del Código Penal.- La decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal obvia contemplar y analizar las diversas argumentaciones formuladas por nuestra parte, en particular aquéllas que proyectan una cuestión que no podía ser renovada en el curso del proceso por las características propias del procedimiento que dan a la denegatoria del beneficio un rasgo de irreparabilidad que permite, entonces, equipar el decisorio a una sentencia definitiva a los fines del remedio extraordinario. – Sostuvimos que las sentencias interlocutorias, o decisiones que causan agravio de insuficiente reparación ulterior, han de equipararse a sentencias definitivas. No se trata, ni es necesario, que el perjuicio sea de imposible subsanación, pues resulta suficiente que la continuación de la causa no asegure una correcta satisfacción del agravio. En este sentido, la continuación de la causa -no obstante una ley de orden nacional dictada con el propósito de reducir el agobio judicial- implica una persecución «contra-legem», que fulmina de nulidad la prosecución arbitraria de la misma.- En las causas en que se investigan cuestiones criminales, estando en juego el derecho del imputado a obtener una decisión que ponga término del modo mas breve posible la situación de incertidumbre y restricción de la libertad, cabe superar obstáculos formales y tomar estos decisorios como sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario .Remitir el punto, al fallo final, luego del juicio propiamente dicho, constituye un dispendio expresivo de un agravio irreparable, cual es el sometimiento innecesario y desdoroso a un proceso de índole penal. También afirmamos que la prescindencia de la ley -en particular el supuesto previsto por el apartado cuarto del artículo 76 bis del Código Penal-, proyectaba a través de la doctrina de la arbitrariedad una cuestión federal suficiente para su tratamiento.- Es que la decisión de la Cámara explícita un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, exhibiendo una fundamentación aparente enmarañada con disposiciones de orden local que infringe la garantía de defensa en juicio y las reglas del debido proceso, no constituyendo una derivación razonada del derecho vigente.- Contiene omisiones y desaciertos de gravedad extrema que la descalifican como pronunciamiento judicial.- La no consideración del monto de la pena solicitada por el Agente Fiscal constituye una decisión claramente injusta puesto que no obstante resultar inferior a la pena de tres años – y por ende, susceptible del beneficio de la condicionalidad- se pretende proyectar el hecho a una gravedad y dimensión que carece mediante una articulación abstracta e impropia. -No se trata de la certeza del resultado, sino de una proyección razonable que admita la posibilidad de una condena condicional. En el caso convocante, nadie duda que ante un nuevo debate la solicitud fiscal y la eventual pena aplicable será siempre susceptible de un cumplimiento condicional. Por ello, nos parece alarmante que lo concreto se transforme en abstracto, olvidando la naturaleza del derecho penal y el sentido de la institución en debate. El 27 de febrero de 1997, la Cámara Nacional de Casación rechazó el recurso interpuesto, manteniendo su criterio de no considerar sentencia definitiva los decisorios adoptados en materia de probation, agregando que no advierten los extremos de arbitrariedad denunciados. Si bien en principio la interpretación de las leyes de procedimiento no es cuestión de orden federal, no es menos cierto que este principio cede cuando se vulneran las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y del derecho de igualdad previstas por el art. 16 y 18 de la Constitución Nacional. Es necesario puntualizar que solamente el tiempo presente resulta adecuado para asegurar la aplicación del derecho que consideramos quebrado. Su proyección en otros tiempos y otras instancias recrea un perjuicio cierto, al menos, de tardía reparación.- Se trata de un supuesto equiparable a sentencia definitiva en cuanto de prescindirse de la tutela jurisdiccional, de ejercicio efectivo y actual, el interesado perdería su oportunidad a la suspensión del proceso que en derecho le corresponde.- Ello, ya que no habría reparación futura, o si esta llegara a plantearse, no habría obviado el sometimiento innecesario a la jurisdicción. Por otra parte, es un acto que tiene una clara tendencia, al decir del Dr. De La Rúa, a poner fin la acción, y en tanto se priva el derecho a evitar la pena el recurso está habilitado en virtud de su carácter definitivo (De La Rúa, Fernando, La Casación Penal, ED, Depalma, pág. 164) La decisión de limitar la aplicación del art. 76 bis produce un grave conflicto institucional en cuanto contradice la política criminal promovida por el gobierno federal que tiende a disminuir el exceso de causas y promover -con la mayor amplitud posible- la agilización del sistema, superando los graves problemas penitenciarios que nos aquejan.- Concurre la noción de una cierta gravedad institucional que sirve para superar las limitaciones propias de la sentencia definitiva.- También, como cuestión federal, planteamos la inconstitucionalidad de las limitaciones normativas alegadas por el Tribunal en cuanto sancionan, mediante una interpretación equívoca, la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Oral en ésta materia. La sentencia recurrida carece de la fundamentación exigida por el art. 18 de la Constitución Nacional por cuanto no contiene una referencia razonada de los agravios interpuestos, cuya falta de tratamiento exhibe cierta dimensión de arbitrariedad que descalifica el auto recurrido como acto judicial válido.- La obligación constitucional de fundar las sentencias constituye una verdadera garantía del derecho de defensa y del debido proceso legal.- Mediante la recurrencia a una interpretación dogmática se niega a mi parte el derecho a la extinción de la acción derogando, de este modo, la aplicación de un texto legal.- Así, nos encontramos ante un decisorio «contra-legem» que deniega el derecho a la extinción mediante mecanismos claramente arbitrarios.- El juez se ha alzado contra el principio de inocencia, recreando una abstracción inaceptable apartada de la interpretación antropológica que debe presidir toda reflexión sobre el derecho penal aplicable.- Se quiebra el principio de ultima ratio promoviendo la continuidad de la represión, circunstancia que no se compadece con el tiempo transcurrido, con el quantum de la pena solicitada, que necesariamente se repetirá, con la crisis penal y penitenciaria actual.- La ley 2316 incorpora al ordenamiento penal argentino un nuevo instituto que permite, esencialmente, evitar la prosecución de ciertos procesos originados en la investigación de comportamiento delictivos cuya levedad le resta interés al Estado de arribar a una sentencia definitiva, siempre y cuando el imputado exprese su voluntad de someterse a las reglas de conducta que marca la ley, de modo de evitar así las consecuencias de una condena penal.- Más allá de las posibilidades que brinda éste nuevo instituto en cuanto a sus fines procesales, también es dable destacar -en función de poder circunscribir adecuadamente sus propios alcances- que con la «probation» se persiguió aliviar el trabajo judicial y el problema carcelario cuando ello fuere pertinente, para darle una nueva oportunidad al sujeto activo del delito que demuestre su capacidad de mantenerse al margen del delito sin necesidad de sufrir los efectos de la prisión, privilegiándose, de esta forma, la readaptación social, a partir de lo cual se reserva la amenaza penal como último remedio.- Estas puntuales consideraciones nos permiten aseverar que resulta necesario atribuirle a la ley 2316 los alcances necesarios para convertirla en un instrumento eficaz, caracterizado por su funcionalidad, sentido y utilidad en pos de los derechos de los justiciables que hoy observan como sus legítimos derechos pueden desvanecerse ante el resultado adverso de un sorteo que, caprichosamente, adjudicó la última decisión a un tribunal que adhiera a la llamada «tesis restrictiva», respecto de otro, que oriente sus veredictos finales a una aplicación amplia de las previsiones de la ley.- En éste sentido, no cabe ninguna duda que las previsiones del cuarto párrafo del art. 76 bis del Código Penal constituyen una regulación autónoma en relación a los dos primeros párrafos del mismo artículo, pero sometiéndola a dos requisitos puntuales, cuales son la condicionalidad de la pena y la aquiescencia del representante del Ministerio Público, sobreviniendo éste del quantum solicitado en el caso concreto.- Creemos que las teorizaciones abstractas que trasladan la gravedad de los ilícitos al plano de una mera especulación no se compadecen con el nítido orden antropológico que deviene del derecho penal moderno, cuyas notas mas salientes no permiten construir una dogmática abstracta desvinculada del caso y del hombre concreto.- En función de ello, solamente la pretensión punitiva exteriorizada por el Ministerio Público, y las condiciones personales del sujeto beneficiario de una posible condena de ejecución condicional, constituirán las únicas pautas a tenerse en cuenta para fijar la adecuada gravedad de los delitos.- – El cuarto párrafo del art.76 bis del Código Penal no contradice al primero, sino que contempla las características propias del juicio donde -como en el caso que nos ocupa- ya se conoce la pretensión punitiva del Ministerio Público, cuyo monto determina, «a priori», la futura condicionalidad de su aplicación.- En el juicio oral tiene sentido la proyección de una formula abstracta, porque recién al final del debate se conocerá en concreto el pedido fiscal.- Resulta absurdo ante un pedido de pena menor a tres anos de prisión realizar una evaluación abstracta e insistir en la gravedad de un delito cuya reprochabilidad en función de la conducta imputada ha sido valorada mediante aquél pedido de pena conocida por anticipado.-,debiéndose coincidir que aun repitiendo el debate, la pena resultará condicional en virtud de las características propias del imputado. Bajo las circunstancias apuntadas, entra a jugar en la especie, en forma independiente, el cuarto párrafo del art. 76 bis, en tanto si así no lo hubiese querido el legislador no vemos por qué, el mismo, paso a formar parte de la ley que analizamos.- Desconoce la puntual aplicación que merece la previsión penal antedicha, el rechazo de la suspensión propiciada en base a teorizaciones abstractas, escindidas del hombre y su conducta concreta, privilegiándose el quantum abstracto de una pena por sobre el limite que impone el caso concreto.- Como expresara el Dr. Gonzalez Palazzo (in-re «S.,H. s/ probation», CCC, Sala VI, del –96), «…la calificación de delitos correccionales es ajena al Código Penal, es puramente organizativa y variable y, por ello, no me parece apta para fundar la interpretación de una norma que hace mas a los tipos de pena, al cumplimiento de las mismas, a las sanciones alternativas, a la política criminal de un país, a los regímenes carcelarios, etc. …».- En función de los conceptos desarrollados mas que elocuentes resultan las palabras del Dr. Donna, al referir: «…la suspensión del juicio a prueba…tiene claros fines de política criminal, como son el buscar la resocialización de aquellas personas que hayan infringido la norma por primera vez, por lo que, si cumplen con las condiciones fijadas, se extinguirá para ellos la acción penal…- La suspensión del juicio, se trata de una forma modificada de aplicación de la pena privativa de libertad, por lo cual no hay motivo alguno para interpretar la ley de manera restrictiva, esto es, solo para delitos cuya escala penal no exceda de tres anos.- Por el contrario, deberá estarse a la pena que pueda llegar a imponerse en concreto, esto es, que pueda ser de ejecución condicional.-…. Será de dudosa constitucionalidad que la institución de suspensión de juicio a prueba se redujera a una cuestión de tipos penales, y no a montos de pena, ya que con ello se estaría violando el principio del art. 16 de la Constitución Nacional que obliga a una igualdad de tratamiento para igualdad de circunstancias; seis meses de prisión, es igual para las personas, y para la sociedad, se trate de un hurto o de una estafa por lo que no se entiende un dispar tratamiento…».- (CCC, Sala 1ra., mayo 26 de 1995, «C., N.R. s/ suspensión de juicio a prueba»).- Como podemos observar, la tesitura del Tribunal apelado, no es mas que una postura que desnaturaliza el instituto analizado, convirtiéndolo en una herramienta cuyas limitaciones, arbitrariamente fijadas, lo transforman en un procedimiento discontinuo, desigualitario e inoperante.- En función de ello, cuestionamos la constitucionalidad del art. 76 bis. en cuanto se pretenda que el mismo excluye entre sus beneficiarios aquéllos supuestos en que la pena abstracta supere los tres años de prisión.- Al respecto, recordamos que el primer principio de orden constitucional procura salvaguardar mediante la doctrina de la sentencia arbitraria el afianzamiento de la justicia, circunstancia que convoca, urgentemente, la adopción de una decisión igualitaria en orden a la materia en tratamiento.- La desigualdad es disvaliosa e injusta, ya que engendra «irregularidades caprichosas» que quiebran el funcionamiento del estado de derecho (Nestor Pedro Sagues, «Derecho Procesal Constitucional», Tomo II, pág. 203) incorporando una sensación de inseguridad jurídica francamente intolerable; que por su gravedad hace aplicable toda la doctrina desarrollada por la Corte Suprema de Justicia en la materia, habilitante del recurso extraordinario con sustento en la repercusión institucional que tan particular diversidad produce. La Corte recurrió a la doctrina de la gravedad institucional a fin de superar barreras procesales frustatorias del control jurisdiccional. Fallos 112, 384; 131, 387; 150,284; in re Jorge Antonio, de fecha 28 de octubre de 1960, se dijo que los aspectos de hecho y derecho común contemplados ordinariamente como cuestiones insusceptibles de ser recurridas adquieren dimensión federal cuando existen manifestaciones de arbitrariedad y gravedad institucional que impliquen un agravio constitucional cierto lesivo de las instituciones básicas. El decisorio de primera instancia exhibe un claro apartamiento de las normas aplicables al caso, ostentando una manifiesta arbitrariedad en la conformación de sus fundamentos, que ponen en crisis la política criminal implementada en la materia por el gobierno federal creando un grave conflicto de poderes, configurando arbitrariedad cierta la omisión manifiesta de considerar las diversas defensas planteadas, en particular, aquella referida a la proyección de la acusación ya efectuada en el debate fracasado. Conocida que fue la pretensión punitiva del Estado en función del hecho concreto que se imputa a nuestro defendido, resulta absurdo fijar las reglas del instituto mediante construcciones abstractas y fuera del marco que ésta causa nos exhibe, que demuestra un simulacro de gravedad en cuanto la conducta reprochada se ha proyectado a un pedido de pena que está debajo del limite cuantitativo que impediría la suspensión.- Sumado a ello, las circunstancias personales del imputado, su falta de antecedentes, la condicionalidad de la pena solicitada, con mas el ofrecimiento de la reparación en la medida de sus posibilidades económicas, enfatiza, incuestionablemente, la viabilidad de la suspensión propiciada, la que así debe ser decretada.- Conforme lo referimos en párrafos anteriores, hoy día las personas sometidas a un proceso penal se ven obligados a mirar, absortos e indefensos, las discusiones doctrinarias alrededor de los derechos consagrados a partir de la ley 2316, ya sea por la inexactitud en su redacción, como así también debido a la arbitrariedad de algunas decisiones que no han hecho mas que desnaturalizarla, deviniendo su aplicación «amplia» o «restrictiva» según resulte sorteado uno u otro tribunal, desvirtuándose el principio de igualdad, el debido proceso y la defensa en juicio, garantías todas ellas de indiscutible raigambre constitucional.- En síntesis, la denegatoria del recurso extraordinario es arbitraria por las siguientes razones: – agravia el derecho de defensa de nuestro representado puesto que le niega el acceso a un instituto creado por el ordenamiento jurídico para su beneficio, máxime , mas allá de la nulidad del debate, cuando ya se sabe en concreto que el pedido de pena no excederá los tres años de prisión, habiendo el Tribunal oral interviniente en forma originaria fijado dicha pena en forma condicional. A estos fines, no cabe exigir una certeza completa, sino mas bien se trata de una proyección razonable con sustento en lo ocurrido en el debate declarado nulo. Prescindir del análisis de estas cuestiones proyecta un decisorio francamente arbitrario por omitir el estudio de sustanciales defensas planteadas por las partes. – no se trata de una denegatoria meramente transitoria, sino que resulta definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48 puesto que no podrá usar el beneficio de la probation en ninguna otra instancia. En este sentido, la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal ha dicho que constituye sentencia definitiva las decisiones adoptadas por los Tribunales orales(in re «Celestino, L s/recurso de casación, causa 923, reg 1259, de fecha 29//11/96 , coincidiendo con el criterio del Dr. De la Rúa ya citado. – agravia el derecho de defensa y el debido proceso legal consagrados por el art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto impide una pronta conclusión del proceso que ponga fin al estado de incertidumbre que una causa penal supone( C.S. J ir Mattei, cit prec.) – se quiebra el derecho a la igualdad puesto que se da tratamientos diferenciados a situaciones substancialmente idénticas, creándose distinciones sin sustento razonable, creándose irritantes desigualdades con graves implicancias constitucionales. 5. Se niega mediante una interpretación limitativa una instancia revisora de la decisión del Tribunal Oral en franca violación al art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cabe consignar, que en todas las instancias se formuló las reservas del caso federal con sustento en las cuestiones federales citadas precedentemente.

– DE FORMA: Cumpliendo con la acordada del superior tribunal, denuncio los siguientes datos personales del recurrente y de sus letrados patrocinantes:

 

– PETITORIO: Por todo lo expuesto, a V.E. solicitamos se declare mal denegado el recurso extraordinario interpuesto oportunamente, se conceda en debida forma y se otorgue la suspensión del juicio a prueba que, SERÁ JUSTICIA.

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