Demanda Indemnización Por Accidente De Trabajo. Plantea Inconstitucionalidad.

Demanda indemnización por accidente de trabajo. Plantea inconstitucionalidad (Art. 1; 6, ap. 1 y 2; 8 y 9, 11 a 19, 21, 22; 39, ap. 1; 44, 46, 47 bis, 49, disp. adic. 5. Ofrece prueba

Inicia demanda indemnización por accidente de trabajo. Plantea inconstitucionalidad (Art. 1; 6, ap. 1 y 2; 8 y 9, 11 a 19, 21, 22; 39, ap. 1; 44, 46, 47 bis, 49, disp. adic. 5. Ofrece prueba

Señor Juez:

……………, abogado de la matricula inscripto al N° …………… F° …………… Tomo XI, con el patrocinio letrado de la Dra. ……………, matrícula inscripta al N° ……………, F° …………… Tomo ………… constituyendo domicilio procesal, en calle …………… de esta ciudad, correo electrónico ……………, ante esta Excma. Cámara del Trabajo respetuosamente comparezco y como mejor proceda en derecho decimos:

I. Personería

Tal como lo acreditamos con la copia de Carta Poder para juicios Laborales que acompaño, somos apoderados del Sr. ……………, titular del DNI N° ……………, de nacionalidad ……………, domiciliado en calle ……………, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Declaramos bajo juramento que el mandato conferido subsiste y que el mismo se encuentra vigente en todas sus partes.

II. Competencia

La competencia de V.E. para entender en este asunto surge de la naturaleza de la acción fundada en una relación de dependencia laboral, y el domicilio real de la parte actora coincidente con el lugar de desempeño de funciones de mi mandante. (Atento a lo dispuesto art. 6 inc a), 9 y 10 de la ley N° 1504 Procedimiento Laboral de la Provincia de Río Negro, conforme fuera resuelto por la CSJN en autos “Castillo c/ Cerámica Alberdi S.A.”).

III. Objeto

En el carácter invocado, venimos a promover formal demanda en contra de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. con domicilio real en la calle …………… de esta ciudad de Bariloche, en virtud del contrato de seguro por accidente de trabajo suscripto entre la demandada, y el empleador de mi mandante …………… Construcciones S.A., por la suma de pesos ciento sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis con 62/100 ($ 16156,62) en concepto de indemnización por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva conforme el detalle de la liquidación que se adjunta a la presente, o lo que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse en autos, con más los intereses y costas, desde el vencimiento de cada una de las obligaciones y hasta el día de su efectivo pago, en mérito a las consideraciones de hecho y presupuestos de derecho que seguidamente expondré.

IV. Inconstitucionalidad de la ley 2557

Se plantea la inconstitucionalidad de los artículos: 10, apartados 10 y 20, 60, apartados 10 y 20 (y sus modificaciones según decreto 1278/00 en su art. 20); 8; 9; 11 a 19; 20, apartado 20; 39, apartado 10; 44; 46, Disposición Adicional primera, Disposición Adicional segunda de la ley 2557 (LRT) en virtud de las motivos de hecho y derecho que a continuación se exponen, puntualmente por violar derechos fundamentales de rango superior, a saber:

1) El art. 1°, apartados 1° y 2°. Por autocontradicción entre los fines explicitados y el sistema operativo creado por la totalidad del cuerpo normativo. Contradice, el fin reparativo y la prevención, ya que la ley exime de reparación a los dañantes, deja sin reparación algunos tipos de infortunios y en los que hace asumir prestaciones reparativas éstas son insuficientes para el fin proclamado. Ello provoca que el infortunio resulte más conveniente que la reparación, lo que determina un importante factor contrario a la prevención.

El art. 1, de la LRT, impone a los trabajadores que se accidenten o enfermen por el hecho o en ocasión del trabajo o a sus derechohabientes, la obligación legal de accionar por resarcimiento del daño padecido exclusivamente de acuerdo a las disposiciones de la LRT, excluyendo la posibilidad de que estos acciones por el derecho común.

Esta norma, en concordancia con el art. 39 del mismo cuerpo legal, no permite al trabajador siniestrado o a sus derechohabientes reclamar la reparación integral del daño (con excepción del dolo del empleador). Permitiéndole solo la posibilidad de obtener un resarcimiento tarifado (y por ende limitado) del daño.

El impedimento legal en cuanto no poder accionar de acuerdo al derecho común, (como estaba reconocido hasta la vigencia de la ley 2028 inclusive, y pretender la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos en su calidad de trabajadores bajo relación de dependencia y subordinación), introducido por el art. 1 de la ley 2557, vulnera el principio de igualdad ante la ley prescripto en el art. 16 CN. Asimismo vulnera el principio de indemnidad consagrado por el art. 19 de la ley suprema.

Así lo ha entendido la jurisprudencia al declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 1 primer párrafo LRT en autos: «Quintans, Mario c/ Multisheep S.A.» Trib. Trab. N° 2, Lanús, Pcia. Bs. As. Nov. 1996.

«El art. 1 de la ley 2557 en cuanto establece un sistema imperativo y cerrado donde la reparación de todo evento dañoso derivado del trabajo se regirá por la ley de riesgos del trabajo es inconstitucional, pues hace una distinción irritante entre los trabajadores dependientes y los habitantes del resto de país, al impedirles a aquellos accionar de acuerdo a la ley común y obtener la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos en su calidad de trabajadores en relación de dependencia, violentando el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación –art. 18 CN– Trib. Trab. Trenque Lauquen, 29/6/20 In re «Álvarez, Antonio O. c/ Munic. de Adolfo Alsina s/ acc. de trab.».

2) El art. 6°, apartados 1° y 2°. Crea un sistema hermético de reparaciones, que deja sin cobertura a enfermedades causadas por el trabajo y no admitidas por el listado y a accidentes de trabajo que no resulten de un acontecimiento súbito y violento.

Así la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As., por mayoría, en la causa «Buticce, c/ Du Pont Argentina S.A.», declaró la inconstitucionalidad del art. 6° de la Ley de Riesgos de Trabajo por negar el pago de indemnización en casos de daños laborales provocados por enfermedades no reconocidas en ese régimen legal.

La Corte provincial consideró inconstitucional el art. 6, apartado 20, de la ley 2557, en su redacción original, en cuanto establece que no serán resarcidas las enfermedades –aunque se pruebe que fueron causadas por el trabajo– que no se encuentran incluidas en un listado –taxativo– que complementa dicha norma.

«La inconstitucionalidad de una norma como la examinada deriva entonces, fundamentalmente, de provocar una restricción irrazonable de las garantías y derechos consagrados por la Constitución Nacional, provocando un resultado peyorativo que se materializa en el caso mediante la consagración del más absoluto desamparo y el desprecio de una realidad imperativamente colocada como especial objeto de tutela, al privar al trabajador víctima de dolencias incapacitantes que se comprueban como derivadas del trabajo, del resarcimiento que le es debido (…), inobservancia que por otra parte reconoce enfatizando la iniquidad que encierra un fundamento meramente voluntarista y de neto y exclusivo corte economicista».

Entre sus amplios fundamentos, se destaca que la norma declarada inconstitucional pone en evidencia la ruptura del sistema en relación a la Constitución Nacional, «inspirada en claras prescripciones tuitivas de la justicia social, así como profundizadora de la protección que merece el trabajador como sujeto preferente de tutela».

3) Los arts. 11 a Prestaciones dinerarias: Crea un complejo sistema de prestaciones reparativas, tarifado en forma insuficiente para el fin denunciado. Determina reparaciones irrisorias. Así por ejemplo la Jurisprudencia ha determinado que «Corresponde admitir el reclamo de pago único de la indemnización por muerte por accidente de trabajo del hijo de los actores, declarando la inconstitucionalidad del art. 11, apartado 4 de la LRT –pago en cuotas del resarcimiento–, en tanto el carácter integral e irrenunciable de la Seguridad Social señalado en la Constitución Nacional es conculcado cuando la indemnización que corresponde por la muerte del trabajador es percibida a través de una renta o prestación de pago mensual complementaria».

Cabe sostener V.E. la inconstitucionalidad de los artículos 15 inc. 2), 18 y 19 inc. 1 de la LRT, ya que al establecer un sistema de renta periódica violan el derecho de propiedad, el derecho de disponer libremente de la indemnización y atenta contra el derecho a la libertad de contratación (art. 17 CN), ello además de violar el art. 14 bis (en cuanto regula el derecho a los beneficios de la seguridad social), ya que el magro resarcimiento de los pagos, por su modalidad, carecen de integralidad.

La LRT crearía así una nueva categoría de incapaces de hecho, por considerar que los trabajadores no pueden administrar un capital. Este temperamento es discriminatorio, viola el art. 16 de la CN que dispone la igualdad ante la ley, ya que en el derecho común la reparación (que pretende volver las cosas al estado anterior y compensar las pérdidas padecidas por el perjudicado) se paga en forma de capital. El pago en forma de renta viola también la intangibilidad de la propiedad amparada por los arts. 14 (uso y goce) y 17 (inviolabilidad).

A mayor abundamiento cabe resaltar de aplicación la ley 26.773/2012 en su art. 2 establece el principio general indemnizatorio de pago único. Así como en sus Disposiciones Generales – art. 17 se derogan los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39 de la ley 2557 y sus modificatorias. Las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución.

El art. 20, apartado 2°. Viola los derechos del trabajador como consumidor de prestaciones de salud. Se crea una zona de no aplicación de los daños al consumidor, cuando éste es un trabajador que consume en su función productiva.

Trata de imponer al trabajador, como condición indispensable para percibir las prestaciones dinerarias, el recibir las prestaciones en especie, exponiendo al trabajador a la atención médica de cualquier profesional elegido por la ART en función de su lógico objetivo empresario de minimizar costos, excluyéndose así de las garantías que consagra el art. 42 de la CN para cualquier consumidor.

5) El art. 39, apartado 1°. Con su única habilitación a la reparación civil por dolo del empleador, agravia el art. 19 de la CN que consagra el principio de alterum non ladere, el derecho a la igualdad de trato –art. 16 CN– e implica una práctica discriminatoria por la condición de trabajador dependiente –art. 43 CN–.

La mayoría de los tribunales se pronunciaron en el sentido de la inconstitucionalidad de esta norma. Fundando en que exime al empleador de toda responsabilidad civil frente al trabajador y sus derechohabientes, desconsiderando el principio de igualdad y no discriminación, haciendo un distingo inaceptable entre cualquier habitante de la Nación que sufre un daño y un dependiente que en su carácter de tal resulta dañado.

«El art. 39 de la ley 2557… al eximir al empleador de responsabilidad civil salvo dolo de su parte, es violatorio de expresas normas constitucionales como la basada en el principio de igualdad ante la ley, de propiedad y libre acceso a la justicia, consagradas específicamente a través de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 29 de la ley fundamental y diversos pactos con jerarquía constitucional – art. 75, inc. 22 CN. El principio protectorio que responde al objetivo de establecer un amparo preferente a la parte más débil de la relación sinalagmática –el trabajador– no se refleja en el sistema diseñado por la ley 2557 de accidentes y riegos del trabajo –en cuanto veda la vía de la acción civil salvo dolo del empleador–, ya que no solo no le otorga mayores derechos, sino que lo trata en forma discriminatoria respecto de los restantes ciudadanos». Cámara Trab. Sala VI, 2/5/2002 in re «Santos, Alicia y otro c/ Transportadora de Caudales Juncadella S.A.», 2002).

Ha sido prácticamente unánime la doctrina en cuestionar la validez constitucional de esta norma, lo que se ha reflejado en los distintos congresos y jornadas realizadas durante los últimos años.

D.T. 10 bis. Accidentes del Trabajo. Ley de riesgos. Art. «Tal como lo sostuve al votar en la causa «Díaz, Desiderio c/ Campaño, Claudio y otro s/ accidente» (SD 82016 del 20/3/01), el sistema establecido por el art. 39 de la ley 2557 (incs. 1 y 2) implica un agravio constitucional, lo que, en definitiva, impone declarar su ineficacia jurídica. La adopción de las medidas más convenientes, según las circunstancias históricas dadas, para la buena marcha de la economía, o el bienestar de los ciudadanos es de competencia legislativa, y obedece a consideraciones políticas que no es dado a este Tribunal revisar. Pero, cualesquiera sean esas motivaciones o razones, las medidas legislativas tienen por marco la competencia de los órganos que las dicten y por límite las garantías constitucionales. Cualquier exceso de ese marco o abuso de esos límites, como en el caso concreto, donde se encuentra afectada la garantía de igualdad, obliga al Poder Judicial a restablecer la primacía de la constitución sobre las normas inferiores que la conculquen». (Del voto del Dr. Guibourg). CNAT, Sala III, Expte. N° 19519/98, Sent. 83528 7/5/02 «Fernández, Isidro c/ ASEMP S.A. y otros s/ Accidente» (E. G.)

6) El art. Crea una manifiesta desigualdad –en materia de prescripción– para el tratamiento de los créditos, en perjuicio de sus víctimas de infortunios, con referencia a los créditos de los entes gestores, ART y auto aseguradas y los de regulación y supervisión de la ley. Ataca el art. 16 de la CN. Hace prescribir acciones por daños en los que la víctima no podría reclamar, por no conocer su existencia y causalidad. Agravia el derecho de defensa, art. 18 de la CN.

Lleva a que enfermedades de largo período de incubación prescriban antes de nacido el ejercicio de la acción.

El art. 44 de la LRT prevé dos plazos perfectamente diferenciados, según se refieran a las acciones por el otorgamiento de las prestaciones (dinerarias o en especie), o a las de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión, para reclamar el pago de sus acreencias. En el primer supuesto, la acción prescribe a los dos años contados desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada, y en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral. En el segundo, la acción prescribe a los diez años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago.

A modo ilustrativo, cabe agregar que el art. 49, disposición adicional quinta prevé que aun cuando la contingencia sea anterior, si la misma fue puesta en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley darán derecho únicamente a las prestaciones de la LRT. Esto cercena el derecho de propiedad previsto por el art. 17 CN (en la medida que otorga menores beneficios que los establecidos en la norma anterior), al supeditar la ley aplicable no a la producción del accidente o de la enfermedad profesional, sino a un hecho subjetivo: ponerlo en conocimiento al empleador.

7) Prescripción. «El plazo para la prescripción de las acciones provenientes de la responsabilidad civil por enfermedades profesionales, debe comenzar a contarse desde que la víctima tomó conocimiento de la certeza del daño en su verdadera dimensión. [CNAT Sala IX Expte. n° 8748/03 sent. 12769 16/9/05 «Pérez, Francisco c/ estado Nacional Armada Argentina y otro s/ accidente» (Z de R. B.]

Finalmente, la prescripción debe en todos los casos interpretarse de modo restrictivo, esto es, reducida a los menores límites en orden a la extinción de la acción.

Los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la LRT, contradicen los arts. 121 y 5 de la CN, al sacar de la jurisdicción y competencia de los jueces naturales en materia de acciones comunes al procesamiento de los infortunios. Avasalla el federalismo, con agravio en la administración de justicia por parte de los Estados Federales.

La función de determinar el grado de incapacidad, como la de establecer si la misma es permanente o transitoria, le corresponde solo al juez, por lo que no puede un organismo dependiente del poder administrador del Estado como las comisiones médicas y la comisión médica central, arrogarse facultades jurisdiccionales.

Esta disposición legal es incongruente con las prescripciones de los arts. 1, 5 (garantizan el sistema republicano que se caracteriza por la división de poderes), 31 (prescribe que la CN es la ley suprema) y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional (establece que la aplicación de las normas laborales que dicte el Congreso corresponde a los tribunales), 109 (prohíbe que el presidente de la Nación ejerza funciones judiciales) y 116 (prescribe las atribuciones del Poder Judicial).

Las prescripciones del apartado 3 del art. 8 y de los arts. 21 y 22 LRT son incongruentes con la CN, porque atribuyen a órganos del poder ejecutivo nacional funciones propias de los jueces.

«La facultad que otorga la ley de riesgos del trabajo en los arts. 21 y 22 a las comisiones médicas, afecta el principio del juez natural y de acceso a la justicia, ya que la interpretación, aplicación y calificación de accidentes o enfermedades constituyen cuestiones típicamente jurisdiccionales que no pueden estar acordadas a organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. (Trib. Trab. N° 2 “Calderón de Loiza, Norma I. c/ Eternit Argentina S.A. y otro”).

Para que las comisiones médicas ponderen y resuelvan acerca del grado de incapacidad, así como su carácter de permanente o transitorio, deben interpretar la ley, y en nuestro sistema jurídico el intérprete de la ley es el juez.

La Disposición Adicional primera. Viola el art. 19 de la CN en materia de reparación de infortunios que resulten de violaciones a los deberes contractuales y extracontractuales de seguridad.

La Disposición Adicional segunda. Agravia la competencia provincial en materia de dictado de normas procesales, en violación al art. 50 y 121 de la CN.

Normas de la Constitución Nacional violadas por el articulado de la LRT 2557, tachados de inconstitucionales.

Fundando el pedido de inconstitucionalidad, se hace referencia a las violaciones de derechos fundamentales de rango superior. Como ser:

Preámbulo de la CN. A partir de la creación de un sistema de externalización de costos empresarios, privilegiando a las ART y empresas auto aseguradas, se dictó una norma regresiva, para beneficio de un sector privilegiado, dejando de «afianzar la justicia» y «promover el bienestar general». Inconstitucionalidad que alcanza al sistema legal normativo en su conjunto.

El art. 75, inciso 19 de la CN. Que programa el desarrollo económico con justicia social, correspondiendo al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, etc.

El art. 14 bis de la CN. La LRT 2557 no es una ley que asegura al trabajador una condición digna y equitativa de labor, ya que impide reclamar en forma directa y con libre acceso a la jurisdicción, la reparación de los daños contra el dañante empleador, cuando ellos están causados por la actividad laboral desempeñada.

Viola los principios protectorios del trabajador y de progresividad, consagrados en el art. 14 bis CN, operando la ley en contra de las orientaciones que ellos imponen.

Se regula sobre el riesgo de las víctimas del trabajo dependiente, a partir de un falso sistema de seguridad social, que no resulta integral, ni irrenunciable. Alcanza a todo el cuerpo normativo de la LRT y en particular se refiere al art. 39, apartado 1, cuando exime a los empleadores de toda responsabilidad, frente sus trabajadores, con excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil.

El art. 14 de la CN. La LRT impide el goce del derecho de «usar y disponer de la propiedad», de los créditos reparatorios in integrum de los daños sufridos.

El art. 17 de la CN. Se viola la propiedad del dañado, cuando se priva a las víctimas de infortunios, sin sentencia fundada en ley, de los créditos reparatorios por infortunios producidos. El art. 39, inc. 10 LRT, afecta al crédito con el dañante: a) En su totalidad cuando se trata de reparaciones de enfermedades causadas por el trabajo y no reconocidas por el Laudo reglamentario. b) En la parte del daño no compensado con prestaciones tarifadas de la ley, que tienen valores sumamente bajos. La Disposición Adicional, primera, cuando por vía de reforma del art. 75 de la LCT, impide reclamos reparatorios únicamente tarifados, con respecto a ilícitos que producen daños por violación de disposiciones legales de la normativa de seguridad e higiene.

El art. 16 de la CN. Se viola el derecho de la igualdad, dando un trato desigualitario y peyorativo a los trabajadores, en situación de infortunios sufridos.

El art. 18 de la CN. Se viola la defensa en juicio de la persona y sus derechos, impidiendo u obstaculizando el pleno acceso a las víctimas a la jurisdicción. La regla de sometimiento al juez natural de la causa propia de las acciones de derecho común. El art. 39, inc. 1 LRT y Disposición Adicional Tercera, imponiendo un trámite conciliatorio administrativo previo, para derechos irrenunciables, garantizados por el orden público laboral.

El art. 19 de la CN. Se viola el principio alterum non ladere que se consagra en el art. 19 CN al dejar de reconocer la responsabilidad de los daños causados por los empleadores.

El art. 28 de la CN. A mérito de dictar una norma para la reparación de los infortunios de trabajo, se impide reclamar in integrum contra los dañantes. Para ello se agravia el debido proceso, el acceso irrestricto a la jurisdicción, el derecho a la defensa, las autonomías provinciales, el sometimiento a los jueces naturales en las causas de derecho común.

El art. 75, inc. 22 de la CN. Se violan los derechos humanos, sociales fundamentales de los trabajadores, consagrados por el derecho internacional al que se reconoce de plena aplicación y rango superior al de las leyes propias del derecho interno.

El art. 75, inc. 23 de la CN. Las medidas dictadas por la LRT tienen una orientación regresiva y colocan a los trabajadores, enfermos o discapacitados, cuando sufren infortunios de trabajo, en peores condiciones que los restantes ciudadanos del país en situación de infortunios análogos.

El art. 121 y 125 de la CN. La LRT avasalla el federalismo a partir de reconocer atribuciones no delegables por las Provincias a la Nación. Y le otorga competencia sobre casos de derecho común a la competencia del fuero federal en provincias, en desmedro de los fueros locales. El estado federal con su legislación nacional, violó y no garantizó el goce y ejercicio por las provincias de la administración de justicia en causas que hacen al derecho común, área no delegable de la misma en la Nación y sus instituciones –la justicia federal–.

Sin perjuicio de los argumentos expuestos, se cita en los presentes autos la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos: «Castillo, Ángel Santo c/ Cerámica Alberdi S.A.», «Aquino, Ignacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.», «Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo» y lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en autos: «Carpio, Rubén Daniel c/ Provincia de Río Negro».

V. Hechos

Nuestro mandante Sr. ……………, comenzó a prestar tareas para la firma …………… S.A. el 12/12/2011 tal como se acredita con las constancias de los recibos de sueldo del actor que se acompañan como documental, realizando tareas encuadrada en la Categoría de Oficial Albañil, siendo aplicable a dicha relación laboral el CCT N° 76/75.

Cabe destacar que el Sr. …………… llevaba a cabo sus actividades y tareas habituales en la mencionada firma trabajando en jornada diurna en el horario habitual de 9:00 hs. a 18:00 hs. de lunes a viernes y los días sábados de 9:00 a 13:00 hs., destacando que ingresó a prestar tareas para su empleador en plena aptitud física.

El día 28 de mayo de 2012 en oportunidad de realizar sus tareas habituales como Oficial Albañil en un «Plan de Viviendas» para la firma mencionada, cumpliendo en esa oportunidad el horario de trabajo de 09:00 hs. a 18:00 hs., y siendo en ese momento aproximadamente las 16:00 hs.; al encontrarse levantando un molde de una vereda, sintió un tirón muy fuerte en su hombro derecho. En detalle y tal como el actor lo describe en su misiva CD N° …………… que se acompaña a la presente, «habiendo despegado un molde de los que se utilizan para la construcción de veredas, al levantarlo, sentí un fuerte dolor en el hombro derecho, lo que me impidió continuar con mis tareas habituales de oficial albañil».

Específicamente ello surge de la denuncia oficiada ante la empresa demandada …………… S.A., según lo declarado por el Sr. ……………, Apoderado de …………… S.A. La denuncia se efectúa ante la ART con fecha dos días posterior al accidente laboral, dándole curso bajo N° de siniestro 57421 y se acredita acompañando copia del «Formulario Solicitud de atención» y «Formulario N° Denuncia de accidente de trabajo o enfermedad profesional».

Si bien ello sucedió de esta manera, con fecha 5 de julio de 2012, y con tan sólo la realización de una radiografía de hombro derecho, el Dr. ……………, médico auditor de la aseguradora determina el alta médica por rechazo de ART, e indicando que continúe su atención mediante Obra Social. Ello ya que habría sido diagnosticado «con signos de artrosis acromioclavicular, geoditas en región troquitereana en hombro derecho». Así lo manifiesta Horizonte Seguros S.A. mediante CD de fecha 2/7/2012 con la firma del Dr. …………… de prestaciones médicas, la cual se acompaña en copia como documental. Este diagnóstico por supuesto es rechazado por el actor en la CD mencionada ut supra, intimando a fin de que se le realicen las prestaciones que le eran debidas por el accidente laboral sufrido: Tomografía, Resonancia y cualquier estudio que considere un especialista.

El Sr. ……………, debió intimar nuevamente a la aseguradora con fecha 15/8/2012 mediante CD N° …………… a fin de que se le otorguen las prestaciones debidas, toda vez que se realizó a su cargo la RNM que indicaba «pinzamiento subacromial, engrosamiento del tendón del supra espinoso, distensión de ligamento, modificaciones del ligamento gleno humeral, entre otras.» Por su parte con fecha 29/8/2012 repitió la intimación con CD TCL N° ……………, ya que si bien se dictamina reapertura del siniestro seguía sin obtener atención médica por parte de facultativo alguno.

Ante esta ida y vuelta de misivas, remite Horizonte CD indicando con fecha 14/9/2012 que se encontraba el Sr. …………… recibiendo las prestaciones debidas en virtud del accidente laboral sufrido el 28/5/2012 y diagnosticado ahora como «omalgia derecha post esfuerzo». Sin ir más lejos se acompaña como una prueba más certificado médico que indica que con fecha 6/9/2012 debía ser atendido por el Dr. …………… quien suspendió consultorio sin dar aviso, con lo cual «el paciente concurrió al control sin ser atendido».

Finalmente ante todo este raid se le indica cirugía artroscopica de hombro derecho. Se interna con fecha 15/10/2012 en el Hospital Privado Regional de esta ciudad y por la tarde le informan que no podrán realizar la intervención por no estar la misma registrada correctamente por la ART. Le indican que será informado de la nueva fecha, y a los 10 días ante la falta de comunicación al respecto de ningún tipo, …………… intima nuevamente por CD N° 310959740 con fecha 25/10/20

Por fin con fecha 29/10/2012 (ello es 6 meses después del accidente laboral sufrido) es intervenido quirúrgicamente por lesión de manguito rotador y lesión tipo SAP, por el Dr. ……………. (Según protocolo quirúrgico » – video artroscópico, – rotura del supra espinoso y lesión slap g-2 y lesión degenerativa del tendón bicipital, – sivenectomia, – sección de inserción del tendón bicipital -, – acromiopastia, – – liberación y reinserción den manguito rotador con 3 arpones, – reinserción del tendón bicipital con arpones)».

Continuó con controles post operatorios y se le indico aines reposo y rehabilitación tal como se acredita con las copias que se adjuntan como documental. Luego y por el término de un año desde la fecha del siniestro, continuó con atención médica hasta que se le dictamina el alta médica con fecha 17/5/2013, por parte de la auditoria médica de …………… Seguros S.A. Dra. ……………, determinando una Incapacidad Laboral Permanente Parcial y Definitiva del 12 %.

Ante ello se presenta por divergencia a la Comisión Médica de la SRI N° 18 de Viedma, y con fecha 2/12/2013 se observan limitaciones funcionales y sintomatología, por lo que se indica reapertura de siniestro y realización de nueva RNM de hombro derecho. Finalmente no se realiza dicha RNM sino que tan sólo en base a la Resonancia Magnética de hombro que poseía el actor realizada con fecha julio de 2012, se ratifica dicho Dictamen de Incapacidad en un 12 %, el cual es firmado en disconformidad por …………….

Luego de toda esta odisea que se concluye en el rechazo inicial del accidente laboral por parte de la ART, un intento fallido de intervención, una posterior cirugía, tratamiento y rehabilitación, varios reclamos por prestaciones en dinero y en especie, semanales controles durante el término de un año, rehabilitación, mala evolución, etc…………. y una posterior solicitud de análisis de la ILPP determinada se le dicta al Sr. …………… el alta médica con incapacidad con fecha 17/5/2013 que por supuesto es firmada en disconformidad por nuestro mandante.

Ante esta situación el Dr. ……………, médico especialista laboral realiza un informe médico-laboral, el cual es presentado ante V.E. a fin de que sea tenido en cuenta, tomando como antecedentes relata los hechos descriptos ut supra, y concluye que: «Estado actual: El mismo se presenta al examen, con dificultad para sacarse la ropa. Orientado en tiempo y espacio. Vestimenta acorde a edad y sexo. Conversación fluida. Sin signos o síntomas psicológicos de relevancia, estado ansioso por situación que debe afrontar. Refiere dolores, durante la noche, que no puede dormir de ese lado, con dificultad para realizar movimientos con el miembro superior derecho, que aumentan con la actividad. Se le realiza examen físico. Tropismo conservado, sensibilidad conservada. Leve atrofia de miembro superior derecho, con diferencia de 2,2 centímetros de diferencia con el izquierdo. Movilidad del hombro derecho: Elevación post 30°. Elevación ant. 60°. Abdo elevación 550. Aducción 30°. Rotación interna 45°. Rotación externa 20°».

A mayor abundamiento se acompaña el referido informe médico como prueba documental, donde este profesional indica que corresponde dictaminar una incapacidad según la tabla de evaluación de incapacidades laborales (ley N° 2557 – dec. 659/96) obteniendo un resultado total de 26,37 % de incapacidad parcial de carácter definitiva.

Reiteramos la necesidad imperante de tener en cuenta la ……………. Su necesidad de continuar con tratamiento kinesiológico y de rehabilitación. La existencia de dolor y limitación de movilidad persistente. Y el informe médico laboral llevado a cabo por el Dr. …………… –médico especialista en medicina laboral– que da cuenta de una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 26.37 % (veintiséis con 37/100 por ciento), de acuerdo al informe mencionado precedentemente y acompañado para conocimiento del a quo en los presentes actuados.

Cálculo indemnizatorio

Con respecto al ingreso base que deberá tomarse para la determinación de las prestaciones que deben abonarse, ya ha sostenido el Tribunal en distintas oportunidades («Puentes, Marta E. c/ La Holando Sud ART s/ Accidente de trabajo», «Pardo, Oscar J. c/ Policía de la Pcia. de Río Negro s/ Accidente de Trabajo», «Ortiz Contreras, Alberto G. c/ La Caja ART S.A. s/ Sumario»), que la fórmula de cálculo que establece el art. 12 de la LRT resulta inconstitucional, y en ese mismo sentido «se ha expedido la jurisprudencia mayoritaria imperante en la materia».

Ha dicho el Tribunal que la indemnización debe calcularse tomando como base el sueldo actual correspondiente a la misma categoría del trabajador accidentado, evitando el perjuicio evidente que le acarrearía el tiempo transcurrido desde el siniestro hasta su efectivo cobro, garantizando así que no se lesionen su «derecho de propiedad y los derechos atinentes a una retribución justa» (conf. CSJN en «Faguetti, Aurora c/ Frigorífico Gral. Deheza S.A.»).

Ahora bien, sobre la cuestión que se ventila se formularán tres observaciones que conjuntamente constituirán los fundamentos de la pretensión:

1) Base de cálculo. Inconstitucionalidad art. 12, ley 2557

Al momento de hacer efectivo el pago de la indemnización por incapacidad no debe tomarse como base el calculado en relación a los salarios de los últimos doce meses anteriores al accidente ocurrido, sino que en realidad mi mandante deberá percibir la prestación por incapacidad sobre la base del cálculo tomando como base el sueldo que un trabajador de su categoría percibe al momento de hacerse efectivo el pago, incluyendo la antigüedad del trabajador afectado y todos los rubros remunerativos y no remunerativos incluyendo las horas extras mensuales normales y habituales que el actor viene cumpliendo a lo largo de su relación laboral.

Resulta evidente que la fórmula de cálculo que establece el art. 12 LRT resulta inconstitucional toda vez que desprotege al trabajador accidentado al otorgarle un haber despreciado, sustancialmente más bajo que el que cobraría si estuviera sano y trabajando.

Así lo resolvió esta Excma. Cámara en «Puentes, Marta E. c/ La Holando Sud ART s/ Accidente de Trabajo», Expte. N° 19876/07″ al resolver en el voto del Vocal Dr. Lagomarsino:

«Actualmente, pretender que el trabajador accidentado cobre el salario de un año anterior al accidente, es tanto como condenarlo a sobrevivir con ingresos inferiores a los indispensables, agravando desproporcionadamente la desigualdad que existe entre el sano y el enfermo, y agravándola en perjuicio de aquel que socialmente debe protegerse… Me expido, en este sentido, propiciando se declare la inconstitucionalidad del art 12 de la LRT. En este mismo sentido se ha expedido la jurisprudencia mayoritaria imperante en la materia…»

Asimismo en «Montes, Stella Maris c/Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ Sumario (M 308/08)», Expte. N° 20612/08; ha sido ratificada esta doctrina pacifica en el voto del Vocal Dr. Salaberry.

En el mismo sentido ha sido dicho por esta Excma. Cámara del Trabajo:

«… La cuestión que ha sido propuesta en la presente causa acerca de si debe tomarse como base para el cálculo del importe de la prestación por incapacidad el sueldo del año anterior o el vigente al tiempo que se paga ha sido resuelta por esta Cámara en favor de la segunda posibilidad por razones obvias de equidad desde el momento que las partes hacen sus aportes al sistema en un valor pero reciben lo que se les debe en otro sustancialmente inferior. La declaración de inconstitucionalidad de la norma no hace más que resaltar la finalidad perseguida por el legislador al dictarla quien, razonablemente no ha querido en ningún momento que el trabajador perciba una compensación depreciada absolutamente y dispuso como lo hizo en tiempo de estabilidad salarial…» Así lo dispuso en el leading case «Puentes» a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad.

Por último, en el fallo «Murúa, César A. c/ La Segunda ART S.A. s/ Accidente de trabajo» Expte. N° 23090/11″ ha sido ratificada nuevamente la aplicación de la doctrina pacifica sentada en el caso «Puentes» y «Montes».

En virtud de lo expuesto, solicito a Su Excma. se expida en ese sentido, declarando la inconstitucionalidad del art 12 de la ley 2557.

2) Exclusión de rubros «no remunerativos». Inclusión de horas extras normales y habituales.

La segunda cuestión refiere a los rubros que se deberán tener en cuenta a efectos de realizar el cálculo base a efectos de determinar la indemnización debida. En el artículo en cuestión, se establece que se deberá abonar el ingreso base sobre el cálculo indicado, para lo cual se excluyen rubros calificados como «acuerdos no remunerativos».

Solicito a esta Excma. Cámara declare que los rubros comúnmente denominados como «no remunerativos» deben ser tomados a efectos de realizar el cálculo indemnizatorio, y así condenar a la demandada a abonar las diferencias resultantes de la liquidación que se practica.

Así lo resolvió esta Excma. Cámara en los autos «Montes, Stella Maris c/Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ Sumario (M 308/08)», Expte. N° 20612/08″ oportunidad en la cual se expresó:

«…conceptualmente la calificación de una retribución como «remunerativa» o «no remunerativa» no depende tanto de la discrecionalidad administrativa o del resultado de la discusión paritaria, sino básicamente de dilucidar su entidad como contraprestación por el trabajo que se realiza…

… En auxilio resulta oportuno recurrir a la ley previsional 2241 (art. 60) que calificó de remuneración a «todo ingreso… en dinero…, en concepto de sueldo… y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares… y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia», que descalifica definitivamente el concepto denominado «no remuneratorio»…

… Es decir, toda suma de dinero que reciba el trabajador como contraprestación de su trabajo es calificable como salario, a los fines de establecer la base de cálculo para indemnizar la antigüedad del trabajador, resultando irrelevante o ineficaz la calificación que las partes –en forma individual o colectiva– le den a una determinada prestación.

En atención a lo expuesto, no caben dudas de que la citada norma debe ser declarada de inconstitucional, debiéndose tomar para el cálculo de las prestaciones debidas la totalidad de lo que perciba el trabajador al momento de devengarse la prestación, como remuneración, sin discriminar los rubros en remunerativos y no remunerativos.

3) Inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22, 46, ley 2557

Tal como mencionamos ut supra, solicitamos a Su Excma. Cámara declare la inconstitucionalidad del art. 46 la parte en cuanto establece la competencia federal como instancia de grado de las resoluciones dictadas por las comisiones medicas locales.

Es que el art. 46 de la LRT vulnera la autonomía provincial federalizando temas que son competencia exclusiva de las Provincias, violando de ese modo los arts. 1, 12, 75, 121,122 y concordantes de la Constitución Nacional.

Solicito además declare la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley 2557 por cuanto las Comisiones Médicas, si bien autorizadas por la ley para determinar el nexo lógico causal entre el hecho del accidente y el daño sufrido, así como el grado de incapacidad sufrido, es evidente la falta de «jurisdicción» de dichas comisiones médicas en la materia. Solamente un juez –el juez natural– puede determinar judicialmente la relación del nexo causal entre el acaecimiento de un hecho y el daño sufrido y su consecuente incapacidad.

Lo contrario significaría otorgar funciones jurisdiccionales a un órgano administrativo lo que ocasionaría una «injusta privación de justicia».

Sobre la injusta privación de justicia la doctrina ha dicho: «La misma se configura toda vez que un particular, no obstante hallarse protegido por la garantía del art. 18 de la CN queda sin juez a quien reclamar la tutela de su derecho. En el mismo sentido, el control judicial suficiente implica: reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recursos ante los jueces ordinarios.

Negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y derechos controvertidos». (Conf. Tratado Jurisprudencia. Doctrinario del Derecho del Trabajo, ED. La Ley, Tomo I, Volumen 5).

Así también lo ha resuelto la jurisprudencia de nuestros tribunales: en tanto que la jurisdicción administrativa ha sido predispuesta para garantizar la automaticidad, integralidad e inmediatez de las prestaciones debidas con motivo de las contingencias cubiertas por la ley de Riesgos de trabajo, el trabajador víctima de un siniestro laboral puede optar por tal jurisdicción para obtener aquellas que dicha normativa determina…» (Conf. TSJ Córdoba, Sala Laboral en autos: “Valor, Omar Rafael c/ La Caja ART S.A.”)

«… Son inconstitucionales los arts. 8, apartado 3, 21 y 22 de la ley 2557 y el tramite previsto por el decreto 717/96, por atribuir a los profesionales médicos incumbencias que no poseen y por otorgarle a comisiones administrativas funciones jurisdiccionales vedadas por el esquema de división de los poderes, produciendo una severa afectación al derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la CN…» (Conf. Cámara del Trabajo Córdoba, Sala X 24/6/2005, “Antúnez Jorge D. c/ Provincia ART S.A.”, LLC, -1-IMP, -19,2573, La Ley)

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha dictaminado la inconstitucionalidad de los arts. 8,21 y 22 de la normativa en crisis: «…debe hacerse extensiva –la inconstitucionalidad– a los arts. 8, 21 y 22 del mismo ordenamiento, puesto que tales preceptos hallan una estrecha vinculación con la aptitud jurisdiccional del tribunal del trabajo para conocer en la contienda…» (Conf. SCBA 11/3/09 “Mastaescusa, Francisco Mario c/ Vidriería Argentina S.A.”, LLBA, – 642 – La Ley online)

Parece evidente que la jurisprudencia nacional es conteste a reservar a la víctima el derecho a hacer valer su pretensión ante la «justicia» tutelando de esta manera «el acceso a la justicia» garantizado por nuestra Carta Magna.

En tal sentido también se ha pronunciado nuestro Superior Tribunal en la causa «Denicolai», donde siguiendo la línea trazada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «Castillo» dijo:

«Se ha destacado que queda como cuestión pendiente, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, la adopción de un pronunciamiento sobre la validez constitucional de la norma que atribuye competencia a un organismo nacional –Comisiones Médicas– para dictaminar sobre los daños sufridos por el trabajador accidentado, sobre todo teniendo en cuenta la incongruencia que supondría admitir que un organismo nacional se pronuncie sobre la incapacidad y al mismo tiempo entender que los conflictos entre el trabajador accidentado y las aseguradoras de riesgos de trabajo deben ser resueltos por la justicia provincial. (El subrayado me pertenece). (STJRN in re “Denicolai, Ricardo Javier c/ Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y otro s/ Inaplicabilidad de ley”, Sentencia N° 276 del 11 de noviembre de 2004).

En coherencia con la jurisprudencia, la buena doctrina en la materia también tiene dicho que los dictámenes de las comisiones medicas deben ser considerados como una mera opinión médica anticipada, que se adelanta a la pericia que deberá realizarse en sede judicial y; que las resoluciones de las comisiones médicas no hacen cosa juzgada administrativa, ya que dicho pronunciamiento es susceptible de revisión a través de un procedimiento amplio, donde se resguarde la garantía constitucional del debido proceso, sin que el hecho de haber recurrido a la comisión médica local importe una violación al principio de los actos propios. (Conf. Miguel Ángel Maza, Tratado Jurisprudencia. Doctrinario del Derecho del Trabajo). ED. La Ley, Tomo I Volumen 5, pág. -263).

En virtud de todo lo expuesto solicitamos a Su Excma. que previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 la parte de la ley 2557, condene a la demandada Horizonte Compañía de Seguros Regionales S.A. a abonar la real incapacidad sufrida por mi representado en base al derecho esgrimido y de los hechos que expongo, tomando como calculo base de indemnización la escala remuneratoria vigente según CCT N° 76/75 para la categoría de la parte actora incluyendo rubros «remunerativos, no remunerativos y adicionales» de acuerdo a la liquidación que a continuación se practica.

Como lo hubimos referenciado, del informe pericial acompañado suscripto por facultativo especialista en la materia Dr. ……………, se desprende claramente que el grado de incapacidad experimentado por mi mandante es del 26.37 % (veintiséis con 37/100 por ciento).

A efectos de acreditar la certeza y veracidad de las conclusiones del Dr. ……………, se ofrece prueba de reconocimiento de firma y contenido del informe pericial producido, como asimismo se lo ofrece como testigo para ser interrogado libremente por el Tribunal y a tenor del pliego que oportunamente será presentado. Asimismo, se ofrece prueba pericial médica a los fines de que el perito médico oficial determine la real y certera incapacidad sufrida por parte de la actora.

VI. liquidación. Remuneración del actor base para el cálculo indemnizatorio

A efectos de realizar el cálculo indemnizatorio, esta parte toma la remuneración –sin discriminar entre rubros remunerativos y no remunerativos– del actor al momento del pago de la prestación, es decir la remuneración vigente al mes de marzo de 201

Se toma como base para el cálculo base de la indemnización debida la suma de pesos ocho mil trescientos treinta con 16/100 ($ 8.330,16) integrando ésta con los rubros detallados en la escala salarial correspondiente a la categoría laboral del actor «oficial» Zona B, CCT N° 76/75.

LIQUIDACIÓN:

Escala Salarial

Jornales de salarios básicos CCT 76/75

Valor hora $ 27,51

Adicional por zona $ 3,04

TOTAL HORA $ 30,55

Horas (según CCT 76/75 44 semanales) 176 por mes $ 5.376,80 Horas extras mensuales al 50 % 20 por mes $ 915,00

Adicional Presentismo 20 %: $ 258,36

Suma No Remunerativa: $ 780,00

TOTAL $ 8.330,

Así la Cámara del Trabajo de Bariloche hizo lugar al reclamo que realizó un empleado que sufrió una lesión laboral en uno de sus ojos manifestando que «La cuestión que ha sido propuesta en la presente causa acerca de si debe tomarse como base para el cálculo del importe de la prestación por incapacidad el sueldo del año anterior, o el vigente al tiempo que se paga, ha sido resuelta por esta Cámara en favor de la segunda posibilidad por razones obvias de equidad desde el momento que las partes hacen sus aportes al sistema en un valor pero reciben lo que se les debe en otro sustancialmente inferior.., la declaración de inconstitucionalidad de la norma no hace más que respetar la finalidad perseguida por el legislador al dictarla quien, razonablemente, no ha querido en ningún momento que el trabajador perciba una compensación depreciada absolutamente, y dispuso como lo hizo en tiempo de estabilidad salarial».

«… la segunda cuestión, sobre el carácter remuneratorio de los aumentos salariales que en el «acuerdo» las partes califican como «no remuneratorio» también ha sido tratada por ésta Cámara en «Montes c/ Sociedad Anónima…» , en donde sustancialmente se sostuvo que un aumento de sueldo tiene carácter remuneratorio porque retribuye, como contraprestación, el trabajo brindado, y no dejará de serio porque las partes decidan llamarlo de otro modo; aquella es su naturaleza jurídica insusceptible de alterar camuflándola o encubriéndola. Constituye una alteración inconstitucional de la ley excluir un aumento de sueldo del monto base para las obligaciones que se calculan tomando en cuenta la remuneración», afirmó el Juez.

El actor tenía 46 años de edad al momento del accidente de trabajo.

Cálculo base LRT: 53 x $ 8.330,16 x 26,37% x (65/46) = $ 16510,97

Valor del piso indemnizatorio (según resol. SSS 6/2015): $7476 x 26,37% = 143,62

Corresponde piso por ser mayor al valor de la fórmula (143,62 > 16510,97)

Adicional 20% (ley 26.773, art. 3): 143,62 x 20%: 628,72

Total (fórmula base LRT + adicional 20%): $772,35

VII. Juramento

Nuestra parte presta juramento del art. 38 de la ley 1504 respecto de los hechos consignados en la presente que no consten en los libros de la accionada debiendo hacerlo.

Derecho

Fundamos el derecho en la CN. Ley 744 y sus modificaciones, leyes 2013, 25.323, 25.345, 25.561, art. 1113 Código Civil, jurisprudencia y doctrina aplicable. Fallos: CSJN «Castillo, Ángel Santo c/ Cerámica Alberdi S.A. s/ inconstitucionalidad art. 46 ley 2557», «Aquino, Ignacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688», «Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente – ley 9688». Fallo STJ RN «Carpio, Rubén Daniel c/ Provincia de Río Negro», ley 22.250 y CCT 76/75.

Prueba

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 inc. «e» de la ley 1504 ofrezco la siguiente prueba de la que intentaré valerme:

Presuncional. Las presunciones legales a favor de los derechos de mi mandante.

Documental

Las constancias de autos en todo aquello que sea favorable a mi representado.

Carta Poder laboral suscripta en una (1) foja por el Sr. …………… DNI N° ……………

Informe Valoración del daño corporal por parte de médico laboral de parte Dr. ……………

Copia Formulario 4 – Alta Médica de fecha 17/5/2013 y copia SRT – Incapacidad Evaluación Médica en tres fojas.

…………… Compañía de Seguros Generales S.A. por el accidente sufrido por el actor con fecha 28/5/20

Copia de Formulario 1 – Solicitud de atención presentada ante …………… Seguros S.A.

Copia de atención en Sanatorio …………… de fecha 28/5/2012 – Indicación de Radiografía de hombro autorizada por …………… Seguros con fecha 28/6/20

Copia de informe de egreso o alta médica de ART con fecha 5/7/2012 por parte del Dr. ……………, médico auditor de la aseguradora.

Copia de Historia clínica de Hospital Privado Regional – HPR, por atención con el Dr. …………… Septiembre de 2012 en 8 fojas.

2 copias certificados de atención y RNM en Sanatorio …………… de fecha 13/7/12 y 20/7/

9 (nueve) recibos de sueldo original y copia de la actora, emitidos por …………… Construcciones S.A. meses de mayo 2012 y febrero a abril de 20

6 (Seis) Recibos emitidos por …………… Seguros S.A. desde mayo 2013 a octubre 20

Copias de comprobante de atención en HPR enero 2013 en 2 fojas.

Copia de estudios pre quirúrgicos e insumos para intervención del Sr. …………… por 6 fojas.

Copia de formulario de evolución noviembre de 2012 a enero de 2013 y de Fisiokinesiología sesiones enero a mayo de 20

Carta Documento OCA remitida por la demandad con fecha 20/9/20

Telegrama laboral en copia de rescisión de la relación laboral por parte de …………… Construcciones SA con fecha 20/5/20

TCL CD N° …………… de intimación de fecha 27/9/2013 remitido por la actora a la demandada y TCL N° CD …………… de fecha 31/7/20

Formulario Finalización e incapacidad laboral temporaria. Alta Médica – H.P.R.

C) Informativa

Subsidiariamente, para el caso de desconocimiento de la documentación acompañada, solicito a S.S. libre Oficio al Correo Oficial de la República Argentina y/o OCA Organización Coordinadora Argentina SRL, para que expida copias certificadas de los Telegramas Ley / Carta Documento remitidos por la actora al demandado indicados como prueba documental, debiendo informar de toda la documentación referida; a) fecha y hora de emisión y recepción de dichas piezas postales, b) nombre del receptor de la misma, nombre de empleado que intentó la entrega, y en caso de que la misma no hubiere tenido lugar, comunique los motivos por los cuales no se llevó a cabo, c) domicilio en que ocurrió la recepción, d) confirme el texto de cada una de ellas.

Se libre oficio a Sanatorio …………… de la ciudad de Bariloche a fin de que envíe original o en su defecto copia certificada de la historia clínica del Sr. ……………, titular del DNI N° ……………, por el accidente sufrido el día 28/5/20

3) Se libre oficio a Hospital Privado Regional de la ciudad de Bariloche a fin de que envíe del Sr. ……………, titular del DNI N° ……………, por el accidente sufrido el día 28/5/20

4) Se libre oficio a la UOCRA –Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina– Delegación Bariloche, a fin de que informe la remuneración (rubros remunerativos y no remunerativos) de un trabajador realizando tareas en la categoría oficial según CCT N° 76/75.

Documental en poder de la demandada:

Solicito intime a la demandada a presentar ante el tribunal en oportunidad de celebrarse la audiencia de vista de causa el expediente correspondiente, la historia clínica del actor y toda documentación relativa a su accidente desde la denuncia y hasta el día de la fecha, bajo los apercibimientos previstos por los arts. 55 LCT, 38 ley 1504 y 388 del CPCC ante el supuesto de falta de presentación de dichos documentos.

Confesional y reconocimiento de documentos:

Solicito se cite al representante legal de la demandada, a reconocer documentos y absolver posiciones, bajo apercibimiento de ley, a tenor del pliego que se acompañará oportunamente.

Pericial médica:

Solicito se designe perito médico de oficio, para que previo realizar los estudios de rigor, informe:

Describa que tipo de lesión surge de la historia clínica que se glosará oportunamente a la presente.

Realice examen físico del actor.

Determine grado de la lesión detectada.

Determine si el actor posee alguna incapacidad laboral por el accidente laboral de fecha 28/5/2012 y la lesión en el hombro derecho. Además si es parcial y/o total, permanente y si reviste el carácter de definitiva.

Determine si de no haber acaecido el accidente, el Sr. …………… podría hoy realizar sus actividades laborales y habituales sin dificultad.

Cualquier otro dato de interés a la causa.

Perito médico de control: Al momento de realizarse la pericia médica en estos autos solicito se cite perito médico de control de esta parte actora, al Dr. ……………, con domicilio en la calle …………… de la ciudad de Bariloche.

X. Reserva del caso federal

Que, para el improbable caso que no se hiciera lugar al planteo formulado, desde ya hago reserva de Caso Federal (art. 14 de la ley 48), por cuanto se estarían violentando garantías constitucionales, que hacen a los derechos de defensa, debido proceso (art. 18 CN), legalidad (art. 19 CN), derecho de propiedad (art. 17 CN) y la especial protección establecida para el trabajador por nuestra Carta Magna: «El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable» (arts. 14 bis y 17 de la CN).

Que estando en juego derechos y principios de raigambre constitucional, tales como el derecho a la propiedad, el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley, etc., dejo desde ya planteado el caso federal, a los fines previstos por el art. 14 de la ley 48.

XI. Petitorio

Por todo lo expuesto de la Excma. Cámara se solicita:

Que me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, con el domicilio legal y electrónico indicado, y denunciado el real de mi mandante;

Que agregue la documentación acompañada, reservando los originales por la Secretaría del Juzgado;

Que tenga presente la prueba ofrecida, para la etapa procesal oportuna;

Tenga por iniciada demanda sumaria, ordenando el traslado por el término y bajo apercibimiento de ley.

Que se intime a la parte demandada a acompañar documental en poder de la contraria, al momento de contestar demanda.

Que se tenga presente la reserva de caso federal formulado y autorizaciones conferidas.

Que tenga por promovida la presente demanda en contra de …………… Compañía de Seguros Generales S.A.

Que se corra traslado de la presente demanda al accionado, por el término y bajo los apercibimientos de ley, emplazándolo para que se preste a estar a derecho

Que oportunamente y en definitiva, dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todos sus términos, condenando a la parte accionada a abonar las sumas reclamadas, o lo que en más o en menos surja de la prueba, sus intereses e imposición de costas.

Provea V.E. de conformidad,

SERÁ JUSTICIA

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