Demanda Indemnización Por Accidente De Trabajo. Plantea Inconstitucionalidad

Demanda indemnización por accidente de trabajo. Plantea inconstitucionalidad (arts. 1, 6, 8, 9, 11 a 19, 20, 21, 22, 39, 44 y 46, LRT). Ofrece prueba

Inicia Demanda por indemnización por accidente de trabajo. Plantea inconstitucionalidad (Arts. 1, 6, 8, 9 11 a 19, 20, 21, 22, 39, 44 y 46, LRT). Ofrece prueba

Señor Presidente:

……………, abogado de la matricula inscripto al Nº …………… Fº …………… Tomo …………, constituyendo domicilio procesal, en calle ……………, ………… piso de esta ciudad de San Carlos de Bariloche, correo electrónico ……………, ante esta Excma. Cámara del Trabajo respetuosamente comparezco y como mejor proceda en derecho digo:

I. Personería

Tal como lo acredito con la copia de Carta Poder para juicios laborales que acompaño, soy apoderado del Sr. ……………, de estado civil casado, titular del DNI Nº ……………, de nacionalidad ……………, domiciliado en Barrio ……………, de la ciudad de ……………. Declaro bajo juramento que el mandato conferido subsiste y que el mismo se encuentra vigente en todas sus partes.

II. Competencia

La competencia de V.E. para entender en este asunto surge de la naturaleza de la acción fundada en una relación de dependencia laboral, y el domicilio real de la parte actora coincidente con el lugar de desempeño de funciones de mi mandante. (Atento a lo dispuesto art. 6 inc a), 9 y 10 de la ley 1504 Procedimiento Laboral de la Provincia de Río Negro, conforme fuera resuelto por la CSJN en autos Castillo c/ Cerámica Alberdi S.A.).

III. Objeto

En el carácter invocado, vengo a promover formal demanda en contra de ……… ART, Aseguradora de Riesgos del Trabajo, con domicilio real en ………….., de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud del contrato de seguro por accidente de trabajo suscripto entre la demandada, y el empleador de mi mandante, ………… S.A., por la suma de pesos veintinueve mil diecisiete con 44/100 ($ 29.017,44), en concepto de indemnización por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva conforme el detalle de la liquidación que se adjunta a la presente, o lo que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse en autos, con más los intereses y costas, desde que cada suma le fue debida hasta su efectivo pago, en orden a las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente expondremos.

IV. Inconstitucionalidad de la ley 2557.

Se plantea la inconstitucionalidad de los artículos: 1º, apartados 1º y 2º; 6º, apartados 1º y 2º (y sus modificaciones según decreto 1278/00 en su art. 2º); 8; 9; 11 a 19; 20, apartado 2º; 39, apartado 1º; 44; 46, Disposición Adicional primera, Disposición Adicional segunda de la ley 2557 (LRT) en virtud de las motivos de hecho y derecho que a continuación se exponen, puntualmente por violar derechos fundamentales de rango superior, a saber:

1) El art. 1º, apartados 1º y 2º. Por auto contradicción entre los fines explicitados y el sistema operativo creado por la totalidad del cuerpo normativo. Contradice, el fin reparativo y la prevención, ya que la ley exime de reparación a los dañantes, deja sin reparación algunos tipos de infortunios y en los que hace asumir prestaciones reparativas éstas son insuficientes para el fin proclamado. Ello provoca que el infortunio resulte más conveniente que la reparación, lo que determina un importante factor contrario a la prevención.

El art. 1 de la LRT, impone a los trabajadores que se accidenten o enfermen por el hecho o en ocasión del trabajo o a sus derechohabientes, la obligación legal de accionar por resarcimiento del daño padecido exclusivamente de acuerdo a las disposiciones de la LRT, excluyendo la posibilidad de que estos acciones por el derecho común.

Esta norma, en concordancia con el art. 39 del mismo cuerpo legal, no permite al trabajador siniestrado o a sus derechohabientes reclamar la reparación integral del daño (con excepción del dolo del empleador). Permitiéndole solo la posibilidad de obtener un resarcimiento tarifado (y por ende limitado) del daño.

El impedimento legal en cuanto no poder accionar de acuerdo al derecho común, (como estaba reconocido hasta la vigencia de la ley 2028 inclusive, y pretender la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos en su calidad de trabajadores bajo relación de dependencia y subordinación), introducido por el art. 1 de la ley 2557, vulnera el principio de igualdad ante la ley prescripto en el art. 16 CN. Asimismo vulnera el principio de indemnidad consagrado por el art. 19 de la ley suprema.

Así lo ha entendido la jurisprudencia al declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 1 primer párrafo LRT en autos: “Quintans Mario c/ Multisheep S.A.” Trib. Trab. Nº 2 Lanús, Pcia. Bs. As., Nov. 1996.

“El art. 1 de la ley 2557 en cuanto establece un sistema imperativo y cerrado donde la reparación de todo evento dañoso derivado del trabajo se regirá por la ley de riesgos del trabajo es inconstitucional, pues hace una distinción irritante entre los trabajadores dependientes y los habitantes del resto de país, al impedirles a aquellos accionar de acuerdo a la ley común y obtener la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos en su calidad de trabajadores en relación de dependencia, violentando el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación art. 18 CN. Trib. Trab. Trenque Lauquen, 29/6/20 In re “Álvarez, Antonio O. c/ Munic. de Adolfo Alsina s/ acc. de trab.”.

2) El art. 6º, apartados 1º y 2º. Crea un sistema hermético de reparaciones, que deja sin cobertura a enfermedades causadas por el trabajo y no admitidas por el listado y a accidentes de trabajo que no resulten de un acontecimiento súbito y violento.

Así la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As., por mayoría, en la causa “Buticce c/ Du Pont Argentina S.A.”, declaró la inconstitucionalidad del art. 6° de la Ley de Riesgos de Trabajo por negar el pago de indemnización en casos de daños laborales provocados por enfermedades no reconocidas en ese régimen legal.

La Corte provincial consideró inconstitucional el art. 6, apartado 2º, de la ley 2557, en su redacción original, en cuanto establece que no serán resarcidas las enfermedades –aunque se pruebe que fueron causadas por el trabajo– que no se encuentran incluidas en un listado taxativo que complementa dicha norma.

“La inconstitucionalidad de una norma como la examinada deriva entonces, fundamentalmente, de provocar una restricción irrazonable de las garantías y derechos consagrados por la Constitución Nacional, provocando un resultado peyorativo que se materializa en el caso mediante la consagración del más absoluto desamparo y el desprecio de una realidad imperativamente colocada como especial objeto de tutela, al privar al trabajador víctima de dolencias incapacitantes que se comprueban como derivadas del trabajo, del resarcimiento que le es debido (…………), inobservancia que por otra parte reconoce enfatizando la iniquidad que encierra un fundamento meramente voluntarista y de neto y exclusivo corte economicista”.

Entre sus amplios fundamentos, se destaca que la norma declarada inconstitucional pone en evidencia la ruptura del sistema en relación a la Constitución Nacional, “inspirada en claras prescripciones tuitivas de la justicia social, así como profundizadora de la protección que merece el trabajador como sujeto preferente de tutela”.

3) Los arts. 11 a Prestaciones dinerarias: Crea un complejo sistema de prestaciones reparativas, tarifado en forma insuficiente para el fin denunciado. Determina reparaciones irrisorias. Así por ejemplo la Jurisprudencia ha determinado que “Corresponde admitir el reclamo de pago único de la indemnización por muerte por accidente de trabajo del hijo de los actores, declarando la inconstitucionalidad del art. 11 apartado 4 de la LRT –pago en cuotas del resarcimiento–, en tanto el carácter integral e irrenunciable de la Seguridad Social señalado en la Constitución Nacional es conculcado cuando la indemnización que corresponde por la muerte del trabajador es percibida a través de una renta o prestación de pago mensual complementaria”.

Cabe sostener V.E. la inconstitucionalidad de los artículos 15 inc. 2), 18 y 19 inc. 1 de la LRT, ya que al establecer un sistema de renta periódica violan el derecho de propiedad, el derecho de disponer libremente de la indemnización y atenta contra el derecho a la libertad de contratación (art. 17 CN), ello además de violar el art. 14 bis (en cuanto regula el derecho a los beneficios de la seguridad social), ya que el magro resarcimiento de los pagos, por su modalidad, carecen de integralidad.

La LRT crearía así una nueva categoría de incapaces de hecho, por considerar que los trabajadores no pueden administrar un capital. Este temperamento es discriminatorio, viola el art. 16 de la CN que dispone la igualdad ante la ley, ya que en el derecho común la reparación (que pretende volver las cosas al estado anterior y compensar las pérdidas padecidas por el perjudicado) se paga en forma de capital. El pago en forma de renta viola también la intangibilidad de la propiedad amparada por los arts. 14 (uso y goce) y 17 (inviolabilidad).

A mayor abundamiento cabe resaltar de aplicación la ley 26.773/2012 en su art. 2 establece el principio general indemnizatorio de pago único. Así como en sus Disposiciones Generales art. 17 se derogan los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39 de la ley 2557 y sus modificatorias. Las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución.

4) El art. 20, apartado 2º. Viola los derechos del trabajador como consumidor de prestaciones de salud. Se crea una zona de no aplicación de los daños al consumidor, cuando éste es un trabajador que consume en su función productiva.

Trata de imponer al trabajador, como condición indispensable para percibir las prestaciones dinerarias, el recibir las prestaciones en especie, exponiendo al trabajador a la atención médica de cualquier profesional elegido por la ART en función de su lógico objetivo empresario de minimizar costos, excluyéndose así de las garantías que consagra el art. 42 de la CN para cualquier consumidor.

5) El art. 39, apartado 1º. Con su única habilitación a la reparación civil por dolo del empleador, agravia el art. 19 de la CN que consagra el principio de alterum non ladere, el derecho a la igualdad de trato –art. 16 CN e implica una práctica discriminatoria por la condición de trabajador dependiente art. 43 CN.

La mayoría de los tribunales se pronunciaron en el sentido de la inconstitucionalidad de esta norma. Fundando en que exime al empleador de toda responsabilidad civil frente al trabajador y sus derechohabientes, desconsiderando el principio de igualdad y no discriminación, haciendo un distingo inaceptable entre cualquier habitante de la Nación que sufre un daño y un dependiente que en su carácter de tal resulta dañado.

“El art. 39 de la ley 2557 al eximir al empleador de responsabilidad civil salvo dolo de su parte, es violatorio de expresas normas constitucionales como la basada en el principio de igualdad ante la ley, de propiedad y libre acceso a la justicia, consagradas específicamente a través de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 29 de la ley fundamental y diversos pactos con jerarquía constitucional art. 75, inc. 22 CN. El principio protectorio que responde al objetivo de establecer un amparo preferente a la parte más débil de la relación sinalagmática el trabajador –no se refleja en el sistema diseñado por la ley 2557 de accidentes y riegos del trabajo en cuanto veda la vía de la acción civil salvo dolo del empleador–, ya que no solo no le otorga mayores derechos, sino que lo trata en forma discriminatoria respecto de los restantes ciudadanos” (Cámara Trab. Sala VI, 2/5/2002 in re “Santos, Alicia y otro c/ Transportadora de caudales Juncadella S.A.”).

Ha sido prácticamente unánime la doctrina en cuestionar la validez constitucional de esta norma, lo que se ha reflejado en los distintos congresos y jornadas realizadas durante los últimos años.

6) El art. 44 crea una manifiesta desigualdad en materia de prescripción para el tratamiento de los créditos, en perjuicio de sus víctimas de infortunios, con referencia a los créditos de los entes gestores, ART y auto aseguradas y los de regulación y supervisión de la ley. Ataca el art. 16 de la CN. Hace prescribir acciones por daños en los que la víctima no podría reclamar, por no conocer su existencia y causalidad. Agravia el derecho de defensa, art. 18 de la CN.

Lleva a que enfermedades de largo período de incubación prescriban antes de nacido el ejercicio de la acción.

El art. 44 de la LRT prevé dos plazos perfectamente diferenciados, según se refieran a las acciones por el otorgamiento de las prestaciones (dinerarias o en especie), o a las de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión, para reclamar el pago de sus acreencias. En el primer supuesto, la acción prescribe a los dos años contados desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada, y en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral. En el segundo, la acción prescribe a los diez años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago.

A modo ilustrativo, cabe agregar que el art. 49, disposición adicional quinta prevé que aun cuando la contingencia sea anterior, si la misma fue puesta en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley darán derecho únicamente a las prestaciones de la LRT. Esto cercena el derecho de propiedad previsto por el art. 17 CN. (en la medida que otorga menores beneficios que los establecidos en la norma anterior), al supeditar la ley aplicable no a la producción del accidente o de la enfermedad profesional, sino a un hecho subjetivo: ponerlo en conocimiento al empleador.

7) Los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la LRT, contradicen los arts. 121 y 5 de la CN, al sacar de la jurisdicción y competencia de los jueces naturales en materia de acciones comunes al procesamiento de los infortunios. Avasalla el federalismo, con agravio en la administración de justicia por parte de los estados federales.

La función de determinar el grado de incapacidad, como la de establecer si la misma es permanente o transitoria, le corresponde solo al juez, por lo que no puede un organismo dependiente del poder administrador del Estado como las comisiones médicas y la comisión médica central, arrogarse facultades jurisdiccionales.

Esta disposición legal es incongruente con las prescripciones de los arts. 1, 5 (garantizan el sistema republicano que se caracteriza por la división de poderes), 31 (prescribe que la CN es la ley suprema) y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional (establece que la aplicación de las normas laborales que dicte el Congreso corresponde a los tribunales), 109 (prohíbe que el presidente de la Nación ejerza funciones judiciales) y 116 (prescribe las atribuciones del Poder Judicial).

Las prescripciones del apartado 3 del art. 8 y de los arts. 21 y 22 LRT son incongruentes con la CN, porque atribuyen a órganos del poder ejecutivo nacional funciones propias de los jueces.

“La facultad que otorga la ley de riesgos del trabajo en los arts. 21 y 22 a las comisiones médicas, afecta el principio del juez natural y de acceso a la justicia, ya que la interpretación, aplicación y calificación de accidentes o enfermedades constituyen cuestiones típicamente jurisdiccionales que no pueden estar acordadas a organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional”. (Trib. Trab. nº 2 “Calderón de Loiza, Norma I. c/ Eternit Argentina S.A. y otro”).

8) La Disposición Adicional primera. Viola el art. 19 de la CN en materia de reparación de infortunios que resulten de violaciones a los deberes contractuales y extracontractuales de seguridad.

9) La Disposición Adicional segunda. Agravia la competencia provincial en materia de dictado de normas procesales, en violación al art. 50 y 121 de la CN.

Normas de la Constitución Nacional violadas por el articulado de la LRT 2557, tachados de inconstitucionales.

Fundando el pedido de inconstitucionalidad, se hace referencia a las violaciones de derechos fundamentales de rango superior.

1) Preámbulo de la CN. A partir de la creación de un sistema de externalización de costos empresarios, privilegiando a las ART y empresas autoaseguradas, se dictó una norma regresiva, para beneficio de un sector privilegiado, dejando de “afianzar la justicia” y “promover el bienestar general”. Inconstitucionalidad que alcanza al sistema legal normativo en su conjunto.

2) El art. 75, inciso 19 de la CN. Que programa el desarrollo económico con justicia social, correspondiendo al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, etc.

3) El art. 14 bis de la CN. La LRT 2557 no es una ley que asegura al trabajador una condición digna y equitativa de labor, ya que impide reclamar en forma directa y con libre acceso a la jurisdicción, la reparación de los daños contra el dañante empleador, cuando ellos están causados por la actividad laboral desempeñada.

Viola los principios protectorios del trabajador y de progresividad, consagrados en el art. 14 bis CN, operando la ley en contra de las orientaciones que ellos imponen.

Se regula sobre el riesgo de las víctimas del trabajo dependiente, a partir de un falso sistema de seguridad social, que no resulta integral, ni irrenunciable. Alcanza a todo el cuerpo normativo de la LRT y en particular se refiere al art. 39, apartado 1, cuando exime a los empleadores de toda responsabilidad, frente sus trabajadores, con excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil.

4) El art. 14 de la CN. La LRT impide el goce del derecho de “usar y disponer de la propiedad”, de los créditos reparatorios in integrum de los daños sufridos.

5) El art. 17 de la CN. Se viola la propiedad del dañado, cuando se priva a las víctimas de infortunios, sin sentencia fundada en ley, de los créditos reparatorios por infortunios producidos. El art. 39, inc. 1º LRT, afecta al crédito con el dañante: a) En su totalidad cuando se trata de reparaciones de enfermedades causadas por el trabajo y no reconocidas por el Laudo reglamentario. b) En la parte del daño no compensado con prestaciones tarifadas de la ley, que tienen valores sumamente bajos. La Disposición Adicional, primera, cuando por vía de reforma del art. 75 de la LCT, impide reclamos reparatorios únicamente tarifados, con respecto a ilícitos que producen daños por violación de disposiciones legales de la normativa de seguridad e higiene.

6) El art. 16 de la CN. Se viola el derecho de la igualdad, dando un trato desigualitario y peyorativo a los trabajadores, en situación de infortunios sufridos.

7) El art. 18 de la CN. Se viola la defensa en juicio de la persona y sus derechos, impidiendo u obstaculizando el pleno acceso a las víctimas a la jurisdicción. La regla de sometimiento al juez natural de la causa propia de las acciones de derecho común. El art. 39, inc. 1º LRT y Disposición Adicional Tercera, imponiendo un trámite conciliatorio administrativo previo, para derechos irrenunciables, garantizados por el orden público laboral.

8) El art. 19 de la CN. Se viola el principio alterum non ladere que se consagra en el art. 19 CN al dejar de reconocer la responsabilidad de los daños causados por los empleadores.

9) El art. 28 de la CN. A mérito de dictar una norma para la reparación de los infortunios de trabajo, se impide reclamar in integrum contra los dañantes. Para ello se agravia el debido proceso, el acceso irrestricto a la jurisdicción, el derecho a la defensa, las autonomías provinciales, el sometimiento a los jueces naturales en las causas de derecho común.

10) El art. 75, inc. 22 de la CN. Se violan los derechos humanos, sociales fundamentales de los trabajadores, consagrados por el derecho internacional al que se reconoce de plena aplicación y rango superior al de las leyes propias del derecho interno.

11) El art. 75, inc. 23 de la CN. Las medidas dictadas por la LRT tienen una orientación regresiva y colocan a los trabajadores, enfermos o discapacitados, cuando sufren infortunios de trabajo, en peores condiciones que los restantes ciudadanos del país en situación de infortunios análogos.

12) El art. 121 y 5 de la CN. La LRT avasalla el federalismo a partir de reconocer atribuciones no delegables por las Provincias a la Nación. Y le otorga competencia sobre casos de derecho común a la competencia del fuero federal en provincias, en desmedro de los fueros locales. El Estado Federal con su legislación nacional, violó y no garantizó el goce y ejercicio por las provincias de la administración de justicia en causas que hacen al derecho común, área no delegable de la misma en la Nación y sus instituciones la justicia federal.

Sin perjuicio de los argumentos expuestos, se cita en los presentes autos la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos, «Castillo, Ángel Santo c/ Cerámica Alberdi S.A.”, “Aquino, Ignacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.”, “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo”, y lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en autos «Carpio, Rubén Daniel c/ Provincia de Río Negro”.

V. Hechos

Mi mandante Sr. ……………, comenzó a prestar tareas para la empresa …………… Construcciones S.A. con fecha 11 de marzo de 2013, realizando tareas en la construcción, correspondiente a la categoría de oficial. Tal como surge de las copias de los recibos de sueldo que como documental se acompañan, la relación laboral fue regularizada y registrada con fecha 3 de abril de 2013, una vez acaecido el accidente que generó la incapacidad cuya indemnización se pretende con la presente. Fue en esa misma fecha que se procedió a denunciar el mismo al encontrarse vigente el contrato suscripto en la demandada y la empresa empleadora. El Sr. …………… llevaba a cabo sus tareas de oficial carpintero los días lunes a sábado en el horario habitual y normal de 9:00 hs. a 18:00 hs. aproximadamente. Cabe destacar que desde su ingreso laboral el Sr. …………… llevó a cabo sus tareas habituales e ingresó a prestar tareas para su empleador en plena aptitud física, no sufriendo dolencias, impedimentos físicos ni antecedentes patológicos de ningún tipo, lo cuales surgieron una vez acaecido el accidente laboral que se detallará en la presente.

El día 28/3/2013, durante su jornada laboral cumpliendo ese día el horario de 9:00 hs. a 13:00 hs, y 14:00 hs. a 18:00 hs.; y siendo las 17:00 hs. aproximadamente, sufre un accidente laboral mientras prestaba su fuerza de trabajo en una obra en construcción particular de su empleador …………… Construcciones S.A. (refuerzo de base a una cochera), mientras realizaba unas columnas para sustento de un muro en contención, sita la misma en Península San Pedro. Específicamente en ese momento se encontraba trabajando, ya al requerir la obra sostener un tablero de columna, el mismo se le vino literalmente encima, y su cuerpo de esta manera tuvo que sostenerlo, afrontando ello el gran peso que eso significa. En el momento le produjo un gran dolor, sin embargo la atención por parte de su empleador, y la derivación a la correspondiente ART no fue inmediata.

El dolor fue en aumento progresivamente y resultaba cada vez más insoportable para mi mandante, motivo por el cual, ya una vez hubieron pasado las fechas de feriados nacionales, el empleador …………… Construcciones S.A. procedió a la registración de la relación laboral en forma correcta y legal del Sr. …………… y a la denuncia del correspondiente accidente laboral sufrido y su posterior derivación al Departamento de Medicina Laboral del Sanatorio …………… para su atención con fecha 4 de abril de 20 Tal como consta en Copia de Formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional ofrecida como Prueba Documental.

A raíz de este accidente laboral el Sr. …………… comenzó la atención con dolor con irradiación al miembro inferior derecho, sufriendo de esta manera un dolor constante.

Según consta en la historia clínica del paciente, fue atendido en el Sanatorio …………… por la Dra. ……………, en primera instancia, y luego por el Dr. ……………, Médico especialista en Cirugía General. Como se manifestó, al haberse radicado la denuncia de la lesión con fecha 4 de abril de 2013, fue en esa fecha que se le diagnóstico Lumbalgia y esfuerzo de extensión del raquis, indicándosele reposo, paños calientes y antiinflamatorios. Se le realizo RX de columna y los aines intramusculares indicados le produjeron alivio transitorio. Se procedió a entrevista de control con fecha 5 de abril de 2013, manteniendo el diagnóstico de lumbalgia y contractura muscular bilateral y se le indicó continuar con aines.

Asimismo el Dr. …………… indica la realización de sesiones de kinesioterapia tendientes a la rehabilitación de mi mandante. Continúo con rehabilitación por 20 días con sesiones de kinesioterapia con una leve mejoría, sin embargo a las pocas horas de llevar a cabo las mismas el dolor reaparecía con la misma intensidad, impidiendo al Sr. …………… llevar a cabo de manera normal sus actividades personales y laborales, como asimismo requerir se le extienda el reposo laboral indicado y se efectúe un diagnóstico más a fondo a fin de dar con el tratamiento indicado.

En la fecha de control (5/4/2013) el Dr. …………… indica la realización de una RNM de columna, por diagnóstico Lumbalgia Post esfuerzo, la cual es informada con fecha 19 de abril de 2013 arrojando como resultado la patología “rectificación de la lordosis fisiológica”. El informe manifiesta la realización de una RMI de columna lumbosacra en los planos axial, coronal y sagital, utilizando secuencias que ponderan los tiempos de relajación tisular T1 y TEl mismo continúa: “En el examen realizado se reconocen signos de hipertrofia facetaria y de ligamentos amarillos. Existen cambios degenerativos en los espacios intervertebrales evidenciados por la disminución de altura y por la hipointensidad de los discos cuando se pondera en TSe señalan profusiones discales posteriores múltiples que ocupan el espacio epidural anterior, improntan el saco tecal y constituyen a estrechar los diámetros globales del canal espinal” Fdo: Dr. ……………, Médico especialista en Diagnóstico por Imágenes. MN …………… MPRN …………….

Ya con fecha 26/4/2013 ante un nuevo control ante el diagnóstico de lumbalgia subaguda, y de la realización de RNM con “hernias de disco múltiples que improntan el saco tecal y estrecha en canal”, se solicita la realización de una interconsulta con médico especialista en neurocirugía.

La profesional que en esta oportunidad lo atiende es la Dra. ……………, de esa especialidad, también en el Sanatorio ……………, prestador de la empresa demandada. Se le diagnosticaron protrusiones discales múltiples desde L1 a L5 no quirúrgico, motivo por el cual con fecha 15 de mayo de 2013, dicha profesional indica la utilización de Corset Ballenado, además de indicación de dieta, AKM 10 sesiones, medidas posturales y toma de medicación relajantes musculares. La profesional considera así el alta por especialidad y seguimiento por clínica médica.

La prótesis solicitada para el Sr. …………… como paciente de esta dolencia laboral debía ser suministrada por esa ART para continuidad del tratamiento y en miras a lograr una recuperación más rápida con las menores secuelas posibles. De hecho, es un profesional derivado por la ART la que lo prescribe, en su sapiencia como médico profesional, considerando la necesariedad de su uso.

El mismo nunca se le suministró, más allá de los reiterados reclamos, los que el Sr. …………… llevó a cabo en reiteradas oportunidades en forma presencial, con lo que ello implica, padecer estos dolores, tener que estar en reposo y sin embargo; en lugar de ocuparse de su recuperación, tener que realizar burocráticos trámites de reclamo una y otra vez.

Esto motivó a que con fecha 26/6/2013 mi mandante deba remitir la siguiente CD N° ……………, la que a la fecha no tuvo respuesta: 

“Por medio de la presente, y toda vez que con fecha 3/4/2013, trabajando en relación de dependencia para la empresa …………… Construcciones S.A., alrededor de las 17 hs. he sufrido un accidente laboral, el cual fuera oportunamente denunciado a esa aseguradora con fecha 4/4/2013, y en virtud del tratamiento médico recibido por dicho accidente, se me prescribió por el médico tratante Dra. ……………, M.N. …………… M.P. ……………, Médico Especialista Neurocirujana, con fecha 15 de mayo de 2013 la utilización de un Corset Ballenado, ello por diagnóstico Lumbalgia y Protrusiones lumbares. A la fecha no se me ha suministrado el mismo, motivo por el cual mediante el presente intimo a que en el plazo de 5 días se me suministre el mismo bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. Queda Ud. debidamente notificado”.

Los controles en el mes de mayo continuaron con FKT y reposo; más medicación. Asombrosamente con fecha 18 de junio de 2013 sin más, ante la misma situación evidenciada en los controles anteriores se le dicta el alta médica. La constancia de asistencia médica y fin de tratamiento emitida por SMG ART prescribe el alta médica con fecha 19/6/2013, sin incapacidad, sin sugerencia de recalificación y con indicación de regresar al trabajo.

El Dr. …………… considera el alta, e indica que el Sr. …………… debía regresar al trabajo a realizar las mismas tareas que realizaba antes del infortunio. Es decir, considera esta prescripción médica que se encontraba en plena aptitud física para las tareas que su oficio le demandan…

Ello ya que a pesar de haber realizado los estudios complementarios por imágenes, tratamiento médico, indicación de inmovilización mediante el uso de un Corset Ballenado que nunca se proveyó, kinesiología, etc…………. y de haber llevado a cabo las indicaciones médicas de reposo y de tratamiento tal como se fueron presentando, continuaba mi mandante con dolor y demás síntomas antes mencionados, lo que le impediría realizar sus tareas laborales y personales de manera habitual, además de considerar que el accidente laboral sufrido ha dejado secuelas de incapacidad laboral permanente en mi mandante.

Más allá de esto, y como buena voluntad de mi mandante, por búsqueda de su mejora de salud, se acerca en esa misma fecha al Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche y solicita un turno médico con un especialista en traumatología. Conociendo V.E que los turnos llevan su tiempo, se acredita en el presente que es en esa fecha 19/6/2013 en la que pide el turno (se acompaña comprobante otorgado en oportunidad de solicitar el turno con especialista por la Médica Generalista Dra. ……………, MP ……………). No obstante ello, se presenta en fecha en la empresa …………… Construcciones S.A. para retomar sus laborales, a lo cual le contesta la secretaria de …………… Construcciones S.A., que no hacía falta que se presentara, que se retire a su casa a descansar que ya se comunicarían con él para avisarle cuándo tenía que ir.

La atención se lleva a cabo el 26/5/2013 por la Dra. …………… quien le indica extender el reposo unas 72 horas más para continuar con el tratamiento y los pasos a seguir en este diagnóstico. Sin embargo ello deviene en abstracto frente a la empresa ya que con fecha 25/6/2013 recibe el Sr. …………… TCL remitido por …………… Construcciones S.A. mediante el cual se le indica que con fecha 19/6/2013 (fecha del alta laboral) la relación laboral que los unía queda rescindida unilateralmente por parte de la empleadora. Suena esperable, el Sr. …………… con la incapacidad que lo aqueja, con las secuelas del accidente laboral sufrido, con el tratamiento que aún deberá seguir y llevar adelante, con los reposos obligados que deberá respetar, con las tareas livianas que quizá le demanden futuras ocupaciones; con todo ello ya «No le sirve a …………… Construcciones S.A.”.

Ante toda esta situación, y ante la total discrepancia de la víctima de este accidente laboral, con esta decisión adoptada por la ART, sin ningún tipo de basamento médico profesional, se ha solicitado al Dr. ……………, médico laboral realice un informe médico-laboral, el cual es presentado ante V.E. a fin de que sea tenido en cuenta, tomando como antecedentes lo siguiente:

“Informe médico. Datos: Fecha: 3/7/2013 Nombre y apellido: ……………. Edad: ………… años. DNI: ……………. Actividad: Oficial Carpintero. Empresa: …………… Construcciones S.A.. Antigüedad en la empresa 4 meses. Tel: ……………. Hija: ……………. Domicilio: …………….

Estado actual: Paciente orientado en tiempo y espacio, conversación fluida. Marcha normal. Trofismo y masa muscular global normal, para sexo y edad. Postura anormal, con acentuación de la sifosis cérvico dorsal. Dolor de espalda localizado en la cintura de L2 a S1 continúo a predominio en las primeras horas del día, sin irradiación, que se exacerba al caminar en subida o bajada y al dormir, que le dificulta su incorporación. Sin tratamiento medicamentoso y de rehabilitación. Sin limitación funcional en grados de flexión, extensión, rotación e inclinación, pero con dolor. Con signo de lasegue negativo bilateral, con dolor a la palpación paravertebral bilateral dorso lumbar, en masa muscular, correspondiente a contractura muscular. Sin alteración de la sensibilidad bilateral de miembros inferiores.

Conclusión: Paciente con enfermedad degenerativa de columna lumbosacra, según se detalla en el informe. Recibió prestaciones en especie por la aseguradora SMG ART, desde el día 4/4/13 hasta el día 19/6/13, con alta médica sin incapacidad y a tarea habitual. El mismo no presenta limitación funcional correspondiente a la movilidad. Posee profusiones discales múltiples con improntas desde L1 hasta L5. Con informe del especialista en neurocirugía, de patología no quirúrgica y de alta médica por especialidad. Se desconoce la aceptación o rechazo de las patologías osteoarticulares, por la ART. Se dictamina la incapacidad en base a patología, “no afirmando o rechazando la etiología de las mismas”.

Según la tabla de incapacidades laborales ley 2557, dec. 659/96 reformada por decr. 49/201 Lumbalgia post-traumática, con moderadas alteraciones clínicas y radiográficas, sin alteraciones electromiografías 5 %

FACTORES DE PONDERACIÓN:

Dificultad para realizar tareas habituales: leves 10 % de 10 %:————— 0.5 %

Reubicación laboral: si amerita 10 % del 10 %: ———————————-0.5 %

Edad: 65 años: ————————————————————————-0,5 %

Total de incapacidad: 6.5 % Dr. ……………. Médico. UNLP – MPRN ……………. Especialista en medicina laboral. Médico laboral de Junta Médica Central, Delegación ……………

Conclusiones:

El Sr. …………… sufrió un accidente de índole laboral con fecha 3 de abril de 2013 alrededor de las 17 hs., motivo por el cual fue atendido por profesionales del Sanatorio …………… tal como se ha descripto en los hechos, en la presente demanda.

Tal como surge en la copia de la planilla “Constancia de Asistencia Médica/Fin de Tratamiento” de ART que como documental se acompaña en el presente, el día 18/6/2013 el Dr. ……………, Médico Laboral, otorga el alta médica a mi mandante, suponiendo sin incapacidad ni sugerencia de recalificación, indicando el retorno al trabajo el 19/6/20 En esa fecha regresa al trabajo, le indican que no se requería su presencia, abusan de su buena voluntad y su inocencia frente al hecho que sucedería luego, cual es la recepción de un Telegrama Laboral que le indica la desvinculación laboral desde esa fecha.

Ante la necesidad de continuar con tratamiento kinesiológico, del uso de un Corset Ballenado que nunca se le entregó, y del dolor persistente.

El informe médico laboral llevado a cabo por el Dr. ……………, médico especialista en medicina laboral, da cuenta de una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 6,5 % (seis con 50/100 por ciento), de acuerdo al informe mencionado precedentemente y acompañado para conocimiento del a quo en los presentes actuados. Dicho informe se llevó a cabo según consideraciones médico-legales, Baremo de Ley Laboral 2557 y su decreto 659/96.

Cálculo indemnizatorio

Con respecto al ingreso base que deberá tomarse para la determinación de las prestaciones que deben abonarse, ya ha sostenido el Tribunal en distintas oportunidades («Puentes, Marta E. c/ La Holando Sud ART s/ Accidente de Trabajo», “Pardo, Oscar J. c/ Policía de la Pcia. de Río Negro s/ Accidente de Trabajo”, “Ortiz Contreras, Alberto G. c/ La Caja ART S.A. s/ Sumario”), que la fórmula de cálculo que establece el art. 12 de la LRT resulta inconstitucional, y en ese mismo sentido “se ha expedido la jurisprudencia mayoritaria imperante en la materia”.

Ha dicho el Tribunal que la indemnización debe calcularse tomando como base el sueldo actual correspondiente a la misma categoría del trabajador accidentado, evitando el perjuicio evidente que le acarrearía el tiempo transcurrido desde el siniestro hasta su efectivo cobro, garantizando así que no se lesionen su “derecho de propiedad y los derechos atinentes a una retribución justa” (conf. CSJN en “Faguetti, Aurora c/ Frigorífico Gral. Deheza S.A.”).

Ahora bien, sobre la cuestión que se ventila se formularán tres observaciones que conjuntamente constituirán los fundamentos de la pretensión:

1) Base de cálculo. Inconstitucionalidad art. 12, ley 2557

Al momento de hacer efectivo el pago de la indemnización por incapacidad no debe tomarse como base el calculado en relación a los salarios de los últimos doce meses anteriores al accidente ocurrido, sino que en realidad mi mandante deberá percibir la prestación por incapacidad sobre la base del cálculo tomando como base el sueldo que un trabajador de su categoría percibe al momento de hacerse efectivo el pago, incluyendo la antigüedad del trabajador afectado y todos los rubros remunerativos y no remunerativos incluyendo las horas extras mensuales normales y habituales que el actor viene cumpliendo a lo largo de su relación laboral.

Resulta evidente que la fórmula de cálculo que establece el art. 12, LRT resulta inconstitucional toda vez que desprotege al trabajador accidentado al otorgarle un haber depreciado, sustancialmente más bajo que el que cobraría si estuviera sano y trabajando.

Así lo resolvió ésta Excma. Cámara en “Puentes, Marta E. c/ La Holando Sud ART s/ Accidente de Trabajo”, Expte. N° 19876/07 al resolver en el voto del Vocal Dr. Lagomarsino:

“Actualmente, pretender que el trabajador accidentado cobre el salario de un año anterior al accidente, es tanto como condenarlo a sobrevivir con ingresos inferiores a los indispensables, agravando desproporcionadamente la desigualdad que existe entre el sano y el enfermo, y agravándola en perjuicio de aquel que socialmente debe protegerse… Me expido, en este sentido, propiciando se declare la inconstitucionalidad del art 12 de la LRT. En este mismo sentido se ha expedido la jurisprudencia mayoritaria imperante en la materia…”.

Asimismo en «Montes, Stella Maris c/Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ Sumario (M 308/08)”, Expte. N° 20612/08; ha sido ratificada esta doctrina pacífica en el voto del Vocal Dr. Salaberry.

En el mismo sentido ha sido dicho por esta Excma. Cámara del Trabajo:

«…La cuestión que ha sido propuesta en la presente causa acerca de si debe tomarse como base para el cálculo del importe de la prestación por incapacidad el sueldo del año anterior o el vigente al tiempo que se paga ha sido resuelta por esta Cámara en favor de la segunda posibilidad por razones obvias de equidad desde el momento que las partes hacen sus aportes al sistema en un valor pero reciben lo que se les debe en otro sustancialmente inferior. La declaración de inconstitucionalidad de la norma no hace más que resaltar la finalidad perseguida por el legislador al dictarla quien, razonablemente no ha querido en ningún momento que el trabajador perciba una compensación depreciada absolutamente y dispuso como lo hizo en tiempo de estabilidad salarial…”

Así lo dispuso en el leading case “Puentes” a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad.

Por último, en un fallo reciente “Murúa, César A. c/ La Segunda ART S.A. s/ Accidente de trabajo” Expte. N° 23090/11” ha sido ratificada nuevamente la aplicación de la doctrina pacifica sentada en el caso “Puentes” y “Montes”.

En virtud de lo expuesto, solicito a Su Excma. se expida en ese sentido, declarando la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 2557.

2) Inclusión de rubros “no remunerativos”. Inclusión de horas extras normales y habituales.

La segunda cuestión refiere a los rubros que se deberán tener en cuenta a efectos de realizar el cálculo base a efectos de determinar la indemnización debida. En el artículo en cuestión, se establece que se deberá abonar el ingreso base sobre el cálculo indicado, para lo cual se excluyen rubros calificados como “acuerdos no remunerativos”.

Solicito a esta Excma. Cámara declare que los rubros comúnmente denominados como “no remunerativos” deben ser tomados a efectos de realizar el cálculo indemnizatorio, y así condenar a la demandada a abonar las diferencias resultantes de la liquidación que se practica.

Así lo resolvió esta Excma. Cámara en los autos «Montes, Stella Maris c/Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ Sumario (M 308/08)”, Expte. N° 20612/08” oportunidad en la cual se expresó:

“…conceptualmente la calificación de una retribución como “remunerativa” o “no remunerativa” no depende tanto de la discrecionalidad administrativa o del resultado de la discusión paritaria, sino básicamente de dilucidar su entidad como contraprestación por el trabajo que se realiza…

… En auxilio resulta oportuno recurrir a la ley previsional 2241 (art. 6º) que calificó de remuneración a “todo ingreso… en dinero… en concepto de sueldo… y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares… y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia”, que descalifica definitivamente el concepto denominado “no remuneratorio»…

… Es decir, toda suma de dinero que reciba el trabajador como contraprestación de su trabajo es calificable como salario, a los fines de establecer la base de cálculo para indemnizar la antigüedad del trabajador, resultando irrelevante o ineficaz la calificación que las partes –en forma individual o colectiva– le den a una determinada prestación.

En atención a lo expuesto, no caben dudas de que la citada norma debe ser declarada de inconstitucional, debiéndose tomar para el cálculo de las prestaciones debidas la totalidad de lo que perciba el trabajador al momento de devengarse la prestación, como remuneración, sin discriminar los rubros en remunerativos y no remunerativos.

Asimismo, para determinar el ingreso base se deberá incluir las horas extras, en tanto revisten el carácter de normales y habituales durante toda la ejecución de la relación laboral debiendo incluírselo a efectos de realizar el cálculo indemnizatorio, y así condenar a la demandada a abonar las diferencias resultantes de la liquidación que se practica.

3) Inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22, 46, ley 2557

Tal como mencionamos ut supra, solicitamos a Su Excma. Cámara declare la inconstitucionalidad del art. 46 1ª parte en cuanto establece la competencia federal como instancia de grado de las resoluciones dictadas por las comisiones medicas locales.

Es que el art. 46 de la LRT vulnera la autonomía provincial federalizando temas que son competencia exclusiva de las Provincias, violando de ese modo los arts. 1, 12, 75, 121,122 y concordantes de la Constitución Nacional.

Solicito además declare la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley 2557 por cuanto las Comisiones Médicas, si bien autorizadas por la ley para determinar el nexo lógico causal entre el hecho del accidente y el daño sufrido, así como el grado de incapacidad sufrido, es evidente la falta de “jurisdicción” de dichas comisiones médicas en la materia. Solamente un juez, el juez natural, puede determinar judicialmente la relación del nexo causal entre el acaecimiento de un hecho y el daño sufrido y su consecuente incapacidad.

Lo contrario significaría otorgar funciones jurisdiccionales a un órgano administrativo lo que ocasionaría una “injusta privación de justicia”.

Sobre la injusta privación de justicia la doctrina ha dicho: “La misma se configura toda vez que un particular, no obstante hallarse protegido por la garantía del art. 18 de la CN queda sin juez a quien reclamar la tutela de su derecho. En el mismo sentido, el control judicial suficiente implica:

a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recursos ante los jueces ordinarios;

b) Negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y derechos controvertidos”. (Conf. Tratado Jurisprudencial-Doctrinario del Derecho del Trabajo. Buenos Aires, La Ley, tomo I, Volumen 5)

Así también lo ha resuelto la jurisprudencia de nuestros tribunales:

“… en tanto que la jurisdicción administrativa ha sido predispuesta para garantizar la automaticidad, integralidad e inmediatez de las prestaciones debidas con motivo de las contingencias cubiertas por la ley de riesgos de trabajo, el trabajador víctima de un siniestro laboral puede optar por tal jurisdicción para obtener aquellas que dicha normativa determina…” (Conf. TSJ Córdoba, Sala Laboral en autos “Valor, Omar Rafael c/ La Caja ART S.A.”)

“… Son inconstitucionales los arts. 8º Apartado 3, 21 y 22 de la ley 2557 y el trámite previsto por el decreto 717/96, por atribuir a los profesionales médicos incumbencias que no poseen y por otorgarle a comisiones administrativas funciones jurisdiccionales vedadas por el esquema de división de los poderes, produciendo una severa afectación al derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la CN…” (Conf. Cámara del Trabajo, Córdoba, Sala X 24/6/2005, “Antúnez Jorge D. c/ Provincia ART S.A.”, LLC, -1-IMP, -19,2573, La Ley)

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha dictaminado la inconstitucionalidad de los arts. 8,21 y 22 de la normativa en crisis: “…debe hacerse extensiva la inconstitucionalidad a los arts. 8,21 y 22 del mismo ordenamiento, puesto que tales preceptos hallan una estrecha vinculación con la aptitud jurisdiccional del tribunal del trabajo para conocer en la contienda…” (Conf. SCBA, 11/3/09, “Mastaescusa, Francisco Mario c/ Vidriería Argentina S.A.”, LLBA, -642, La Ley online)

Parece evidente que la jurisprudencia nacional es conteste a reservar a la víctima el derecho a hacer valer su pretensión ante la “justicia” tutelando de esta manera “el acceso a la justicia” garantizado por nuestra carta magna.

En tal sentido también se ha pronunciado nuestro Superior Tribunal en la causa “Denicolai”, donde siguiendo la línea trazada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Castillo” dijo:

“Se ha destacado que queda como cuestión pendiente, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, la adopción de un pronunciamiento sobre la validez constitucional de la norma que atribuye competencia a un organismo nacional Comisiones Médicas- para dictaminar sobre los daños sufridos por el trabajador accidentado, sobre todo teniendo en cuenta la incongruencia que supondría admitir que un organismo nacional se pronuncie sobre la incapacidad y al mismo tiempo entender que los conflictos entre el trabajador accidentado y las aseguradoras de riesgos de trabajo deben ser resueltos por la justicia provincial (STJRN in re, “Denicolai, Ricardo Javier c/Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y otro s/ Inaplicabilidad de ley”, Sentencia nº 276 del 11 de noviembre de 2004).

En coherencia con la jurisprudencia, la buena doctrina en la materia también tiene dicho que los dictámenes de las comisiones médicas deben ser considerados como una mera opinión médica anticipada, que se adelanta a la pericia que deberá realizarse en sede judicial y; que las resoluciones de las comisiones médicas no hacen cosa juzgada administrativa, ya que dicho pronunciamiento es susceptible de revisión a través de un procedimiento amplio, donde se resguarde la garantía constitucional del debido proceso, sin que el hecho de haber recurrido a la comisión médica local importe una violación al principio de los actos propios. (Conf. Miguel Ángel Maza, Tratado Jurisprudencial. Doctrinario del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, La Ley, tomo I, Volumen 5, págs. -263).

En virtud de todo lo expuesto solicito a su Excma. que previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 1ª parte de la ley 2557, condene a la demandada a abonar la correspondiente indemnización la real incapacidad sufrida por mi representado en base al derecho esgrimido y de los hechos expuestos precedentemente.

A efectos de acreditar la certeza y veracidad de las conclusiones del Dr. ……………, se ofrece prueba de reconocimiento de firma y contenido del informe pericial producido, como asimismo se lo ofrece como testigo para ser interrogado libremente por el Tribunal y a tener del pliego que oportunamente será presentado. Asimismo, se ofrece prueba pericial médica a los fines de que el perito médico oficial determine la real y certera incapacidad sufrida por parte de la actora.

Es por ello, y en atención al real daño experimentado por mi representado que vengo a solicitar a esta Excma. Cámara del Trabajo; condene a Swiss Medical Group ART al pago de la real incapacidad sufrida por mi representado tomando como calculo base de indemnización la escala remuneratoria del CCT aplicable vigente al mes de junio del año 2013, incluyendo rubros “remunerativos, no remunerativos” y horas extras normales y habituales.

VI. Liquidación. Remuneración del actor base para el cálculo indemnizatorio. Diferencia de incapacidad. Pago de diferencias salariales

A efectos de realizar el cálculo indemnizatorio, esta parte toma la remuneración sin discriminar entre rubros remunerativos y no remunerativos del actor Sr. …………… a fecha de ser debida la prestación, es decir la remuneración vigente al mes de julio de 2013, incluyendo el rubro de las horas extras normales y habituales.

Se toma como base para el cálculo de la indemnización debida la suma de pesos ocho mil cuatrocientos veintitrés con 06/100 (pesos ocho mil cuatrocientos veintitrés con 06/100) integrando ésta con los rubros detallados en la escala salarial correspondiente a la categoría laboral del actor, además de acompañar recibo de haberes del actor correspondientes al mes de abril y primera quincena de mayo de 20 Ello por ser el monto de la remuneración mensual de un trabajador en la categoría de “oficial” conforme establecen las escalas salariales de la ley 22.250, teniendo en cuenta el salario básico con más los adicionales que por ley le corresponden en esta ciudad de …………….

Escala Salarial Junio 2013

Valor hora $ 25,95

Adicional por zona $ 2,87

TOTAL HORA $ 28,82

Horas (según CCT 76/75 44 semanales) 176 por mes $ 5.072,32

Horas extras 30 mensuales al 50 % $ 296,90

Adicional Presentismo 20 %: $ 273,84

Suma No Remunerativa: $ 780,00

TOTAL $ 8.423,06.

Se manifiesta que la presente liquidación es meramente ejemplificativa dado que si el Tribunal al momento de la sentencia a través de su doctrina fija sumas mayores para el grado de incapacidad del actor en función de su salario y edad se deja reclamada dicha suma, que represente una reparación integral de daño causado en los términos de la legislación aplicable al caso conforme la mejor doctrina de la CSJN.

Así la Cámara del Trabajo de …………… hizo lugar al reclamo que realizó un empleado que sufrió una lesión laboral en uno de sus ojos manifestando que “La cuestión que ha sido propuesta en la presente causa acerca de si debe tomarse como base para el cálculo del importe de la prestación por incapacidad el sueldo del año anterior, o el vigente al tiempo que se paga, ha sido resuelta por esta Cámara en favor de la segunda posibilidad por razones obvias de equidad desde el momento que las partes hacen sus aportes al sistema en un valor pero reciben lo que se les debe en otro sustancialmente inferior … la declaración de inconstitucionalidad de la norma no hace más que respetar la finalidad perseguida por el legislador al dictarla quien, razonablemente, no ha querido en ningún momento que el trabajador perciba una compensación depreciada absolutamente, y dispuso como lo hizo en tiempo de estabilidad salarial”.

“… la segunda cuestión, sobre el carácter remuneratorio de los aumentos salariales que en el “acuerdo” las partes califican como “no remuneratorio” también ha sido tratada por esta Cámara en “Montes c/ Sociedad Anónima…” , en donde sustancialmente se sostuvo que un aumento de sueldo tiene carácter remuneratorio porque retribuye, como contraprestación, el trabajo brindado, y no dejará de serlo porque las partes decidan llamarlo de otro modo; aquella es su naturaleza jurídica insusceptible de alterar camuflándola o encubriéndola. Constituye una alteración inconstitucional de la ley excluir un aumento de sueldo del monto base para las obligaciones que se calculan tomando en cuenta la remuneración”, afirmó el Juez.

Se practica liquidación en función del monto $ 8.423,06 como así también el grado de incapacidad laboral del 6,5 % otorgado por el médico especialista en medicina laboral –Dr. ……………–. También manifestamos que el actor tenía 65 años de edad al momento del accidente de trabajo lo que arroja un índice de coeficiente por edad de 1% (65/65=1).

Cálculo de las prestaciones dinerarias

Fórmula base LRT: 53 x $ 8.423,06 x 6,5% x (65/65) = $ 29.017,44

Valor del piso indemnizatorio (según resol. SSS 6/2015): $7476 x 6,5% = 375,94

Corresponde piso por ser mayor al valor de la fórmula (375,94 > 29.017,44)

Adicional 20% (ley 26.773, art. 3): 375,94 x 20%: 9.275,19

Total (fórmula base LRT + adicional 20%): $55.651,13

VII. Juramento

Mi parte presta juramento del art. 38 de la ley 1504 respecto de los hechos consignados en la presente que no consten en los libros de la accionada debiendo hacerlo.

VIII. Derecho

Fundo el derecho en la CN; ley 744 y sus modificaciones; leyes 2013, 25.323, 25.345 y 25.561; art. 1113 Código Civil, jurisprudencia y doctrina aplicable. Fallos: CSJN «Castillo, Ángel Santo c/ Cerámica Alberdi S.A. s/ inconstitucionalidad art. 46, ley 2557», “Aquino, Ignacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”, “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente – ley 9688”; Fallo STJ RN, «Carpio, Rubén Daniel c/ Provincia de Río Negro”.

IX. Prueba

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 inc. “e” de la ley 1504 ofrezco la siguiente prueba de la que intentaré valerme:

Presuncional

Las presunciones legales a favor de los derechos de mi mandante.

Documental

– Las constancias de autos en todo aquello que sea favorable a mi representado.

– Carta Poder laboral suscripta en una (1) foja por el Sr. ……………

– Informe Médico llevado a cabo por el Dr. ……………. Especialista Médico laboral en 3 (tres) fojas.

– TCL remitido por …………… Construcciones SA de rescisión laboral de fecha 19/6/20

– Copia de Telegrama Correo Argentino por notificación que no llegó a destino, dirigida a …………… Construcciones S.A.

– Copia de constancias médicas de Sanatorio …………… de fechas 4/4/13, 5/4/13, 15/4/13, 24/4/13, 26/4/13, 9/5/13, 15/5/13, 16/5/13, 31/5/13 y 18/6/13 identificados bajo número de legajo 18287 en 6 fojas.

– Copias de certificados médicos emitidos por Sanatorio …………… S.A. en 6 (seis) fojas.

– Original y copia de pedido de Corset Ballenado emitido por Dr. …………… con fecha 15/5/

– Copias de certificados médicos en 20 (veinte) fojas emitidos por profesionales médicos de Sanatorio …………….

– Copia de informe de RMI de columna lumbosacra en 1 (una) foja, suscripta por Dr. ……………. Sanatorio San Carlos. Diagnóstico por imágenes.

– Copia Planilla Denuncia de Accidente de trabajo o enfermedad profesional ante SMG ART de fecha 4/4/20

– Copia Planilla Constancia de Asistencia Médica / Fin de Tratamiento ante SMG ART de fecha 18/6/20…………… a Swiss Medical Group ART con fecha 26/6/20

– Original y Copia de certificados médicos de Consejo Provincial de Salud Pública, Hospital Zonal Bariloche.

– Copia de recibo de sueldo, pertenecientes al actor mes de abril y primera quincena de mayo por 3 (tres) fojas.

Informativa

-Se requerirá al Sanatorio …………… que envíe original o en su defecto copia certificada de la historia clínica del Sr. ……………, titular del DNI Nº ……………, por el accidente sufrido el día 3/4/20

Testimonial y reconocimiento de documentación

 Se cite a reconocer documentación y como testigos a los Dres.

Dra. ……………, MN …………… MP ……………, con domicilio en la calle …………… de la ciudad de Bariloche.

Dr. ……………, Médico Cirujano, MPRN …………… con domicilio en la calle …………… de la ciudad de Bariloche.

Dr. ……………, con domicilio en la calle ……………, de la ciudad de Bariloche.

Testimonial

Sr. ……………, con domicilio real en calle ……………, Bariloche.

Sr. ……………, con domicilio real en ……………, Bariloche.

D) Documental en poder de la demandada:

Solicito intime a la demandada a presentar ante el tribunal en oportunidad de celebrarse la audiencia de vista de causa el expediente correspondiente, la historia clínica del actor y toda documentación relativa a su accidente desde la denuncia y hasta el día de la fecha, bajo los apercibimientos previstos por los arts. 55 LCT, 38 ley 1504 y 388 del CPCC ante el supuesto de falta de presentación de dichos documentos.

E) Pericial médica:

Solicito se designe perito médico de oficio, para que previo realizar los estudios de rigor, informe:

a) Describa que tipo de lesión surge de la historia clínica que se glosará oportunamente a la presente.

b) Realice examen físico del actor.

c) Determine grado de la lesión detectada.

d) Determine si el actor posee alguna incapacidad laboral por el accidente laboral sufrido. Además si es parcial y/o total, permanente y si reviste el carácter de definitiva.

e) Determine si de no haber acaecido el accidente, el Sr. …………… podría hoy realizar sus actividades laborales y habituales sin dificultad.

f) Cualquier otro dato de interés a la causa

– Perito médico de control: Al momento de realizarse la pericia médica en estos autos solicito se cite perito médico de control de esta parte actora, al Dr. …………… con domicilio en calle …………… de esta ciudad de Bariloche

X. Reserva del caso federal

Que, para el improbable caso que no se hiciera lugar al planteo formulado, desde ya hago reserva de Caso Federal (art. 14 de la ley 48), por cuanto se estarían violentando garantías constitucionales, que hacen a los derechos de defensa, debido proceso (art. 18 CN), legalidad (art. 19 CN), derecho de propiedad (art. 17 CN) y la especial protección establecida para el trabajador por nuestra Carta Magna: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes … El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable” (arts. 14 bis y 17 de la CN).

Que estando en juego derechos y principios de raigambre constitucional, tales como el derecho a la propiedad, el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley, etc., dejo desde ya planteado el caso federal, a los fines previstos por el art. 14 de la ley 48.

XI. Petitorio

Por todo lo expuesto de la Excma. Cámara se solicita:

Que me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, con el domicilio legal y electrónico indicado, y denunciado el real de mi mandante;

Que agregue la documentación acompañada, reservando los originales por la Secretaría del Juzgado;

Que tenga presente la prueba ofrecida, para la etapa procesal oportuna;

Tenga por iniciada demanda sumaria, ordenando el traslado por el término y bajo apercibimiento de ley.

Que se intime a la parte demandada a acompañar documental en poder de la contraria, al momento de contestar demanda.

Que se tenga presente la reserva de caso federal formulado y autorizaciones conferidas.

Que tenga por promovida la presente demanda en contra de ……… ART.

Que se corra traslado de la presente demanda al accionado, por el término y bajo los apercibimientos de ley, emplazándolo para que se preste a estar a derecho

Se haga lugar al pedido de eximición de copias de la prueba documental.

Que oportunamente y en definitiva, dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todos sus términos, condenando a la parte accionada a abonar las sumas reclamadas, o lo que en más o en menos surja de la prueba, sus intereses e imposición de costas.

Provea V.E. de conformidad,

SERÁ JUSTICIA

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