INICIA DEMANDA REAJUSTE DE HABERES Y MOVILIDAD

Señor Juez Federal:

Dra. , abogado, …………… en representación de ……………  , con domicilio real ………………, constituyendo domicilio procesal en ………………, de esta Ciudad a V. S., respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERIA:

Que como acredito con……………………., otorgado por ante……………….., el ANA me ha conferido poder para que lo represente en las presentes actuaciones.

II.- EXCENCION DE PAGO DE TASA DE JUSTICIA:

Conforme lo dispuesto en el art. 13 inc. f) de la Ley 23.898, la presente actuación está exenta del pago de la tasa de justicia.-

III.- OBJETO:

En el carácter invocado, vengo a iniciar formal demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), con domicilio en Avda. Paseo Colón 329, 7° Piso, Capital Federal, a fin de que proceda a una nueva determinación y movilidad del haber que percibe mi mandante, así como también el pago de la retroactividad devengada hasta su efectivo pago, con más los intereses y costas correspondientes.

La presente acción se funda en los hechos y derecho que a continuación se exponen.

IV – HECHOS

El actor obtuvo su beneficio previsional Nro ……………… que tramitó bajo el expediente administrativo Nro ……………… otorgado en cumplimiento de la ley 24.241.

La falta de aplicación de criterios de movilidad desde la fecha inicial de pago así como también la falta de actualización de sus remuneraciones fueron causales de la desvalorización de su haber previsional y motivaron el reclamo administrativo que diera origen a la presente demanda.

Asimismo los porcentajes de aumento otorgados por el gobierno son notablemente inferiores a la evolución salarial y a las variaciones de los distintos índices de costos de vida, afectando con ello la debida proporcionalidad entre los haberes de los activos y los pasivos, conforme el carácter sustitutivo que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza.

El reclamo administrativo referido fue denegado mediante resolución Nro. ……………… de fecha ……………… que me fuera notificada el ……………… (conforme copia que se adjunta).

V.- FUNDAMENTOS

La ley 24. 241 en su artículo 24 inciso A estableció que para la determinación de los haberes de aportantes en relación de dependencia, los sueldos tomados como base serán actualizados mediante un índice salarial que fijará la A.N.Se.S. .

El artículo 24 de la referida ley fue reglamentado a través de la Resolución Nro. 918/94 de la ANSeS, la cual en su artículo 1ro dispuso que las remuneraciones de los afiliados cuyos beneficios se acuerden conforme el libro 1 de la Ley 24.241 serán actualizadas conforme los coeficientes fijados en la resolución D.E. 63/94.

Dicha resolución 63/94 se aplica a las remuneraciones de los afiliados que cesaren desde el 1/2/94 (cfr. Art. 158 Ley 24.241) y solo por las percibidas hasta el 31 de Marzo de 1991.

Es decir, el artículo 24 ordenó claramente que las remuneraciones a considerar al momento de la determinación del haber debían actualizarse sin establecer límite temporal para ello. No obstante el órgano administrativo al que le fue delegada la atribución de determinar el índice salarial a utilizar, elaboró los mismos limitándolos a la fecha antes mencionada y como consecuencia de ello las remuneraciones tomadas para el cálculo de la PC y la PAP quedaron limitadas al 31 de Marzo de 1991.

La aplicación de la Res. Nro. 63/94 supone un congelamiento de las remuneraciones desde el 1 de abril de 1991, hecho que fue modificado por la Corte Suprema de Justicia en los Fallos “Chocobar Sixto Celestino” y “Baudou Osvaldo Jorge”.

Actualmente dicho criterio fue desplazado por el precedente “Sánchez María del Carmen” del 17 de mayo de 2005, mediante el cual se ratificaron los principios básicos de interpretación acerca de la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales y rechazó toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles, conforme se establece en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Asimismo, estableció que dicha cláusula constitucional no fue alterada por el dictado de la ley 23.928, que por encontrarse en un rango inferior no puede dejar sin efecto la garantía constitucional de la movilidad de las prestaciones.

Por lo expuesto corresponde aplicar el índice de salarios básicos de la industria y construcción, dispuesto por la ANSeS en la Res. 63/94, sin limitación temporal, a cuyo efecto se solicita que V.S. declare la inconstitucionalidad de las resoluciones 140/95y 63/94.

Así lo dispuso la Sala 1 de la CFSS en autos “Zagari José María c/ANSeS s/reajustes varios”, sentencia del 22/03/06, en cuanto dispuso actualizar las remuneraciones que conforman la base de cálculo del haber inicial, según índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción que elabora el Ministerio de Trabajo para la determinación de la Prestación Compensatoria.

VI.- MOVILIDAD – LEY 24.463

En lo que se refiere al primer periodo cuestionado, que se delimitaría entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de marzo de 1995, conforme fuera manifestado en párrafos anteriores, el precedente “Sánchez Maria del Carmen” del 17/05/2005 y su aclaratoria del 28/07/05, definió la movilidad que debe aplicarse por dicho período (Nivel General de las Remuneraciones conf. Art. 53 ley 18.037).

En el segundo período temporal que se puede señalar, se establecería desde el 1 de abril de 1995 en adelante. Sobre el particular el art. 7 de la ley 24.463 dispuso que “a partir de la vigencia de la presente ley, todas las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto. Dicha movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas”.

“En ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”.

De la simple lectura de esta norma, tanto en su espíritu como en letra, se desprende su inconstitucionalidad.

La garantía de movilidad, establecida por los constituyentes de 1957, tuvo en consideración la variación del costo de vida (fallo Bastero Benjamín Sala 3 CFSS).

La reglamentación de este derecho, debe mantener este principio de naturaleza sustitutiva de las prestaciones, garantizando al beneficiario un nivel de vida similar del que tendría de continuar en actividad. Esta doctrina fue receptada por varios fallos de la Corte Suprema el último de ellos “Badaro Adolfo Valentin” del 26/11/2007.

En consecuencia, lo dispuesto por el art. 7 de la referida ley resulta ser claramente inconstitucional, pues pretende derogar la garantía consagrada en el art. 14 bis de la CN, por cuanto dispone que en ningún caso la movilidad “podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”.

Así, la Corte Suprema manifestó en el precedente, “Badaro” que “…la Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo”.

La ley 24.463 al delegar al Congreso la facultad de implementar el sistema de movilidad desde el 30 de marzo de 1995 pretende desarticular el régimen de movilidad vigente mediante la derogación del artículo 160 de la ley 24.241, delegando en el Congreso de la Nación la determinación de la movilidad. Este artículo determinaba la movilidad de las prestaciones conforme la variación del AMPO.

Este sistema fue rápidamente derogado, fundamentado en que si bien la variación fue poca (3,3%) repercutió considerablemente en la totalidad de los pagos de los beneficios.

Con la derogación del artículo 160 quedó sin aplicación el último aumento conforme resolución SSS 126/95 por el cual el valor del AMPO aumentaba de $63 a $72, es decir un 14,29% de aumento.

Por último, la ley 24.463 y sus normas reglamentarias fueron sancionadas durante periodos de estabilidad monetaria, la cual cesó con el dictado de la ley 25.561.

Allí dio comienzo a un proceso inflacionario y de recomposición salarial, el cual no se vio reflejado en el incremento de los beneficios previsionales, los que se han ido deteriorando aún más, tornando cada vez más ilusorio el principio sustitutivo de los haberes previsionales.

Este hecho, no pasó por alto en los planteos judiciales así como tampoco en las sentencias de las diferentes Salas y algunos Juzgados de Primera Instancia del fuero de la Seguridad Social, las cuales dispusieron la inaplicabilidad del art. 7 inc 2 de la ley 24.463 y su reemplazo por un sistema de índices tendientes a garantizar los dispuesto en el art. 14 bis. de nuestra carta magna.

La Sala 1 se expidió en «GONZALEZ ELISA LUCINDA C/ ANSES S/ REAJUSTES VARIOS» -0-2005, ZAGARI JOSE MARIA C/ ANSES S/ REAJUSTES VARIOS” 22/03/06 La Sala 2 en «ORTINO JOSE ANGEL C/ ANSES S/ REAJUSTES VARIOS» y “FERNADEZ PAULINO C/ ANSES S/ REAJUSTES VARIOS” La Sala 3 en: «SIROMBRA, LUCILA ELVIRA C/ANSES S/ REAJUSTES VARIOS» -0-2005.

Esta evolución jurisprudencial, tuvo su continuidad en la Corte Suprema con el dictado del Fallo Badaro Adolfo Valentin del 8/8/06, revocando un fallo de la Sala 3 donde se aplicaba el precedente “Heitt Rupp”, y reafirmó la obligatoriedad constitucional de la movilidad de las prestaciones y el principio sustitutivo que las rige.

No obstante ello, el Tribunal consideró prudente exhortar al Congreso a cumplir con su mandato legal dentro de un plazo razonable.

Así las cosas, y habiendo transcurrido mas de un año de este hecho, el Congreso continuó sin legislar algún sistema de movilidad de las prestaciones previsionales, sin perjuicio de los discrecionales aumentos que estableció tanto del 13% desde enero 2007 (art. 45 ley de presupuesto, la cual ratificó los aumentos del 10% y 11%) o el 12,5 de septiembre de 2007.

La Corte, entendiendo que se había agotado el “plazo razonable” dado al Congreso, emitió un nuevo pronunciamiento el 26 de noviembre de 2007, donde se resaltó que los aumentos dados por el período enero de 2002 y diciembre de 2006 no cubren el detrimento sufrido por los haberes previsionales ni se resuelve el problema del achatamiento entre las diferentes escalas.

Como consecuencia de ello:

• Declara la inconstitucionalidad del régimen de movilidad de art. 7 inc. 2 de la ley 24.463.

• Dispone que la prestación del actor se ajuste por el período enero de 2002 a diciembre de 2006, conforme la variación anual del índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INDEC (88,57%).

• Ordena abonar el nuevo haber y las retroactividades con mas los intereses de la tasa pasiva.

• No se demostraron circunstancias graves de orden económico que impidan acatar en lo inmediato el mandato.

Así las cosas, es que solicito expresamente se declare la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la ley 24.463 y se fije una pauta de movilidad conforme lo dispuesto en los autos “Badaro Adolfo Valentín”.

VII.- TOPES

a- Artículo 9 inc. 3

El artículo 9 de la ley 24.463 establece los llamados topes máximos, los que justifica en el principio de solidaridad que rige el sistema.

Esta limitación a la percepción del haber, resulta lesiva al artículo 17 de la CN. En el supuesto de que la correspondiente liquidación arroje un haber que supere el tope reajustado, teniendo dicha limitación carácter confiscatorio, por lo que solicito expresamente se decrete la inaplicabilidad del tope establecido en el artículo 9 inc. 3. (Conforme fallo “Tudor”, aplicando la solución que anteriormente hubiera adoptado respecto del articulo 55 de la ley 18.037 en “Actis Caporale”).

b- Tope del artículo 24 de ley 24.463

La aplicación de dicho tope descarta años efectivamente trabajados y sobre los cuales se realizaron aportes al sistema, con ello se afecta el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 17 de la CN, por lo cual solicito expresamente se declare la inconstitucionalidad del mismo.

VIII.- COSTAS

El artículo 21 de la ley 24.463 establece “en todos los casos las costas serán por su orden”, con ello se está afectando el principio de igualdad. Articulo 16 CN.

Esto parecía tener mas fundamento previo a la sanción de la ley 24.463, dado que el organismo previsional no era considerado parte contraria en la instancia judicial, hecho que fue expresamente modificado por el artículo 15 de la referida norma.

Por lo expuesto solicito se declare la inconstitucionalidad del artículo 21 de la ley 24.463.

IX.- ACTUALIZACIÓN MONETARIA

Solicito la actualización monetaria de los importes devengados como haberes retroactivos desde la primera liquidación del beneficio y hasta la fecha del efectivo pago.

En lo que se refiere a los intereses solicito la aplicación de la tasa activa.

X.- PRUEBA

Ofrezco los siguientes medios de prueba, sin perjuicios de ampliarlos conforme lo establece el código ritual.

A- Documental: orden de pago previsional, reclamo administrativo de reajuste, resolución denegatoria, resolución que acuerda las prestaciones previsionales, cálculo de haber inicial reajustado y de movilidad conforme el derecho invocado, actuaciones administrativas de la parte actora que se encuentran en poder de la demandada, por lo cual solicito se requiera su remisión mediante oficio de estilo (art. 388 CPCCN).

XI.- CASO FEDERAL

Dejo expresamente planteada la cuestión federal, en atención a las tachas de inconstitucionalidad planteadas (art. 14 bis 17 y 18 de la CN ).

XII.- COMPETENCIA

La competencia de VS surge de lo previsto en el art. 15 de la ley 24.463 y art. 5 inc 3 CPCCN.

XIII.- PETITORIO

– Se nos tenga por presentado, por parte, por acreditada la personería y

por constituido el domicilio legal indicado.

2 – Por acreditada la personería invocada.

3 – Se agregue la prueba documental acompañada.

4 – Se tenga presente la prueba ofrecida .

– Se corra traslado de la demanda por el término de ley.

6 – Presente lo manifestado respecto de la excepción de la tasa de justicia.

7 – Se declare la inconstitucionalidad de la res. 918/94 y res. 63/94, por la limitación a la aplicación de los índices de actualización a los que remite el art. 24 inc a ley 24.241, art. 7 ley 24.463, art. ; punto 1 del articulo 11 de la ley 24.463; art. 9 y 24 ley 24.463; art. 21 ley 24.463.

8 – Dicte sentencia haciendo lugar a la demanda y condenando a la ANSeS a abonar el haber y retroactivo devengado conforme lo términos planteados en el punto VI.

– Se tenga presente la reserva del caso federal.

10 – Quedan expresamente autorizados a compulsar el expediente, diligenciar oficios, sacar fotocopias, efectuar desgloses y todo lo conducente al impulso del proceso………………….

 

Proveer de conformidad, que

SERA JUSTICIA

Nuestos Cursos y Talleres: