Contestación De Demanda II

5. Contestación de demanda

Contesta demanda

Señor Juez:

……………, apoderado de la demandada …………… Compañía de Seguros Generales S.A., con el patrocinio letrado de los Dres. …………… y ……………; constituyendo domicilio en electrónico ……………, en autos: …………… c/ …………… Cía. Arg. de Seguros s/ Accidente de Trabajo (M 4107/13) –Exp. N 25389/14– a V.E. dicen:

I. Personería

Como lo acredito con la copia de poder general que adjunto, soy apoderado de …………… Compañía de Seguros Generales S.A., con domicilio real en la calle ……………, de la ciudad de ……………. En tal carácter y siguiendo expresas instrucciones de mi poderdante, vengo a solicitarle a V.E. se me tenga por presentado por parte y por constituido el domicilio procesal indicado y contestada demanda en tiempo y forma.

II. Objeto

En tal carácter vengo a contestar la demanda iniciada por la actora, solicitando desde ya el rechazo de la misma, con costas a cargo del actor.

III. Negaciones

Conforme el imperativo procesal niego todos los hechos no reconocidos expresamente, comprendiendo en dicha negativa a toda la documental no reconocida en forma precisa. En especial niego:

Niego adeudar suma alguna y menos la de pesos ciento sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis con 62/100 ($ 16156,62) en concepto de indemnización por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva.

Niego por desconocerlo que el actor hubiera comenzado a prestar tareas para la firma …………… Construcciones S.A. el 12/12/201

Niego autenticidad y que reflejen la realidad, los recibos de sueldo del actor que se acompañan como documental.

Niego por desconocerlo que el actor ostentara la Categoría de Oficial Albañil y por lo tanto que le sea aplicable a dicha relación laboral el CCT N° 76/75.

Niego las demás circunstancia de trabajo por no tener mi mandante relación directa con el actor.

Niego por desconocerlo que el Sr. …………… llevara a cabo sus actividades y tareas habituales en la mencionada firma trabajando en jornada diurna en el horario habitual de 9:00 hs. a 18:00 hs. de lunes a viernes y los días sábados de 9:00 a 13:00 hs.

Niego por desconocerlo que el actor hubiera ingresado a prestar tareas para su empleador en plena aptitud física.

Niego por desconocerlo el texto de la CD N° …………… que se acompaña a la presente como documental.

Niego por desconocer el informe médico acompañado del Dr. …………….

Niego por desconocerlo las dolencias referidas por el Dr. …………….

Niego que el actor tuviera o tenga una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 26.37 % (veintiséis con 37/100 por ciento).

Niego deba aplicarse la jurisprudencia de los autos («Puentes, Marta E. c/ La Holando Sud ART s/ Accidente de trabajo», «Pardo, Oscar J. c/ Policía de la Pcia. de Río Negro s/ Accidente de trabajo», y «Ortiz Contreras, Alberto G. c/ La Caja ART S.A. s/ Sumario»), para la determinación de las prestaciones del actor.

Niego que el art. 12 de la LRT resulte inconstitucional a los fines de practicar cálculos.

Niego que sea aplicable a estos autos «Montes, Stella Maris c/Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ Sumario (M 308/08)», Expte. N° 20612/08. «Murúa, César A. c/ La Segunda ART S.A. s/ Accidente de trabajo» Expte. N° 23090/11″.

Niego la inclusión de rubros «no remunerativos» y de horas extras normales y habituales.

IV. Los hechos

En un todo de acuerdo con la ley mi mandante cumplió con lo regulado con la norma vigente. Hasta llegar al punto en que se debía pagar la incapacidad.

Para lo cual se practicó liquidación, se confeccionó el cheque sobre Banco Patagonia Serie A N° …………… por la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento treinta y siete con cincuenta y siete ctvs. ($ 137,57) y se intimó a la actora a cobrar mediante Carta Documento OCA RAB…………….

La actora sin razón plausible rechazó el cobro de dicho importe, suscribiendo el recibo …………… de fecha 16 de enero del 2014, poniendo de su puño y letra «desconforme».

Por todo lo expuesto solicito se exima a mi mandante a sufragar las costas.

V. Inconstitucionalidad de la ley 2557

El actor plantea la Inconstitucionalidad los artículos: 1, apartados 1 y 2, 6, apartados 1 y 2 (y sus modificaciones según decreto 1278/00 en su art. 20); 8; 9; 11 a 19; 20, apartado 2; 39, apartado 1; 44; ad). Arts. 21; 22 y 8 apartado 3, 21 y 22 de la ley 2557 y el trámite previsto por el decreto 717/96.

Se rechazan en todos sus términos y extensión los planteos realizados por el actor en contra de la Ley de Riesgo de Trabajo. Debe advertir V.E. que ninguno de estos planteos deben tener acogida en autos, por los motivos que a continuación se detallan.

Tal como es de conocimiento de esta Cámara Laboral, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Suprema en autos «Banco Europeo para América Latina c/ Cura Hnos.», 8/IX/83, «Fallos», 30-1304″, queda en claro que el análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y sólo es practicable, en consecuencia, como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, entendiéndose que por la gravedad de tales exámenes debe estimárselos como la última ratio del orden jurídico, de tal manera que no debe recurrirse a ellos sino cuando una estricta necesidad lo requiera.

Es decir que sólo correspondería arribar a dicha calificación una vez establecida la contravención de los preceptos de la Constitución Nacional a través de un sólido desarrollo argumental, sostenido al caso concreto y con acreditación de los daños causados por la norma, situación que no se ha dado en autos. La cuestión que pretende introducir el actor en esta instancia obliga a tener presente que el análisis de la razonabilidad de las leyes en punto a su vigor constitucional, no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de los conjeturales resultados posibles de su aplicación, lo que importaría valorarlas en mérito a factores extraños a sus normas (cfr. «Feito García de Cerreira, María c/ Muñoz Alberto», 18/X/77, «Fallos», -45). La atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales sólo debe ejercerse cuando se encuentre debidamente cuestionado el reconocimiento de algún derecho concreto a cuya efectividad obstaren las normas cuya validez se impugna, supuesto que en el caso no se verifica.

Es evidente que la pretensión del actor podría llevar a que el Poder Judicial invada directamente facultades propias del legislador y, analice la conveniencia o no del sistema reparatorio de los accidentes de trabajo y de sus procedimientos, que tiende a «asegurar la indemnidad del trabajador».

Es notorio que la actora pretende distorsionar el ordenamiento legal, y su intención supone directamente una revisión de las pautas legales por el Poder Judicial, lo que no ha sido admitido por la Corte Suprema.

Desde antiguo el Alto Tribunal ha reconocido al poder político la facultad de regular el ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución a fin de preservar otros bienes también ponderados por ella, atribución que constituye la esencia de las potestades propias del Poder Legislativo («Fallos» 31:274; 142:62; 171:79; 172:21; 199:483; 300:700, entre otros).

Es decir que, conforme doctrina de la CSJN, los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y en tanto no se los altere sustancialmente, están sujetos a leyes que reglamentan su ejercicio («Fallos» 199:149; 200:450; 249:252; 263:98; caso «Ercoli», etc.).

No debe olvidarse, como dije precedentemente, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (v. Fallos: 324:3345, 4404; 325:645, etc.), y procedente en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma aquella contraría la Norma Fundamental, causándole un gravamen; y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (Fallos: 321:220; 324: 3345; 325:645, etc.).

Las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional «cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad» (Fallos: 299:428, 430, considerando 5 y sus numerosas citas). Situación que no se ha dado en el caso de autos, donde la actora se ha limitado a enumerar los artículos que pretende se declaren inconstitucionales, sin argumentación alguna.

A los jueces sólo les incumbe controlar el uso de tales poderes a fin de evitar que ellos deriven en soluciones manifiestamente inocuas o irrazonables, ya que «no es resorte del Poder Judicial decidir del acierto de los otros poderes públicos para conjugar una situación crítica» («Fallos» 136:161).

Los derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución Nacional están sujetos a las pertinentes leyes reglamentarias y éstas deben ser consideradas razonables en tanto no impliquen manifiesta inequidad y conduzcan a salvaguardar valores jurídicos preeminentes.

La actora no sustenta el reclamo de inconstitucionalidad de modo válido y razonado, efectuando un análisis incompleto y limitado del régimen legal que cuestiona, que no permite sustentar, una decisión de la gravedad institucional como la requerida, todo lo cual torna manifiestamente inoficiosa su presentación en tal sentido.

Tales argumentos son dogmáticos, y no tienen entidad suficiente para hacer caer la validez de los artículos cuestionados de las leyes 26.773 y 2557.

Vale resaltar que las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan. Lo cierto es que las normas cuestionadas, refieren a un sistema general, que va más allá de la situación particular del empleado, y apunta a la igualdad del grupo en la misma situación, con prestaciones específicas que allí se establecen para quienes están comprendidos por tales normativas, propios de un sistema transaccional integral y completo, de acuerdo a parámetros razonables.

Las LCT, LRT, decreto 169/09, leyes 2551; 23,928; 25561; 2557 y 26.773 fueron dictadas en un marco de coherente razonabilidad, permitiendo la creación de un sistema que proporciona una reparación integral y dinámica a los comprendidos en el mismo. No nos encontramos ante un caso de irrazonable desigualdad, sino ante una legislación que ha permitido a todo un grupo de individuos (los trabajadores en relación de dependencia) el acceso a prestaciones inmediatas que, en dinero y en especie, van a resarcir de manera integral el daño laboral que hubieran sufrido.

Debo destacar nuevamente que la coherencia misma del sistema radica en su hermeticidad que posibilita el cumplimiento económico de sus fines. No es menor el hecho de que nuestra mandante pueda cumplir económicamente con las obligaciones a su cargo conforme lo establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo.

La Ley de Riesgos de Trabajo ha creado un sistema autónomo de responsabilidad, con particulares y especiales características, que apunta a reparar daños que sufran los trabajadores con medios e instrumentos adecuados para esa realidad, la reparación que se establece en la ley se apoya en un sistema específico.

Por todas las razones expuestas, fundamentos y Jurisprudencia se solicita el rechazo con costas de todos y cada uno de los pedidos de Inconstitucionalidad.

VI. Liquidación. Remuneración del actor base para el cálculo indemnizatorio.

Niego que la fórmula pretendida por el actor sea correcta, todo en razón de lo expuesto ut supra.

Niego que la suma a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización sea la suma de Pesos ocho mil trescientos treinta con 16/100 ($ 8.330,16).

Niego que la liquidación practicada sea correcta y ajustada a derecho.

Niego que los ítems sean los que corresponden, en un todo de acuerdo a la LRT.

VII. Prueba de la actora

Me opongo a la prueba ofrecida por la actora en el punto VII. D de su prueba en razón de no contar mi mandante …………… S.A. como es lógico con la historia Clínica de ……………. y menos que se le pueda aplicar los art. 55 LCT y 38 ley 1504 y 388 del CPCC.

Como bien refiere el actor la misma se encuentra en el Sanatorio …………… y Hospital Privado Regional.

VIII. Prueba de la demandada

1) Documental

Se ofrece la siguiente prueba documental.

a) Cheque sobre Banco …………… N° …………… por la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento treinta y siete con cincuenta y siete ctvs. ($ 137,57)

b) Carta Documento ……………. destinatario …………….

c) Recibo N° …………… de fecha 16 de enero del 2014, suscripto por el actor poniendo de su puño y letra «desconforme».

2) Informativa

1) Se libre oficio a Sanatorio …………… de la ciudad de Bariloche a fin de que envíe original o ……………, por el accidente sufrido el día 28/5/20

2) Se libre oficio a Hospital Privado Regional de la ciudad de Bariloche a fin de que envíe original o en su defecto copia certificada de la historia clínica del Sr. ……………, titular del DNI N° ……………, por el accidente sufrido el día 28/5/20

3) Pericial médica:

1) Solicito se designe perito médico de oficio, para que previo realizar los estudios de rigor, informe a V.E.:

Describa que tipo de lesión surge de la historia clínica que se glosara oportunamente a la presente causa una vez remitida por la entidad Hospitalaria.

Realice examen físico del actor.

Determine grado de la lesión detectada.

Determine si el actor posee alguna incapacidad laboral por el accidente laboral de fecha 28/5/2012 y la lesión en el hombro derecho. Además si es parcial y/o total, permanente y si reviste el carácter de definitiva.

Determine si de no haber acaecido el accidente, el Sr. …………… podría hoy realizar sus actividades laborales y habituales sin dificultad.

Cualquier otro dato de interés a la causa – Reservo derecho de ampliar

2) Se designe perito médico de parte: Al momento de realizarse la pericia médica en estos autos solicito se autorice a la demandada a estar presente en dicho acto Pericial, con un profesional Médico de su confianza.

IX. Petitorio

Por todo lo expuesto de la Excma. Cámara se solicita:

Que me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, con el domicilio legal y electrónico indicado, y denunciado el real de mi mandante;

Se agregue la documentación acompañada, reservando los originales por la Secretaría del Tribunal.

Que tenga presente la prueba ofrecida, para la etapa procesal oportuna;

Oportunamente se dicte sentencia rechazando la acción con imposición de costas, al actor.

Provea de conformidad,

SERÁ JUSTICIA

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