Modelo Por El Cúmulo. Demanda Civil Post Cdo Se Considera Irrisorio Percibido Por Prestaciones Ley 26.773

 [Véanse los comentarios, esquemas y notas al presente modelo en la versión papel]

1 Demanda por el cúmulo

Modelo por “el cúmulo”. Demanda civil posterior cuando se considera irrisorio lo percibido por las prestaciones dinerarias de la ley 26.77Inconstitucionalidad de la acción excluyente (art. 4, ley 26.773) y de los topes indemnizatorios: arts. 3, 8, 9 y 17, inc. 6.

Señor Juez:

………, por su propio derecho, con domicilio real que se denuncia en ……… de esta ciudad, con el patrocinio jurídico del doctor ………, Tomo …, Folio … [Demás datos requeridos según ordenamientos locales], constituyendo domicilio procesal en ………, con domicilio digital que se constituye ………,  V.S. me presento y como mejor procede en derecho respetuosamente expongo:

I. Objeto

Que vengo en tiempo y forma, a demandar a ……… ART, sito en ……… de esta ciudad por cobro de pesos por la suma de $ ……, o lo que en más o menos surja de la liquidación a practicar con motivo de la sentencia, en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidentes de trabajo.

La suma pretendida o la que en más o en menos V.S. determine según las probanzas de autos y/o a su elevado criterio considere tendrá como fundamento las consideraciones de hechos y de derecho de la presente.

Las pretensiones reparadoras tienen como asidero legal el art. 1113, 2ª parte del Código Civil de Vélez Sarsfield.

La presente estimación se formula a los efectos del penúltimo párrafo del art. 330 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación (CPCCN) dado que las circunstancias del caso hacen depender la cantidad definitiva de elementos todavía pendientes de fijación.

Por consiguiente, la tasa de justicia se abona de acuerdo a lo prescripto en los arts. 5 y 6 de la ley 23.898.

También solicito se declare inconstitucional el art. 4 de la ley 26.773, última reforma de la ley 2557 (ley básica de riesgos del trabajo).

Así también, solicito se declare la inconstitucionalidad de los arts. 3, 8, 9, 17, inc. e de la ley 26.773, por determinar un tope indemnizatorio que no permite reparar integralmente los infortunios de trabajo.

II. Inconstitucionalidad del art. 4, ley 26.773

a) Planteo

Uno de los principales cambios que introdujo la ley 26.773 a la legislación es que establece lo que se conoce como opción excluyente u opción con renuncia, según la cual el trabajador damnificado o sus familiares, deberán elegir entre cobrar la indemnización de la ART o reclamar una reparación mayor en un juicio civil.

En este caso, los empleadores quedan eximidos de toda responsabilidad civil, en virtud de la elección con renuncia por parte de los damnificados.

La ley 26.773 deroga de este modo la llamada “doble vía”, o sea, la posibilidad de cobrar la indemnización tarifada de la ART y, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la justicia laboral.

Bien ha dicho el distinguido Camarista Héctor Guisado:

Acumulación de indemnizaciones. Otra cuestión conexa con la anterior y que también se vincula con la apertura a la vía civil, es si la percepción de las indemnizaciones de la ley de Riesgos (o el haber intentado la vía procesal prevista en esa ley) inhibe al trabajador de demandar la indemnización plena, o por lo menos reclamar la parte no satisfecha de daño contra el empleador. Si bien la jurisprudencia mayoritaria, dentro de la cual se enrola la Sala IV de la CNAT que integro, se inclinaba por desestimar este tipo de defensas patronales, algunos tribunales se hacían eco de ellas y sostenían la imposibilidad de reclamar civilmente, cuando ya se había seguido la vía de la ley de Riesgos, con apoyo en la teoría de los actos propios. La CSJN en dos pronunciamientos bastante recientes fallados en junio de 2007 (“Llosco c/Irmi” y “Cachambí c/Ingenio Río Grande”) descalificó sendos fallos del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que aplicaban esas teoría para desestimar reclamos de daños y perjuicios fundados en la ley civil. Hay matices distintos en los votos de ambos fallos y aun dentro de cada uno de ellos, en los fundamentos de los jueces que integran la mayoría. Pero destaco, por ser el más contundente y más claro, el voto conjunto de los jueces Fayt, Petrachi y Zaffaroni en la causa “Llosco”, quienes sostuvieron que el hecho de que el trabajador cobre la indemnización tarifada por parte de la ART no le impide reclamar del empleador la diferencia que la víctima considera insatisfecha, con apoyo en la ley civil.

Fíjense que en toda esta línea de fallos la Corte admite la posibilidad de acumular resarcimientos, no en el sentido de que el trabajador cobre el total de la reparación plena al empleador más la indemnización tarifada de la ART, sino en el sentido de que el trabajador pueda reclamar de la ART lo que prevé la misma ley y paralelamente (o sucesivamente) requerir del empleador la diferencia no satisfecha, esta vez por la vía del derecho civil. (Guisado, Héctor, La ley de riesgos del trabajo a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, extraído de Internet).

b) Inadmisibles restricciones de acceso a la justicia

La ley 26.773 coacciona al trabajador a elegir, en un plazo perentorio, el ofrecimiento que pudiera hacerle la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), a la par que lo desanima a reclamar una reparación plena a través de la vía judicial.

Su texto, en el artículo 4, expresamente dispone: “Los obligados por la ley 2557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro. Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso”.

Se propone un sistema supuestamente rápido de automaticidad de las prestaciones sin litigio judicial, y la generalización del financiamiento que, estando a cargo de los empleadores, se canalizaría a través de compañías privadas de seguro –ART–.

Quienes apoyan modificaciones como las que formula la inconstitucional ley 26.773, ensayan pretextos para justificarla fundados en la protección de la empresa; desplazando el foco de interés del derecho laboral, cual es el trabajador y la necesidad de reparar los daños causados sobre bases solidarias e igualitarias y apoyadas en la seguridad jurídica. De esta manera, se pretende disminuir la responsabilidad frente al daño, desprotegiendo al trabajador e impidiendo que, tan siquiera, consulte a un abogado de su confianza.

Es así que se lo obliga a ajustarse a un procedimiento administrativo, que implica un sistema de reparación del cual el empleador nunca está completamente ajeno. No puede ser extraño al alto criterio de S.S. que es la empresa quien elige la ART, y que entre ambas se genera una relación contractual completamente ajena al trabajador. La falta de imparcialidad y garantías mínimas de objetividad son indudables, y sólo un proceso judicial, con el asesoramiento letrado correspondiente legaliza, garantiza y asegura la legítima oportunidad de reparación plena.

La actual reforma no sólo ha ignorado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la obligación de recurrir a las Comisiones Médicas es inconstitucional y pueden ser evitadas por el trabajador –fallo “Obregón”, del 17 de abril de 2012– sin que, además, crea un procedimiento que torna obligatorio para la víctima recurrir a estas Comisiones Médicas a fin que la ART notifique al interesado los importes que le correspondería percibir, como paso previo e ineludible al inicio de la acción judicial.

La jurisprudencia ha descalificado a la Comisiones Médicas, alegando que son organismos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales. Carecen de imparcialidad, independencia de criterio y legitimidad en atención a que el financiamiento de éstas es realizado por la propia ART. Además, colocan a médicos para decidir qué es lo que le corresponde a la víctima, cuando deberían limitarse a establecer el grado de incapacidad o determinar la enfermedad laboral, absteniéndose de expedirse en ningún otro rubro que no sea de su exclusiva incumbencia.

“No hay la menor duda de que la garantía constitucional del derecho a la defensa en juicio de la persona y de sus derechos (art. 18, CN) implica, entre otras cosas, el derecho a tener juzgadores idóneos y calificados. Obligar a la víctima de un infortunio laboral a dilucidar sus discrepancias jurídicas con la ART, ante un médico, importa una clara denegación de justicia”. (Aspectos Salientes de la Reforma a la ley de Riesgos de Trabajo, Ramírez, Luis, LL, 5/11/12012).

Julio A. Grisolía afirma que no es siquiera razonable “…que la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, es decir, el nexo causal entre el daño y las tareas, quede en manos de médicos, cuando se trata de una actividad de indagación, prueba y raciocinio estrictamente vinculada al saber de la ciencia del derecho…” (D.T., 20-B-1371).

La indudable desigualdad que existe entre el trabajador y los enormes intereses económicos en juego, ponen, sin duda alguna, un manto de sospecha al accionar de estas Comisiones Médicas, generando la suficiente incertidumbre respecto de su ecuanimidad y equilibrio, descalificándolas como realmente autónomas. Todo ello, el trabajador debe transitarlo privado de asistencia letrada, que conlleva despojarlo de consejo jurídico, asumiendo erróneamente que éste debe saber contar los plazos, interpretar los dictámenes, pedir aclaraciones o formular sus quejas.

La situación planteada por la nueva ley se agrava al advertirse que luego de ejercida la opción, tampoco está autorizada la revisión judicial amplia posterior. Claro retroceso que supone una afectación al principio de división de poderes y un insostenible desconocimiento del principio de exclusividad de la función jurisdiccional, a cargo del Poder Judicial.

El acceso a la justicia queda entonces limitado a aquellos supuestos en los que el trabajador pueda asumir los tiempos que demanda un proceso civil, los gastos judiciales y las costas profesionales. De admitirse este sistema, se estaría reconociendo virtualidad a un modelo de reparación que intenta erguirse a la sombra de un derecho constitucional ampliamente reconocido, cual es la posibilidad de acceso directo a un juez competente, independiente e imparcial; y de obtener una sentencia efectiva que involucre la reparación plena del daño.

La existencia de un trámite administrativo sólo se justifica como una opción voluntaria del trabajador, y siempre garantizando la posibilidad de la revisión judicial amplia.

Cabe señalar que la pretensión de inmediatez y rapidez que intenta justificar la existencia de instancias administrativas prácticamente inevitables, es ficticia, ya que el funcionamiento actual de las Comisiones Médicas permite aseverar que sus tiempos no son tan breves como se los promocionan. Los obligados al pago de la reparación cuentan, conforme lo establece el artículo 4 de la ley 26.773, con 15 días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, para notificar los importes que les correspondería percibir a los damnificados o derechohabientes. Redunda prevenir que no existe límite temporal que indique cuál es el plazo para determinar dicha incapacidad.

c) Arbitraria eliminación de la doble vía. Abuso del estado de necesidad de la victima

El artículo 4º de la ley 26.773 reinstala la opción excluyente, similar a la diseñada en el año 1915 por la ley 9688, aunque aún más restrictiva, reeditando una discusión superada, y olvidando que lo que se halla aquí en juego es, otra vez, la suerte de los trabajadores enfermos o accidentados y sus derechohabientes.

La mayor restricción viene configurada por la circunstancia que, hasta la entrada en vigencia de la Ley de Riesgos de Trabajo, las leyes de accidentes de trabajo Nº 9688 y 2028 le reconocían al trabajador el derecho de optar entre iniciar una acción judicial fundada en el Código Civil, y la acción especial prevista en las mencionadas leyes. La opción de un sistema suponía la renuncia al otro.

Posteriormente, la ley 2557 abandona aquel régimen e impone la intervención de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, haciendo legalmente obligatorio el aseguramiento empresarial. Este absurdo sistema privó a los damnificados por infortunios laborales del derecho a reclamar la reparación integral y plena del daño contra el empleador con base en el derecho civil. Así el artículo 1 dispuso que ante una contingencia cubierta por la ley, la víctima no tendría más derecho que las prestaciones del sistema, eximiendo de responsabilidad civil por culpa o dolo común al empleador, salvo el supuesto de dolo delictual del artículo 1072 del Código Civil.

La restricción que se plasmó en el artículo 1 de la Ley de Riesgos de Trabajo mereció la declaración de inconstitucionalidad de la norma por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los fallos “Aquino” del 21/9/04, Fallos: 327:3753, “Díaz” del 7/3/06, Fallos: 329:473, “Vallejos” del 12/06/07 y “Llosco”, 12/6/2007 (Fallos: 330:2696) los ministros de la Corte se pronunciaron a favor de admitir que el beneficiario de un sistema perciba la reparación que se le otorga y, en caso de habérsele negado lo que pretende y le corresponde, reclame ante la justicia la diferencia, es decir, que se admitió el derecho de acumular las prestaciones.

Es decir que, a su tiempo, el Poder Judicial fue poniendo las cosas en su lugar, subordinando el régimen de la ley 2557 y sus reglamentos a la Constitución Nacional y, a través de los mencionados fallos, dejó claro que el régimen constitucional garantiza a todo habitante que sufra un daño injustamente provocado, el derecho a peticionar la reparación justa y plena al autor, sin que ninguna norma justifique la exclusión mutua de los sistemas.

De los considerandos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Aquino” surgen claramente los fundamentos que llevaron a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 2557, los cuales son plenamente aplicables al régimen impuesto por la nueva ley 26.77Así, se ha sostenido que:

“…A la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional y, de consiguiente, por esta Corte, que no deben cubrirse sólo en apariencia (Fallos: 299:125, 126, considerando 1° y sus citas, entre muchos otros). …En efecto, es manifiesto que el art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio: «El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes», y al precisar que éstas «asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor», la reforma constitucional de 1957 se erige en una suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden constitucional, por haber enriquecido el bagaje humanista del texto de 18-1860 con los renovadores impulsos del constitucionalismo social desplegados, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX.…”.

El nuevo modelo que se intenta imponer a través de la ley 26.773, es un retroceso difícil de comprender e imposible de aceptar, que afecta el principio de progresividad, a tenor del cual la legislación laboral debe ir superándose en capas de protección, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió como rector del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Colocar al trabajador en la disyuntiva de renunciar a las prestaciones que ofrece la ART, para poder reclamar judicialmente una reparación plena al daño, es política e ideológicamente reprochable; además de alejado de la justicia social que debería imprimir toda la legislación laboral.

Establece el párrafo segundo mencionado artículo: “…Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad…”

El ordenamiento supone que el cobro de sumas de dinero a través de la ART o la iniciación de una acción judicial implica que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso. Es decir que al trabajador afectado física y psíquicamente por una enfermedad o incapacidad laboral, se lo obliga a tomar una decisión que, de ser incorrecta, genera gravísimas consecuencias. Todo ello, sin patrocinio ni asistencia de un abogado, por lo que su libertad, capacidad y discernimiento al momento de optar están necesariamente disminuidos, y existe el riesgo real y cierto que los actos jurídicos celebrados en tales circunstancias estén viciados de nulidad.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en varias oportunidades, señalando que el sometimiento al régimen de la Ley de Riesgos de Trabajo, o la percepción de indemnizaciones previstas en ese sistema, no constituyen un impedimento para el posterior planteo de inconstitucionalidad. Así se sostuvo en los precedentes “Llosco”, 12/6/2007 (Fallos 330:2696); “Cachambi, 12/6/2007 (Fallos: 330:2685); “Sotelo”, 13/10/2009 (Fallos 332:2306).

Además, se pretende que las acciones judiciales sólo puedan iniciarse una vez notificado fehacientemente por los órganos administrativos del sistema de los importes que le corresponde percibir por las indemnizaciones tarifadas de la ley. De esta forma, se impone una limitación temporal para promover el juicio civil, impedimento que no existe en la actualidad, y que constituye una restricción arbitraria de la libertad y del derecho al acceso a la justicia. Esta restricción es particularmente grave si se tiene en cuenta que, en la normalidad de los casos de accidentes o enfermedades laborales, la víctima se encuentra en un más que probable estado de necesidad, por lo que se verá compelida a aceptar el ofrecimiento, aun cuando éste no alcance los requerimientos mínimos para cubrir el daño.

Esta arbitrariedad se intensifica atento que el proceso administrativo que se pretende imponer al trabajador es confuso y dificultoso para quien no está familiarizado con reclamos, formularios, quejas y/o informes, y que, además, está sufriendo la pérdida de un familiar, o las consecuencias de un accidente o enfermedad laboral. Todo ello privado de la asistencia, consejo y contención del profesional abogado.

Y en el supuesto de encontrarse en la necesidad de hacer frente a gastos, que lo obliguen a tomar decisiones apresuradas y a aceptar el ofrecimiento de la ART, quedaría automáticamente apartado del derecho de acceso a la justicia, no ya de la propia justicia laboral, sino de cualquier revisión judicial posterior; derecho que es operativo y natural derivación del de defensa en juicio, y que encierra una potestad que se desarrolla en varios y sucesivos momentos: derecho de acceder al órgano judicial; de deducir pretensiones; de producir pruebas; de obtener un pronunciamiento justo y de ejecutarlo; y de recurrir a las instancias superiores para obtener una revisión de lo decidido.

Se abusa del estado de necesidad de la víctima forzándola a percibir rápidamente y sin cabal conocimiento de que si acepta está posiblemente renunciando a un resarcimiento mayor, si es que existen plus perjuicios no contemplados en la tarifa, y se acreditan los presupuestos de la responsabilidad civil y laboral.

Esta opción excluyente con renuncia es la consagración de una reforma integral en materia de reparación laboral que implica el allanamiento incondicional de las eternas víctimas del sistema, que son los propios trabajadores, a las decisiones de las ART. Fueron los abogados quienes impidieron, a través de la acción judicial ante el único fuero competente –laboral– que las restricciones pergeñadas en el pasado pudieran efectivizarse. Ahora se vuelve a fojas cero, y se renueva el atropello y abuso, con una novedad: intentar dejar al margen a los abogados, únicos garantes del efectivo acceso a la justicia y protección de los derechos y garantías de la parte débil de la relación empleado/empleador.

Quien ha sufrido un daño es privado de lo suyo. Ya sea en sus bienes patrimoniales o extrapatrimoniales, el causante que lo ha privado de lo que estaba bajo su dominio, está obligado a indemnizarlo en forma íntegra. Pagar a medias, indemnizar parte y no todo el perjuicio, en los términos de causalidad del artículo 906 del Código Civil, no es un resarcimiento justo.

De allí deriva la inconstitucionalidad del sistema de reparación que se intenta imponer a partir de la ley 26.77La indemnización real y legítimamente reparadora es la que permite, en lo posible, volver a la situación anterior, recomponiendo no sólo el menoscabo a la actividad productiva, sino también el daño moral; ya que deviene procedente, y así lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia que, quien padeció un daño o enfermedad laboral, reclame también por los inconvenientes, molestias, temores y por las derivaciones futuras que pudo haber tenido, trastornos éstos que afectan la personalidad y la vida de relación, y que deben ser reparados.

El sistema de opción excluyente con renuncia ya ha sido rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los fallos «Aquino» del 21/9/04, Fallos: 327:3753 y «Llosco» del 14/6/2007, Fallos: 303:2696. La obligación de elegir entre la acción judicial y el ofrecimiento administrativo es expresamente contraria a la doctrina expuesta por la Corte, en el sentido de que todos los habitantes sometidos a un daño injustamente sufrido, incluido los trabajadores, tienen derecho a una indemnización integral que, para que sea justa, debe cubrir todos los perjuicios, no pudiendo quedar ningún rubro del daño sin su adecuada reparación.

El mensaje de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia los legisladores fue claro, conforme surge del considerando 9° del voto de los Dres. Petracchi y Zaffaroni, quienes señalaron: «… que, si se trata de establecer reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, y evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva, implican ‘alterar’ los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28). Aquino» del 21/9/04, Fallos 327:3753.

Es legítimo aspirar a que nuestra jurisprudencia mantenga los principios plasmados en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y decrete la inmediata inaplicabilidad y posterior inconstitucionalidad de los artículos impugnados en la presente acción contenidos en la ley 26.773, y muy especialmente el art. 4 de esta norma, porque el carácter excluyente de la opción “recobrado” por la ley 26.773, de 2012, violenta la Constitución Nacional, los Tratados de los que se ha hecho mérito, al menos, en orden a los principios constitucionales y convencionales de progresividad –en sus dos vertientes: unidireccional y dinámica– y de opción preferencial o de justicia social, entrañando, a la par, el incumplimiento de las obligaciones estatales, nacionales e internacionales, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, e irrogando responsabilidad internacional del Estado.

III. Competencia

Que V.S. es competente para entender en este caso en razón del territorio, de la materia y de la naturaleza del asunto. 

[Variante. La competencia de V.E. para entender en este asunto surge de la naturaleza de la acción fundada en una relación de dependencia laboral, y el domicilio real de la parte actora coincidente con el lugar de desempeño de funciones de mi mandante].

IV. Cumplimiento de la mediación previa

Como lo acredito con el certificado del mediador, debidamente legalizado, se ha concluido la mediación previa, con todos los requeridos, por la razón de no haberse llegado a un acuerdo.

V) Los hechos

a) El accidente de trabajo

En fecha …/…/…, el actor ingresó a trabajar en relación de dependencia para la empresa demandada, estando en perfectas condiciones de salud y sin que presente ninguna merma o afección en su integridad psicofísica, tal como se prueba con el examen preocupacional anexo a la presente, desempeñándose en la planta ……… que la misma posee en ……… de ………, provincia de ………, cumpliendo una jornada de nueve horas, de lunes a viernes, trabajando incluso algunos sábados y percibiendo quincenalmente la remuneraciones que constan en los recibos de sueldo que se adjuntan a la presente demanda.

Que durante la vigencia del contrato de trabajo, el señor ……… cumplió satisfactoriamente las prestaciones a su cargo, abonándosele en la mayor parte de las quincenas los plus por asistencia perfecta y productividad.

b) Lesiones padecidas

El …/…/…, el actor, mientras realizaba sus tareas encomendadas y habituales como peón de limpieza, en la empresa de la demandada, sufrió un gravísimo accidente de trabajo ocasionado por el brazo de metal de una máquina perforadora de metales. Tal accidente, producido en ocasión del trabajo, sucedió en el instante preciso en que el actor retiraba la viruta acumulada debajo de la máquina causante del infortunio, la que a su vez fue puesta en funcionamiento por un compañero de tareas del actor.

Como consecuencia del impacto del brazo de metal (de la máquina en mención) en el maxilar derecho del actor, éste sufre un desvanecimiento y cortes múltiples en la cara; además, el elemento metálico penetra en la cavidad bucal destrozándole el maxilar derecho y varias piezas dentales. Es menester señalar, además, que el accidente sufrido le ha provocado al actor una secuela que le dificulta la masticación, le impide la articulación normal de la palabra, le produjo la pérdida de la visión del ojo derecho y una serie de visibles cicatrices en el rostro. Tales incapacidades no solamente le impedirán realizar correctamente sus tareas habituales, sino que también se verá impedido de realizar tareas extras, como… En la actualidad, las secuelas del accidente le provocan desánimo y un estado de depresión crónico y, por supuesto, un daño moral irreversible.

La irreversibilidad del daño sufrido lleva a la impetración de esta demanda a fin de reclamar las indemnizaciones correspondientes.

c) Responsabilidad del empleador

De acuerdo con los hechos reseñados, por la presente demanda reclamo la reparación integral del daño sufrido como consecuencia del accidente.

La reparación integral que reclamo está amparada por el art. 19 de la CN. Al respecto tiene dicho la jurisprudencia:

Por su parte, el Alto Tribunal de la Nación tiene dicho que “la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de la CN, que prohíbe a los ‘hombres’ perjudicar los derechos de un tercero… El principio alterum non laedere, entrañablemente vinculado con la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y la responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica’ (CSJN, Fallos: 308:1118).

En suma, por lo expresado, se ha verificado la existencia del daño, la configuración de los presupuestos de responsabilidad del empleador demandado, así como la insuficiencia reparatoria de la prestación dineraria que el sistema de la ley especial otorga al trabajador dañado en el caso concreto.

d) Incapacidad actual y suma reclamada

En la actualidad la víctima padece una incapacidad que se estima en el …% de la total, la que es permanente e irreversible, requiriendo tratamientos posteriores.

Se acompaña resúmenes de Historia Clínica y documentación médica al respecto. Estoy, asimismo, en tratamiento psicológico y terapia para superar las consecuencias del evento, tratamientos que deben continuar por más de tres años, sin perjuicio de que ellos no han de restablecer mi capacidad psíquica, como no se ha recuperado la física.

En cuanto al salario que percibía, antes del accidente, se estima en la suma de $ ……. A esos efectos se adjuntan los últimos doce recibos de sueldo como Oficial Albañil que establecen remuneraciones de $ …… por mes, debiendo oficiarse a la empresa……… para corroborar la autenticidad de los recibos. A ello debe adunarse la suma de $ …… que ganaba los fines de semana trabajando en la construcción de casas particulares, para lo que se acompañan recibos y facturas.

Por tanto se reclama la suma de pesos ……… según pautas y montos que surgen de la liquidación que se practica en el punto siguiente. Debe hacerse lugar a la demanda, en todas sus partes, con intereses a la tasa activa y actualización por depreciación monetaria y las costas del juicio.

VI. análisis de los rubros a indemnizar

a) Incapacidad física

Como lo planteamos en los Hechos, la actora ingresó a prestar sus tareas en su plenitud física; así lo prueba el examen preocupacional que anexamos a la presente.

Como consecuencia del infortunio laboral acontecido, ha sufrido las siguientes secuelas incapacitantes [enumerarlas], lo que le provoca una incapacidad física mayor al …% de la total obrera, por lo que reclamamos el rubro de incapacidad física. Al respecto, por analogía deberá tenerse en cuenta la siguiente jurisprudencia:

“Cuando el ambiente de trabajo es susceptible de producir daños en la salud del trabador ocasionando una efectiva incapacidad, ese ambiente (ruidoso como en el caso de marras) debe ser considerado como el riesgo o vicio de la cosa al que se refiere el art. 1113 del Cód. Civil. (En este sentido, CNTrab., Sala II, 24/10/80, TSS, 1980-863; Sala II, 29/3/77, “Domínguez, Miguel c/Ford Motors Argentina S.A.”, DT, -331 y esta Sala, S.D. 8104, en autos “Chiaffitelli, Juan Vicente c/E.F.A. Empresa Ferrocarriles Argentinos s/accidente – acción civil”, 24/5/00). El ambiente sonoro que causa algún perjuicio en el organismo de un determinado obrero configura la cosa riesgosa, encuadrable en el art. 1113 del Cód. Civil, segundo párrafo, sin importar si se han transgredido o no normas de seguridad industrial. La cosa a que hace referencia dicho artículo tiene un sentido amplio y no se limita a la definición del art. 2311 del mismo cuerpo legal: es toda explotación empresaria y el riesgo que crea la empresa con dicha explotación (T. Trab. N ° 1, La Matanza, 27/4/77, “Céliz, José c/Monofort S.A.I.C., DT, -838)”.

“Por todo lo expuesto y encontrándose debidamente acreditada la relación directa entre la incapacidad y el nivel sonoro del ambiente laboral en que el actor desarrollaba sus tareas, de acuerdo con la responsabilidad objetiva consagrada en el art. 1113 del Cód. Civil, segunda parte in fine, opino que la demandada es responsable por la disminución auditiva que padece el Sr. ……… dado que no se ha acreditado extremo alguno que la exima total o parcialmente de la responsabilidad, esto es, culpa de la víctima o de un tercero por el cual no deba responder” (CNTrab., Sala X, 5/6/07, “Bustamante, Juan Miguel c/Eternit Argentina S.A. s/accidente – acción civil”, S. 264, expte. n° 894/03).

“Sobre la queja respecto del porcentaje de incapacidad reconocido y el monto de condena, el Tribunal utiliza de ordinario y como primera orientación el método denominado en doctrina ‘cálculo de un capital amortizable durante el resto de vida útil’, que tiende a la determinación de un importe que, colocado a un interés puro, reditúe una suma que compense la pérdida teórica de la capacidad de ganancia resultante de la incapacidad sobreviniente al siniestro y que se agota al finalizar la vida útil de la víctima. Esta pauta, confrontada con la situación específica del accidentado: su edad, nivel de ingresos y grado de incapacidad, conduce a la confirmación del importe fijado en grado, incluso a la confirmación del daño moral, ya que el supuesto en examen se encuentra circunscripto a las directivas del artículo 1113 del Cód. Civil. La ausencia de culpa en el obrar del actor habilita la procedencia de este tipo de reparación, por aplicación de la doctrina sentada por la Sala VIII, in re ‘Vieites, Eliseo c/Ford Motors Argentina S.A.’ (Acuerdo Plenario N° 243, 25/10/82)” (CNTrab., Sala VIII, 30/4/07, “Domínguez, Pedro Rubén c/Edenor y otros s/accidente – acción civil”, S.D. 3093, expte. n° 2746/1999)”.

Más aún, la “incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de (la) actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable”. Continuó con sus fundamentos, aclarando que: “…En el caso, fue juzgado que ‘la pérdida casi total de la audición sufrida por el actor y sus graves secuelas sin duda producen un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc.’”. (CSJN, 21/9/04, “Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales”, Sup. Especial La Ley, 2004).

b) Lucro cesante

Reclamamos el resarcimiento del lucro cesante en forma autónoma. Como resultante del infortunio laboral, mi mandante ha perdido la capacidad de ganancia.

Fundamento este reclamo con la siguiente doctrina judicial: resulta claro y manifiesto que, contrariamente a lo que ocurre con el derecho común, el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo se aparta de la concepción reparadora integral pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancia del trabajador –lucro cesante–, el cual, a su vez, resulta evaluado de manera restringida y menguada. Por otra parte, el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, al excluir, sin emplazo alguno, la tutela de los arts. 1109, 1113 concs. del Cód. Civil, se aparta también del principio protectorio del art. 14 bis de la CN. Todo ello implica, por un lado, un retroceso legislativo y, por el otro, resulta contrario a la dignidad de la persona humana, convirtiéndola en un factor de producción, en un objeto del mercado de trabajo.

c) Daño psíquico

Aplicando los criterios del nuevo Código Civil y Comercial (2015) se ha dicho:

“No puede haber duda en cuanto al perjuicio sufrido por las actoras, que no sólo es el profundo dolor por la pérdida del ser querido –esposo y padre– y que entraría en el concepto de daño inmaterial, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y que en este Código se designa por las palabras ‘pérdidas e intereses’ (art. 1069, C. Civil)”.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2015) establece que “…en caso de muerte la indemnización consiste en los gastos de asistencia y posterior funeral de la víctima; lo necesario para alimentos del cónyuge, hijos menores hasta los 21 años de edad con derecho alimentario; …el juez debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y la de los reclamantes (art. 1745). En este marco aprecio que el monto fijado por el magistrado de grado resulta razonable, ya que si se aplicara la prestación dineraria prevista en la LRT se llegaría al 60 % del monto establecido. Debo considerar que las prestaciones dinerarias han sido luego actualizadas, y que la nueva normativa (ley 26.773) establece una indemnización adicional de pago único equivalente al 20 % de la tarifa. Si consideramos que la vía escogida en la demanda se funda en el derecho civil, considero que el importe de condena por daño material debe ser confirmado para cada una de las actoras”.

(“Tonelli, María del Carmen p/sí y en rep. de su hija menor A. N. N. c/Equipaire Obras y Servicios S.R.L. y otros s/accidente – acción civil”, CNTrab., Sala VI, 14/12/2012, elDial.com – AA7CCA).

Debido al gravísimo accidente de trabajo, mi mandante sufre un estado de depresión profunda y crónica; de ahí, el reclamo de resarcimiento de este rubro.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: “El hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non laedere deban ser indemnizados sólo en los términos que han sido indicados (supra, consid. 6), vuelve al art. 39, inc. 1 de la LRT contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona, por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo”. (CSJN, 21/9/04, A. 2652, XXXVIII, “Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes – ley 9688”).

d) Pérdida de chance

Con sustento en las disposiciones del derecho común (art. 1113 y concs., Cód. Civil), reclamo el resarcimiento de este rubro porque mi mandante ha perdido lo que hoy se denomina su “proyecto vital”, “proyecto de vida”: mejorar en sus relaciones, crecer como dador de su fuerza laboral y, fundamentalmente, progresar espiritual y materialmente.

Bien fundamenta la doctrina mi reclamo la pérdida de una probabilidad o “chance”, como daño cierto es también resarcible: se repara la probabilidad de éxito frustrada. Lo resarcible es la pérdida de dicha chance (Alterini, Atilio A., Curso de obligaciones, t. I, p. 270).

Y, en el fallo emblemático “Aquino” se lee: “…En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de ‘chance’ cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera”.

“El art. 19 de la CN establece la prohibición general de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, lo cual se encuentra entrañablemente relacionado con la idea de reparación integral que consagran los arts. 1109, 1113 y concs. del Cód. Civil”. (CNTrab., Sala X, “Vargas, Carlos Alberto c/Beprea S.A. y otro s/accidente – acción civil”, S.D. 1955 del 29/10/04 y “Brito, Víctor Alberto c/Elesutel S.R.L. s/accidente – acción civil”, S.D. 055 del 7/12/04).

“El Código Civil establece que el deber de respetar los derechos y libertades de los demás no se agota en la mera abstención de ejecutar una voluntad dañina (art. 1072, Cód. Civil), sino que se extiende al deber de guardar cierto cuidado o prudencia en los comportamientos para evitar la expansión innecesaria del riesgo al que, con nuestros actos, exponemos a las demás personas (art. 1109, Cód. Civil). En tal entendimiento, todos tenemos derecho a un cierto cuidado por parte de los demás o a demandar una indemnización por la omisión de ese deber (arts. 1077, 1078 y 1109, Cód. Civil)”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que “‘quizás no resulta evidente la conexión entre la libertad individual negativa consagrada en nuestra Constitución histórica y el derecho a obtener un resarcimiento de los daños sufridos por la acción ilícita de otro. Sin embargo, esta vinculación es poderosa; si el daño ha sido una interferencia ilícita en la libertad (o integridad física) de la víctima y la ausencia de derecho a la reparación obliga a que esa victima soporte las consecuencias económicas del acto que la daña, el ordenamiento jurídico que aquí lo consagra no está en realidad prohibiendo la interferencia legal sino subsidiándola”. (CSJN, en autos “Díaz, Timoteo F. c/Vaspia S.A.” del 7/3/06, LL, 18/9/06). (CNTrab., Sala III, 12/7/07, “Veira, Mónica Patricia c/Editorial Perfil S.A. s/despido”, S. 88.908, causa 22.012/2005, inédita).

e) Daño moral

A mi mandante las secuelas del accidente no solamente le han provocado un desánimo y un estado de depresión crónico, sino también un daño moral irreversible. De ahí la solicitud de su resarcimiento.

Citamos como aval de nuestra solicitud la siguiente doctrina judicial:

“En cuanto al daño moral debo señalar que dentro de éste se deben incluir los padecimientos espirituales de la carrera frustrada y los que las lesiones en sí han provocado en el actor, a lo cual se suma el precio del dolor físico. Es oportuno recordar aquí que esta Sala ha decidido en reiteradas oportunidades que el daño moral tiene un carácter predominantemente resarcitorio del padecimiento espiritual inferido (cfr. causas 455 del 29/4/83 y 2236 del 25/11/83, entre otras). Incluye la reparación del daño estético y psíquico (esta Sala, causas 6273 del 25/6/98 y 5212 del 30/3/99), puesto que respecto de este último por su magnitud no corresponde sea resarcido en forma autónoma (esta Sala, causas 575 del 22/11/91, 6473 del 20/8/98 y 2396 del 20/2/03)”.

“A los fines de la determinación del monto de condena ante un reclamo por accidente en base al derecho común, deben tenerse en cuenta la edad del trabajador, su remuneración mensual y la incapacidad que lo afecta, a fin de determinar el daño material. Además del daño moral que se patentiza en el dolor, los padecimientos y las angustias espirituales sufridas por el actor a raíz del siniestro padecido y sus gravísimas secuelas. (En el caso, el trabajador sufrió la amputación de las falanges de los dedos índice y mayor de la mano derecha, por lo que también se contempló el daño estético como integrante del daño material)”. (CNTrab., Sala V, expte. 139/00, sent. 68.279, 28/3/06, “Basualdo, Carlos c/Provincia ART S.A. y otro s/accidente – acción civil”)”.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el principio alterum non laedere tiene raíz constitucional (art. 19, ley fundamental, conf. en autos “Santa Coloma, Luis I. y otros c/Ferrocarriles Argentinos” del 5/8/86); y aún más explícitamente ha sostenido que “…los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil sólo consagran el principio general establecido en el art. 19 de la CN que prohíbe a los ‘hombres’ perjudicar los derechos de un tercero. El principio alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de la reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica” (conf. “Fernando Raúl Günther c/Nación Argentina” del 5/8/86, CSJN, Fallos: 308:1118; S.D. 82.787 del 10/10/01, en autos “Michelin, Juan Carlos c/Cemmex S.A. s/daños y perjuicios”, del registro de esta Sala).

 Conviene recordar que el art. 14 bis de la CN dispone: “…El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor…”. Según Sagüés, esta norma constitucional es plenamente operativa, por lo que, a su criterio, tiene vigencia y exigibilidad por sí misma; por consiguiente, debe asegurarse el respeto a la dignidad del trabajador sin admitir situaciones de hecho que puedan provocar algún desmedro físico o moral o que atenten contra la calidad humana del trabajador (Sagüés, “Constitucionalismo social”, en Vázquez Vialard, Antonio (dir.), Tratado de Derecho del Trabajo, t. 2, p. 809)”. (CNTrab., Sala III, 12/7/07, “Veira, Mónica Patricia c/Editorial Perfil S.A. s/despido”, S. 88.908, causa 22.012/2005, inédita).

f) Daño estético

Como se desprende de los hechos narrados, el actor ha sufrido cortes múltiples en la cara. Esta desfiguración permanente avala el resarcimiento de este rubro indemnizatorio.

Ha de tenerse en cuenta para la procedencia de la indemnización de este rubro, entre otros, el siguiente decidendum: “El riesgo y vicio de la cosa, productor del daño sufrido por la autora, aparece incuestionable a la luz de lo expuesto, comprometiendo la responsabilidad del dueño o guardián –Hospital Militar–, a tenor de lo dispuesto por el citado art. 1113, párrafo segundo del Cód. Civil, como asimismo la de la Obra Social por violación al deber de seguridad”.

“Las constancias del expediente, valoradas bajo los conceptos expuestos, permiten tener por acreditado que las secuelas estéticas sufridas por la actora encuentran su origen en la quemadura eléctrica producida por un electrodo de electrocardiografía al ser accionado el electrobisturí, a raíz de la intervención quirúrgica a que fuera sometida. Ello surge en forma clara y precisa de la Historia Clínica N° 11823 del Hospital Militar Campo de Mayo y de los informes médicos producidos”.

“Tal como fuera señalado, ha sido suficientemente acreditado el daño, la relación de causalidad, el vicio o riesgo de la cosa y, en consecuencia, la responsabilidad del dueño o guardián, en el caso, el Hospital Militar, como asimismo el de la Obra Social del Ejército por infracción al deber de seguridad al que se encontraba obligada”. (CNCiv., Sala K, 17/4/06, expte. n° 250, “G., H. C. c/P., S. G. y otros s/daños y perjuicios”).

VII. Liquidación

Que, conforme lo relatado en el acápite de hechos, vengo a practicar la siguiente liquidación:

Daño material: $ …

Lucro cesante: $…

Daño moral: $…

Daño psíquico o psicológico: $…

Pérdida de chance: $…

Daño estético: $…

Total: $…

El total de la presente liquidación asciende a la suma de pesos … ($…) o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, depreciación monetaria hasta el efectivo pago, intereses sobre capital actualizado y las costas del presente juicio.

VIII. Inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad 23.928 (arts. 7 y 10)

Se peticiona, expresamente, la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, por afectar el derecho de propiedad previsto por el artículo 17 de la Constitución Nacional, por lo que se hace expreso planteo del caso constitucional en los términos del artículo 14, incisos 1 y 3 de la ley 48.

IX. Derecho

Fundo el derecho en la Constitución Nacional, leyes 2557 y 26.773, y en los arts. 502, 902, 1072, 1074, 1078, 1109 y 1113 del Código Civil.

También fundo esta demanda en la Constitución Nacional y Provincial, Declaraciones, Convenciones y Pactos Complementarios de Derechos y Garantías, especialmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de CPL, LCT, 2240 y sus reformas, 2557, reformas y reglamentación, 26.773 y demás leyes laborales, decretos, resoluciones, disposiciones y laudos reglamentarios, CCT y el nuevo Código Civil y Comercial (2015), Código Penal y leyes complementarias que establecen derechos considerados estándar para todos los habitantes de nuestro país, los que, sin violentar el principio de igualdad ante la ley y la propia ley antidiscriminatoria n° 23.592, no pueden declararse negados al suscripto por su calidad de empleado u obrero dependiente. A todo evento, pido a V.S. supla mis omisiones (iura novit curia).

X. Jurisprudencia

Será aplicable al caso la doctrina emanada del fallo: CSJN, 12/6/2007, “Llosco, Raúl c/Irmi S.A.”, L. 334, XXXIX, Recurso de hecho”. En este leading case se determinó que la víctima de un accidente de trabajo puede percibir de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) las indemnizaciones tarifadas del sistema de la ley 2557, sin que ello implique la renuncia del reclamo al empleador la reparación civil, no prevista en la tarifa.

Para mayor fundamentación he aquí la doctrina sentada en el fallo “Llosco”:

• Nada impide que la víctima de un accidente laboral luego de percibir la indemnización a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, pretenda obtener una reparación por parte del empleador por la vía del derecho común previo planteo de inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1 de la ley 2557, pues la percepción de la reparación tarifada sólo importa –para el reclamante– el sometimiento voluntario a las normas relativas a dicha reparación más no al resto de las disposiciones de la LRT sin que exista interdependencia o solidaridad inexcusable entre unas y otras.

• La doctrina de la Corte según la cual el voluntario sometimiento a un régimen jurídico, una decisión judicial o a una determinada jurisdicción –sin hacer reserva expresa– comporta un inequívoco acatamiento que fija la improcedencia de impugnación posterior con base constitucional, es inaplicable cuando el actor al invocar determinados preceptos no renuncia tácitamente al derecho de impugnar aquellos otros que se le opongan y que conceptúe contrarios a la Constitución, leyes nacionales o tratados con las naciones extranjeras, salvo que entre unos y otros exista interdependencia o solidaridad inexcusable.

• La invocación de determinados preceptos no implica renuncia tácita al derecho de impugnar aquellos otros que se le opongan y que se entiendan inconstitucionales, pues una norma puede contener preceptos nulos que no invalidan el resto del estatuto ni inhabilitan a los interesados para amparar en estos sus pretensiones salvo que entre unos y otros exista interdependencia o solidaridad inexcusable.

• No existe interdependencia o solidaridad entre los preceptos de los que se valió el actor para obtener de la aseguradora lo que le era debido por ésta, y el art. 1 que exime de responsabilidad civil al empleador.

• Aun cuando recayera la declaración de invalidez del art. 39, inc. 1 de la LRT, ello no acarrearía la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad de las prestaciones perseguidos por la LRT, por cuanto esa circunstancia no obsta a que las aseguradoras de riesgos del trabajo deban cumplir con las obligaciones que han contraído en el marco de aquélla.

• No media voluntario acatamiento a un régimen jurídico, que obste a su ulterior impugnación constitucional, cuando no existen opciones legales para no realizar los actos en cuestión, o cuando la realización de actos dentro de ese marco normativo es el único medio posible para acceder al ejercicio de la actividad profesional del impugnante o para que un ente pueda ejercer los actos designados en su objeto social (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

• Es descalificable el pronunciamiento que omitió toda ponderación de las razones por las que la percepción de la reparación tarifada prevista en la LRT, abonada por la responsable legal de esa prestación, le impide reclamar por el reconocimiento de sus derechos constitucionales respecto del empleador y por las sumas que, a su juicio, resultan insatisfechas, omisión que adquiere mayor gravedad cuando se trata de prestaciones de carácter alimentario, que son adeudadas para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia cuando éste ha perdido, total o parcialmente, la capacidad para continuar procurándosela por sus propios medios, como consecuencia de un infortunio laboral (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

• La exigencia de no contrariar los propios actos debe ser valorada en consonancia con la situación real del trabajador incapacitado y su posibilidad de abstenerse de percibir una indemnización que considera insuficiente, en aras de preservar intacta su acción para demandar la intensa protección que la Constitución Nacional otorga a sus derechos (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

• Si bien el régimen de la LRT fue concebido sobre la base de la sustitución del responsable civil por una entidad aseguradora, corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que, mediante el empleo de fórmulas generales, omitió efectuar un examen de los motivos por los que la aceptación de la prestación adeudada por la aseguradora, resultaría incompatible con la descalificación del sistema legal por ser contrario a la Constitución Nacional (Voto de la Dr. Elena I. Highton de Nolasco).

• Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omitió evaluar los hechos que pudieron justificar que el trabajador no se apartara apresuradamente del régimen de la LRT y se soslayaron circunstancias particulares del caso que autorizaran a considerar que actuó en forma incompatible con la posterior promoción de un reclamo judicial basado en la inconstitucionalidad del art. 1 de dicha norma (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).

• Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que –al rechazar al planteo de inconstitucionalidad del art. 1 de la LCT– no trató el agravio de índole federal que oportunamente introdujo la actora y tampoco dio razones válidas para ello (Disidencia parcial de la Dra. Carmen M. Argibay). (“Llosco, Raúl c/Irmi S.A. y otro”, 12/6/2007, CSJN).

XI. Ofrece pruebas

a) Presuncional

Las presunciones legales a favor de los derechos de mi mandante.

b) Documental

Acompaño la siguiente documental, para su reconocimiento:

• Telegramas e informes de Correo Argentino, citados en la demanda.

• Recibos de sueldos.

• Constancias médicas.

• Resolución de la Comisión Médica n° …… de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo declarando que el siniestro es laboral.

Ofrezco subsidiariamente, pericial caligráfica, pericial contable, e informativa a Correos si se niega su autenticidad.

Documental en poder de los demandados

Se intimará a la demandada la presentación de la siguiente documental:

• Contratos de seguros habidos por accidentes y enfermedades del trabajo, planillas anexas de altas y bajas del personal comprendido en las pólizas, vigentes al momento del siniestro. Legajo de la empresa empleadora conteniendo verificación de incumplimientos de seguridad e higiene y denuncias realizadas a la SRT.

• Legajo médico del actor, relativo a los siniestros denunciados.

• Históricas clínicas, protocolos quirúrgicos y constancias médicas en poder de sus prestadores médicos y bajo su guarda jurídica.

Documental en poder de terceros

Se requerirá a mi empleador, la presentación de la documental siguiente:

• Recibos cuya firma se me atribuya, por cualquier concepto laboral, correspondientes al período que va desde un año previo al siniestro y la actualidad.

• Comprobantes de comunicación del contrato de trabajo a la Caja de Jubilaciones, Obra Social, Caja de Asignaciones Familiares, Sindicato, MTSS, Secretaría de Trabajo de la Provincia, y de pago de aportes y contribuciones.

• Declaraciones juradas periódicas y anuales. (Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSeS– y AFIP.

• Contratos de seguros habidos por accidentes y enfermedades del trabajo, tanto para el régimen de derechos e indemnizaciones tarifadas o especiales como para el régimen de daños y perjuicios del derecho común, planillas anexas de altas y bajas del personal comprendido en las pólizas.

• Exámenes preocupacionales, de salud y ergonómicos, rutinarios, periódicos, anuales, de reintegro al trabajo luego de una ausencia prolongada, de adaptación a las tareas y de preruptura del contrato de trabajo, con el complemento de radiografías, análisis bioquímicos y complementarios.

• Recaudos laborales de registración de ingreso, remuneraciones, categorías, jornada de trabajo, de horas extras, deducciones, complementos, operaciones de ventas y cobranzas, comisiones, etc.

• Legajo médico del suscripto, conteniendo los comprobantes acompañados por el mismo por sus ausencias por enfermedad y los controles de ausentismo realizados por la empresa por sí o por intermedio de prestatarias de servicios médicos laborales.

• Denuncias realizadas a la ART por accidentes de trabajo y enfermedades del trabajo del suscripto.

c) Confesional y reconocimiento de documentos

Del demandado…

Se cite a los codemandados a absolver posiciones conforme al pliego que se acompañará en el momento procesal oportuno.

Solicito se cite al representante legal de la demandada, a reconocer documentos y absolver posiciones, bajo apercibimiento de ley, a tenor del pliego que se acompañará oportunamente. [Elegir la fórmula que mejor conviene].

d) Testimonial

Se cite como testigos a las siguientes personas: 1) ………, argentino, casado, docente, domiciliado en ………; 2) ………, española, docente, viuda, con domicilio en ………, testigo presencial del accidente.

[Hasta un máximo de ocho en Nación, por ser juicio ordinario, indicándose en cada caso los extremos que se pretende probar con la declaración]

Dichos testigos deberán deponer a tenor del interrogatorio que se adjuntará en la instancia oportuna.

Los testigos deben ser citados por el juzgado interviniente.

e) Pericial

1) Médica

Se designe perito médico de oficio a fin de que dictamine, teniendo en cuenta las constancias del expediente, historias clínicas y demás documentación médica, como así con los elementos diagnósticos que el perito decida efectuar (tomografía, análisis de sangre, resonancias, etcétera).

Así, solicito que el perito médico:

a) Describa qué tipo de lesión surge de la historia clínica que se glosará oportunamente a la presente.

b) Realice examen físico del actor.

c) Determine grado de la lesión detectada.

d) Determine si el actor posee alguna incapacidad laboral por el accidente laboral sufrido. Además si es parcial y/o total, permanente y si reviste el carácter de definitiva.

e) Determine si de no haber acaecido el accidente, el Sr. ……… podría hoy realizar sus actividades laborales y habituales sin dificultad.

f) Cualquier otro dato de interés a la causa.

2) Psicológica

Se designe perito psicólogo único de oficio a fin de que dictamine sobre los siguientes puntos:

………

………

………

3) Perito médico de control

Al momento de realizarse la pericia médica en estos autos solicito se cite perito médico de control de esta parte actora, al Dr. ……… con domicilio en calle ……… de esta ciudad.

4) Perito ……

………

………

5) Informativa

Se libren los siguientes oficios:

1) ………

2) ………

3) ………

XII. Reserva

Que formulo en este acto, en forma expresa, mi reserva del caso federal para el supuesto de que V.S. no haga lugar a mi demanda en cuyo caso se violarían los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de nuestra Carta Magna.

XIII. Autorizaciones

Se autoriza a los Dres. ………, T° …, F° …; ………, T° … F° …; ………, T° … F° … CPACF; Dra. ………, T° …, F° … CPACF; ………, DNI ………; ………, DNI ……, a examinar el expediente, retirar copias, diligenciar cédulas, oficios y toda otra diligencia que se deba efectuar en estas actuaciones.

XIV. Petitorio

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

1) Me tenga por presentado, parte en el carácter invocado a mérito del poder acompañado que se solicita se agregue a autos y por constituido el domicilio procesal y el domicilio electrónico, conforme reglamentaciones vigentes.

2) Se tenga por presentada la demanda y por ofrecida la prueba y cumplido el requisito de la mediación previa.

3) Se declare la inconstitucionalidad del art. 4, ley 26.773, opción excluyente, y de los arts. 3, 8, 9, e inc. e) de la misma norma que establece los topes indemnizatorios.

4) Se cite a la compañía ……… ART, teniéndose en cuenta que se ha optado por demandar en el domicilio de la aseguradora, es decir en la Nación, conforme lo prescribe la normativa citada.

5) Habida cuenta el beneficio de litigar sin gastos, que tramita por ante este mismo juzgado, se otorgue el beneficio previsional y se indique que no debe tributarse la tasa de justicia.

6) Se tenga por fijada la competencia en el domicilio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

7) Se corra traslado de la demanda, la que tramitará por las normas del juicio ordinario, a la demandada.

8) Se tenga presente que, por separado se ha iniciado acción preventiva para obtener la reparación anticipada de los daños ante lo evidente del accidente.

9) Oportunamente se haga lugar a la demanda, en todas sus partes, intereses a la tasa activa, depreciación monetaria conforme la inconstitucionalidad pedida de la ley 23.928 (artículos 7 y 10) y de las costas del juicio. Por lo tanto se condene a la demandada en los límites de la cobertura, a abonar el importe de pesos … ($ ……) o lo que, en más o en menos resulte de la prueba, por tratarse de hechos sujetos entre otros a prueba pericial, en concepto de daño material y psicológico, lucro cesante, hándicap, pérdida de chance, lesión estética, gastos de tratamiento, farmacéuticos, transporte, por las graves lesiones sufridas como consecuencia del accidente de autos. [Deberán tenerse en cuenta para la prueba y fijación de las reparaciones las nuevas normas del Código Civil y Comercial de la Nación (2015)].

10) Se tenga presente que …… están autorizados a la procuración de la presente causa, pudiendo compulsar las actuaciones, dejar constancia en el libro de asistencia, pedir el expediente en préstamo para extraer fotocopias, confeccionar, entregar, diligenciar cédulas, oficios y exhortos, asistir a audiencias y cuantos más actos sean necesarios para cumplir con la procuración señalada.

11) Se tenga presente que se ha realizado expreso planteo del caso constitucional, en el punto …, por encuadrarse la cuestión en los incisos 1 y 3 del artículo 14 de la ley 48 (artículo 256 y siguientes del CPCCN, Acuerdo 4 del 2007 de la CSJN) y en la doctrina de la arbitrariedad en caso de pronunciamiento desfavorable que desconozca leyes nacionales (como el nuevo Código Civil y Comercial 2015) y, en su caso vulnere los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional de la Nación.

En igual sentido declaro bajo juramento que el presente juicio no ha tenido radicación anterior alguna.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA