Modelo de Escrito

  

 

NULIDAD DENUNCIA ANÓNIMA. ALLANAMIENTO. JUICIO CONTRAVENCIONAL PROMUEVE NULIDADES.

Señor Juez:

XXX, abogado defensor de A y, con el domicilio legal constituido en XXX, en la causa nro. XXX, caratulada «y otro s/infracción art. 96, ley 8.031», a V. S. digo:

I.- DENUNCIA ANÓNIMA. Vengo, en primer término, a promover la nulidad de la instrucción policial, en virtud de su origen viciado, pues entiendo que la denuncia anónima no reúne los requisitos que la ley procesal impone en la materia. Conforme surge del acta obrante a fs. 1, el sumariante instructor, José Carlos Pedersoli, reconoce que estas actuaciones se inician a raíz de un aviso anónimo, cuyas características no especifica. En efecto, es a través de un aviso anónimo que toma conocimiento de que en la finca sita en la calle Arana y Maestra Ravelo, del barrio La Horqueta, funcionaba un casino en forma clandestina, disponiéndose -en atención a esta noticia- el allanamiento ordenado a fs. 19 que fuera realizado, con habilitación de hora, el día 14 de mayo del corriente año, labrándose a fs. 20 el acta de rigor. Al inicio de la investigación, si bien se reconoce el origen anónimo de la noticia criminal, no se aclara la forma en que este aviso se habría instrumentado, circunstancia que a nuestro juicio descalifica aún más el origen de la presente denuncia, puesto que el propio funcionario público actuante, olvidando sus obligaciones funcionales, no individualiza ni esclarece debidamente el origen de la información recibida. Recordemos, en éste sentido, las previsiones de los artículos 77, 78 y 79 del Código Procesal, aplicable supletoriamente conforme lo dispone el art. 3ro. del decreto-ley 8031, en tanto en ellos se prescribe taxativamente las formalidades que deben respetarse al radicarse una denuncia ante la autoridad competente, pudiendo ser la misma verbal o escrita; hacerse en forma personal o por mandatario, pero siempre consignándose los datos personales para la específica identificación de quien la está formulando.- A todas luces, la iniciación del presente proceso a raíz de una denuncia anónima -como la que se hizo valer en el presente caso-, se encuentra francamente en pugna con las garantías que emergen de la forma republicana de gobierno y del estado de derecho. No es necesario reiterar que no pueden confundirse las facultades propias de las autoridades de prevención con la legitimidad y procedencia de la denuncia anónima. El art. 4, segundo párrafo, del Decreto Ley 8.031/73, si bien establece que la acción por la comisión de faltas es pública, estando la policía facultada para proceder de oficio, no es menos cierto que sujeta la procedencia de la acción a la denuncia que pudiera formular cualquier persona mayor de 16 años en forma verbal o escrita ante la propia autoridad, siguiéndose, obviamente, las prescripciones ya citadas del Código Procesal. Los requisitos formales del acto de denuncia tienen por objeto garantizar la responsabilidad del denunciante y evitar la promoción de la delación oculta. Es necesario exigir en todos los casos la identificación del denunciante, pues esta modalidad es la única forma de evitar se incurra en el delito de falsa denuncia o en el delito de calumnia, en cuanto contenga una falsa imputación dirigida a una persona, de donde resulta la necesidad ineludible del recaudo de la identificación. Francisco J. D´Albora enseña, siguiendo a Ricardo Levene (h), que es nulo el proceso en el caso de la denuncia anónima (C. N. P. E., Sala II, J. A. del –92, pág. 57, C. P. P. de la Nación, pág. 177). José I. Cafferata Nores, señala que si bien en los casos de acción pública, perseguible de oficio, los órganos de la persecución penal deben iniciarla tan pronto tengan noticia por cualquier medio de la posible existencia del delito, esto no quiere decir que el medio o la noticia que el medio contiene pueda ser ilegal. Aprovechar la ilegalidad para iniciar la persecución del delito es tan inadmisible como aprovechar la ilegalidad para intentar probar su comisión («La denuncia anónima o tareas de inteligencia», Suplemento de Jurisprudencia Penal, La Ley, 28 de febrero de 1997, pág. 28). Javier A. De Luca, en su artículo titulado «Denuncia Anónima», publicado en La Ley el 9 de agosto de 1991, reconoce que la denuncia anónima no es un modo de iniciación del sumario previsto en el Código Procesal. Luis A. Barberis, se encuentra enrolado entre quienes estiman que nuestras instituciones repudian los anónimos., recordando a este respecto que un juez de instrucción de la Capital que era consultado por uno se sus secretarios acerca de si debía ser cabeza de sumario con un anónimo, contesto con un lacónico: «la justicia no se mueve por alcahueterías». Oderigo, también sostiene que las denuncias anónimas o delaciones no pueden servir de base para la iniciación del proceso (C. C. C., G. F, 31, 64). Es que, si se promoviera la virtualidad de las denuncias anónimas no podríamos saber si su autor es capaz, imparcial, si es calumnioso, si le comprenden ciertas inhabilidades, si es denuncia repetida, si se ha violado el secreto profesional, etc., conforme lo prescribe el art. 79 del Código de forma. Estas razones nos llevan a promover la nulidad de lo actuado, en virtud de considerar que la acción penal, con sustento en una denuncia anónima, se aparta de lo dispuesto por el art. 4, párrafo segundo, del Decreto Ley 8.031/73 y arts. 76/79 del Código Procesal Penal, violándose, expresamente, el debido proceso y la garantía de la defensa en juicio de innegable raigambre constitucional.

II.- ALLANAMIENTO. En primer lugar, si tenemos en cuenta que la comunicación dispuesta a fs. 3 vta. -por cuya virtud se hace conocer al juez de turno la iniciación de la presente prevención-, no ha sido notificada en el término de ley, resulta improcedente la realización de diligencias previas con antelación a la intervención o notificación judicial. En este sentido, parece manifiesto que no se ha participado en forma inmediata a la autoridad judicial acerca de la falta sobre la cual se estaba previniendo, razón por la cual, más allá de la comunicación formal que aparece consignada en el sumario, el juez de prevención de manera alguna autorizó las investigaciones efectuadas en el terreno y que sirven de sostén a la proyección posterior del sumario. No cabe duda alguna que la consecuencia inmediata de dicha irregularidad hace que la orden de allanamiento dispuesta se encuentre fundada, como hemos visto, en una tarea de inteligencia no autorizada judicialmente en tiempo oportuno y con origen espúreo en tanto se moviliza a partir de una denuncia anónima. Si bien por auto de fecha 14 de mayo de 1997 se dispone la realización del allanamiento con la consiguiente habilitación de hora, existen distintas circunstancias que nos llevan a dudar de la legitimidad de la misma.- En esencia, conforme surge de fs. 14, el oficial JOSE C. PEDERSOLI, se encontraba realizando trabajos de inteligencia en las proximidades del domicilio luego allanado, manifestando expresamente que procedió a pasar por dicha morada, por última vez, a la 1:20 minutos, a consecuencia de lo cual, mas luego, se dirige desde el barrio de La Horqueta hasta la sede de la Brigada de Investigaciones de Vicente López, lugar donde vuelca nuevamente su testimonio para proceder, a consecuencia de éste, el Comisario Inspector Carlos MINISCARCO, a la elevación de la solicitud de la orden de allanamiento respectiva.- Así las cosas, el pedido propiciado por el Comisario actuante conlleva, consecuentemente, la expedición por parte de V.S. de la orden que surge del auto de fecha 14 de mayo.- Si tenemos en cuenta que la diligencia se lleva adelante a las 3:40, horas de la madrugada, tenemos que concluir en que todas las diligencias detalladas se llevaron adelante en un lapso de dos horas y que V.S. se encontraba en su público despacho a las 3 de la madrugada para expedir la orden pertinente. Obviamente resulta difícil para el suscripto considerar la avidez del cuerpo policial para el esclarecimiento de los hechos denunciados que, por otra parte, han podido contar con la presencia del Juez actuante en su público despacho a las tres de la madrugada para conseguir la expedición de la orden respectiva.- Si os hechos descriptos son consecuencia de una realidad -llamativa por cierto pero inobjetable-, desde ya bienvenida sea la presteza de los órganos estatales en la averiguación de supuestos hechos delictivos, pero si las circunstancias aquí apuntadas sobrevienen de alguna irregularidad en la expedición de la orden de registro domiciliario, solicitamos -enérgicamente- se decreten la nulidad de la misma y de todo lo actuado en consecuencia. Sin perjuicio de lo referido en los párrafos que anteceden, también debemos significar que si bien la orden permite el diligenciamiento de la misma con habilitación de hora, esta autorización no puede de ninguna manera suponer una autorización para omitir la explicación por la cual el allanamiento se materializa a las 3:40 hs. de la madrugada. No olvidemos que el art. 192 limita la materialización de estos allanamientos a un horario predeterminado, que va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, debiéndose en su caso explicitar -en forma debida- el peligro que podría derivar en la demora de la ejecución. El art. 195 del Código de Procedimiento Penal, impone que en la propia orden de allanamiento se establezca detalladamente la forma en que ha de ser ejecutada la orden. Las expresiones genéricas empleadas en la orden de allanamiento no satisfacen las exigencias propias del articulo citado. No sabemos si, efectivamente, el Jefe de la Brigada de San Isidro, único autorizado a intervenir en la diligencia, fue quien la llevara a cabo -no existiendo ninguna constancia de delegación expresa que éste haya propiciado- en tanto no resulta legible, o reconocible, su firma, resultando también diferentes las consignadas a fs. 1 y sgtes. en relación a la que obra a fs. 3 vta., por la cual se comunica el inicio de estas actuaciones. Tampoco se cumplió con la obligación de notificar la orden de allanamiento en forma preliminar al encargado de la finca, debiéndose señalar que se prescindió de toda notificación previa puesto que, conforme surge de la propia orden de allanamiento, el mismo se parece más a un asalto llevado adelante por un grupo de tareas, que a la ejecución de una orden judicial de constatación de una falta. Obsérvese que la fuerza policial se divide en dos grupos, procediéndose a reducir -como allí se señala- al personal de vigilancia de la finca, reducción que parece aún más inexplicable en la medida en que no se constató resistencia de ninguna especie. Asimismo, cabe señalar que la orden de allanamiento, si bien autoriza el secuestro de eventuales elementos destinados al juego clandestino, de ninguna manera confiere autorización para efectuar requisas de orden personal. En conclusión, creo que la orden de allanamiento ha sido ejecutada en abierta violación a las disposiciones del título 5to. del Código de Procedimiento Penal, art. 191 y sgtes., habiéndose afectado los arts. 14 y 21 de la Constitución local, que regulan o limitan la realización de estos actos en aras de la inviolabilidad del domicilio. El juicio contravencional debe respetar las garantías de orden constitucional que tienden a asegurar el debido proceso y la defensa en juicio. En virtud de ello, los procedimientos que se aparten de estas prescripciones tutelares de las libertades individuales, devienen necesariamente en actos insanablemente nulos, debiéndose recordar que por disposición del art. 3ro. del Código de Faltas son aplicables supletoriamente las disposiciones de la Parte General del Código Penal y las del Código de Procedimiento de la Provincia, en cuyo contexto promovemos las presentes nulidades. Por las razones expuestas, solicitamos se haga lugar a las nulidades planteadas, disponiéndose el sobreseimiento de rigor.- Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

Nuestos Cursos y Talleres: